• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO ESPIN TEMPLADO
  • Nº Recurso: 4039/2019
  • Fecha: 12/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En primer lugar, la Sala considera, respecto a la aplicación retroactiva del art 6.1 Reglamento UE 2016/679 y art 72.1.b) Ley Orgánica 3/2018, que no cabe duda de que el Reglamento y la Ley Orgánica han cambiado de manera sustancial la regulación de forma que es es posible el tratamiento de datos personales sin contar con el consentimiento, estableciéndose supuestos habilitantes. Sin embargo, la Sala, recordando la jurisprudencia en la materia, concluye que la apreciación de norma más favorable debe ser mediante una consideración global y sistemática y no a través de una interpretación parcial. En segundo lugar, se alega por la recurrente la existencia de una infracción continuada; sin embargo, la Sala rechaza la consideración de infracción continuada invocada, pues no concurre que la actuación del responsable se haya llevado a cabo con dolo unitario, en ejecución de un plan previamente concebido, que se refleja en todas las acciones que se ejecutan, o con dolo continuado, que se proyecta en cada uno de los actos ejecutados, pues trata de campañas distintas, aunque el modus operandi es el mismo. En tercer lugar, se alega el uso fraudulento de las potestades de investigación previa que se reconocen a la Administración, por haberse prolongado de forma injustificada. Pero estas afirmaciones no están avaladas por pruebas que acrediten que los actos de investigación no estuvieran justificados o se realizasen con intención fraudulenta.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 4739/2019
  • Fecha: 12/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En 2003 se formaliza un préstamo con garantía hipotecaria y desde 2014 no se abonan las cuotas. En 2016 el deudor solicita judicialmente la nulidad de algunas cláusulas del contrato por considerarlas abusivas. La sentencia de instancia estimó la demanda y la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la prestamista en el sentido de que no debía soportar el importe del seguro de daños, gastos de tasación e ITPO. La prestamista obtuvo la inclusión del deudor en el fichero ASNEF. La AEPD impuso una sanción por solicitar la inclusión en el ASNEF, a pesar de la demanda interpuesta. La Sala considera, en atención a la finalidad de los "registros de morosos",-que no es la de constatar el impago de deudas, sino la de evaluar la solvencia patrimonial del deudor-, que para que la inclusión de los datos del deudor en un registro de morosos pueda ser considerada legítima no basta con que sea exacto y veraz el importe de la deuda impagada, sino que es necesario que la inclusión sea pertinente. Y no será pertinente cuando el deudor haya cuestionado legítimamente, en vía administrativa, judicial o arbitral, la existencia o cuantía de la deuda. Por consiguiente, la mercantil no debió solicitar la inclusión en el registro ya que no era pertinente, ante la reclamación judicial cuestionando la validez de determinadas cláusulas. Además, no eran exactos ni veraces. Decae el planteamiento de recurrente consistente en defender la legalidad del ppal e intereses.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 1076/2018
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no es contrario al Derecho español ni al Derecho de la Unión Europea
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 4215/2019
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la doctrina sentada sobre supuesto análogo en la STS de 13 de julio de 2020 (rec. 1964/2019) en el sentido de que, a efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral. La interpretación de las normas examinadas conduce a la estimación de este recurso, en cuanto el recurrente percibía durante la vigencia de la autorización la Renta de Garantía de Ingresos a que se refiere la Ley autonómica 18/2008 de 23 de diciembre de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que según el art. 3 reconoce un doble derecho: el derecho a acceder a medios económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, y el derecho a disfrutar de apoyos personalizados orientados a la inclusión social y laboral, señalando en el art. 6 que las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se clasifican en: prestaciones económicas de derecho y ayudas económicas subvencionales, incluyéndose entre las primeras la renta de garantía de ingresos, que podrá adoptar dos modalidades: renta básica para la inclusión y protección social y la renta complementaria de ingresos de trabajo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JAVIER BORREGO BORREGO
  • Nº Recurso: 5397/2019
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso de casación. En su escrito de interposición del recurso de casación la parte actora, afirma "acatamos la denegación de asilo y la condición de refugiado, dados los términos del auto de admisión", pero insiste en su pretensión de protección subsidiaria, art. 4 Ley 12/2009, y autorización de residencia por razones humanitarias. La Sala afirma la absoluta frivolidad y falta de buena fe procesal del recurrente en cuanto a la persistencia en pedir lo que ya tenía concedido. Y conetstanto a la cuestión de inetrés casacional, concedida autorización de residencia en España por razones humanitarias conforme a la Resolución de 28 de febrero de 2019 del Subsecretario del Ministerio del Interior, es conforme a derecho la pérdida de objeto de tal pretensión subsidiariamente formulada que apreció la sentencia impugnada. Por lo que procede ahora volver a reiterar tal pérdida del objeto de dicha pretensión subsidiaria. En lo relativo a la persistencia en la solicitud de protección subsidiaria del art. 10 de la Ley 12/2009, de Asilo, procede desestimarla al no concurrir en el hoy recurrente ninguna de las circunstancias del referido artículo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE DIAZ DELGADO
  • Nº Recurso: 3356/2019
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Impuesto sobre la renta de no residentes. Entidades no residentes sin establecimiento permanente que perciben rendimientos en España antes de la reforma de la Ley 2/2010. Devolución por la diferencia de tipo aplicable en comparación con la tributación de las ICCs residentes a las que se le aplica el régimen especial del impuesto sobre sociedades. Tratamiento fiscal discriminatorio no justificado restrictivo de la libre circulación de capitales, con vulneración del art. 63 del TFUE. Fondo de inversión de tercer país, EEUU.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE
  • Nº Recurso: 6857/2018
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala se remite a la sentencia de 13 de noviembre de 2019, dictada en el recurso de casación RCA/3023/2018, deducido por el mismo fondo de inversión norteamericano. En dicha sentencia se le reconoció el derecho a la devolución del exceso de las retenciones practicadas sobre dividendos de fuente española por considerarlas contrarias al principio de libre circulación de capitales, ya que, existiendo mecanismo para el intercambio de información entre España y los Estados Unidos, en caso de duda correspondía a las autoridades españolas recabar la información necesaria de las autoridades estadounidenses sobre la necesaria similitud del fondo norteamericano con los fondos residentes para conceder la devolución instada. Por tanto, al no haber actuado la Administración de dicho modo -se limitó a iniciar el procedimiento de comprobación y justificar la retención del 15% en base a la ley y al Convenio de doble imposición-, prospera la pretensión actora y se declara su derecho a la devolución de lo indebidamente retenido con sus intereses.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
  • Nº Recurso: 3813/2019
  • Fecha: 11/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Precios públicos. Asistencia sanitaria prestada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con motivo de las lesiones sufridas el día 22 de noviembre de 2015, al ser alcanzado accidentalmente por un proyectil, durante la práctica deportiva de la caza. Obligación a cargo del asegurador, como tercero obligado al pago, del precio público por la asistencia clínica recibida por el perjudicado. Tratándose de precios públicos, prestación patrimonial de derecho público, puede el SAS exigir de la aseguradora el importe de la asistencia sanitaria. Interpretación del artículo 2.7 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en relación con el Anexo IX de dicha norma, que incluye dentro de su ámbito -de terceros obligados- el seguro obligatorio de caza, y con la disposición adicional única del Real Decreto 63/1994, Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria, que consagra el derecho a reclamar, artículo 83 de la Ley General de Sanidad, el importe de la asistencia sanitaria y farmacéutica prestada a terceros perjudicados hasta el límite de la cobertura voluntaria del seguro de responsabilidad civil del cazador causante del siniestro, como es el caso, suma que cubre el monto total de tales precios públicos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 7772/2019
  • Fecha: 10/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional, reiterando doctrina, consiste en determinar si el solicitante de asilo, presentada su solicitud, tiene derecho a cambiar su domicilio en España, en este caso desde Melilla a la Península, si bien sometido a la obligación de comunicar el cambio de domicilio que se produzca en él. Señala el TS que la interpretación del art. 18.1 de la Ley 12/2009 no puede ser la denegación del derecho, sin perjuicio de que se trate de un derecho de configuración legal, pues si el solicitante de asilo -mientras dure el procedimiento- asume la obligación de comunicar los cambios de domicilio, solo puede ser porque tiene ese derecho de cambiar el lugar de su residencia y el mismo precepto obliga a interpretar que puede cambiarlo. Por otra parte, no cabe concluir que el Reglamento de Fronteras Schengen no es aplicable en España para las Ciudades Autónomas, sino que su aplicación deberá realizarse de acuerdo a lo pactado en el mencionado Acuerdo de Adhesión, en el que solo se recoge que éstas tendrán un régimen especial. En consecuencia, el TS considera que todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las Ciudades Autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por su condición de solicitante de la protección internacional y con la obligación de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 3160/2019
  • Fecha: 10/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Parte de la STS 900/20, de 1 de julio (RC 1052/19) donde se analizó la incidencia de la STJUE de 27-2-20 (C-836/18, RH c. España), así como de la STC 42/20, de 9 de marzo, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, obligando a modificar la doctrina establecida a partir de la STS 1295/17, de 18 de julio (RC 298/16) -y en las que le siguieron-, donde se concluía la aplicabilidad del art. 7 del RD 240/07 a la reagrupación de familiares no comunitarios de españoles. Afirmación que fue reconsiderada para, en síntesis, concluir que, lo esencial es -para el caso de que no se cumplan las condiciones para la reagrupación previstas en los arts. 7 de la Directiva y el RD240- acreditar la relación de dependencia efectiva entre el nacional español y el nacional de tercer país que pretende reagruparse con el primero; y ello, con la finalidad de poder comprobar si, como consecuencia de la intensidad de la relación de dependencia, el nacional español estaría obligado a abandonar el territorio europeo en su conjunto. También tiene en cuenta las consideraciones realizadas en la STS 321/20, de 4 de marzo (RC 5364/18), relativas a la expulsión ex art. 57.2 LOEX de un residente de larga duración. Concluye que la expulsión del recurrente ex art. 53.1.a) LOEX no se ajustó a la doctrina expuesta, pues, además de que sí contaba con tarjeta de residencia de familiar UE - siendo aplicable el RD 240/07-debieron valorarse datos tales como su matrimonio con española, ser padre de un menor español, etc.

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