Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso-administrativo. La cuestión que se suscita como de interés casacional objetivo ha sido objeto de examen por esta misma Sala y Sección en reiteradas ocasiones, como ya se pone de manifiesto en el mismo auto de admisión e incluso en el mismo escrito de interposición del recurso, por lo que hemos de atenernos a dicha jurisprudencia. El examen de la cuestión no está referido a una pretendida vulneración de las normas que regulan la cancelación de los antecedentes en el Registro de Delincuentes Sexuales (artículo 10 del Real Decreto de creación), sino en la incorrecta inclusión de los antecedentes del recurrente que obraban en el Registro Central de Penados, que es lo que argumenta en contra de la legalidad de la resolución impugnada.dado que el Real Decreto 1110/2015 entró en vigor el 28 de febrero de 2016, fecha en la que los antecedentes penales del recurrente debieron estar cancelados, ha de entenderse que los mismos no se encontraban en vigor y no podían tomarse en consideración para el acceso directo al RCDS y en consecuencia no deben figurar en el mismo." Se rechaza con ello el argumento de la Sala de instancia de que bastaba la constancia de los antecedentes en el Registro Central de Penados, con independencia de su derecho a la cancelación, incluso de oficio, para que se incluyeran en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, porque los antecedentes con derecho a la cancelación no podrán ser tenidos en cuenta.
Resumen: La Sala reitera lo declarado en asunto análogo por la STS de 23/11/2020 (RC 7220/19) en cuanto a la delimitación de la cuestión de interés casacional apreciada -determinar si es posible que un plan urbanístico, por su propio contenido, pueda invadir la competencia exclusiva estatal en materia de legislación penal-, para hacer referencia a la doctrina contenida en la STS 280/19, de 5 de marzo (RC 2325/16, que sigue lo declarado en la STS 21/2/18, RC 1765/14), que considera aplicable al caso. Y así, la actividad que se desarrolla en los llamados clubs sociales de cannabis puede o no ser lícita y esa mera declaración, esa preliminar determinación, comporta ya la invasión de las competencias estatales. Concluye que la respuesta a la cuestión casacional objeto del recurso ha de ser la ya establecida en la sentencia 280/19 ya citada y, por tanto, que "la indeterminación, con la consiguiente necesidad de estar al caso concreto, de si un club social de cannabis es o no ilícito penalmente, impide considerar competente a un Ayuntamiento, para regular, aunque solo sea desde la óptica urbanística y ambiental, los clubs de cannabis, en cuanto esa regulación, aun cuando fuera estrictamente urbanística y ambiental, tiene una incidencia innegable sobre la delimitación del tipo penal, en cuanto puede llevar al error de la atipicidad absoluta de la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis".
Resumen: En primer lugar, la Sala considera, respecto a la aplicación retroactiva del art 6.1 Reglamento UE 2016/679 y art 72.1.b) Ley Orgánica 3/2018, que no cabe duda de que el Reglamento y la Ley Orgánica han cambiado de manera sustancial la regulación de forma que es posible el tratamiento de datos personales sin contar con el consentimiento, estableciéndose supuestos habilitantes. Sin embargo, la Sala, recordando la jurisprudencia en la materia, concluye que la apreciación de norma más favorable debe ser mediante una consideración global y sistemática y no a través de una interpretación parcial. En definitiva, señala la Sala que no consta que se diese al interesado la ocasión de manifestar su oposición al tratamiento, como prevé el Reglamento UE, sin que la parte pueda eludir este punto. En segundo lugar, se alega el uso fraudulento de las potestades de investigación previa que se reconocen a la Administración, por haberse prolongado de forma injustificada. Pero estas afirmaciones no están avaladas por pruebas que acrediten que los actos de investigación no estuvieran justificados o se realizasen con intención fraudulenta. La Sala recuerda, finalmente, el carácter potestativo para la Administración de las denominadas actuaciones previas, de manera que puede acordar directamente la incoación de procedimiento sancionador, y el propio artículo 122 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 corrobora el carácter potestativo de las actuaciones previas.
Resumen: Estimación del recurso de casación interpuesto contra sentencia que declara la pertinencia de que la Administración demandada proceda a la convocatoria del concurso público de las licencias disponibles correspondientes al servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora digital terrenal, con cobertura local, integradas en los 3 bloques de frecuencias de La Rioja. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, el transcurso de los plazos estipulados en dicho precepto tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado hayas solicitado dicha convocatoria, la reserva de dominio decaerá y será excluida de la planificación. En consecuencia y dados tales presupuestos, la Administración no estaría ya obligada a la convocatoria de concurso a solicitud de cualquier interesado hasta que se efectúe una nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión. No hay aplicación retroactiva del artículo 27.4 LGCA. No puede entenderse que normas de desarrollo o modificaciones parciales equivalgan a la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional en los términos del art. 27 LGCA.
Resumen: Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Impugnación de sus artículos 3.3.d).4º respecto de la expresión "cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera", 6.3, 32.1.f), 49.3.d), y Disposición Transitoria 6ª. Conforme a precedentes jurisprudenciales análogos, se confirma la legalidad de la resolución impugnada en lo que a los arts. 6.3, 49.3.d) y Disposición Transitoria 6ª se refiere. En cuanto a los preceptos cuestionados singularmente en este recurso (arts. 3.3.d).4º respecto de la expresión "cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera" y 32.1.f), se desestima igualmente el recurso confirmando la legalidad de la disposición impugnada. No contraviene el art. 3.3.d) 4º el principio de seguridad jurídica al establecer la cláusula de cierre que contiene en lo referente al deber de asesoramiento legal preceptivo de la función de Secretaría, vinculada a la emisión de informes en los recursos administrativos. Igualmente, no contraviene el principio de mérito y capacidad en el acceso al empleo público el art. 32.1.f) y la puntuación máxima de 2,50 puntos que establece para el mérito de "servicios prestados con anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas correspondientes y los periodos de formación subsiguientes".
Resumen: El auto de admisión consideró de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia el determinar: Si el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o, en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en tal caso, si es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o, en otro caso, Melilla). Cuestión ésta que ya fue resuelta en sendas SSTS de 29-7-20, recursos 4893/19 y 1953/19, por lo que se transcribe lo ya razonado en la sentencia recaída en el recurso 4893/19 (FD 3º). Así, se resuelve, en respuesta a la cuestión planteada en este recurso de casación que ha de entenderse que: el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla).
Resumen: En el recurso se plantea como cuestión que presenta interés casacional objetivo determinar si tienen legitimación las personas jurídicas comprendidas en el art. 23 de la ley 27/2006, de 18 de julio, sobre acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente, para el ejercicio de la acción popular en asuntos medioambientales, del artículo 22 de la misma Ley, en el caso de especies cinegéticas, como es el lobo, al Norte del río Duero, y si, de acuerdo con la legislación que resulta aplicable a la especie, puede condicionarse el reconocimiento de la legitimación, a que se constate un problema de mantenimiento de la población, cuestión a la que la Sala responde en sentido afirmativo, y ello con base en que la citada regulación responde al tercer y último pilar del Convenio de Aarhus, que está constituido por el derecho de acceso a la justicia y tiene por objeto garantizar el acceso de los ciudadanos a los tribunales para revisar las decisiones que potencialmente hayan podido violar los derechos que en materia de democracia ambiental les reconoce el propio Convenio. Además, la Sala tiene en cuenta la relación caza-medio ambiente que ha sido tratada ampliamente en la STS de 18 de mayo de 2020 (RCA 4878/17) y en tal sentido reseña que es la actividad cinegética la que se subordina a la conservación de la especie y no a la inversa.
Resumen: Procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Impugnación de acuerdos de la Junta Electoral Central. Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. La consencia de no prestarlo en la forma exigida es el impedimento de la adquisición de la condición de parlamentario y la improcedencia de expedir la credencial correspondiente, que podrá levantarse en cualquier momento, con la personación ante la Junta Electoral Central y la prestación del acatamiento. Interpretación del artículo 224.4 LOREG.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y el contencioso-administrativo. Ha de examinarse el alcance de la valoración efectuada en la resolución administrativa impugnada y en la sentencia que la confirma, a cuyo efecto y como se señaló en la sentencia de 4 de marzo de 2020, conviene precisar que ello supone un pronunciamiento sobre la decisión jurisdiccional adoptada en este caso en las sentencia recurrida, comprobando el nivel de motivación realizado por dicha sentencia en relación con la resolución administrativa, desde la exigencia que se impone en estos casos de expulsión de residentes de larga duración. Pues bien, se observa que tanto la resolución administrativa como las sentencias que la confirman, comienzan por negar la aplicación, por la naturaleza de la expulsión acordada al amparo del art. 57.2 de la LOEX, de las circunstancias a que se refiere el art. 57.5 y en consecuencia del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE, no se examina la naturaleza y gravedad de la infracción cometida por el demandante más allá del enunciado el tipo delictivo aplicado y la pena impuesta, y nada se dice sobre la duración de la estancia en España, la conducta del interesado en el resto del periodo de permanencia en territorio nacional, la situación y vínculos sociales y culturales. Lo anterior supone que no puede considerarse satisfecha la exigencia de una adecuada ponderación de los elementos determinantes de la decisión de expulsión adoptada.
Resumen: Para el examen de la cuestión casacional suscitada la Sala debe tomar en consideración el presupuesto que determina la aplicación del artículo 57.2º de la Ley Orgánica de Extranjería, conforme al cual, procederá la expulsión cuando el extranjero "haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados". Es decir, la expulsión requiere una condena por delito que tenga asignada la referida pena. Ahora bien, cuando la condena haya sido impuesta por un Tribunal y conforme a la normativa criminal de otro país, se impone la condición de que la conducta dolosa castigada --no el delito en sentido formal-- sea constitutiva en España de un delito que nuestras leyes penales castiguen con pena superior a un año. Siendo esa equiparación de conductas el presupuesto de la orden de expulsión; que es lo que se acuerda en la resolución administrativa, es necesario dejar constancia de todo ese proceso de equivalencia entre conductas castigadas y tipos penales de nuestro Derecho. Y, para el caso de que no se haya dejado constancia, se producirá indefensión al interesado por no haber podido efectuar alegaciones y aportar, en su caso, las pruebas pertinentes, en defensa de su derecho. Y sin que pueda hacerse una mayor concreción en cuanto a la cuestión casacional en los términos generales en que se suscita.
