• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5585/2018
  • Fecha: 25/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Título nobiliario. Aplicación del principio de propincuidad cuando se trata de sucesión en línea colateral. La aplicación de este principio no requiere que la demandante acredite la falta de descendencia del concesionario. Es un requisito que no es exigible y sería inútil cuando lo que se discute es el mejor derecho entre colaterales, lo que procede tanto en el caso de inexistencia de descendientes como en el de no ejercicio del derecho. La probanza del mejor derecho no es necesario que se demuestre frente a todos sino que ha de apreciarse en lo que concierne al reclamante y al actual poseedor. Como en el presente procedimiento se trata de determinar el mejor derecho entre parientes colaterales, no se debe dilucidar sobre el derecho de unos hipotéticos descendientes no presentes en este litigio. Concepto de último poseedor legítimo. Este concepto no se puede confundir con el del último poseedor, aunque ostente el título legalmente según la normativa administrativa. Tradicionalmente se ha entendido que se sucede en el título al llamado fundador, por lo que la proximidad de grado debe determinarse en relación con él. Sin embargo, para evitar dificultades de prueba, en ocasiones dicha proximidad se ha fijado respecto al llamado último poseedor legal, aquel poseedor del cual pretendan derivar su derecho a sucederle en el título todos los que litigan y al que, por lo tanto, reconocen el derecho a haberlo ostentado. Se trata de un concepto útil, relativo y propio de cada proceso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 3543/2017
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifican las normas, principios y jurisprudencia que se consideran infringidas, se cita un precedente jurisprudencial que resolvió la cuestión objeto del recurso y se plantea si se han infringido normas y principios jurídicos sustantivos sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas abusivas y protección de los consumidores. Apreciación de serias dudadas de derecho y principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas: si por la apreciación de existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el consumidor, vencedor del litigio, tuviera que pagar los gastos de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; efecto disuasorio inverso. El principio de efectividad en la doctrina del TJUE. Diferente régimen de la imposición de las costas de primera instancia y de las costas de los recursos de apelación y casación: las costas de los recursos de apelación y de casación no pueden imponerse al recurrido, sin perjuicio de que deba correr con sus propias costas; cuando esos recursos son estimados, no opera el principio del vencimiento ni, en su caso, la excepción relativa a las serias dudas de hecho o de derecho, que solo entra en juego en la primera instancia o cuando esos recursos son desestimados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 2070/2018
  • Fecha: 24/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se reclama una serie de facturas pendientes de pago por los trabajos y servicios prestados y que se declare que no ha incumplido el contrato de arrendamiento de servicios concertado con la demandada que esta resolvió por incumplimientos que achacaba a la demandante que carecen de causa justificada y se condene a la demandada a abonar en concepto de indemnización de daños y perjuicios por la resolución injustificada del contrato de arrendamiento de servicios. La demandada también interpuso demanda de reclamación de cantidad contra la demandante basada en el referido incumplimiento contractual. En primera instancia se estimó la primera demanda y desestimó la segunda. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación y la Audiencia desestimó el recurso al apreciar que ambas recurrentes se encontraban en concurso de acreedores y sometidas a la intervención de la administración concursal y no constaba la conformidad de esta para la presentación del recurso. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal se desestimó ya que la sentencia recurrida aplicó correctamente la doctrina jurisprudencial contenida en SSTS 295/2018 de 23 de mayo, 570/2018 de 15 de octubre y 389/2020 de 1 de julio al advertir un defecto de legitimación para recurrir en apelación pues las recurrentes habían sido declaradas en concurso después de que se iniciara el pleito pero antes de que se dictara sentencia en un régimen de intervención de facultades patrimoniales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1656/2018
  • Fecha: 23/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acción de nulidad de cláusula que atribuía al prestatario todos los gastos e impuestos derivados de un préstamo hipotecario, que fue estimada en ambas instancias. Consecuencias de la nulidad de las cláusulas de gastos en los préstamos hipotecarios. Los gastos notariales y el impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios. La cláusula es nula porque si no existiera no le corresponderían al consumidor todos los gastos, de modo que su introducción genera un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que determina su abusividad. Consecuencias: aplicación de las disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de la hipoteca. ITAJD: el prestatario. Gastos notariales: por mitad. En consecuencia, se estima el recurso de casación en el sentido de dejar sin efecto la condena al banco a pagar a la prestataria el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados; y, respecto de los gastos notariales, como se refieren al otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario, se fija la condena al banco al pago de la mitad, pues fue otorgada en interés de ambas partes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 1499/2017
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de reclamación de cantidad, basada en la Ley 57/68, consistente en los anticipos realizados para la obtención de sendas viviendas que no fueron entregadas. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, al entender que la entidad bancaria avalista no debía responder por las cantidades no ingresadas en cuenta, pues se entregaron directamente a la promotora. La audiencia confirmó la sentencia. Recurren en casación los demandantes y la sala estima su recurso. Aplicando la doctrina contenida en resoluciones anteriores, probado que el banco demandado fue avalista colectivo de la promoción, la razón decisoria de la sentencia recurrida, consistente en condicionar la efectividad de la garantía colectiva a que los anticipos se ingresaran en una cuenta de la promotora en dicha entidad infringe dicha doctrina, ya que los pagos que los recurrentes hicieron en efectivo o mediante cheque se correspondían con pagos previstos en sus respectivos contratos, bien en concepto de "señal", bien en concepto de pago a cuenta en la fecha de firma del contrato. En consecuencia, procede casar la sentencia y estimar íntegramente la demanda.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5286/2017
  • Fecha: 18/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda de nulidad de los contratos consecutivos de permuta financiera de tipos de interés, así como del contrato de cancelación anticipada del primero de ellos, suscrita de mutuo acuerdo antes de la formalización del segundo. Se invocaba error vicio del consentimiento al creer que el producto ofrecido por la demandada equivalía a un seguro frente a las subidas de tipo de interés que soportaba en los contratos concertados para financiar su actividad comercial. Alegaba que el error había sido propiciado por el incumplimiento de la demandada de las obligaciones que le imponía la legislación del mercado de valores respecto de los clientes minoristas, como era el caso, y que carecía de conocimientos sobre los productos contratados. En primera instancia se estimó la demanda. Recurrida en apelación, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la demanda por considerar que la acción había caducado. Interpuestos recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, el primero fue inadmitido y el segundo se estimó ya que la sentencia recurrida situó el dies a quo para el cómputo del plazo en el momento en que se produjo la primera liquidación negativa recibida por la actora oponiéndose a la doctrina de la Sala que lo fija en el momento de la consumación del contrato (STS del Pleno 89/2018 de 19 de febrero). Al asumir la instancia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 1340/2018
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Gastos hipotecarios. Nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Dicha cláusula es abusiva pues, si no existiera, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, ya que, en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables, no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos. Por ello, la introducción de esta cláusula implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que determina su abusividad, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del servicio objeto del contrato, que es la financiación de la adquisición de un bien de primera necesidad como es la vivienda habitual. Consecuencias. Una vez declarada nula la cláusula, el tribunal debía entrar a analizar a quién, con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía satisfacer cada uno de los gastos cuestionados. Sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la nulidad de la cláusula no conlleva su atribución al banco prestamista, ya que el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. Respecto a los gastos de notaría deben repartirse por mitad, razón por la cual el banco solo puede ser condenado a reintegrar la mitad. Y en cuanto a los gastos de gestoría su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 2038/2018
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Interpuesta demanda de desahucio por precario por el dueño del suelo, la demandada se opuso alegando que había contribuido económicamente a la construcción entendiendo que el derecho de retención que resulta de los arts. 361 y 453 CC es título suficiente para enervar el desahucio, pero la AP estimó la demanda. El recurso de casación de la demandada se estima. Se alega la existencia de un derecho de retención del constructor de buena fe sobre la edificación de nueva obra ejecutada desde los cimientos, con materiales propios y en suelo ajeno, que legitimaría para continuar en la posesión. Admisibilidad del recurso: existencia de interés casacional. El art. 361 CC no atribuye automáticamente la propiedad de lo construido al dueño del suelo, sino que la supedita al ejercicio de la opción y al pago de la indemnización calculada conforme a los criterios legales. Hasta que no ejercita esa opción, el tercero es dueño de la obra y poseedor de buena fe del terreno ocupado, que forma un todo con lo edificado aunque siga perteneciendo al dueño de la finca. De ahí que el dueño del suelo no pueda reclamar la posesión de buena fe de su finca ni la propiedad de lo construido mientras no abone la indemnización, porque el que ha construido tiene un derecho de retención. Asumiendo la instancia se desestima la demanda porque la demandada no era simple precarista y opuso un título válido frente al demandante, derivado de su contribución a la construcción de la vivienda en suelo del demandante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 503/2017
  • Fecha: 17/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda en la que se solicitaba por parte de una estación de servicio la nulidad radical de la relación jurídica compleja que unía a las partes (cesión de terrenos, construcción de estación de servicio, derecho de superficie y arrendamiento de explotación de la estación), por no adecuarse a las exigencias del art. 101 TFUE, ni a las condiciones de exención de los Reglamentos 1984/83 y 2790/99. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero fue revocada por la Audiencia Provincial. Recurre en casación y en extraordinario por infracción procesal la estación de servicio y solo resultó admitido el primero de ellos. Respecto del recurso de casación, la sala estima el primer motivo, relativo a la duración del pacto de exclusiva; considera la sala que el entramado contractual litigioso incurrió en ineficacia sobrevenida desde el 1 de enero de 2002. Por el contrario, desestima el segundo motivo relativo a la fijación de precios, ya que la demandante no consiguió probar la imposibilidad real de hacer descuentos en el precio de venta al público con cargo a su comisión, es más, años antes del litigio se le reconoció expresamente el derecho a aplicar los descuentos que estimase convenientes. La supresión de la cláusula relativa a la duración en exclusiva de abastecimientos afecta a todo el complejo entramado contractual, por lo que la sala remite a las partes a un procedimiento posterior para la liquidación de sus relaciones contractuales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 289/2018
  • Fecha: 12/11/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que había reconocido a la copropietaria de las participaciones del derecho a reclamar los dividendos aprobados por la junta, en un caso en el que las participaciones correspondían por terceras partes indivisas a tres personas a raíz de la donación de los socios originarios. La condición de socios de los copropietarios en régimen de proindiviso (comunidad romana) de las participaciones sociales no corresponde a la comunidad, sino a quienes la integran. Ni la indivisibilidad de las participaciones ni la exigencia legal de la designación de un representante de sus copropietarios se oponen a ello. No estamos ante un ente dotado de personalidad jurídica, plena o limitada, ni ante un patrimonio autónomo con titular transitoriamente indeterminado, como en la herencia yacente. Se trata de una comunidad proindiviso o romana esencialmente distinta de la comunidad hereditaria (comunidad germánica), lo que justifica un tratamiento diferente. La distinción entre el derecho abstracto a participar en las ganancias sociales y el derecho concreto al pago de los dividendos explica que, aprobado por la junta el cobro del dividendo, se emancipa de la relación jurídico-societaria en cuyo seno ha nacido, y se integra como derecho de crédito independiente en el patrimonio del socio, por lo que cuando lo reclama, no actúa en puridad como tal socio, sino como un tercero que reclama su derecho de crédito frente a la sociedad.

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