Resumen: Demanda de desahucio por precario en la que solicitaba se dictara sentencia por la que se condenara a los demandados "a dejar libre, expedita y a disposición de la actora la finca objeto del proceso, con apercibimiento de lanzamiento si no lo desalojase el inmueble y con expresa imposición de costas". El juzgado de primera instancia estimó la demanda. El demandado recurrió la sentencia, y la Audiencia desestimó la apelación. Argumentó que había quedado acreditado que la parte actora era propietaria de la vivienda y que el demandado la ocupaba sin pagar merced alguna y sin título que legitimara su posesión y que el procedimiento de desahucio por precario era el adecuado al caso, siendo indiferente que se haya ocupado con anterioridad por el demandado la casa en virtud de un contrato de compraventa, si la misma se resolvió, perdiendo la titularidad de la casa mediante un procedimiento de ejecución hipotecaria. Interpuesto recurso de casación por jurisprudencia contradictoria de Audiencias sobre la aplicación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, la demandada se opuso al recurso, alegando como óbice de admisibilidad que el recurso se basaba en una cuestión nueva no debatida en las instancias. La sala estima que el recurso se basa en un planteamiento novedoso mientras que el recurso de apelación se centró en la concurrencia o no de los presupuestos de prosperabilidad de la acción por precario y además se altera la base fáctica lo que determina la desestimación del recurso.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: no cabe denunciar la infracción de una norma procesal sobre valor probatorio de los documentos privados. Modificación o novación de la cláusula suelo originaria: es posible siempre que la modificación haya sido negociada o si, cuando no lo ha sido, cumpla con las exigencias de transparencia; si se cumplen estos requisitos la nueva cláusula es válida, sin perjuicio de que se pudiera declarar la nulidad de la originaria modificada si no superaba los requisitos de transparencia. Transacción sobre la cláusula suelo: es posible cuando las partes, en una situación de incertidumbre, controvertida y para evitar un litigio, acuerdan realizar concesiones recíprocas y alcanzar un pacto que convierta la incertidumbre en seguridad, y si los términos de la transacción vienen predispuestos por el empresario es preciso comprobar, incluso de oficio, que se han cumplido las exigencias de transparencia en la transacción. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: conocimiento por el consumidor de las consecuencias económicas. Las pautas interpretativas sobre la inclusión de una cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior acuerdo no negociado individualmente, que la modifique. En el caso: la modificación cumplía las exigencias de transparencia; la cláusula de renuncia no es válida porque abarca cuestiones ajenas a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había estimado una demanda de desahucio por precario ejercitada por la cotitular de un inmueble ganancial frente a la legataria del usufructo de aquel bien. Se trata de un inmueble que pertenecía a la sociedad de gananciales constituida por el causante y la demandante. Tras su divorcio, el causante contrajo un segundo matrimonio y en su testamento legó el usufructo de ese bien a su cónyuge. La sala recuerda su doctrina acerca de que en las comunidades hereditarias, si bien cada coheredero puede servirse de las cosas comunes, la utilización de un bien por uno solo de los partícipes que excluya el uso de los demás es ilegitimo. Por esta razón, se admite la acción de precario a favor de la comunidad hereditaria y frente al coheredero que disfruta de la cosa en exclusiva, aunque fuere por concesión graciosa del causante, régimen que también es aplicable a las comunidades postgananciales como a la que se refiere el supuesto litigioso, ya que la accionante es cotitular ganancial de la vivienda. No se da la falta de legitimación en el actor cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda de una manera expresa que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se trata de una pretensión que de prosperar redundará en provecho de la comunidad. En el caso, se acredita que la acción no se ejercita en beneficio exclusivo de la actora, al no reclamar la vivienda a su favor.
Resumen: Demanda sobre tutela sumaria de la posesión instada por la arrendataria de una vivienda en la que la arrendadora demandada es una sociedad familiar, de la que la arrendataria forma parte. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la audiencia la confirmó. En esencia, la audiencia mantuvo que no existió un acto de perturbación o despojo ilícito, sino un acuerdo de la junta de accionistas de la sociedad arrendadora por el que se pretende restituir el estado y superficie de la vivienda arrendada a su situación anterior. Recurre en extraordinario por infracción procesal y en casación la demandante y la sala estima el recurso de casación. La sala entiende que se ha infringido la doctrina jurisprudencial, pues la existencia de un acto de voluntad de la arrendadora, acuerdo conforme a la ley de sociedades de capital, es suficiente para legitimar dicha decisión y anteponerla a la protección posesoria y sumaria que garantiza el CC; esta protección discurre por cauces procedimentales distintos a los de la impugnación de los acuerdos sociales, sin que la ley subordine en forma alguna la protección posesoria de la arrendataria que también es socia de la compañía propietaria del inmueble arrendado a la previa impugnación del acuerdo social. Al estimar la casación, se estima el recurso de apelación y, en consecuencia, se estima la demanda.
Resumen: Criterio flexible en la interpretación de la alteración de la fachada en las obras en locales comerciales. En ellos, la posibilidad de realizar obras debe ser más amplia (la finalidad comercial de los locales conlleva implícita la necesidad de una configuración exterior adecuada a su carácter y a la necesidad de facilitar el conocimiento de su existencia y de publicitar y hacer atractiva su actividad). No cabe idéntica interpretación entre locales de negocio y pisos. Aunque la fachada es todo lo correspondiente al exterior del inmueble en su completa superficie, la zona relativa a los pisos constituye una situación arquitectónica más rígida, mientras que en las plantas bajas existe una mayor flexibilidad. Los propietarios de los locales comerciales situados en la planta baja pueden ejecutar obras que supongan la alteración de la fachada del edificio, siempre y cuando su realización no menoscabe la seguridad del edificio, su estructura general o perjudique los derechos de otros propietarios. En este caso, se ha convertido una vivienda de la planta baja en local y no se ha cuestionado la legitimidad de ese cambio de destino, permitido por los estatutos. La transformación de los huecos de dos ventanas en dos puertas, mediante su prolongación hasta el suelo, produce escaso impacto visual; no se altera la seguridad ni la estructura del edificio, ni hay perjuicio para el demandante. Se estima el recurso de casación y se desestima la demanda que pretendía la reposición de la fachada
Resumen: Demanda de nulidad, por ser abusiva, de la cláusula suelo/techo fijada en el contrato de préstamo hipotecario por falta de transparencia. Además se pide la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de la citada cláusula y los intereses legales de dichas cantidades. En primera instancia se estimó la demanda. Consideró que la cláusula suelo no superaba el control de transparencia exigido jurisprudencialmente y restó eficacia al contenido del posterior documento privado de novación por el que se rebajó el tipo de interés mínimo pactado. Recurrida en apelación, se desestimó porque no consideró acreditado que los demandantes al tiempo de subrogarse en la hipoteca y ampliar el préstamo hubieran recibido la información adecuada para comprender las consecuencias económicas de la cláusula suelo inserta dentro del préstamo hipotecario a promotor, ni que tampoco conocieran sus características en las ulteriores novaciones o estas tuvieran carácter confirmatorio de su validez, sin que fuera admisible la renuncia a su impugnación. Interpuesto recurso de casación y extraordinario por infracción procesal se estima el último al apreciar falta de legitimación para instar la nulidad de una cláusula suelo y reclamar las cantidades cobradas de más en aplicación de dicha cláusula, porque existió una transacción que contenía una renuncia al ejercicio de esas acciones, que es válida según los parámetros fijados por la jurisprudencia del TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula suelo fijada en la escritura de préstamo hipotecario y luego rebajada en el contrato privado de novación modificativa del anterior por falta de transparencia. Además se pidió la eliminación de la cláusula y la restitución de las cantidades cobradas en aplicación de la misma. En primera instancia se desestimó la demanda ya que cuando se firmó la novación los prestatarios sabían que el préstamo originario tenía cláusula suelo y pidieron al banco su rebaja a cambio de la renuncia a su impugnación. Recurrida en apelación, se estimó el recurso. Consideró que la cláusula suelo inicial no superaba el control de transparencia exigido jurisprudencialmente y restó eficacia al contenido del posterior documento privado de novación por el que se rebajó el tipo de interés mínimo pactado, ante la imposibilidad de convalidar la cláusula nula originaria y a la renuncia al ejercicio de acciones de nulidad. Interpuesto recurso de casación, se estima parcialmente. Apreció la validez de la estipulación que rebaja la cláusula suelo, la nulidad de la inicial cláusula suelo y la renuncia contenida en el contrato transaccional según los parámetros fijados por la jurisprudencia del TJUE en su sentencia de 9 de julio de 2020. Rechazó que los demandantes no tuvieran acción, que el contrato hubiera sido ratificado válidamente por la parte y que las cláusulas del contrato hubieran sido negociadas individualmente, conforme a STJUE de 9 de julio 2020.
Resumen: Naturaleza jurídica de las comunidades de bienes (concepto estático) y de las sociedades irregulares (concepto dinámico). Si la comunidad entraña una explotación dinámica, puede ser una sociedad civil o mercantil. Serán mercantiles las sociedades constituidas para la realización de actos de comercio y civiles cuando no concurra tal circunstancia. La sociedad irregular con actividad mercantil ha de regirse por las normas de la sociedad colectiva respecto de terceros y por sus pactos entre los socios. Responsabilidad solidaria de los socios: todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes. Legitimación pasiva de los comuneros/socios por reclamación de las deudas sociales. En el caso, no se puede negar la legitimación pasiva del demandado, como socio de dicha entidad, pues no estamos en el caso de una comunidad de bienes sometida al régimen del condominio de los arts. 392 y ss CC, en las que esta Sala ha mantenido la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario. Por el contrario, estamos ante una relación jurídica asimilable a la de una sociedad irregular de tipo colectivo, en la que es predicable el régimen de responsabilidad solidaria propio de este tipo social. Estimación del recurso de casación frente a la sentencia que había apreciado falta de legitimación pasiva del socio/comunero. Devolución a la Audiencia para que resuelva sobre el resto de las cuestiones planteadas.
Resumen: La acción de responsabilidad individual de los administradores sociales supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario que cuenta con regulación propia. Es una responsabilidad por ilícito orgánico, cuyos presupuestos son: un comportamiento activo o pasivo de los administradores; que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; que el daño que se infiere sea directo al tercero, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y la relación causal entre la conducta antijurídica y el daño directo ocasionado al tercero. No puede recurrirse indiscriminadamente a esta acción por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad, y de ahí la importancia de esos requisitos. En el caso, declarada judicialmente la existencia de un enriquecimiento injusto por un cobro indebido por parte de la sociedad, la negativa reiterada e injustificada a su restitución genera responsabilidad individual del administrador. La pasividad del administrador, al omitir adoptar las medidas necesarias para restituir el cobro de lo indebido por parte de la sociedad, supone un incumplimiento de su obligación de desempeñar su cargo con diligencia
Resumen: Demanda de nulidad de cláusula suelo inserta en préstamo hipotecario. El Juzgado Mercantil declaró la nulidad de la cláusula suelo impugnada por los demandantes. La demandada recurrió la sentencia y solicitó la desestimación de la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación exclusivamente en el extremo relativo a la condena en costas de primera instancia, al apreciar serias dudas de derecho. Recurre en casación la parte demandante y la sala estima parcialmente el recurso. La sala reitera su doctrina según la cual, en los litigios sobre cláusulas abusivas, el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos; así, se produciría un efecto disuasorio inverso, pues no se disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas y, por tanto, se vulneraría el principio de efectividad del Derecho de la UE. Respecto de las costas de apelación y casación, al no regir en su imposición el principio del vencimiento, procede aplicar la regla general del art. 398 LEC, que no admite excepciones. Se estima en parte la casación.
