Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo y restitución de prestaciones. La cláusula en cuestión se incluyó en un contrato de préstamo hipotecario que fue modificado, renunciando ambas partes a ejercitar acción frente a la otra. En primera instancia se declaró su nulidad por falta de transparencia, y se negó eficacia a la novación y a la renuncia al ejercicio de acciones. En apelación se confirman estos pronunciamientos. Improcedencia de la suspensión por prejudicialidad penal. No cabe denunciar infracciones procesales en casación. Alcance de la transacción. La sentencia recurrida parte de la consideración de que una cláusula suelo que podía ser declarada nula por abusiva, si no pasaba el control de transparencia, no podía ser objeto de novación ni de una transacción. Pero ello se opone a la jurisprudencia, que admite que una cláusula pontencialmente nula pueda ser modificada por las partes posteriormente. En este caso la novación se llevó a cabo en un contexto en el que los prestatarios ya sabían que podía ser nula. Además conocieron la previa evolución del índice para el cálculo del interés. Por ello, la cláusula de modificación cumplía las exigencias de transparencia. La renuncia de acciones es valida si no se refiere a controversias futuras y si procede de un consentimiento libre e informado, lo que no fue el caso, al abarcar cuestiones ajenas a la validez de la cláusula suelo. Inexistencia de confirmación, al ser un contrato nulo de pleno derecho y no anulable.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a la sentencia que declaró la nulidad por falta de transparencia de una cláusula suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula por la que el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. Reiteración de la doctrina: la jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9/5/2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula suelo inicial. Procede la restitución de la cantidad indebidamente cobrada en aplicación del suelo inicial.
Resumen: El litigio versa sobre la indemnización de daños y perjuicios por la demolición de la casa colindante titularidad de los codemandados, que compartían muro medianero de separación y apoyo de sus respectivas edificaciones. La demanda no invocó la normativa sobre medianería y se limitó al régimen de responsabilidad extracontractual. Como consecuencia de la vía elegida, es necesario que entre los daños reclamados y los trabajos de demolición de la edificación de los codemandados exista relación de causalidad, que depende de la prueba practicada y que no puede revisarse en casación. El daño se debe identificar con el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento y evento determinado sufre un sujeto de derecho, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o patrimonio, dentro de los cuales se encontrarían aquéllos desperfectos constitutivos de un peligro grave, cierto, objetivo y persistente. Conforme a los hechos declarados probados por la sentencia recurrida, tal supuesto no es concurrente en el presente caso, excepto respecto de una partida relativa al enfoscado de cemento a buena vista, que sí cabe considerarla consecuencia directa de la demolición de la edificación de los demandados al dejar el muro sin protección, porque evita filtraciones en las paredes interiores de la vivienda de los actores. Se estima parcialmente el recurso en esa partida, todo ello sin perjuicio, en su caso, de la aplicación del régimen de la medianería en la ejecución de futuras obras.
Resumen: Proceso declarativo en el que se ejercita la pretensión de vencimiento anticipado por incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del prestatario que deja de pagar las cuotas e insolvencia sobrevenida. Es posible resolver el préstamo cuando el prestatario incumple de manera grave sus obligaciones esenciales, como la de devolver el capital en ciertas cuotas o abonar los intereses. Para valorar la gravedad del incumplimiento debe tenerse en cuenta tanto su carácter prolongado en el tiempo como la falta de reparación de la situación por parte del deudor. Entre los supuestos que permiten al acreedor anticipar el vencimiento de la obligación se encuentra la insolvencia sobrevenida del deudor. Para evitar el vencimiento anticipado sería preciso que el deudor ofreciera una nueva garantía, sin que en otro caso resulte exigible al acreedor que espere al término final de la operación para hacer efectivo su crédito. En el caso, el acreedor estaba facultado para declarar el vencimiento anticipado al haberse producido un incumplimiento en el pago de las cuotas vencidas de entidad suficiente como para revelar la falta de seguridad del pago del crédito. La declaración de vencimiento anticipado efectuada por la entidad acreedora con anterioridad a la presentación de la demanda no excluye su posterior petición en un proceso. Excede del contenido propio de la sentencia declarativa de condena el pronunciamiento sobre el procedimiento que debe seguirse para su ejecución.
Resumen: Celebrados unos contratos de abanderamiento y exclusiva de suministro con cesiones de usufructo o derecho de superficie con Repsol, los titulares de las estaciones de servicio demandaron a esta última y solicitaron la declaración de nulidad radical de los contratos por no adecuarse a las exigencias del art. 81 TCE ni a las condiciones de exención de los Reglamentos 1984/83 y 2790/99 y la condena al pago de una indemnización. Repsol se opuso y formuló reconvención con carácter subsidiario para el caso de estimarse la nulidad. En primera instancia se estimó en parte la demanda, declaró la nulidad de los contratos y condenó a Repsol al pago de distintas indemnizaciones. Interpuestos sendos recursos de apelación por ambas partes, se estimó el de la demandada, desestimó el de los demandantes y revocó la sentencia de instancia y desestimó la demanda. En lo que interesa, en relación con la duración de los contratos, consideró que la Decisión de Compromisos CE 12/04/06 había subsanado la nulidad de los contratos. La Sala analiza el único motivo de casación admitido en el que se cuestionan los efectos de la Decisión CE y, con cita de las SSTJUE 23/11/2017 (C-547/16) y 9/12/20 (C-132/19P), sostiene que el análisis de la Comisión es preliminar sobre la situación de competencia sin perjuicio de que pueda suponer un indicio o principio de prueba de la infracción. Mantiene la jurisprudencia de la sala tras la STS Pleno 67/2018 de 7 de febrero y estima el recurso.
Resumen: Demanda interesando la nulidad de una cláusula contractual que imputaba a la parte prestataria los gastos y tributos derivados de la constitución de la hipoteca, entre ellos, los de notaría, registro, AJD y gestoría. En las dos instancias se apreció la nulidad de la cláusula y se condenó a restituir las cantidades pagadas por el impuesto de AJD. Reiteración de la jurisprudencia sobre las consecuencias de la nulidad de una cláusula que atribuye todos los gastos al prestatario hipotecante. Si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. La nulidad de la cláusula conlleva su inaplicación, y como efecto de ello, dado que los gastos deben ser abonados en todo caso a terceros (notario, registrador) debe analizarse a quién corresponde legalmente su pago. No se trata de ningún reparto equitativo de los gastos, sino de analizar la normativa aplicable al caso, para constatar a quien le corresponde el pago de cada uno de esos gastos. Se deja sin efecto la condena al banco a pagar a los prestatarios el gasto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Resumen: Reclamación a banco avalista de la constructora por incumplimiento de contrato de permuta de suelo por vuelo. Inexistencia de incumplimiento ya que las prestaciones de la constructora estaban sujetas a un plazo a contar desde la obtención de la licencia de obras, que a su vez debía solicitarse en plazo a contar desde la entrega del terreno urbanizado, lo que aun no se había producido al iniciarse el litigio. Las obligaciones a término o sujetas a un plazo, tienen su eficacia suspendida durante el lapso de tiempo que media entre la celebración del contrato y la llegada del término, de modo que el acreedor no puede exigir su cumplimiento. En este caso, la falta de entrega de los terrenos urbanizados es un hecho ajeno a la promotora demandada, que determina que no pueda imputársele incumplimiento obligacional. En este caso el término opera como verdadera condición suspensiva de eficacia. Nada de lo anterior es incompatible con el hecho de que la promotra enajenara la finca cedida en permuta dado que no existía prohibición contractual de enajenar. Necesidad de interpretar restrictivamente la fianza: debe ser expresa y no debe extenderse a más de lo contenido en ella. La intepretación de la parte demandante-recurrente desnaturaliza el contrato de fianza convirtiéndolo en un simple reconocimiento de deuda al pretender que el avalista venga obligado a pagar siempre y en todo caso.
Resumen: Demanda de nulidad por abusividad de la cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos derivados de la contratación de un préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y condenó al banco demandado a devolver todos los gastos abonados por el cliente-demandante. La audiencia confirmó la sentencia. Recurre en casación el banco demandado y la sala estima su recurso. La sala reitera su doctrina, según la cual, el principal sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el prestatario, los gastos de notaría deben ser satisfechos por mitad y los gastos del Registro de la Propiedad deben ser satisfechos por el prestamista. Respecto de los gastos de gestoría y tasación, la sala declara que, de acuerdo con la doctrina de la STJUE de 16 de julio de 2020, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula declarada abusiva; cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, por haberlo prescrito así en el apartado i) de su art. 14.1.e. Se estima en parte el recurso de casación y la demanda.
Resumen: El Pleno de la Sala estima el recurso de casación interpuesto por un consumidor contra la sentencia que no impuso las costas procesales a la entidad bancaria que, pese a allanarse a la demanda, había rechazado previamente una reclamación extrajudicial que tenía el mismo contenido. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial resolvieron que cada parte debía cargar con sus propias costas porque la demanda se había presentado cuando ya estaba en vigor el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y el demandante no había acudido al procedimiento extrajudicial previsto en dicha norma. La Sala tiene en cuenta que, aunque la reclamación extrajudicial del consumidor tuvo lugar antes de la entrada en vigor del RDL 1/2017, esa actuación fue justamente la prevista en esta norma: efectuar una reclamación a la entidad financiera para que dejara de aplicar la cláusula suelo y le devolviera lo indebidamente cobrado por su aplicación. La entidad financiera rechazó la solicitud alegando que su actuación había sido correcta y que la cláusula suelo no era abusiva. Sin embargo, interpuesta la demanda, se allanó a la misma. Por ello, el Tribunal Supremo concluye que el pronunciamiento de la Audiencia Provincial infringe el RDL 1/2017, interpretado a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Resumen: La sala estima en parte el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria frente a una sentencia que había declarado la nulidad por falta de transparencia de dos cláusulas suelo y también la nulidad del acuerdo posterior por el que se rebajó el límite mínimo y se introdujo una cláusula en virtud de la cual el prestatario renunciaba a ejercitar cualquier acción que trajera causa de su formalización y clausulado. La sala reitera su doctrina dictada en supuestos semejantes al litigioso. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado en un momento en el que se había publicado la STS de 9 de mayo de 2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, además se valora que los prestatarios realizaron una trascripción manuscrita de conocimiento de la misma y el requisito de la información sobre la evolución pasada del índice se cumplía por la concreción de la cuantía en la cuota mensual en la que se expresaba el valor del índice, además de su publicación en el BOE. La renuncia de acciones es abusiva por su carácter genérico ya que no se limita a las reclamaciones de la cláusula suelo. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de las cláusulas suelo iniciales.
