Resumen: Swap vinculados a hipotecas concertadas en el marco de un complejo proceso de refinanciación de empresas. Si el cliente conoce y comprende los riesgos del producto, no hay error en el consentimiento. La incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa MiFID obligó a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como minoristas o profesionales. Y si se encuadran en la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y a suministrarles información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan. Constituye jurisprudencia reiterada que un incumplimiento de dicha normativa, en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos de swap, tanto respecto de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo, lo que no impide que pueda demostrarse que, a pesar de no haber quedado acreditado el cumplimiento de los deberes de información, el cliente prestó su consentimiento con conocimiento de las características de la operación y los concretos riesgos que asumía. Así sucede en este caso, en el que el administrador de la actora estaba perfectamente enterado de la mecánica de los contratos y, con una amplia experiencia en operaciones jurídicas y bancarias, negoció durante meses las condiciones de refinanciación de las que nacieron los swaps.
Resumen: Demanda en ejercicio de acción reivindicatoria frente a los demandados que perturbaban la posesión e impedían la utilización de la plaza de garaje adquirida por los demandantes. En primera instancia se estimó la demanda y declaró que los demandantes eran propietarios de 1/128 parte, con derecho a utilizar con carácter exclusivo y excluyente la plaza de aparcamiento cuestionada. Se consideró acreditado que los demandantes utilizaban dicha plaza hasta que los demandados empezaron a perturbarles y que en las escrituras de compraventa ya se identificaba perfectamente el número de plaza y la situación exacta de la misma. En segunda instancia se estimó el recurso de apelación de los demandados y desestimó la demanda al existir un obstáculo insalvable para el éxito de la acción reivindicatoria, y es que los demandantes no son propietarios exclusivos y excluyentes del concreto espacio que reivindican, sino que adquirieron 1/128 parte con derecho a utilizar la plaza cuestionada correspondiendo la propiedad en su conjunto a la comunidad de propietarios. Rechazó que pudiera entenderse planteada una acción publiciana. Interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal por infracción de la doctrina editio actionis, se estima, por cuanto la sentencia se centra en el nombre dado por la parte a la acción ejercitada (reivindicatoria) obviando que los hechos en que se funda son encuadrables en la acción publiciana y que concurren los requisitos para su estimación.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación cuyo objeto versa sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de gastos de los préstamos hipotecarios. Reitera su reciente jurisprudencia, que ha sido confirmada por el STJUE de 16 de julio de 2020, y cuyas consecuencias prácticas, en relación con los gastos controvertidos en el presente recurso de casación son: (i) respecto de los gastos de notaria: la intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz deben distribuirse por mitad. Igual en cuanto a escritura de modificación del préstamo, pero los de la de cancelación los debe soportar el prestatario, y los gastos de copias, quien las solicite. (ii) gastos del Registro de la Propiedad: el banco debe abonar los gastos de inscripción de la hipoteca, y el prestatario los de cancelación. (iii) gastos de gestoría: con anterioridad a la Ley 5/2019 no había ninguna norma legal que atribuyera su pago a ninguna de las partes. En consecuencia, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, a partir de la sentencia 555/2020, de 26 de octubre, se estableció que su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista. Lo expuesto conlleva que el recurso de casación deba ser estimado únicamente en lo relativo a los gastos de notaría, que han de distribuirse por mitad, mientras que la sentencia recurrida debe confirmarse tanto respecto de los gastos de inscripción en el registro de la propiedad como de los gastos de gestoría.
Resumen: Demanda sobre nulidad de la cláusula que atribuye todos los gastos hipotecarios al prestatario. Las sentencias de ambas instancias declararon nula la cláusula litigiosa y condenaron a la demandada a abonar los gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría. Recurre en casación la entidad bancaria demandada y la sala estima en parte su recurso. La sala aplica su doctrina sobre la distribución de los gastos hipotecarios, según la cual los gastos de notaría, conforme a la normativa notarial, deben ser abonados por los interesados, que en el caso del préstamo hipotecario son ambas partes, por lo que deben abonarse por mitad, correspondiendo el gasto de escritura de cancelación de la hipoteca al prestatario y las copias de las escritura a quien las solicite; respecto de los gastos del Registro de la Propiedad, el Arancel de los Registradores de la Propiedad atribuye el gasto a quien a cuyo favor se inscriba o anote el derecho y como la garantía hipotecaria se inscribe a favor del prestamista, será a éste al que corresponda el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca, mientras que como la inscripción de la escritura de cancelación se inscribe en favor del prestatario, a él le corresponde este gasto; y respecto de los gastos de gestoría, su pago debe atribuirse íntegramente a la entidad prestamista. Ello conlleva que el recurso de casación se estime únicamente en lo relativo a los gastos de notaría, que han de distribuirse por mitad.
Resumen: Aportación con el escrito de oposición al recurso de casación de la STJUE caso Banca Transilvania: doctrina fijada por esta sentencia; no afecta a la decisión del recurso. Desestimación de las alegaciones sobre la STJUE caso Andriciuc, en el sentido de que las estipulaciones cuestionadas quedan fuera del ámbito de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Recurso de casación admisible: la suficiencia de la información es una cuestión de valoración jurídica y no fáctica. Control de transparencia de la cláusula relativa a divisas: que el cliente, por iniciativa propia acuda al banco llevado por un intermediario no excusa a aquel de informar sobre los riesgos del producto; producto de riesgo; no basta la prueba testifical del empleado del banco que afirma que informó al cliente, es necesaria la constatación de la información sobre los riesgos específicos. Concreción de las obligaciones de información en los préstamos en divisas: doctrina jurisprudencial del TJUE y del TS sobre los especiales riesgos de este producto y la información exigible a las entidades financieras. Control de contenido o abusividad una vez constatada la falta de transparencia de las cláusulas relativas a la divisa. Asimilación de la falta de transparencia a la abusividad de determinadas cláusulas (cláusulas suelo; cláusulas multidivisas) por ocultarse graves riesgos para el consumidor.
Resumen: Demanda interpuesta por una comunidad de propietarios en reclamación de cuotas impagadas con sus intereses. La sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, estimó íntegramente la demanda rechazando la alegación de la demandada de que estuviera prescrita la pretensión referida a las cuotas de la comunidad que no se hubieran devengado durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, al considerar que el plazo de prescripción es de quince años. La cuestión jurídica que accede a la casación consiste en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la reclamación de las cuotas por gastos generales, al amparo del art. 9.1.e) de la Ley de propiedad horizontal respecto de deudas nacidas antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre (que redujo el plazo general de prescripción para las acciones personales del art. 1964 CC de quince a cinco años). La sala reitera su doctrina conforme a la cual es aplicable el plazo de cinco años del art. 1966.3ª CC y no el de quince años que establecía el art. 1964 CC. En aplicación de esta doctrina, la sala condena a pagar a la demandada todas las cuotas impagadas en los cinco años anteriores a un burofax enviado en enero de 2015, más las devengadas desde entonces y hasta su pago, en aplicación de la doctrina de la sala sobre la prescripción y el mantenimiento vivo de la reclamación por parte de la comunidad demandante. Se estima el recurso de casación estimando en parte el de apelación.
Resumen: El objeto del recurso versa sobre si procede o no imponer a la entidad de crédito demandada-apelante las costas de las instancias en un caso en que la sentencia recurrida, pese a confirmar la estimación íntegra de la demanda (de nulidad de una cláusula suelo y reintegro total de las cantidades indebidamente cobradas), decidió no imponerlas a ninguna de las partes por apreciar serias dudas de derecho. Se estima el recurso de casación, basado en la infracción de normas legales sustantivas que regulan la protección de los consumidores y del principio de efectividad, y se reitera la jurisprudencia de la Sala Primera, según la cual la regla general del vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla hecha por la sentencia recurrida (consistente en apreciar serias dudas de Derecho) supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio. Por tanto, resulta procedente imponer a la entidad de crédito demandada-apelante las costas de la segunda instancia, dado que su recurso de apelación tenía que haber sido desestimado en su totalidad, y confirmar la imposición a dicha parte de las costas de la primera instancia, como consecuencia de la íntegra estimación de la demanda.
Resumen: La Sala estima los recursos interpuestos frente a la sentencia que, en un proceso sobre extinción del condominio de la vivienda común y reclamación de las mayores aportaciones realizadas por uno de los miembros de una unión no matrimonial, desestimó la demanda por considerar la vivienda condicionada por el uso concedido a la demandada en un previo procedimiento de custodia y afectar al interés de los menores, y por entender que la compra por mitades para uso común y de los hijos comporta un acuerdo implícito sobre aplicación indistinta de los recursos de la pareja, sin pacto de reconocimiento de obligaciones por las aportaciones del otro. La sala reitera su doctrina acerca de que la atribución del uso de la vivienda a uno de los condóminos no impide al otro el ejercicio de la acción de división, pues la tutela de los intereses de los hijos menores y del progenitor a quien corresponde su uso se consigue reconociendo la subsistencia del derecho de uso pese a la división y su oponibilidad frente al tercer adquirente. Pero este derecho de uso no puede subsistir si en el proceso de familia la atribución del uso se ha hecho precisamente hasta ese momento. En el caso, la previa sentencia de familia atribuyó el uso solo hasta que alguno de los condóminos pidiera la división. La adquisición conjunta y la convivencia no determinan la irrelevancia de las aportaciones dinerarias realizadas. Carencia de efecto útil del motivo porque no se ha acreditado la mayor aportación económica.
Resumen: Conflicto por la propiedad de una finca rústica, vendida en contrato privado, entre el comprador y el hijo del vendedor, que llevó al comprador a formular acción reivindicatoria que fue desestimada por no dirigirse la demanda contra poseedor no propietario sino contra quien era el verdadero dueño. En este pleito el comprador vencido formuló acción de saneamiento por evicción, que fue desestimada por no concurrir los requisitos para su estimación, en concreto, porque el comprador no fue privado de la propiedad en un pleito anterior por la acción de un tercero, sino que fue el propio comprador el que fue parte demandante en dicho pleito, al que no se privó de ninguna propiedad ya que no la ostentaba. Inexistencia de incongruencia "extra petita". El fallo de la sentencia recurrida fue desestimatorio, y no se aprecia que la sentencia se pronuncie sobre extremos ajenos a lo solicitado en el suplico de la demanda. Inexistencia de cosa juzgada material: no existe identidad subjetiva entre ambos pleitos, sin perjuicio de si lo resuelto en el pleito sobre la acción reivindicatoria integra o no el presupuesto legal de acción de evicción de la privación por sentencia firme de la finca vendida. Dicha sentencia anterior no se limitó a negar la procedencia de la restitución de la finca al comprador demandante sino que declaró al demandado (hijo del vendedor) como dueño. Por lo tanto, se cumple el presupuesto legal de la pérdida de la cosa para la prosperabilidad de la acción de saneamiento
Resumen: El préstamo comercializado como ?hipoteca tranquilidad? es un préstamo con sistema mixto de interés (fijo los diez primeros años y variable en el resto), con cuota creciente (la cuota inicial se incrementa cada año en un 2,5%) y duración relativamente indeterminada, con un máximo de cuotas. El sistema de amortización difiere del sistema francés en que la variabilidad del índice de referencia del interés remuneratorio no se traduce en un incremento de las cuotas, sino en un incremento del número de cuotas y en la posibilidad de llegar al final del préstamo sin haber devuelto todo el capital, en cuyo caso habría que abonar la parte pendiente junto con la última cuota. Las cláusulas sobre el interés remuneratorio forman parte del objeto principal del contrato y están sometidas, como tales, al control de transparencia material. En el caso, el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación contractual. Los prestatarios conocían desde un primer momento, y durante toda la vida del préstamo, tanto en el periodo de interés fijo como en el de interés variable, la cantidad que iban a pagar durante la vida máxima del contrato. Las reglas sobre la amortización están claramente fijadas sin redacciones ambiguas u oscuras, ni remisiones a cláusulas distintas. Como las cláusulas sobre el interés remuneratorio son transparentes, resulta improcedente realizar el control de abusividad. Se estima el recurso de casación.
