Resumen: Impuesto sobre sociedades. Determinación del momento del devengo. La cuestión a dilucidar no es jurídica sino estrictamente fáctica, de mera valoración del material probatorio realizado por el Tribunal de la instancia, que llega a la conclusión de que los servicios y operaciones de las que derivan el devengo se produjeron en los años 2007 y 2008 y no en el 2006, tratándose de una cuestión simplemente probatoria y fáctica, sin ninguna discrepancia jurídica.
Resumen: El plazo de tres años previsto en el artículo 121.1.a) del CAU para la presentación de las solicitudes de devolución o de condonación formuladas al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del CAU, en los supuestos en los que el ingreso resulte indebido como consecuencia de la anulación de un reglamento, directiva o decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe computarse desde la fecha de notificación de la deuda aduanera, conforme a la redacción del art. 121.1.a) del CAU, plazo que solo podrá prorrogarse si la parte interesada acredita la concurrencia de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.
Resumen: Remisión a la doctrina fijada en la STS de 12 de julio de 2021 (rec. 4066/2020). La doctrina jurisprudencial fijada es la siguiente: La rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea. La sentencia estima el recurso y ordena la retroacción de actuaciones del recurso contencioso-administrativo para que se resuelva sobre el fondo.
Resumen: a) La deducción prevista en el artículo 81 bis LIRPF, aplicable a los ascendientes separados legalmente, o sin vínculo matrimonial con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos es aplicable en los supuestos en los que quede probado que no perciben esos alimentos a pesar de estar reconocidos por sentencia judicial. b) En la interpretación anterior no se incurre en la prohibida aplicación analógica que establece el artículo 14 de la Ley General Tributaria. c) En la interpretación de toda norma jurídica, incluidas las que reconocen beneficios fiscales rige, según venga impuesto por el texto, naturaleza o finalidad de la norma, el elenco de posibilidades interpretativas que contiene el art. 12 LGT, por virtud de su remisión al artículo 3.1 C.C. y, en especial, la interpretación conforme a la Constitución.
Resumen: La rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, de construcciones y derribos, salvamentos y otros análogos, aprobada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Insuficiente delimitación del sujeto pasivo contribuyente y del sujeto pasivo sustituto.
Resumen: 1) La Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros, cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme. 2) El exceso de los funcionarios de la Administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a derecho y deber ser controlado, a posteriori, por el propio juez autorizando, a través del mecanismo de dación de cuenta que la Administración está obligada a realizar, art. 172 RGAT, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al afectado por él. 3) Se consideran hallazgos casuales los documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados en su validez como prueba. 4) La acreditación, por la Administración tributaria, de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, en el registro de un tercero, con finalidad de determinar otros tributos, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción a efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración.
Resumen: Impuesto sobre sociedades. Bases imponibles negativas. Compensación. Art. 119.3 de la LGT. Irrevocabilidad de la opción. Compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación declarada resulta extemporánea. Debe entenderse que la opción se ha hecho efectiva en el momento en que se cumple el plazo para declarar temporáneamente, por lo que la misma resulta, en principio, irrevocable, constituyendo la opción expresa o tácita la imprescindible manifestación de la voluntad para elegir una de las alternativas posibles, la cual posee contenido material con sustantividad propia. Remisión a la doctrina jurisprudencial existente sobre la cuestión casacional.
Resumen: Improcedente aprobación del canon o tarifa una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas. Liquidaciones firmes. Inexistencia de nulidad. Revisión de actos nulos de pleno derecho. Revocación.
Resumen: La sentencia, reiterando el criterio sentado en la jurisprudencia anterior para dar respuesta a las cuestiones de interés casacional planteada, afirmando la procedencia de incluir el IVA en la base de cálculo de los intereses de demora en el pago de las facturas derivadas de contratos administrativos siempre que quede acreditado el previo ingreso de impuesto en la Hacienda Pública, establece como condición necesaria para la inclusión de la cuota del IVA en la base del cálculo de los intereses de demora, el pago o ingreso de dicha cuota en la Hacienda Pública, pues solo de esta forma existirá la falta de disponibilidad de una cantidad resarcible mediante los intereses de demora. En este sentido, y para su acreditación, estima que carece de valor jurídico probatorio un certificado genérico de cumplimiento de obligaciones tributarias, que además no se refiere al mismo ejercicio fiscal de emisión de la factura incursa en mora y de la que se derivan los intereses reclamados. Por último, resolviendo la tercera de las cuestiones de interés casacional que se planteaban en el auto de admisión, respecto al dies a quo para el cómputo de los intereses sobre la cuota del IVA, la posición de la Sala -recogida en sentencias precedentes- considera que el cómputo de los intereses de demora sobre la cuota del IVA ha de iniciarse el día del pago de dicha cuota.
