Resumen: Ante el incumplimiento por el sujeto pasivo del procedimiento ordinario de rectificación y regularización de las cuotas repercutidos en exceso, nada impide reconocer al particular cedente de un terreno en el marco de un contrato de permuta que termina por ser resuelto, y que ha soportado la repercusión de cuotas por IVA por la entrega anticipada, la facultad de instar el correspondiente procedimiento de rectificación de la autoliquidación, así como el derecho, de cumplirse todos los requisitos para, una vez determinado el importe en que hubiera ser rectificada la autoliquidación, y acredita la reducción de la base imponible del IVA, y consecuentemente el exceso en las cuotas repercutidas, obtener la devolución de este exceso como ingreso tributario indebido.
Resumen: La respuesta que ha de darse a la cuestión con interés casacional planteada en el auto de admisión es positiva, esto es, la rectificación de una autoliquidación -y la consiguiente devolución de ingresos indebidos- sí es cauce adecuado para cuestionar la autoliquidación practicada por un contribuyente -que ha procedido a ingresar en plazo las cuantías por él calculadas en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a fin de no ser sancionado por dejar autoliquidar e ingresar en plazo-, cuando entienda indebido el ingreso tributario derivado de tal autoliquidación al considerarlo contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión Europea.
Resumen: Remisión a la sentencia de 8 de febrero de 2021 (rec. 3071/2019) que fija la siguiente doctrina: a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el limite y alcance derivados del el principio de inscripción contable.
Resumen: No resulta posible aplicar la conocida doctrina de la Sala, contraria a la previsión de un tipo de gravamen único del 5 % con independencia de la intensidad del uso del dominio público local, básicamente porque, en el presente caso, no cabe asumir como presupuesto de partida que la ordenanza municipal o el informe-técnico económico ("ITE") incorporen un tipo de gravamen único del 5 %, con independencia de que exista un uso privativo o un aprovechamiento especial, circunstancia que, además, niega el Ayuntamiento.
Resumen: Se estima en parte el recurso de casación presentado en el problema jurídico en este recurso de casación gira en torno al concepto de "explotación" con el fin de aclarar si a los efectos de percibir ayudas al ganado vacuno solicitada, debe considerarse la explotación como un concepto físico (instalaciones o construcciones en las que habita y se cría el ganado) o desde una perspectiva económico-funcional (unidades integradas en torno a un mismo titular y gestionadas de forma conjunta). La Sala concluye que el término "explotación", a los efectos de comunicar todo movimiento o traslado del ganado desde y hacia la misma, es un concepto físico referido al establecimiento o la instalación en la que se tiene y cría el ganado. Se trata de una medida legislativa adoptada como reacción a la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, pretendiendo fomentar un mayor control, en especial la trazabilidad del ganado, para lo cual el control de la localización concreta de cada res es esencial. El recurso se estima parcialmente en tanto que desde el 26 de marzo, hasta el 13 de abril, habrían pasado más de los 7 días previstos en la norma, sin que el alegato sobre las incidencias en el traslado del ganado presenten respaldo probatorio, lo que determina la estimación parcial del recurso contencioso en la instancia y la anulación de las resoluciones administrativas no ajustadas a derecho.
Resumen: Régimen transitorio aplicable a las mutualidades de previsión social. Mutualidad Laboral de Banca. ¿Las aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca realizadas a partir de 1 de enero de 1967 tienen la naturaleza de cotizaciones a la Seguridad Social o aportaciones a contrato de seguro concertados con mutualidades de previsión social?¿Resulta procedente o no la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, cuando se han realizado aportaciones a la Mutualidad Laboral de Banca a partir de 1 de enero de 1967? ¿Debe integrarse en la base imponible del lRPF el 100 por cien del importe percibido como rendimientos del trabajo, o, por el contrario, debe integrarse en la base imponible del lRPF el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas?
Resumen: Aparcamiento. Compatibilidad tasa y canon. SSTS 12 de julio de 2006 (recurso de casación en interés de ley 16/2005), 26 de junio de 2020 (RCA/91/2018) y 15 de febrero de 2021 (RCA/5380/2019). Plantea cuestiones idénticas a los RRCA/634/2021 y 4341/2021. Precisar si la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local, modalidad paso de vehículos a través de aceras y calzadas, resulta compatible con el canon satisfecho en su día por la concesión municipal para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo mixto.
Resumen: Determinar, en los supuestos de degradación de la infracción administrativa de contrabando de grave a leve, si es conforme a Derecho la reducción del porcentaje mínimo aplicable a las infracciones leves del 100%, con una rebaja en veinte puntos, quedando la sanción a imponer limitada en el 80% del valor de la mercancía y, consecuentemente, por debajo del límite legal para este tipo de infracciones.
Resumen: Las cuestiones en las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, a juicio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, son las siguientes: (i) si cuando se dispensa un fármaco por no aportarse la documentación exigida -receta- o, aportándola, esta resulta inadecuada, o si el acto de dispensación no se registra por la farmacia debidamente, tal actuación es un acto de dispensación sujeto al régimen sancionador de la normativa estatal sobre medicamentos, o, por el contrario, es un acto sujeto al régimen sancionador de la normativa autonómica sobre ordenación farmacéutica; y, (ii) en caso de que se considere aplicable la normativa estatal, cuál es el plazo de caducidad del procedimiento sancionador, si el previsto en la normativa estatal básica, en la normativa estatal sobre medicamentos o el que prevea la normativa autonómica para ese tipo de procedimientos.
Resumen: Procedimiento de recaudación frente a los sucesores. ¿En los supuestos en los que la Administración Tributaria comunique a un socio, partícipe o cotitular su calidad de sucesor al amparo del artículo 40 LGT en las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad o entidad en la que la Ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, la Administración debe precisar en esa comunicación si la sociedad está disuelta y liquidada por lo que la responsabilidad de los socios, partícipes o cotitulares es la prevista en el párrafo 1 del artículo 40 LGT fijando asimismo hasta que límite alcanza la responsabilidad de los socios, o, si por el contrario se está en un supuestos de extinción o disolución sin liquidación de la sociedad o entidad prevista en el párrafo 3 del artículo 40 LGT en la que no se limita la responsabilidad de los socios, partícipes o cotitulares. Recurso contencioso-administrativo. Principio de buena jurisdicción. ¿Para que un Tribunal de Justicia proceda a la aplicación del principio de unidad de doctrina en la aplicación de la ley mediante la remisión en bloque a lo resuelto en una sentencia previa, -principio de unidad de doctrina interpretado conforme al principio de la buena jurisdicción inferido de los artículos 9.3, 24 y 106 de la Constitución-, se exige que el órgano judicial constate que los elementos probatorios presentado en los distintos procesos son los mismos?
