Resumen: La Sala estima el recurso de casación y el contencioso-administrativo. Del tenor literal de los arts. 109.1.a) y 5 del Reglamento de Extranjería y 28.2 de la Ley 40/2015, la sentencia declara que, salvo oposición expresa del interesado, no puede ser requerido a la aportación de documentos en los que funda la solicitud, cuando éstos obran ya en poder de las Administraciones o han sido elaborados por ellas, teniendo éstas obligación de solicitarlos de la correspondiente Administración a través de interconexión telematica.
Resumen: Tipos de interés que se aplican a los Ayuntamientos que estuvieron satisfaciendo la deuda contraída con el Estado, a través del entonces Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP), por la aplicación de retenciones en su participación en los tributos del Estado.
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Determinar cómo se ha de aplicar el índice corrector del 0,90 por 100 para empresas de pequeña dimensión con hasta dos trabajadores en el método de estimación objetiva del IRPF: si de forma nominal, es decir, únicamente cuando se cuente con un máximo de dos trabajadores contratados a la vez o, por el contrario, en función de las horas anuales prorrateadas por trabajador. Plantea idénticas cuestiones que el RCA/2702/2022.
Resumen: IRPF. Pagos a cuenta. Reafirmar, reforzar, completar o, en su caso, cambiar o corregir la doctrina jurisprudencial sobre el derecho del sujeto pasivo y la obligación de la Administración tributaria de contemplar en la liquidación del IRPF que en su caso dicte, la deducción por las retenciones que se debieron practicar, pero no se practicaron, por parte del pagador de las rentas. Plantea cuestiones semejantes a las suscitadas en los RRCA/7336/2021, 1321/2022 y 2226/2022.
Resumen: IVA. Base imponible. Principio de neutralidad del IVA. La cuestión con interés casacional consiste en: determinar, en aquellos supuestos en los que el sujeto pasivo del IVA ha facturado y autoliquidado el impuesto aplicando incorrectamente un tipo reducido de gravamen y, tras ello, no puede rectificar las cuotas en virtud del artículo 89.Tres.1º de la Ley del IVA, si resulta procedente, a la luz del principio de neutralidad del IVA, exigir el incremento de las cuotas del impuesto -por la aplicación del tipo general de gravamen- calculadas sobre el mismo importe de base imponible que se empleó para calcularlo con el tipo reducido o si debe entenderse incluida, dentro de la cuantía total efectivamente percibida, la cuota debida del impuesto calculada al tipo general.
Resumen: Resuelve el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se inadmitió -por extemporánea- reclamación de responsabilidad patrimonial (presentada el 15/10/21) del Estado Legislador -con sustento en la STC nº 59/17, de 11 de mayo (BOE de 15 de junio)- en relación con el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), satisfecho como consecuencia de la trasmisión de un inmueble. Tras analizar la evolución normativa y jurisprudencial en la materia, recuerda lo dicho en SSTS nº 1158, 1186, 1351 y 1384/20, en las que se sostuvo que lo procedente es efectuar una interpretación amplia de la exigencia del art. 32.4 LRJSP, de forma que los mecanismos que permiten dar por cumplido el requisito previsto en dicho artículo, a efectos de instar válidamente la acción de responsabilidad patrimonial prevista en dicho precepto, comprende todas aquellas formas de impugnación que, de una parte, pongan de manifiesto la disconformidad del interesado con el acto administrativo cuestionando la constitucionalidad de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme en la que se valore la constitucionalidad de la norma que después es objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Además, considera que la reclamación cumple también el requisito temporal establecido en el art. 34.1 y 2. Al no poder determinar el valor del suelo en la fecha de la transmisión, estima parcialmente.
Resumen: Examen del sistema turnal de reparto aprobado por Acuerdo de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid en relación con el derecho a la libre competencia.Determinación de la conformidad a derecho del sistema de turno de reparto de documentos otorgados por entidades públicas,organismos y sociedades dependientes de aquéllas en la ciudad de Madrid.Examen de los principales apartados y aspectos de las bases aprobadas por la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid de 9 de junio de 2014. Sistema de turno de reparto de documentos y del régimen de prestaciones económicas al fondo para determinar su conformidad con la Ley de defensa de la competencia. Turno de reparto: el sistema tiene carácter voluntario y temporal en relación con la adscripción de notarios, no propicia repartos desiguales, no opera cuando se trata de pólizas, tampoco en escrituras en las que por su cuantía se permita al notario percibir la cuantía que acuerde libremente con las partes. El mecanismo adoptado no impide restringe ni falsea la competencia entre los notarios. No procede la reserva legal: el turno de reparto de documentos no restringe la competencia ni exceptúa la Ley de defensa de la competencia. Régimen de aportaciones de notarios al fondo: las aportaciones no son cuotas fijas ni iguales, los beneficios si son igualitarios para todos los notarios. Pese al desajuste que pudiera producirse no existe un mecanismo de compensación económica no se vulnera la Ley de Defensa de la Competencia.
Resumen: En el presente caso, la contribuyente había presentado en 2015, de forma extemporánea y espontánea, tanto los modelos 720 de los ejercicios 2012 a 2014 (derecho y bienes en el extranjero) como una autoliquidación del IRPF del ejercicio 2012 en el que se incluían las rentas derivadas de los bienes y derechos en el extranjero. La Adminitración le liquidó un recargo extemporáneo del artículo 27 LGT, acto que fue impugnado con base en la disconformidad del artículo 39.2 LIRPF (ganancias no justificadas, redacción de la Ley 7/2012) con el Derecho de la UE y que, según la recurrente, suponía la anulación de cualquier acto que se derivara de aquel. La doctrina jurisprudencial fijada es: en un caso como el enjuiciado, en que ni tan siquiera se ha solicitado la rectificación de la autoliquidación y tampoco se ha aportado por la obligada tributaria dato alguno sobre una eventual prescripción de las ganancia patrimoniales no justificadas declaradas extemporáneamente, es procedente la liquidación del recargo previsto en el art. 27 de la LGT por la presentación extemporánea de autoliquidación complementaria del contribuyente, sin requerimiento previo de la Administración, en cuanto a las ganancias patrimoniales no justificadas correspondientes a bienes y derechos situados en el extranjero, declaradas en esa actuación por la obligada tributaria con ocasión del cumplimiento extemporáneo de la obligación de información sobre esta clase de bienes establecida en la DA 18 LGT.
Resumen: A los efectos de valorar el fondo de comercio generado en una operación de fusión por absorción de entidades, el artículo 89.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no permite, en la determinación de la cantidad objeto de deducción fiscal resultante de tal operación, tener en cuenta el porcentaje de participación que poseían otras entidades absorbidas por la obligada tributaria adquirente sobre la entidad de la que procedía el fondo de comercio adquirido, cuando las operaciones de absorción se hicieran en unidad de acto.
Resumen: Para acreditar la residencia habitual del adquirente, a los efectos de aplicar la exención por exportación de bienes en régimen de viajeros prevista en el artículo 147.7 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 y 21.2º.A de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, no basta con la aportación del pasaporte, tal y como contempla el artículo 9.2º.B.b) del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando en el mismo no conste la residencia habitual o domicilio del receptor de las entregas de bienes, siendo preciso en este caso, adicionalmente, presentar otros medios de prueba que acrediten la residencia habitual del viajero. En todo caso, corresponde al vendedor o proveedor de las mercancías, sujeto pasivo del IVA, verificar si el documento presentado por el viajero para poder disfrutar de la exención contiene el dato de la residencia habitual o domicilio del viajero, pudiendo, en su caso, ser dicho documento, el pasaporte, el documento de identidad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
