• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 986/2019
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Deberes de diligencia y lealtad de los administradores en el desempeño de su cargo y evolución de su regulación legal (lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad). Configuración jurisprudencial del concepto "interés social": posición no uniforme sobre qué debe entenderse por "intereses de la sociedad"; interés común de los socios (suma de los intereses particulares de los socios, de forma que cualquier daño producido en el interés común del reparto de beneficios, o en cualquier otra ventaja comunitaria, supone una lesión al interés social); no es el de los accionistas individualmente considerados, sino el común a todos ellos; exige también el respeto razonable a los intereses de la minoría. El deber de lealtad: obliga a los administradores a desempeñar sus funciones en interés de la sociedad; lo relevante es que los administradores se abstengan de anteponer su interés personal al de la sociedad, que en principio viene configurado por el interés del conjunto de los socios, con el límite de que la conducta de los administradores no perjudique legítimos derechos de terceros, como puede ser el caso de los acreedores que podrían verse afectados. En el caso, las disposiciones de los administradores se acomodaban a los acuerdos alcanzados entre todos los socios y en junta general, aunque la forma de realizarse no se ajustara a las normas legales y estatutarias, por lo que no se lesionó el interés social.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 916/2017
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En el caso de una oferta pública de suscripción de acciones dirigida tanto a inversores minoristas como a inversores cualificados, la acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto no ampara solamente a los inversores minoristas, sino también a los inversores cualificados. En la acción de responsabilidad por folleto ejercitada por un inversor cualificado el juez puede tomar en consideración si el inversor institucional en cuestión dispuso o pudo disponer de una información distinta de la contenida en el folleto sobre la situación económica del emisor en función de sus relaciones con este y al margen del folleto. Inexistencia de prejudicialidad penal derivada de un proceso penal sobre el delito de falsedad contable: la sentencia penal absolutoria no tiene efecto de cosa juzgada en un proceso civil sobre responsabilidad por folleto. Regulación de los mercados de valores (normas de estructura; normas de comportamiento). Relevancia de la información a inversores minoristas con limitada capacidad para obtenerla por sí mismos, principio de transparencia informativa y su concreción en el folleto informativo. El folleto informativo y su normativa reguladora. Aplicabilidad de la responsabilidad por folleto a los inversores cualificados, aunque no sean sus destinatarios naturales. Análisis de la responsabilidad por folleto y elementos que la definen. Cálculo de la indemnización: cuestión nueva que no puede ser planteada en casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA
  • Nº Recurso: 1897/2018
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Algunos supervivientes y familiares de víctimas del accidente aéreo interpusieron una demanda contra la aseguradora de la responsabilidad civil de la aeronave siniestrada, en la que ejercitaron la acción directa y le reclamaron diversas indemnizaciones por el fallecimiento de sus familiares o por los daños y perjuicios sufridos por ellos mismos, así como los intereses del art. 20 LCS. En casación la aseguradora condenada cuestiona la indemnización por lucro cesante fijada a favor de uno de los demandantes que sobrevivió al accidente como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió con la pretensión de que se reduzca su importe por aplicación del baremo de la Ley del automóvil, siendo tal pretensión rechazada por la sala por contrariar el principio de indemnidad plena y no poder extrapolarse más que con carácter orientativo a otros campos distintos a la responsabilidad por el uso y circulación de vehículos a motor atendiendo a las circunstancias del caso. En casación, algunos demandantes (familiares directos de un superiviente) impugnan el importe de la indemnización concedida al no contemplar compensación alguna por los daños morales previos que sufrieron como consecuencia del siniestro en el que resultó gravemente herido su familiar y que les provocó daños corporales (cuadro de ansiedad y trastorno neurótico). La sala declara que no procede indemnizar el daño moral en que consistió ese sufrimiento psíquico de forma separada de la indemnización de los daños corporales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 5607/2018
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las obligaciones que prevé la Ley 57/1968 no se imponen en ningún caso al banco descontante de los efectos cambiarios utilizados para el pago de anticipos, debido a la incompatibilidad de las exigencias de la Ley 57/1968 con la abstracción propia del régimen de los efectos cambiarios cuando el tenedor de la letra es ajeno a la relación causal. Ello explica que el banco descontante, como tenedor legítimo de los efectos y titular de los créditos cambiarios autónomos y abstractos incorporados a ellos, sea inmune frente a eventuales excepciones extracambiarias fundadas en las relaciones personales entre el librado-aceptante (el comprador) y el librador (promotora). El comprador-aceptante no puede responsabilizar al banco descontante del incumplimiento por parte del promotor-librador de sus obligaciones derivadas de la Ley 57/1968, a menos que pueda demostrarse la exceptio doli (la intervención del banco-tenedor en el contrato subyacente aunque sea de modo encubierto o en connivencia con las partes o confabulando con el librador o como testaferro). En el presente caso, las letras se emitieron válidamente y fueron descontadas y reclamadas a los compradores-aceptantes tras su vencimiento, sin que estos hayan probado la exceptio doli. Es determinante, además, para no apreciar la exceptio doli que el banco no pudiera conocer, al descontar las letras que el contrato sería incumplido en el futuro. Se estima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
  • Nº Recurso: 2765/2018
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Seguido un pleito en reclamación de indemnización por lesiones y secuelas sufridas en accidente de circulación, y luego de que se repusieran las actuaciones al tribunal de apelación para que dictara sentencia sobre el fondo una vez que en casación se consideró que había apreciado indebidamente la prescripción de la acción, se recurre en casación la segunda sentencia que, estimando en parte el recurso de apelación de la aseguradora, no solo rebajó el importe de la indemnización sino que declaró improcedente la imposición de los intereses de demora del art. 20 LCS. A esta última cuestión se contrae el recurso de casación del perjudicado-demandante. El recurso se estima porque no se discute que la compañía, ni pagó la indemnización en el plazo de tres meses, ni consignó el importe mínimo en los cuarenta días siguientes, y porque todo eso lo hizo sin estar amparada por causa justificada. En este sentido, la jurisprudencia niega la existencia de justificación para la conducta pasiva de la compañía a la hora de liquidar el siniestro si no se cuestiona su realidad, ni la existencia de cobertura (en este caso además tampoco se cuestiona la responsabilidad del asegurado) y solo se cuestiona la cuantía de la indemnización. La simple diferencia entre lo reclamado y lo ofertado o finalmente obtenido no puede considerarse causa de exoneración, si bien los pagos a cuenta han de valorarse para delimitar temporalmente su devengo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1453/2019
  • Fecha: 21/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Reclamación de cantidad entre sociedades derivada de un préstamo. El recurso de casación versa sobre la interpretación del pacto séptimo, en el que se fija las condiciones en las que se transmiten las sociedades y que contiene dos cláusulas con una aparente contradicción. Al comienzo de este pacto, se declara que las sociedades no tienen ni activos ficticios ni deudas o responsabilidades ocultas, que no estén reflejadas en los respectivos balances que se aportaban como anexos. Estos balances se corresponden con el estado de cada una de las sociedades justo antes de la transmisión, fueron elaborados con este motivo y reseñan las deudas que cada una de estas tres sociedades tenían con quien hasta ese momento era su socia única. Por lo que el pasivo no es oculto y la sociedad adquirente no sólo estaba en condiciones de conocerlo, sino que no podía dejar de conocerlo. Al no tratarse de un pasivo oculto, sino conocido y reseñado en el balance presentado ad hoc para la transacción, con arreglo a la información contable se pactó la valoración de las participaciones de cada una de las sociedades, para que pudiera entenderse que esas deudas habían dejado de existir como consecuencia de la transacción, tendría que haber habido una renuncia clara a su reclamación como parte de la transacción, lo que no cabe inferir de la otra declaración posterior con la que se advertía una contradicción aparente. Se desestima el recurso de casación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
  • Nº Recurso: 17/2019
  • Fecha: 15/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso dimana de un litigio en el que, declarada la nulidad por error de la adquisición de bonos convertibles en acciones del Banco Popular, se plantea el régimen restitutorio de las prestaciones. A fecha del canje de bonos por acciones -octubre de 2013- el valor de las acciones superaba, sin contar los rendimientos, la inversión inicial. Los demandantes no vendieron las acciones e interpusieron la demanda el 29-9-2017, cuando las acciones habían perdido todo su valor, debido a la resolución del banco. La sentencia recurrida concretó la obligación restitutoria a cargo de los demandantes en el valor de las acciones, calculado al precio medio de cotización en septiembre de 2014 -fecha en que las adquirieron por herencia-, más los rendimientos con sus intereses legales. Los demandantes sostienen en el recurso de casación que las acciones deben valorarse por la cotización inmediatamente anterior a su pérdida. Se desestima el recurso. La doctrina sobre el régimen restitutorio de la nulidad y la modulación de los efectos restitutorios en caso de pérdida de la cosa implica que, en el momento en que los demandantes adquirieron las acciones, pasaron a ostentar sobre ellas el poder de libre disposición, por lo que en principio debe tomarse como referencia para determinar el abono por equivalencia a cargo de los demandantes el de la cotización en la fecha en de adquisición de las acciones a raíz del canje de los bonos. La referencia utilizada por la Audiencia es acertada y prudente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO
  • Nº Recurso: 1430/2019
  • Fecha: 14/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda interpuesta por la titular de ciertas marcas europeas para que se declare que la importación, oferta y/o comercialización llevada a cabo por la demandada sin la autorización de la actora son actos de infracción de las marcas con condena a cesar en el uso de la marca, retirando del mercado los productos litigiosos para su destrucción y a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. En primera instancia se desestimó la demanda y recurrida en apelación se estimó el recurso y la demanda al considerar probado, a través de prueba indiciaria, que la demandada ofreció y vendió las sandalias mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido. Recurso extraordinario por infracción procesal: se desestima porque no se infringen las reglas de la carga de la prueba cuando no se hace uso de ellas, en un asunto en que los hechos controvertidos se declaran acreditados mediante la prueba de presunción judicial. Se reitera la jurisprudencia según la cual "el posible control de la presunción judicial mediante un recurso extraordinario por infracción procesal se reduce a si "el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados". Casación: se desestima, ya que la conclusión alcanzada se acomoda al art. 9 RMC y a la interpretación realizada en STJUE 18/10/2005, asunto Colgate (C-405/03).
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
  • Nº Recurso: 5538/2018
  • Fecha: 13/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Demanda interpuesta por la aseguradora de un edificio en régimen de propiedad horizontal contra la aseguradora de la propietaria de la vivienda en la que se originó el incendio que dio lugar a la producción de daños en los elementos comunes, fundada en los arts. 1902 CC y 43 LCS. En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda y recurrida en apelación se estimó el recurso y desestimó la demanda. La Audiencia desestimó la acción subrogatoria porque consideró que la demandada, como aseguradora de los daños por incendio en elementos comunes, no había indemnizado a un tercero, que es lo que permitiría el ejercicio de la acción del art. 43 LCS, ya que la propietaria de la vivienda por cuya negligencia se originó el incendio también era asegurada de la actora en cuanto participaba junto con el resto de copropietarios del pago de la prima del seguro suscrito por la comunidad. En el recurso se plantea como cuestión jurídica si la aseguradora de la comunidad de propietarios puede o no ejercitar la acción del art. 43 LCS contra uno de los copropietarios (y su aseguradora) por ser también un asegurado en la póliza de la comunidad. La sala estima el recurso al considerar que el razonamiento de la Audiencia no es correcto porque, a efectos de la responsabilidad por daños ejercida por vía de subrogación, el copropietario no es asegurado sino tercero responsable, salvo que otra cosa resulte de la propia póliza concertada por la comunidad, que no es el caso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 5485/2018
  • Fecha: 10/12/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso de casación frente a una sentencia que condenó a la entidad demandada (avalista colectivo) al abono de las cantidades entregadas a cuenta por considerar aplicable la Ley 57/68 a un acuerdo entre las partes en el que expresamente se pactaba someterse a las garantías de esa ley. Se reitera la doctrina de la Sala 1ª: la ley 57/68 no es aplicable a quien adquiere la vivienda con fines no residenciales, ni, por tanto, al comprador de un apartamento turístico destinado, como el conjunto en el que se integra, a una finalidad y explotación hotelera. El pacto entre las partes, compradora y vendedora, para aplicar dicha ley no vincula al banco. Aunque el comprador no consumidor y el vendedor puedan pactar en el contrato de compraventa la obligación del vendedor de garantizar la devolución de los anticipos y la sujeción de la garantía a lo establecido en la Ley 57/1968, esta sujeción provendrá de lo pactado entre las partes, no de la propia ley ni de su interpretación jurisprudencial. De forma que este acuerdo se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En el caso, no resulta de las pólizas de contragarantía del banco ningún pacto expreso que amparase a todos los compradores de viviendas ni que asumiera el compromiso de avalar individualmente sus anticipos.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.