• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 3075/2020
  • Fecha: 04/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI).- Exención prevista para fundaciones en el artículo 15.1 de la Ley 49/2002.- Ejercicio en el que debe apreciarse tal exención: en el de constitución de la fundación o bien en el siguiente, toda vez que a fecha de devengo del IBI no se encontraba aún constituida tal fundación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SEGUNDO MENENDEZ PEREZ
  • Nº Recurso: 1750/2019
  • Fecha: 03/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y el contencioso- administrativo. Atendiendo al cómputo del término inicial del plazo y la fecha de publicación de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la norma foral, ha de entenderse que la reclamación recurrente cumple también el requisito temporal establecido en el referido art. 34.1, párrafo segundo, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 3 de octubre de 2017 [de 5 de septiembre de 2017 en este recurso 1750/2019] que desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la anulación del art. 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre por sentencia del Tribunal Constitucional 203/2016 de 1 de diciembre, que se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico, y declarar el derecho del recurrente a la indemnización, en tal concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 4749/2019
  • Fecha: 03/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para resolver la cuestión suscitada, el TS señala la necesidad de precisar nítidamente la diferencia entre los conceptos de resolución definitiva en vía administrativa y de resolución firme, pues concurriendo en el caso examinado solo el primero, se ha de reformular la cuestión en el sentido de si puede la Administración declarar tal caducidad en el curso de la ejecución de una resolución firme que ordena el restablecimiento de la legalidad, este título, lejos de ser firme, estaba jurisdiccionalmente impugnado en un proceso en el que, precisamente, se le reprochaba su caducidad. La doctrina que se fija declara que la Administración, en ejecución de una resolución que acuerda el restablecimiento de la legalidad, resolución que tiene carácter definitivo, pero no firme por estar jurisdiccionalmente impugnada, puede dar satisfacción extraprocesal a una pretensión de declaración de caducidad de la misma ejercitada en el proceso, en tanto este proceso se encuentra pendiente y aunque dicha resolución se encuentre en fase de ejecución. Se confirma así la resolución administrativa objeto de impugnación jurisdiccional porque la Administración se ha limitado a reconocer una pretensión de caducidad jurisdiccionalmente articulada frente a la misma, dándole así satisfacción extraprocesal antes de que dicho proceso jurisdiccional concluyera.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 4110/2019
  • Fecha: 03/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Letrado de la Seguridad Social contra sentencia que declaró prescritas las deudas de una mercantil por cuotas de la Seguridad. Para el TS las normas invocadas como infringidas por el recurrente son claras e inequívocas: el plazo legal de cuatro años de prescripción de las cuotas de la Seguridad Social se computa desde la fecha en que finalice el plazo de ingreso; y no, como parece entender la sentencia impugnada, desde el momento en que se produce el devengo de la deuda. La respuesta dada a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, según el auto de admisión de este recurso de casación, es la siguiente: el dies a quo del plazo de prescripción de las cuotas de la Seguridad Social es la fecha en que finalice el plazo de ingreso de aquéllas. Ello significa que, dada la actual regulación reglamentaria sobre el período de pago, durante el mes siguiente a aquél en que se produjo el devengo de la cuota no comienza a correr el plazo de prescripción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 5663/2020
  • Fecha: 29/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar cuál debe ser el nuevo valor catastral a fijar por la Administración cuando se acredita que el fijado es superior al valor de mercado: si ha de aplicarse el coeficiente corrector del 0,5 al valor de mercado acreditado, o si el valor catastral debe coincidir con el valor de mercado, sin reducción alguna. Se identifican como normas que serán objeto de interpretación los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), y el Anexo I del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y el Cuadro Macro de Valores del Suelo y de las Construcciones para determinar el Valor Catastral de los Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, en relación con la Orden de 14 de octubre de 1998, sobre aprobación del módulo de valor M y del coeficiente RM y sobre modificación de Ponencias de valores. Se aprecia la concurrencia de la presunción de interés casacional objetivo prevista en el art. 88.3.a) LJCA, así como del supuesto del art.88.2,c) LJCA.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 3091/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala da respuesta a la cuestión de interés casacional suscitada en el auto de admisión, reproduciendo la STS de 14/5/20 (RC 8079/18), que sintetiza la doctrina fijada en varias sentencias, desde las iniciales SSTS de 4/6/18 (RC 1721/17) y 18/6/18 (RC 1786/17), relativas a la interpretación y alcance de la DA 2ª del RDL 18/12, reproducida en la Ley 8/12. Así, insiste, entre otras cuestiones, en que "la aplicación de la moderación los aranceles notariales y registrales prevista en la disposición adicional segunda se limita y anuda a los supuestos de traspasos de activos financieros o inmobiliarios como consecuencia de operaciones de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, en el marco de la referida Ley, sin que se prevea la extensión a otros supuestos de reestructuración ajenos a la consecución de los objetivos previstos legalmente". Concluye, por tanto, que las transmisiones de activos que han de devengar los honorarios arancelarios registrales liquidados a que se refieren las resoluciones aquí revisadas, no pueden entenderse integradas en un proceso de saneamiento y reestructuración de entidades financieras, a las que se refiere la DA 2ª de la Ley de 2012, por lo que la liquidación de los derechos arancelarios debe realizarse conforme a la regla general establecida en el Reglamento Hipotecario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 4942/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala desestima el recurso. La similitud que se pretende por la Diputación recurrente entre el artículo 32.4 de la LSP ---requiriendo haber obtenido, previamente, una "sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño"-- no resulta de aplicación a los supuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, derivada de la anulación de una norma reglamentaria (prevista en el artículo 67), debiendo insistirse en que lo determinante de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 67.1, párrafo segundo, es la anulación de un acto o disposición de carácter general; y nada más. Por ello, si el recurrente ha formulado una acción de nulidad frente a la Administración tributaria y todavía pende ---en relación con la desestimación de la misma--- un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no puede iniciarse el cómputo correspondiente a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas hasta la conclusión y resolución del citado recurso de casación, pues la finalidad de este es comprobar la legalidad de la doctrina establecida por la sentencia de instancia ---en los términos expresados--- y en la que, a través de la acción de nulidad (revisión de oficio), se comprobaba, a su vez, la legalidad de la liquidación en su día practicada; liquidación que se fundaba en una norma foral sobre cuya legalidad podían existir dudas, como luego se confirmaría.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL TOLEDANO CANTERO
  • Nº Recurso: 2434/2019
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS interpreta ante falta de previsión normativa específica, si la justificación de la aplicación de fondos puede realizarse mediante la compensación de créditos del Ayuntamiento beneficiario de la subvención, en este caso, como forma de extinción de las obligaciones contraídas para el cumplimiento de una parte de la actividad subvencionada; el objeto es determinar si la justificación de la ayuda produce efectos extintivos de las obligaciones por medio de la compensación de créditos. La Sala tras ahondar en la naturaleza de la institución subvencional concluye, que el gasto elegible es aquel que ha sido "efectivamente pagado" para la satisfacción de la obligación contraída en el desarrollo de la actividad subvencionada, por tanto, salvo previsión expresa de las bases de la convocatoria de subvenciones, no se pueden aplicar los fondos constitutivos de la subvención mediante la compensación de deudas entre el beneficiario de la subvención y los proveedores de bienes o servicios suministrados para el desarrollo de la actividad o el proyecto subvencionado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 2496/2020
  • Fecha: 28/01/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Almendral (Badajoz), reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a través de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n° 100, de 28 de mayo de 2019. Tipo de gravamen en los supuestos de aprovechamiento especial 5% o 100%. El planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en cinco sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3, 10, 11, 16 y 17 de diciembre de 2020 (RRCA/3690/2019, ECLI:ES:TS:2020:4402; 3100/2019, ECLI:ES:TS:2020:4298; 3909/2019, ECLI:ES:TS:2020:4372; 3103/2019, ECLI:ES:TS:2020:4296 y 3099/2019, ECLI:ES:TS:2020:4162), respectivamente, en un sentido coincidente al que aquí propugna la parte recurrente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CESAR TOLOSA TRIBIÑO
  • Nº Recurso: 398/2019
  • Fecha: 27/01/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Multa por la comisión de una falta grave de realización de una actividad sin obtener la previa autorización de compatibilidad. Desestimación del recurso. No se estima la caducidad alegada, pues no se puede incluir, como pretende la parte recurrente, el plazo empleado en la resolución del recurso de alzada interpuesto. No hay un derecho absoluto a obtener la compatibilidad, pues está subordinado a su autorización por el Consejo General del Poder Judicial, que es el que "podrá" valorar las circunstancias concurrentes para su concesión de o denegación. Se sanciona por el ejercicio de una actividad sin la previa y expresa autorización de compatibilidad, por lo que no resulta trascendente a estos efectos la circunstancia de valoración o no de la afectación del servicio. La sanción impuesta no ha infringido la exigencia de culpabilidad, dado que el recurrente era conocedor de que no podía iniciar el ejercicio de la docencia sin contar con la previa compatibilidad.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.