Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); y (2) infracción del principio de legalidad sancionadora en su vertiente de tipicidad (art. 25 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) infracción del art. 25 CE, sobre el principio de legalidad, en su vertiente de falta de tipicidad; y (2) vulneración del art. 24 CE, sobre la presunción de inocencia. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La circunstancia de que los dos implicados pertenezcan al cuerpo de la Guardia Civil y que en el momento de los hechos estuvieran realizando un servicio no altera la naturaleza de la conversación mantenida entre ellos, al no tratarse de una grabación realizada en el marco de una investigación policial o judicial en la que se escucharan conversaciones entre terceras personas. Por lo tanto, la grabación de los insultos que le dirigió su subordinado realizada por el cabo primero no conculca derecho constitucional alguno, al realizarse por uno de los interlocutores de la conversación. El recurrente no aporta dato alguno del que pueda inferirse la posible alteración en la transcripción de la grabación, sin perjuicio, además, de que la principal prueba de cargo la constituye la declaración del cabo primero. Los pormenores de la relación del cabo primero con el recurrente no afectan a su testimonio, que mantiene, en principio, toda su credibilidad. El hecho de que el cabo primero acudiera a la prestación del servicio con una grabadora y de que comenzara a grabar la conversación mantenida con su subordinado no evidencia móvil espúreo o de resentimiento alguno, sino la intención de documentar las faltas de subordinación que venía observando en el proceder del recurrente de cara a instar la adopción de las correspondientes medidas disciplinarias. El relato del cabo primero es corroborado, además, por la declaración del teniente comandante de puesto y por el contenido de la grabación.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: (1) vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); (2) vulneración de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); (3) vulneración del principio de legalidad (art. 25 CE), en su vertiente de tipicidad; y (4) vulneración del art. 24.2 CE, derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a un proceso justo y con todas las garantías. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia del interés casacional objetivo (art. 90 LJCA), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Se reiteran en el recurso las cuestiones ya alegadas y resueltas razonadamente en la sentencia de instancia, sin atacar los argumentos de esta, lo que, ya de por sí, hace acreedor de desestimación al recurso. La desconsideración o incorrección típica consiste en una actuación que, por su forma o contenido, supone un menoscabo en la consideración, honor, buen nombre y prestigio del sujeto pasivo, siempre que se realice por el sujeto activo en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme. El bien jurídico protegido es la disciplina, esencial en la organización militar. Del respeto a tal bien jurídico se desprende que la consideración constituye un plus exigible en el trato con los superiores en el empleo militar. Por todo ello, la conducta del recurrente contenida en el relato de hechos probados -conforme al cual, el encartado solicitó al médico de la Comandancia que le diera el alta médica porque "el teniente le había comunicado que si continuaba de baja le iba a corregir y que si no le corregiría por eso ya le corregiría otro día por otra cosa"- se subsume adecuadamente en el tipo disciplinario apreciado. La atribución por el recurrente a su superior, de forma consciente y pública, de una conducta que, en caso de ser cierta, podría llegar a integrar alguna de las infracciones que sancionan el abuso de autoridad, buscaba menospreciar o comprometer la probidad u honradez de su superior y, con ello, afectar a su honorabilidad.
Resumen: Las necesidades de militares profesionales de las FF.AA. son cubiertas por militares de carrera, militares de tropa y marinería y, en determinados supuestos, militares de complemento. Estos traban una relación de servicios profesionales con la finalidad de atender necesidades específicas de las FF.AA., adscribiéndose al cuerpo que corresponda de acuerdo con los cometidos inherentes al mismo. La LRDFA no prohíbe que los oficiales de complemento sean adscritos al Cuerpo Jurídico Militar para la instrucción de expedientes disciplinarios, por lo que, en el caso, la instrucción por un capitán de complemento no comporta nulidad del procedimiento, ni por la intervención de órgano manifiestamente incompetente -incompetencia que ha de ser manifiesta, patente, evidente, clara u ostensible- ni por suponer ninguna indefensión o conculcación de derechos al expedientado. Ninguna vulneración de derechos se produce por haberse recibido nueva declaración al encartado respecto de otros dos positivos detectados tras la incoación del expediente disciplinario como consecuencia de los tres primeros, pues respecto de todos los positivos pudo alegar cuanto a su interés conviniese. Habiéndose detectado cinco positivos a cocaína, droga de las denominadas "duras", cuyo consumo produce una especial negativa incidencia en las facultades psicofísicas de las personas, procede imponer la separación del servicio, al resultar los hechos absolutamente incompatibles con la condición militar.
Resumen: La asistencia letrada en el ámbito disciplinario militar es una opción del expedientado que, una vez decidida, no puede ser negada ni obstaculizada. La ausencia de letrado en la audiencia del encartado se debió más a la defectuosa solicitud de segunda suspensión que al rigor del instructor. En cualquier caso, no se acredita en qué modo se causó indefensión real, material y efectiva, con relevancia constitucional, a la vista del interrogatorio de preguntas y la reiterada negativa a declarar del interrogado. La interposición de demanda de amparo ante el TC con solicitud de suspensión de la ejecución de sentencia -cuya admisión a trámite tampoco consta- no afecta a la firmeza de la sentencia condenatoria a los efectos de entenderse perfeccionado el tipo disciplinario. Los delitos por los que fue condenado el recurrente causaron daño a los ciudadanos, a pesar de que tres de ellos -de asesinato- fueran en grado de tentativa, como se desprende de la condena al pago de responsabilidad civil por el daño moral causado a los perjudicados. El legítimo interés de la Administración en la irreprochabilidad penal de los servidores públicos hace inviable la continuidad en el cuerpo de la Guardia Civil de uno de sus miembros condenado por tantos y tan graves delitos -tres asesinatos en grado de tentativa, un allanamiento de morada continuado y un delito continuado y agravado contra la intimidad-, por los que le fue impuesta pena privativa de libertad de 22 años de duración.
Resumen: Excluida en el caso la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por no darse, en principio, una situación de absoluto vacío probatorio, con la consecuencia anulatoria pretendida por el recurrente, se considera afectado, sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación fáctica y jurídica. El tribunal no dio respuesta motivada y fundada sobre la valoración de la prueba de descargo que existía en el procedimiento respecto de la justificación de las consultas de datos de vehículos que el recurrente realizó en el aplicativo SIGO, sobre la cesión a terceros de la información obtenida de una base oficial y sobre el deber de anotar en la correspondiente papeleta las consultas realizadas en aquel aplicativo relacionadas con asuntos del servicio. Ello conlleva la estimación parcial del recurso, con declaración de nulidad de la sentencia recurrida y devolución de las actuaciones al tribunal de instancia para que, con la misma composición y libertad de criterio, dicte la sentencia que corresponda con otorgamiento de plena tutela judicial en lo relativo a la debida motivación fáctica y jurídica.
Resumen: La resolución recurrida aborda el sustrato fáctico y sus consecuencias disciplinarias de forma clara, precisa y congruente, describiendo con plenitud de criterio y lógica las razones que respaldan la decisión judicial, por lo que no puede tacharse de inmotivada e incongruente. El relato de hechos probados -conforme al cual, el cabo sancionado se dirigió a un guardia civil en presencia de otros diciéndole: "pues a lo mejor te quedas sin instalar la caldera de tu casa"; y, más tarde, expresó: "os vais a tomar por el culo, que sois unos niñatos y tenéis pataletas como los niños"- se desprende de suficiente prueba de cargo -parte disciplinario debidamente ratificado ante el instructor, corroborado por las declaraciones del propio sujeto pasivo y de diversos testigos presenciales-, legítimamente obtenida, regularmente practicada y racionalmente apreciada, por lo que no se vulneró el derecho a la presunción de inocencia. La conducta sancionada se encuadra en el tipo aplicado -en su proyección "ad intra", al afectar a las relaciones entre los miembros de la Guardia Civil-, ya que excede de la mera falta de cortesía e incide en una de las vertientes del bien jurídico protegido -la cohesión o unidad de los integrantes de una institución armada de naturaleza militar-. La sanción impuesta, reprensión, no solo respeta los criterios del art. 19 LORDGC, sino que es la de menor aflicción o entidad de las posibles, por lo que no infringe el principio de proporcionalidad.
Resumen: No resulta infringido el derecho a la presunción de inocencia, ya que tanto la autoridad sancionadora como el tribunal de instancia se apoyan en suficiente prueba de cargo -consistente en diversas testificales previamente practicadas ante un Juzgado de Instrucción y luego incorporadas al procedimiento administrativo, en la nuclear manifestación de uno de los testigos por la que ratifica expresamente ante la instructora lo previamente afirmado ante el Juzgado de Instrucción, en el parte disciplinario y restante documental obrante en el expediente, así como en la declaración jurisdiccional del capitán que emitió el parte- que, racionalmente valorada, permite alcanzar la convicción de que los hechos ocurrieron como se describe en el relato de hechos probados -conforme al cual, en esencia, el recurrente no dio cumplimiento al mandato recibido del capitán jefe de un determinado Subsector de Tráfico para que levantara un atestado al amparo del art. 5 de la Ley de Seguridad Vial, realizando una actuación diferente a la indicada y comentando, además, en conversación mantenida con varios policías locales allí presentes, que estaba "hasta los huevos de su jefe"-. Del intangible relato de hechos probados se deduce el cumplimiento de los requisitos esenciales del tipo: orden legítima de un superior, emitida bajo cobertura legal y de obligado cumplimiento; conocimiento de la misma por el destinatario; y conducta intencionadamente renuente u omisiva por parte del sancionado ante la orden.
