Resumen: En su escrito de preparación, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción del art. 24.1 CE, por vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con la presunción de inocencia; infracción del art. 24.1 CE, por vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con la negación dada a la revisión judicial en la instancia a recusar en los procedimientos disciplinarios por falta leve, obviando el tratamiento jurisprudencial dado a la recusación por esta sala; infracción del art. 24.1 CE, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con la presunción de inocencia, en primer lugar, por la incongruencia omisiva en que incurre la sentencia de instancia y, en segundo lugar, por la valoración contraria al sentido común y a las reglas de la experiencia; infracción del principio de legalidad sancionadora del art. 25.1 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La sala de instancia, mediante una valoración razonada y razonable, extrajo de la prueba de cargo y de descargo practicada conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica y la sana crítica, sin que resulte aplicable el principio «in dubio pro reo», al no haber albergado duda alguna. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente incumplió la orden emitida por su superior jerárquico de que inspeccionase en profundidad una furgoneta recién desembarcada en un puerto, sin llegar a levantar acta encomendada por presunta infracción aduanera ni a acordar el depósito del vehículo, limitándose a una somera comprobación y a permitir la salida del vehículo del recinto portuario- reúne todos los requisitos del tipo disciplinario apreciado, ya que las órdenes eran claras y legítimas y el incumplimiento palmario a través de una grave negligencia. Siendo la sanción elegida por el tribunal sentenciador -al sustituir la impuesta en sede administrativa- la de menor aflictividad de entre las posibles por falta grave, y habiéndola impuesto en su grado y extensión mínimos -cinco días-, se hace innecesario justificar su extensión sobre la base de los criterios establecidos en el art. 19.2 LORDGC.
Resumen: En su escrito de preparación, el recurrente aduce que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: vulneración del art. 9.3 CE, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de contradicción del art. 24. 1 CE; vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE); vulneración del art. 25.1 CE, principio de legalidad; y vulneración del art. 120.3 CE, motivación de las sentencias. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, el recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, consagrado en el art. 25.1 CE; el principio de proporcionalidad del art. 19 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Partiendo de la declaración de hechos probados, el tribunal de instancia razona adecuadamente sobre su integración en el tipo por el que fue sancionada la recurrente, habida cuenta de su incomparecencia a ser sometida al reconocimiento médico al que fue citada -lo que no es combatido- y de los razonamientos empleados para entender que las circunstancias alegadas por la demandante -relativas a la necesaria atención del estado de salud su madre- no eran suficientemente justificativas de su inasistencia. El tribunal de instancia dispuso de suficiente prueba de cargo -reconocimiento de los hechos por la recurrente, aunque alegara circunstancias tendentes a justificar su inasistencia-, que fue razonablemente motivada y se extendió a la prueba de descargo, no siendo aplicable el principio in dubio pro reo, por la convicción, sin género de duda alguna, manifestada por el tribunal sentenciador. En la tramitación del expediente no se aprecia indefensión, ya que no hubo ninguna privación o merma en el ejercicio del derecho de defensa. El oficial dador del parte se limitó a remitir al instructor determinados documentos que llegaron posteriormente a su poder por si podían ser de interés para la resolución del expediente, siendo el instructor quien, valorada su pertinencia, acordó su incorporación, de lo que tuvo cabal conocimiento el interesado y de lo que pudo defenderse en los términos que tuviera por conveniente.
Resumen: El recurrente se limita a reproducir las alegaciones ya abordadas y razonadamente resueltas por el tribunal sentenciador, sin rebatir las razones expresadas por el mismo para desestimarlas. A pesar de este desenfoque procesal y de que el objeto del nuevo recurso de casación es el análisis de cuestiones jurídicas y no fácticas, debe tenerse en cuenta que los presupuestos de hecho establecidos en la sentencia no son inmunes a la posible vulneración de algún derecho fundamental para apreciarlos. El tribunal sentenciador detalla con precisión la prueba de cargo -parte disciplinario, debidamente ratificado en condiciones de contradicción efectiva, y que cumple todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para ser valorado como prueba de cargo con aptitud para enervar la presunción de inocencia- que le llevó a la convicción de los hechos que declara probados y de la culpabilidad, a título de dolo, del recurrente, no resultando aplicable, por lo tanto, el principio in dubio pro reo. El intangible relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente, en dos días muy cercanos, no se presentó en el lugar indicado para desempeñar el servicio asignado y permaneció ajeno al mismo durante casi 2 horas en un caso y 3 cuartos de hora en otro- se subsume adecuadamente en la infracción apreciada, al concurrir la gravedad exigida por el tipo, atendida la naturaleza del servicio, que implicaba el ejercicio del mando de una unidad, y el carácter reiterado de la conducta.
Resumen: La sentencia combatida satisface el canon de motivación constitucionalmente exigido, ya que ofrece cumplida respuesta a la invocación de indefensión, pues explicita los acertados motivos por los que la prueba testifical y documental propuesta por el demandante fue rechazada por el instructor del expediente, al no contribuir ninguna de ellas al esclarecimiento de los hechos. A la vista de las testificales y documentales ponderadas por el tribunal de instancia, resulta inevitable concluir que, conforme a una valoración sujeta a las reglas de la lógica y la experiencia, quedaron plenamente acreditados los hechos que motivaron la imposición de la sanción. La conducta enjuiciada -conforme a la cual, el recurrente, en lugar de trasladar a una presunta víctima de un delito de violencia de género desde el hospital donde había sido reconocida hasta el lugar idóneo para la práctica de las primeras diligencias, como se le había encomendado, la dejó en su casa para que diera de comer a sus hijos, indicándole que se personara en el cuartel a la mayor brevedad- se incardina en el tipo apreciado, ya que el recurrente, no solo desatendió una obligación profesional relativa al procedimiento de actuación en materia de seguridad de las víctimas de violencia de género, sino la orden de un superior, con negligencia grave, al no verificar la situación de potencial riesgo en que pudieran encontrarse la víctima y sus hijos, al desconocerse el paradero del presunto agresor.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: vulneración del art. 25.1 CE -principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad- y jurisprudencia que lo desarrolla, por interpretación errónea del tipo disciplinario a la vista del contenido del procedimiento núm. 43 de Estado Mayor sobre nombramiento y cumplimentacion del servicio en SIGO; vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia -art. 24 CE- y jurisprudencia que lo desarrolla, en particular, el principio in dubio pro reo; error en la valoración de la prueba y valor probatorio del parte disciplinario. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La imposición de una medida de arresto cautelar en relación con una actuación disciplinaria debe ser comunicada de manera inmediata a la autoridad o mando con competencia para sancionar la falta, que podrá mantenerla o levantarla. El interesado que quiera alzarse contra tal decisión ha de acudir directamente a la vía judicial interponiendo recurso contencioso-disciplinario militar en los términos previstos en la legislación procesal militar, sin que sea posible recurrir el arresto cautelar impuesto mediante el recurso de alzada contemplado en el art. 68 LO 8/2014, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a las resoluciones sancionadoras. Al haberse rechazado por el tribunal de instancia la pretensión relativa a la admisibilidad del recurso de alzada y, en consecuencia, al haber confirmado la resolución administrativa que lo declaró inadmisible, no incurre la sentencia ahora recurrida en la denunciada incongruencia omisiva, pues, una vez declarado firme el arresto impuesto por falta de interposición del recurso procedente, la sentencia recurrida no podía pronunciarse ya sobre el resto de pretensiones del demandante.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en que la sentencia de instancia ha infringido: el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE; el principio de tipicidad de la norma; el principio in dubio pro reo; el principio de proporcionalidad. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
