Resumen: Dado que cuando se tomó la primera muestra no se seguía procedimiento contra el demandante, habiendo transcurrido más de 6 meses desde la emisión del informe del laboratorio, resulta acorde con la legislación aplicable que no se disponga de la ficha de recogida de datos de la primera muestra de orina, sin que, en consecuencia, se haya vulnerado el procedimiento establecido ni concurra causa de nulidad. Queda acreditada documentalmente la validez de las tomas de muestras y de su resultado positivo, a lo que cabe añadir la realidad del consumo reconocido por el demandante. De la documentación obrante en el expediente no se desprende dato o indicio alguno que evidencie la quiebra o ruptura de la cadena de custodia respecto de la primera toma de muestras, aunque concurriera retraso en su envío al laboratorio. En cualquier caso, las dudas sobre las condiciones de conservación y custodia solo podrían afectar a la fiabilidad de la prueba, no al principio de legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad, pues el tipo disciplinario hace referencia a la realidad del consumo, no a los medios para acreditarlo. Las circunstancias concurrentes en el demandante y la detección del consumo de cocaína, sustancia especialmente peligrosa e incompatible con el servicio de las armas, permite afirmar la proporcionalidad de la separación de servicio acordada, principio que no se ve afectado por el sometimiento a tratamiento rehabilitador con posterioridad a la resolución sancionadora.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en que la sentencia de instancia ha infringido: el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, consagrado en el art. 25.1 CE; el principio de proporcionalidad del art. 19 LORDGC. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Siendo posterior el conocimiento de los hechos que determinaron la apertura de un expediente extraordinario de evaluación o determinación de las condiciones psicofísicas del demandante para el desempeño de sus funciones a aquellos otros hechos que, previamente, habían dado lugar a la instrucción de un procedimiento penal por delito en contra el mismo -y, luego, a su condena por sentencia firme e incoación de procedimiento disciplinario por falta muy grave que podía llevar aparejada la separación del servicio-, el plazo para resolver el expediente de evaluación o determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas ha de quedar en suspenso, no debiendo dictarse en él resolución hasta que se dicte resolución definitiva en el procedimiento judicial y se depure, en todo caso, la eventual responsabilidad disciplinaria por la condena o bien se dicte resolución en el expediente disciplinario por falta muy grave. Tienen prelación las actuaciones sancionadoras, penales o administrativas, para evitar un fraude de ley dirigido a enervar las responsabilidades contraídas en uno u otro ámbito.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en el siguiente extremo: infracción del art. 43 LORDGC, así como de su disposición adicional primera y la jurisprudencia existente al respecto. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: Los hechos sancionados, consistentes en habituales expresiones y actitudes de menosprecio observadas por el recurrente para con sus inferiores, resultaron plenamente acreditados mediante suficiente prueba de cargo, valorada, además, conforme a las reglas de la lógica y la experiencia en la sentencia recurrida, que emplea como elementos de convicción, esencialmente, las declaraciones de la cabo primero que desempeñaba el segundo lugar en la cadena de mando de la intervención de armas cuya jefatura ostentaba el recurrente, así como las del resto del personal -salvo uno- destinado en la misma, cuyas versiones describen de forma coincidente, en todo o en parte, los hechos que se declaran probados. El relato fáctico se incardina plenamente en la previsión típica -consistente en la grave desconsideración con los subordinados en el ejercicio de las funciones-, ya que, mediante la reiteración del trato humillante para con los subordinados, se integra la gravedad de la acción exigida por el tipo y se vulnera el valor sustancial de cohesión y unidad de la Guardia Civil y de quienes forman parte de ella. La sanción elegida por la autoridad disciplinaria -de pérdida de 20 días de haberes, con suspensión de funciones- es menos aflictiva que la suspensión de empleo o la pérdida de destino también previstas legalmente para las faltas graves, por lo que, aun impuesta en su margen superior, no resulta desproporcionada a la gravedad de los hechos y la intencionalidad de su autor.
Resumen: No cabe entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de falta de motivación, ya que la sentencia de instancia valoró la prueba de la que dispuso, tanto de cargo como de descargo, forma no ilógica, irracional o incongruente, dejando constancia del proceso deductivo para alcanzar su convicción en uno de sus fundamentos de derecho. Tampoco se vio afectado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues las diversas pruebas de cargo -parte disciplinario con percepción directa del superior, declaración de dos guardias civiles que corroboraron aquella versión e informe sobre el lugar y tiempo de permanencia del vehículo oficial empleado por el recurrente, proporcionado por el sistema que llevaba instalado-, son suficientes para enervar aquel derecho. Tampoco puede prosperar el motivo de casación relativo a la falta de tipicidad de la conducta, ya que se basa en introducir una inadmisible alteración en el relato de hechos probados. Conforme a estos, en síntesis, el recurrente, dentro del horario del servicio de patrulla de seguridad ciudadana que tenía asignado, acudió a visitar a unos conocidos que se alojaban en una casa rural, donde permaneció durante un tiempo superior a una hora y veinte minutos. Estos hechos se subsumen adecuadamente en la falta disciplinaria apreciada.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción del derecho a las garantías debidas y a la tutela judicial efectiva previstos en el art. 24 CE, por no haber sido estimada la recusación del instructor y el secretario del expediente administrativo; vulneración del principio de legalidad previsto en el art. 25 CE, por no ser constitutiva su conducta de la infracción apreciada. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la infracción de: el art. 24 CE, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia; el art. 25.1 CE, por vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, por lo que atañe a ambas faltas graves; el derecho fundamental a la defensa y a la tramitación de un procedimiento con todas las garantías; el principio de proporcionalidad. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en la infracción de: el derecho fundamental a la presunción de inocencia; el derecho a no sufrir indefensión, por vulneración del derecho de defensa efectiva y a la tramitación de un procedimiento con todas las garantías; el derecho de defensa, por nulidad de la toma de declaración; el principio de legalidad, por falta de tipicidad. La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En su escrito de preparación, la parte recurrente considera que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.1 CE); infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, produciendo (art. 24.1 CE). La sala coincide con la parte recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo -art. 90.4 LJCA, reformada por la LO 7/2015-, en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
