Resumen: En su escrito de preparación, la parte que recurre considera que la sentencia de instancia ha infringido: el derecho fundamental a la libertad de expresión del art. 20.1.a) CE, en conexión con el derecho de asociación del art. 22.1 CE; el art. 24.2 CE y el derecho fundamental a la presunción de inocencia, así como el derecho de defensa y a estar informado de la acusación; el art. 25.1 CE y el principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90 Ley 29/1998, reformada por la LO 7/2015, de 21 de julio), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: No concurrió incongruencia omisiva, ya que ni siquiera se expone qué pretensión mantenida en el escrito de conclusiones definitivas se dejó sin resolver, explícita o implícitamente. No resultó infringido el derecho a la presunción de inocencia, ya que el relato de hechos probados se construyó sobre pruebas personales -esencialmente, la declaración de la víctima, cuya versión obtuvo diversas corroboraciones externas-, regularmente practicadas conforme a la inmediación propia del tribunal de instancia, que las apreció de forma razonada, extrayendo de ellas conclusiones ajustadas a la lógica y a la experiencia. En su recurso de casación por infracción de ley penal sustantiva, el recurrente no respeta el relato de hechos probados, sino que lo discute, lo que desemboca en la desestimación del motivo. El inamovible relato de hechos probados se incardina plenamente en el tipo penal aplicado, así como en la apreciación de la continuidad delictiva, ya que se declara probada una pluralidad de acciones delictivas en las que, con infracción del mismo precepto penal, el recurrente se aprovechó de la víctima en ocasiones idénticas, existiendo entre ellas cierta conexidad temporal. No se infringió regla alguna de individualización de la pena, ya que, siendo continuado el delito, se impuso la menor de entre las legalmente posibles. La indemnización por daño moral es adecuada al temor y humillación infligidos a la víctima y a la pluralidad de acciones que conformaron la situación de acoso.
Resumen: Las comunicaciones telefónicas, especialmente cuando resultan infructuosas, no sirven para tener por cumplimentado el intento de notificación de la resolución sancionadora ni pueden facultar al instructor para suspender el plazo máximo de tramitación del expediente hasta que fuese localizado el encartado. Al no poderse practicar personalmente la notificación de la resolución sancionadora que pone fin al expediente, el instructor debe intentar la notificación domiciliaria, realizando al efecto los dos intentos de notificación que el art. 44 LORDGC exige para poder tener por notificada la resolución sancionadora dentro del plazo máximo de tramitación del expediente -dejando constancia del lugar, día y hora en que se llevaron a cabo-. No verificados los referidos intentos de notificación domiciliaria, el acuerdo adoptado por instructor al amparo del art. 43.4 LORDGC para suspender el plazo de tramitación del expediente no fue ajustado a derecho y resulta inoperante e ineficaz a los efectos de tener por suspendido el plazo. En consecuencia, sin tener en cuenta tal suspensión, cuando se notificó en forma la resolución sancionadora había transcurrido el plazo de seis meses previsto en el art. 65 LRDGC y había caducado el expediente.
Resumen: En el expediente disciplinario no se infringió el derecho a la presunción de inocencia, ya que existió en él amplia prueba de cargo de la que se obtuvo una inferencia razonable. Del relato de hechos probados -conforme al cual, el demandante incumplió la orden recibida para darse de alta en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género y se negó a entregar su arma reglamentaria tras ser requerido para ello, lo que solo cumplimentó pasados 20 minutos- se desprende que concurren todos los elementos de la infracción apreciada: fueron impartidas por superiores del demandante sendas órdenes legítimas, transmitidas de forma adecuada, taxativas en su contenido y relativas a un acto de servicio, siendo grave la desobediencia apreciada en atención a la naturaleza de los mandatos incumplidos, las consecuencias de los incumplimientos, la reiteración de las negativas y la repercusión sobre la disciplina quebrantada, cuya indemnidad constituye el bien jurídico protegido por la norma; también concurre el dolo genérico o neutro exigido por el tipo. Las pruebas solicitadas por el encartado no guardan relación con el objeto del expediente y carecen de relevancia en términos de defensa, por lo que no se considera vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba. La sanción impuesta es proporcionada, atendida la entidad de las órdenes desobedecidas, la reiteración en la desobediencia y la actitud mantenida cuando se conminó al actor a entregar su arma reglamentaria.
Resumen: La conjetura contenida en el relato de hechos probados sobre la posibilidad de que el encartado hiciera entrega de su teléfono móvil a una persona detenida no se tuvo en cuenta como elemento conformador del tipo disciplinario, por lo que no resultó afectada la presunción de inocencia. Se cuestiona si los hechos declarados probados -conforme a los cuales, el encartado permitió que una detenida que se que se encontraba bajo su custodia saliera en dos ocasiones de los calabozos, así como que entrara en ellos su pareja sentimental, amiga de la detenida- revisten la gravedad necesaria para conformar el tipo disciplinario muy grave apreciado o si, por el contrario, el abuso de atribuciones cometido debió considerarse como falta grave. El tipo disciplinario del art. 7.7 LORDGC gira entorno al abuso de atribuciones, lo que comporta que se haya hecho un mal uso de las mismas mediante el incumplimiento de un deber. El perfeccionamiento del tipo disciplinario no precisa de un resultado externo o que trascienda al exterior. No es necesario que el daño derivado del abuso sea real, sino que basta con que potencial o hipotéticamente, a través del abuso, pueda causarse un grave daño a los ciudadanos, a las entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la Administración. Para integrar el tipo, basta con la creación de un riesgo que tenga potencialidad para constituir un daño concreto. Si el riesgo llegara a materializarse, se estaría ante una calificación jurídica más grave.
Resumen: No resultó vulnerado el derecho de defensa, ya que el instructor motivó de forma adecuada y suficiente la denegación de la prueba propuesta, sin que el demandante haya concretado de qué manera tal decisión le provocó una indefensión material real y efectiva. La autoridad sancionadora apreció de forma razonable la prueba de que dispuso sobre los hechos imputados al demandante, por lo que no resultó vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. El relato de hechos probados -conforme al cual, el demandante consultó reiteradamente la base de datos de gestión de recursos humanos de la Guardia Civil en relación con determinados miembros de la misma, sin que tales consultas guardasen relación con el desempeño de sus funciones- integra los elementos del tipo apreciado, ya que, conociendo la prohibición de acceso a la misma, realizó búsquedas de datos sin causa justificativa para ello, aprovechando, de manera excesiva e indebida, la facultad de acceso que tenía. Se trata de una infracción de mera actividad que no precisa la producción de ningún resultado dañoso para perfeccionarse. Ante la falta de prueba del error de prohibición indirecto invocado, solo cabe concluir que no concurre, pues la antijuridicidad del acceso a la base de datos para fines distintos de los demandados por las funciones no podía ser desconocida por un suboficial de la Guardia Civil con sobrada antigüedad y experiencia profesional.
Resumen: El tribunal de instancia llevó a cabo una ponderación razonable de la prueba, basada, en esencia, en el parte disciplinario emitido por el sujeto pasivo de los hechos -que cumple todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para desvirtuar la presunción de inocencia-, debidamente ratificado, cuyos elementos nucleares fueron corroborados por diversas testificales y, sin embargo, no destruidos por versión fáctica alternativa alguna, ya que el recurrente se limitó a acogerse a su derecho a no declarar y a negar los hechos en sus diferentes escritos. Concurren los elementos de la falta muy grave apreciada: una negativa injustificada por parte del recurrente a someterse a la prueba de alcoholemia que había sido legítimamente ordenada por su superior a la vista de las circunstancias concurrentes, orden emitida con la finalidad de constatar la capacidad psicofísica del recurrente para prestar el servicio que tenía encomendado. También concurre la grave desconsideración con el superior, ya que la constatada falta de respeto hacia el mismo de forma persistente durante dos días consecutivos, además de suponer una infracción de las reglas de comportamiento legalmente establecidas en el ámbito militar y de los principios de disciplina, jerarquía y unidad propias del cuerpo de la Guardia Civil, alcanza la gravedad propia del tipo. Por último, el desentendimiento de las obligaciones que el servicio encomendado conllevaba se incardina en el subtipo de la desatención apreciado.
Resumen: El expediente disciplinario forma parte de las actuaciones y es uno más de los elementos de juicio en los que puede descansar la convicción del juzgador. Ni la autoridad sancionadora ni la sentencia recurrida vulneraron el derecho a la presunción de inocencia, pues dispusieron de suficiente prueba de cargo -esencialmente referida al resultado positivo al consumo de drogas arrojado por los análisis de las muestras de orina tomadas al recurrente-, válidamente obtenida, regularmente practicada y valorada de forma lógica y racional. Del inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, resultaron acreditados 4 consumos a cocaína y, en 2 de ellos, a cannabis, en sucesivas muestras tomadas con más de 3 días de diferencia, por un miembro de las fuerzas armadas en situación ajena al servicio- reúne todos los elementos precisos para integrar el tipo apreciado. El hecho de que los 4 consumos detectados fueran a cocaína -sustancia que es gravemente perjudicial para la salud- y 2 de ellos también a cannabis, junto a otras circunstancias que podían afectar al servicio, es un dato relevante para elegir la sanción de resolución del compromiso como la más adecuada. La resolución sancionadora contiene la motivación reforzada que corresponde a la imposición de una sanción disciplinaria que, aun no siendo la más aflictiva de entre las posibles -pues lo es la de separación del servicio-, sí resulta ser irreversible -en cuanto a la imposibilidad de volver a las FF.AA.-
Resumen: La denegación por la instructora de la testifical propuesta por el recurrente no infringió su derecho a la utilización de los medios de prueba, ya que el medio propuesto resultaba inútil para el esclarecimiento de los hechos. Es más, aunque se hubiese practicado la prueba propuesta y hubiese resultado favorable a sus intereses, no habría tenido influencia decisiva para alterar la resolución final. En su fundamento de convicción, la sentencia recurrida cuenta con suficiente prueba de cargo -testifical y documental-, válidamente obtenida, regularmente practicada y valorada de forma lógica y racional. Los hechos integran el tipo disciplinario, al concurrir sus elementos objetivos -emisión de un parte de servicio introduciendo datos relativos a la intervención del recurrente no acordes a la realidad- y subjetivos -el dolo, consistente en el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta y en la voluntad de llevarla a cabo, con la intención de obtener un beneficio en los resultados académicos de su autor como guardia en prácticas-. Siendo grave la falta apreciada, la sanción impuesta es la más leve de las previstas, en su mínima extensión, por lo que no cabe apreciar infringido el principio de proporcionalidad.
Resumen: El recurrente tuvo acceso al expediente y a los recursos legalmente establecidos, alegando cuanto a su derecho convino a través de un procedimiento seguido con todas las garantías en el que, aunque fuera contraria a sus pretensiones, obtuvo respuesta a todos sus planteamientos, sin que, en ningún momento, se produjera indefensión. Si la autoridad competente para resolver puede devolver al instructor el expediente para que someta al interesado una propuesta que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad, también puede alterar la gravedad de la sanción a imponer. En el caso, concurren todos los elementos que exige el tipo: la condición de guardia civil del interesado; la condena firme por la comisión de dos delitos dolosos, uno de infidelidad en la custodia de documentos públicos y otro de cohecho; tales delitos están relacionados con el servicio -entendido, no como un concreto servicio asignado, sino como el conjunto de misiones encomendadas a la Guardia Civil-. La resolución impugnada razona atinadamente la elección de la sanción de separación de servicio impuesta, ya que valora específicamente la entidad de las penas impuestas, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas, habida cuenta del legítimo interés de la Administración en la irreprochabilidad penal de quienes ejercen funciones policiales.
