Resumen: El tipo de abuso de autoridad en el ejercicio del cargo exige una acción que exceda de un mero error o desliz y que suponga un exceso relevante en el ejercicio de la función que desempeña el sujeto activo, exigencia que no puede defenderse que concurra en la conducta objeto de enjuiciamiento, a la vista de la naturaleza marcadamente genérica del informe de asuntos internos de la Benemérita en que se apoyó la incoación del expediente disciplinario y en atención, además, de las circunstancias que respaldaron la atemperación de la tipificación de los hechos en la alzada, ya que el acceso injustificado a la base de datos de gestión de recursos humanos por parte del recurrente se produjo por un brevísimo espacio de tiempo -dos segundos-, lo que no impide considerar que se tratara de un simple descuido, inadvertencia o equivocación que, aun siendo susceptible de incardinarse en la infracción disciplinaria leve contemplada en el art. 9.9 LORDGC, se encontraría prescrita. La previsión de la infracción grave apreciada se encuentra orientada al castigo de acciones de mayor enjundia, desmesura o trascendencia para el servicio. No se encuentran méritos suficientes para acceder a la solicitud de indemnización por daños morales, ya que, a criterio de la sala, el interesado obtiene satisfacción al respecto con la decisión adoptada, consistente en anular la resolución sancionadora, en cuanto queda repuesto en la situación jurídica y económica anterior, tras verse reconocida su pretensión.
Resumen: La sanción impuesta al demandante es consecuencia de la comisión de una nueva falta grave, la del art. 7.21 LORDFA -consistente en no incorporarse o ausentarse injustificadamente de su destino por un plazo inferior a 24 horas-, ya que había faltado a la lista de ordenanza por segunda vez, tras haber faltado a la del día anterior, encontrándose en la península y no en la plaza de su destino, cuando el interesado tenía anotadas y no canceladas cuatro sanciones por falta grave. El análisis de las infracciones anteriores no canceladas se encuentra extramuros del recurso, que ha de centrarse en el examen de la conducta que da lugar a la infracción muy grave objeto de sanción. Ceñida la cuestión a la última falta grave cometida, en contra de lo afirmado por este, la reducción de jornada que se le había concedido por cuidado de menor no puede tener ninguna incidencia respecto de la ausencia indicada. La reducción de jornada concedida para el cuidado de una hija menor en ningún caso suponía autorización para abandonar la plaza donde se encuentra su destino y para desplazarse a la península, resultando irrelevantes los horarios o contingencias que pudieran tener las navieras que unen con la península aquel destino. Las medidas de flexibilidad horaria derivadas de la reducción de jornada concedida no pueden servir de cobertura para la conducta objeto de sanción. La resolución impugnada, además, motiva adecuadamente, incluso atemperando su rigor, la sanción impuesta.
Resumen: No se produjo indefensión por el hecho de que parte de la documental recabada se recibiera e incorporara a la instrucción con posterioridad al pliego de cargos, pues tales pruebas no fueron discutidas por el encartado con posterioridad cuando tuvo posibilidad legal para ello, en particular, en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución. Los elementos probatorios, válidamente obtenidos y regularmente practicados -documental y diversas testificales-, llevan a la más firme convicción de la certeza de los hechos que se declaran probados, por lo que resultan suficientes para enervar la presunción de inocencia. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente cogió un vehículo oficial, permitió que lo condujera un paisano como consecuencia de su falta de capacidad personal para ello, así como que accionara las señales luminosas de circulación prioritaria, dejó de informar a su unidad sobre su situación y sobre su estado, dio lugar a la intervención de la policía local primero y luego de un Juzgado de Instrucción y devolvió el vehículo con diversos desperfectos que no existían antes sin dar cuenta de ello- conforma una conducta manifiestamente contraria al recto comportamiento que cabe esperar de un miembro de la Guardia Civil, obligado a comportarse con seriedad, decoro, dignidad y honor militar. No está acreditado que el recurrente actuara privado de sus facultades intelectivas o volitivas, por lo que no puede apreciarse la inimputabilidad planteada.
Resumen: Lo que se limita a los militares no es su libertad de opinión, sino la de expresión, de manera que a través de ella no lesionen ni pongan en riesgo los valores incorporados a los bienes jurídicos protegidos por las leyes. En los hechos que la resolución sancionadora declara probados concurren todos los elementos de la infracción disciplinaria apreciada: el recurrente firmó un artículo de opinión política ostentando su condición de militar y su empleo de teniente coronel en la situación de reserva y, por lo tanto, sujeto al régimen disciplinario de los miembros de las FF.AA., al no implicar aquella situación una suspensión de su condición de militar sujeto a su régimen de derechos y deberes; en el artículo en cuestión, el recurrente expresaba opiniones contrarias al deber de neutralidad política del militar; dicho artículo se difundió a través de un medio de comunicación social, lo que denota la incuestionable concurrencia del dolo exigible como elemento subjetivo del tipo aplicado. La calificación jurídica llevada a efecto por la resolución sancionadora fue correcta y no infringió en modo alguno la jurisprudencia de esta sala, del TEDH y del TC sobre el derecho a la libertad de expresión de los militares y sus límites. Sin embargo, la autoridad sancionadora no debió elevar la sanción propuesta por el instructor sin devolverle el expediente para que formulara otra que incluyera sanción de mayor gravedad, con traslado al expedientado para formular alegaciones.
Resumen: Resulta justificado el temor del recurrente sobre la falta de objetividad del instructor del expediente. La imputación por este de una tercera infracción que ni siquiera había sido contemplada en la orden de incoación del expediente disciplinario y el mantenimiento de la acusación por la falta grave de abuso de autoridad -una vez negado el supuesto abuso por la presunta víctima del mismo en declaración testifical-, proponiendo, además, sin justificación, la más gravosa de las sancionas previstas en la ley para tal infracción son claros indicios de aquella falta de objetividad. A ello se añade la posterior declaración testifical del propio instructor en otro expediente disciplinario en la que calificó al hoy recurrente como «antisistema», «terrorista administrativo», considerando que «una persona así no puede ser un buen guardia civil», circunstancias todas ellas que denotan aversión, enemistad o rechazo palmarios y ostensibles frente al mismo desde hacía tiempo. Asimismo, resulta relevante que la propia autoridad con potestad sancionadora tuviera que anular el pliego de cargos y la propuesta de resolución inicialmente formulados por el instructor y que posteriormente tampoco sancionara por la falta grave de abuso de autoridad que continuó siendo imputada por el instructor en los nuevos pliego de cargos y propuesta de resolución, así como que dicha autoridad rebajara sustancialmente la sanción propuesta por el instructor respecto de la única falta finalmente sancionada.
Resumen: En el escrito de preparación se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: vulneración del art. 24.2 CE, al entender infringido el derecho a la presunción de inocencia; infracción del art. 25 CE, por vulneración del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de forma que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que conlleva, de conformidad con lo establecido en el art. 88.1 LJCA, a la admisibilidad del recurso.
Resumen: El tribunal de instancia dio respuesta motivada a los planteamientos del recurrente referidos a la legalidad metrológica del equipo utilizado en la prueba de detección de alcohol, al razonar, de forma no arbitraria y conforme a las reglas de la lógica, que de la documental practicada se desprendía que el alcoholímetro empleado contaba con certificado de calibración en vigor en la fecha en que fue utilizado y cumplía todos los requisitos establecidos por las normas sobre verificaciones periódicas de los instrumentos de medición de alcohol en aire espirado. Por otra parte, para determinar el estado de ebriedad no es imprescindible la verificación mediante técnicas alcoholimétricas, pues aquella puede acreditarse también por prueba testifical de la que se deduzca objetivamente que el interesado presentaba síntomas externos inequívocos de embriaguez. La sala considera que el tribunal sentenciador tuvo a su alcance y valoró toda la testifical practicada en el expediente disciplinario y, además, la apreció correctamente cuando concedió razonadamente mayor relevancia a unas declaraciones testificales sobre otras, con una argumentación de todo punto lógica, que impide calificar su criterio como irracional o arbitrario.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción de los principios de legalidad y tipicidad (art. 25.1 CE); vulneración del derecho de defensa por denegación de pruebas (art. 24.2 CE); vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); infracción del principio de proporcionalidad de la sanción (art. 19 LORDGC). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que a priori se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: En el expediente constan todas las circunstancias que rodearon la toma de muestras y posterior análisis con los sucesivos resultados positivos a cocaína detectados. Consta, así, la documentación completa acreditativa de la toma de cada una de las muestras, en cuya obtención se respetaron las normas establecidas en las instrucciones técnicas de la Sanidad Militar, el personal que intervino en la toma de las muestras, así como el informe técnico relativo al procedimiento de análisis realizado en el laboratorio para la detección de drogas en orina, por lo que no puede considerarse quebrada la presunción de inocencia ni la cadena de custodia. Al no albergarse duda alguna por el tribunal sentenciador del carácter incriminatorio de las pruebas, no cabe aplicar el principio in dubio pro reo. Conforme al relato fáctico, concurren todos los elementos del tipo, en concreto el de la reiteración del consumo, al haberse detectado cuatro positivos en un periodo superior a dos años, es decir, por encima, incluso, del elemento normativo del tipo, que exige tres o más resultados positivos en un periodo de dos años. La sanción de resolución de compromiso impuesta resulta proporcionada a la naturaleza de la sustancia consumida, cocaína, que causa grave daño a la salud y merma notablemente las aptitudes psicofísicas de las personas, lo que tiene especial relevancia cuando forman parte de las FF.AA., precisamente, por el cometido que desempeñan y los medios que a tales fines pueden utilizar.
Resumen: La reproducción de las alegaciones ya planteadas y resueltas en la instancia supone un desenfoque procesal que hace merecedor de desestimación al recurso. No obstante, en aras de la más amplia tutela judicial, la sala procede a su examen. El inamovible relato de hechos probados -conforme al cual, la recurrente accedió a la solicitud de un guardia destinado en su unidad de atribuir a su crédito reglamentario de días por asuntos particulares los dos días en los que este había dejado de prestar servicio, para, así, compensar su déficit de horas de servicio mensual, grabando el falso dato en el aplicativo de recursos humanos y en el sistema de gestión operativa SIGO- reúne todos los elementos del tipo aplicado: la condición de guardia civil del sujeto activo, en el caso, con empleo de sargento; la conducta negligente en el cumplimiento de los deberes profesionales, correctamente identificada en la resolución sancionadora y en la sentencia recurrida mediante la cita de la normativa reguladora de las vacaciones, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil -al tratarse de un tipo disciplinario en blanco-; y la gravedad de la conducta, adecuadamente valorada por el tribunal sentenciador, que, más allá de una simple falta de diligencia, se tradujo en un total incumplimiento de las obligaciones contenidas en la referida normativa. La denuncia de falta de proporcionalidad carece de viabilidad, al haberse impuesto la sanción más leve de las posibles en su mínima extensión.
