Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por ausencia de motivación, con vulneración del derecho de defensa; b) infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, con pareja violación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por inexistencia de prueba de cargo suficiente e inequívocamente incriminatoria; y c) lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, con pareja violación del principio de legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad(arts. 24.1 y 25.1 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 11 LOPJ (relativo a la prueba ilegalmente obtenida), así como los arts. 18 (derecho a la intimidad), 24 (presunción de inocencia) y 25 (principio de legalidad) CE. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interpreta o aplica, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de forma que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, conforme a lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige admitir a trámite el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 25 CE, en lo que se refiere al principio de legalidad, en su vertiente de falta de tipicidad absoluta así como el art. 25 (sic) CE, sobre la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interpreta o aplica, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales, de forma que, como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, conforme a lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige admitir a trámite el recurso.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido los arts. 24.2 y 25.1 CE en lo que se refiere a la tutela judicial efectiva, con infracción del derecho a la presunción de inocencia y la falta de proporcionalidad. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, el recurso debe ser admitido a trámite.
Resumen: No todo vicio procesal es causante de vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, pues solo alcanza relevancia constitucional el que, por anular las posibilidades de alegación, defensa y prueba, causa una verdadera y real situación de indefensión. No puede sostenerse una alegación constitucional de indefensión por quien, con su comportamiento, limite sus propios medios de defensa. Aunque el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo se encuentra esencialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, la casación contencioso-disciplinaria permite una interpretación más laxa y abierta que permite extender el análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y si su valoración en la única instancia puede ser tildada de arbitraria o irrazonable. Lo que la sala de instancia concluyó como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba de la que dispuso, tanto de cargo como de descargo, de la que extrajo conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente imputó falsamente a través de dos partes disciplinarios a un superior y un compañero la realización de diversos actos constitutivos de hasta 10 infracciones penales o disciplinarias- cumple todos los requisitos, tanto objetivos, como subjetivos, que conforman la falta apreciada, que solo admite forma dolosa.
Resumen: La sentencia impugnada no infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, desde el punto de vista de la motivación, ya que da respuesta congruente, motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones de la recurrente, sin que pueda apreciarse en ella atisbo alguno de arbitrariedad. En concreto, da respuesta fundada a las alegaciones de la recurrente, rechazando que esta sufriera ningún tipo de discriminación por razón de sexo ni que la acción disciplinaria seguida contra ella constituyera una represalia que vulnerara su derecho a la indemnidad. La aplicación de la garantía de indemnidad en el ámbito disciplinario jurídico público que vincula a los miembros de la Guardia Civil con el cuerpo al que pertenecen requiere una actividad probatoria que incumbe al demandante, que debe aportar un indicio razonable de que el acto recurrido lesiona su derecho fundamental, aportación de prueba que no tuvo lugar en el caso, en el que, sin embargo, sí existe prueba cumplida de la realidad de una conducta desobediente imputable a la demandante -que se negó palmariamente a cumplir con la orden legítima recibida de utilizar el chaleco antibalas reglamentario, orden legítima que no se basó en actuación discriminatoria alguna, ya que en el momento en que se emitió no se disponía en la unidad de material de protección antibalas que se adaptara a la fisonomía de la recurrente-.
Resumen: Los hechos que determinan la condena penal son decisivos no solo a los efectos de su incardinación en el tipo disciplinario aplicado -condena penal por delito doloso relacionado con el servicio o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica-, sino, también, en lo atinente a las consecuencias sancionadoras en el ámbito disciplinario. En el caso, consta: la condición de guardia civil del condenado en sede jurisdiccional ordinaria por la comisión de un delito contra la salud pública; la condena firme por la comisión del delito doloso contemplado en el art. 368 CP; el grave daño que la referida conducta ocasionó al cuerpo al que pertenece el interesado, al resultar palmario que un servidor público que pertenece a una institución que tiene encomendada la persecución de los delitos no puede mostrar una tacha como aquella por la que fue condenado, lo que supone un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil; el grave daño causado a los ciudadanos, pues el bien jurídico protegido por la norma que contempla el delito objeto de la condena es la salud pública. Resulta irrelevante que la droga aprehendida fuera o no de las que causan grave daño a la salud. En cuanto a los invocados méritos profesionales del sancionado, resultan inherentes al ejercicio de las funciones propias de la Guardia Civil y en nada enervan las consideraciones realizadas sobre la gravedad de los hechos.
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); infracción del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad, proclamado en el art. 25.1 CE. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pueda extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La recurrente reproduce un debate ya concluido en la instancia, lo que supone un notorio desenfoque respecto del objeto del recurso de casación, que no es otro que la censura puntual y por motivos tasados de la sentencia recurrida y no la resolución sancionadora. A pesar de ello, la sala analiza la respuesta dada por el Tribunal Militar Central a la denuncia de la recurrente para otorgarle la máxima tutela judicial. Debe rechazarse la alegación relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que se constata tanto la existencia de prueba de cargo en la que el tribunal sentenciador apoyó su convicción como la valoración no errónea ni ilógica llevada a cabo por este. La providencia del teniente coronel jefe de la compañía puesta en el libro de providencias del puesto de la Guardia Civil constituía una orden personal, directa, clara, singular y por escrito dirigida a la comandante del puesto para que acomodara su actuación al cumplimiento de la Orden General 11/2014 -relativa al régimen de prestación de servicio y jornada y horarios del personal de la Guardia Civil-, orden que fue abiertamente incumplida por la recurrente, como comprobó el teniente coronel en su siguiente visita ordinaria, en la que apreció importantes excesos horarios en la prestación del servicio, sin que el incumplimiento pueda ampararse en las necesidades del servicio que, en su caso, debieron ponerse en conocimiento del superior.
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido el art. 25 CE en relación con los arts. 8.1 y 10 LORDGC. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre los derechos fundamentales; de manera que como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, por lo que el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, debe ser admitido a trámite.
