• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 1324/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Obtención mediante engaño del pago de una deuda como proveedor, al amparo del Real Decreto Ley 472012, de un Ayuntamiento, que ya estaba saldada. Cosa juzgada: requisitos de identidad sustancial de los hechos y de los sujetos pasivos. No concurre, puesto que el objeto de la causa es distinto, con independencia de que pueda existir relación entre los hechos. Imposibilidad de reiterar una alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando ya ha existido una primera respuesta. Obligación de partir de esa primera respuesta cuande su contenido guarde una relación de dependencia, conexidad o prejudicialidad. La eficacia de cosa juzgada la producen las sentencias de fondo y otras resoluciones asimiladas. Conexión con el principio non bis in idem. Consecuencia preclusiva o negativa, consistente en que no cabe seguir después otro procedimiento de orden penal. Presunción de inocencia: alcance de estudio y análisis. Existencia de prueba bastante. Concurrencia de los elementos del tipo. Engaño. Concepto jurisprudencial. Negocio jurídico criminalizado. Exigencia de la concurrencia de un dolo especial. Idoneidad del engaño. Dilaciones indebidas: la principal causa de paralización del procedimiento proviene de la dificultad de localizar a uno de los acusados. Requisitos de la atenuante de dilaciones indebidas. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Falta de claridad en los hechos probados. Contradicción en los hechos probados.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 1542/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Desde una perspectiva positiva el derecho a la tutela, en su aspecto de derecho a una resolución motivada en derecho, exige: a) Que sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, lo que implica que la argumentación no pueda ser tildada de manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en un error patente. b) Que no sea fruto de la arbitrariedad. Es decir que no sea fruto solamente de la voluntad de quien la dicta, porque la aplicación de la legalidad se reduzca a una pura apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad. c) Dada la funcionalidad de este derecho, la motivación ha de cumplir con la necesidad de permitir conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. Es dogma que no admite excepciones, proclamado primero por el TEDH, después por el TC y, por fin, asumido por la jurisprudencia -y la legislación- nacionales, que un Tribunal que no ha presenciado la prueba no puede variar en sentido peyorativo lo que el órgano que sí la percibió con inmediación haya declarado acreditado o no acreditado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 1383/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se rechaza la queja consistente en la falta de valoración de las declaraciones sumariales, cuya introducción en dicho acto debiera haber corrido de cuenta de la parte que hubiera tenido interés en ello. Doctrina de la Sala sobre la validez de las grabaciones de conversaciones efectuadas por particulares. No cabe cuestionar la constitucionalidad de la grabación realizada por un particular, como en el caso fue la madre de la víctima, por cuanto que carece de conexión instrumental con actuaciones investigatorias, como son las llevadas a cabo por autoridades con la finalidad de que surtan efectos en un proceso. Tratamiento del principio acusatorio: se acusa por un delito de agresión sexual y se condena por dos delitos de abuso sexual. En definitiva, no estando en duda la homogeneidad entre estos dos delitos y habiendo resultado más beneficiado penalmente el condenado, no hay quiebra del principio acusatorio. La apreciación del prevalimiento, fundado en la relación cuasi paterno-filial, es correcta. Diferenciación entre tocamientos episódicos y fugaces leves y abuso sexual. Doctrina sobre continuidad delictiva sobre menores en caso de no precisión de fechas exactas. Se rechaza la existencia de dilaciones indebidas como muy cualificadas.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1468/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Prescripción: la investigación patrimonial implica supone actos de naturaleza incriminatoria y de investigación que tienen la potencialidad suficiente para interrumpir la prescripción en la medida en que tales actos concretan la investigación y los indicios y sospechas referidos a la participación en los hechos. Requisitos que debe cumplir el auto por el que se autoriza la intervención de las comunicaciones: se trata de una resolución judicial, como tal afectada por el art. 120 CE, siendo una diligencia que requiere la existencia de indicios que se investigan, pero su exigencia no puede equipararse a la de otras resoluciones que requiera la fundamentación de una imputación objetiva y subjetiva. La resolución judicial que autorice la injerencia debe motivar su adopción, comprobando que los hechos para cuya investigación se solicita revisten caracteres de hecho delictivo y que la solicitud y la adopción guardan la debida proporcionalidad y la gravedad del hecho delictivo investigado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1543/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, la Sala II ha establecido ciertos parámetros que, sin constituir cada uno de ellos un requisito necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración. La lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. A estos parámetros, consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación, que constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción solo puede quedar desvirtuada cuando tal declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el aspecto objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado. Ciertamente el plazo es excesivo respecto a causas seguidas por hechos similares, sin especial complejidad, pero ese plazo, con ser excesivo, no reviste la condición mas allá de lo extraordinario para fundar la cualificación. Ese exceso de siete años es el presupuesto de aplicación de la atenuante, se corresponde a una dilación extraordinaria en la tramitación pero no es de especial cualificación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 1536/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso con todas las garantías. La doctrina jurisprudencial ha admitido reiteradamente la eficacia y validez de la prueba de carácter indiciario para desvirtuar la presunción de inocencia, y ha elaborado un consistente cuerpo de doctrina en relación con esta materia. La prueba indiciaria requiere: a) que los hechos base estén probados; b) que los hechos delictivos se deduzcan de éstos; c) que se pueda controlar la razonabilidad del proceso deductivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1219/2019
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Bajo el rótulo de falta de claridad, se muestra disconformidad con la valoración de la prueba efectuada. La claridad en la definición de los hechos probados es el último eslabón en el derecho del acusado a conocer los hechos que se le imputan. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación. Improcedencia de la valoración aislada de los elementos fácticos. Existencia de prueba de cargo bastante de naturaleza testifical y pericial, corroborada por profusa documental, acreditativa de que las operaciones ofrecidas eran ficticias. Valor documental de las fotocopias: doctrina jurisprudencial. Admisión de las fotocopias con las debidas cautelas. En el caso, la convicción se alcanza no por la fotocopia aportada sino por el testimonio de quien lo hizo. A los documentos sin firmas sólo se les atribuye valor corroborador. Derecho a la tutela judicial efectiva: valoración de la inverosimilitud de la declaración del acusado: no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo. Error en la apreciación de la prueba: los documentos citados no acreditan error. Estafa: concurrencia de los elementos del delito. Contratos criminalizados. Engaño bastante. Autoprotección: interpretación restricitiva. Compatibilidad de la continuidad delictiva y de la agravación por la cuantía. Individualización de la pena. Interpretación de la gravedad de los hechos. Atenuante de dilaciones indebidas. Autoría, coautoría y cooperación necesaria. Costas procesales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 45/2020
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la doctrina de la Sala a partir de la STS de 3 de octubre de 2019 (RC 262/18) fundada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL en cuanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor en concepto de IIVTNU (Plusvalía). Por tanto, la acción de responsabilidad reposa sobre una cuestión probatoria, en cuanto se ha de acreditar la minusvalía patrimonial derivada de la transmisión del inmueble. Que es lo que ocurre en el presente caso, pues el obligado tributario ha aportado los elementos de prueba suficientes para entender acreditada la inexistencia de un incremento patrimonial entre la adquisición y la transmisión del inmueble de naturaleza urbana en cuestión, que pudiera ser susceptible de la aplicación del IIVTNU, por lo que no tenía el deber de soportar la correspondiente liquidación y, por lo tanto, debe ser indemnizado en la cantidad a la que ascendió la indebida liquidación, más los intereses legales desde la reclamación. Y si bien los valores resultantes de las escrituras no son válidos en todos los casos, sin embargo, en supuestos como el de autos -esto es, en el marco de una crisis económica que determinó la bajada del precio de los inmuebles- la presunción probatoria que se deduce de las escrituras públicas requiere de una actividad probatoria de la Administración, que no puede limitarse a esgrimir los valores catastrales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 4060/2020
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del proceso constituye una sanción tipificada en el art. 79.3 e) ley 18/2014, al no haberse presentado un plazo los datos de venta de energía correspondientes a 2012 y 2013. La cuestión se constriñe a determinar si la infracción leve constituye una infracción instantánea o una infracción permanente, a los efectos de concretar el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción. En el presente asunto, la Sala considera que, transcurrido ya el plazo límite de remisión, cesa el deber jurídico de remitir la información, dado que la Administración puede acudir a otros medios para determinar el importe de la obligación. Sin embargo, una cosa es que la Ley haya arbitrado mecanismos para subvenir tal defecto de comunicación, y otra que no se produzca perjuicio alguno al bien jurídico protegido. La Sala a quo considera que, solo si no pudiera determinarse la obligación en base a tales mecanismos subsidiarios se lesionaría el bien jurídico protegido, pero la Sala Tercera TS corrige tal interpretación. La obligación de adaptarse permanece en el tiempo hasta tanto dicha adaptación se produzca. El art 79-3-e) Ley 18/2014 tipifica una infracción permanente, de modo que el plazo de prescripción comienza cuando finalice el incumplimiento. El TS considera que la Administración sancionadora no ha empleado, en la práctica de las diligencias de notificación examinadas en este recurso, la diligencia mínima que imponen las garantías del art. 24 CE, por lo que anula las sanciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1213/2019
  • Fecha: 05/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En las Sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y, entre ellos, cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello hemos reforzado el canon exigible. No puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que construyendo una imagen especular de este derecho fundamental primigenio, lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, y tornarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados que es para quien se ha establecido constitucionalmente como cimiento de todo nuestro sistema penal de justicia. El derecho a obtener la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en el selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva. Solo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido resulte patente que crece de toda motivación o razonamiento.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.