• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1582/2019
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No concurre el error en la valoración de la prueba que se denuncia.Tampoco la atenuante de dilaciones indebidas, no basta con medir el tiempo desde el inicio de la causa (que no desde la fecha de los hechos) hasta la sentencia, ni que no haya sido consecuencia del comportamiento procesal de quien reclama. Se estima parcialmente el recurso. De entrada, no concurre la agravante del art. 250.1.4 CP, la grave situación económica de la perjudicada era preexistente, aunque se haya visto agravada por la conducta delictiva. Tampoco puede operar lo dispuesto por el art. 74.1 CP, en tanto que ninguna de las operaciones defraudatorias aisladamente consideradas sobrepasa esa cifra (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta de 30 de octubre de 2007). Finalmente, el subtipo agravado del art. 250.1 6º CP por abuso de relaciones personales, exige constatar una relación de confianza preexistente a la maniobra defraudatoria de la que se prevale el autor para la más fácil comisión de la estafa. No se detecta aquí ese plus que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza que en este caso no existía con anterioridad. Se busca y se gana como forma de realizar la estafa.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 1451/2019
  • Fecha: 15/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El TS afirma, en el caso concreto, que el recurrente no ha sido condenado como autor de un delito de lesiones "por estar allí", ni por ser testigo mudo de la agresión protagonizada por otros. Antes al contrario, el ahora recurrente asumió un papel decisivo en la causación del resultado lesivo asociado a la lluvia de golpes que acabó, entre otras graves heridas, con la pérdida del ojo derecho por parte de la víctima. El acusado actuó como factor primigenio en el desencadenamiento de una agresión colectiva. Ese primer puñetazo en el rostro de la víctima representó un menoscabo de la integridad física de la víctima que, a su vez, puso en marcha la actuación de otros agresores que, impulsados por el mismo fin, quebrantaron el bien jurídico tutelado. Esa acción inicial contó, en definitiva, con el relevo de otros agresores que culminaron el ataque, sin que conste otra actuación en contrario procedente del acusado. Éste se sumó con su aquiescencia a una agresión colectiva de potencial gravedad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 608/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Indefensión: se alega haber tenido conocimiento tardío del procedimiento abierto contra él. La tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa. Requisitos que han de concurrir para que se dé un supuesto de indefensión. Debe tratarse de una efectiva y real privación del derecho de defensa. No basta con la realidad de una infracción procesal. Esto implica que quien la alega debe demostrar la existencia de indefensión. La indefensión ha de ser atribuible al órgano judicial. Las pruebas deben ser practicadas en presencia del acusado, en la vista pública, con el fin de que puedan ser confrontadas. El principio de contradicción no solo rige en el plenario sino también en la fase de instrucción o sumarial. El retraso en conocer la acusación en su contra es imputable solamente al querellado. El acusado nunca alegó indefensión y pudo proponer la prueba que estimó necesaria. Infracción de ley: concepto penal de funcionario. El laboral contratado para ejercer sus funciones en un organismo público, adquiere la condición de funcionario. Diferencias entre el dolo penal y el dolo civil. Negocio jurídico criminalizado. Determinación de la suficiencia del engaño. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. No autoriza a una revaloración de la prueba. Presunción de inocencia: alcance de estudio, cuando se invoca en casación. Triple comprobación a practicar. No es posible sustituir la valoración del Tribunal de instancia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1325/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El bien jurídico protegido por el delito de alzamiento no es tanto el derecho de crédito que nace de una concreta relación jurídica o contractual, sino la propia seguridad del tráfico jurídico mediante el fortalecimiento del principio de responsabilidad universal para el cumplimiento de las obligaciones que se consagra en el art. 1911 CC. De ahí que la naturaleza del delito sea de mera actividad y que la lesión, o no, del crédito en concreto quede fuera de la descripción típica. Pero, apunta la sentencia del TS, el ordinal segundo introduce, frente a la regulación histórica del delito de alzamiento, una modalidad de acción, que extiende el espacio de prohibición a la realización de todo negocio jurídico que dilate, dificulte o impida la eficacia de un procedimiento en curso o de inminente activación de embargo, apremio o ejecución judicial o extrajudicial. Es cierto que dicha modalidad de conducta alzadora no comporta una suerte de prohibición general de disponer o un mandato de inmovilización patrimonial mientras dure o hasta que se inicie el proceso de ejecución por las deudas prexistentes. Pero siempre y cuando los negocios que se realicen generen nuevos activos que no provoquen el resultado de "frustración ejecutiva" prohibido. La previsión legal de niveles de punición diferenciados entre el autor y el cooperador necesario obliga a justificar, para excluir la degradación punitiva del artículo 65.3 CP, las razones que permiten identificar un mismo nivel de antijuridicidad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
  • Nº Recurso: 2839/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia recurrida en casación unificadora confirmó la nulidad del despido disciplinario de la trabajadora. El debate traído a casación unificadora se centra en si a efectos de la fijación de la categoría y del salario regulador de las consecuencias derivadas de la declaración de nulidad del despido de la trabajadora, el convenio colectivo aplicable debe ser el de limpieza o el de hostelería, ambos provinciales. La Sala IV declara, en contra de lo razonado en la sentencia recurrida, que la actividad contratada entre la cadena hotelera era el "servicio de limpieza de las habitaciones", actividad que , aun correspondiéndose con el "núcleo central" de una empresa hotelera, se puede lícitamente subcontratar. Se destaca la diferencia entre una empresa que explota directamente el hotel con sus propios trabajadores, de aquella otra empresa que no explota directamente el hotel, sino a la que este último subcontrata parte de su actividad para que la realice con sus propios trabajadores. En este último caso, el convenio colectivo aplicable será, no el aplicable a la empresa hotelera principal, sino el que resulte de aplicación a la empresa contratista o subcontratista. La Sala IV casa y anula parcialmente la sentencia recurrida y, revoca parcialmente la sentencia del juzgado de lo social, declarando que el convenio colectivo aplicable es el Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial para el sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Sevilla 2016-2020.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 1583/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Colocación de una valla metálica impidiendo a unas personas el único acceso posible a su vivienda. Se formula un único motivo de recurso por indebida inaplicación de la prescripción en la redacción existente al tiempo de los hechos, antes de la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015. Se alega que se fue finalmente condenado por una falta de coacciones. Naturaleza de orden público del instituto de la prescripción. Tiene su fundamento en el principio general de la necesidad de la pena. De conformidad con el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 26 de octubre de 2010, los plazos de prescripción a tomar en consideración han de ser los que correspondan a los hechos definitivamente declarados probados. Como la condena fue por una falta, el plazo es de seis meses. La redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 1/2015 es más beneficiosa que la posterior. Existencia de cuatro periodos de paralización. Actos que interrumpen la prescripción. Los actos que producen la interrupción del plazo de prescripción han de ser de auténtico contenido material o sustancial. No son diligencias banales las que ordenan el procedimiento y mucho menos las que tratan de configurar el derecho de defensa del imputado. Las actuaciones de ordenación del procedimiento son actos de prosecución. La expendición de testimonios no es idónea para interrumpir la prescripción.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1527/2019
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se aprecia la falta de consentimiento por consumo de alcohol de la víctima, con sustento en la declaración de la misma y de una testigo, a pesar del resultado negativo de la analítica de sangre y orina realizado pocas horas después de los hechos. Se ratifica la doctrina según la cual para que exista falta de consentimiento no es necesaria una anulación absoluta de las facultades mentales, sino una ingesta de alcohol que conlleve una anulación suficiente de los frenos inhibitorios. Para que haya abuso sexual no se precisa una ausencia total de conciencia, sino de pérdida o inhibición de las facultades intelectivas y volitivas, en grado de intensidad suficiente para desconocer o desvalorar la relevancia de sus determinaciones al menos en lo que atañen los impulsos sexuales trascendentes. No se requiere que la víctima se encuentre totalmente inconsciente, pues dentro de esta expresión del tipo legal se pueden integrar también aquellos supuestos en los que existe una disminución apreciable e intensa de las facultades anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, al quedar prácticamente anulados sus frenos inhibitorios.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO ROMAN GARCIA
  • Nº Recurso: 2118/2020
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se trata del desalojo de una vivienda social ocupada ilegalmente por una familia con dos hijos menores. La cuestión polémica ahora planteada es la del alcance de la ponderación de intereses; esto es, si ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa. La ponderación exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del desalojo. Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para autorizar la entrada en domicilio como garantía preventiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se transmutaría, subrepticiamente, en la atribución a aquél de una competencia para revisar un acto administrativo firme. El juez no puede paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un acto administrativo firme, aparentemente legal, porque estaría permitiendo -y hasta posibilitando, de hecho- la permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad. El juez está obligado a modular las circunstancias -materiales y temporales- en que debe desplegar eficacia la autorización de entrada en domicilio. Y, por ello, antes de emitir esa autorización debe velar por que se reduzcan al mínimo posible las consecuencias negativas que, ineludiblemente, se derivarán de la irrupción domiciliaria y, en particular, colectivos vulnerables (menores). Se acuerda la retroacción de las actuaciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10232/2020
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En casación se ventila la corrección de la decisión del Tribunal de apelación. Ello, indirectamente, supondrá debatir sobre temas decididos primeramente en la instancia; pero no sobre todos, sino solo sobre aquéllos que hayan sido llevados a la apelación porque solo sobre ellos puede pronunciarse el tribunal ad quem. Podríamos hablar de un exceso intensivo en la defensa por la repetición de las puñaladas, la intensidad de las mismas y el lugar al que fueron dirigidas, sin que se pueda hablar de situación de error alguno, pues nada al respecto se desprende del relato fáctico. En todo caso, se produce un exceso extensivo o impropio, bien porque la reacción se anticipa o bien porque se prorroga indebidamente y la legitima defensa no puede apreciarse en ninguno de estos casos, ni como completa ni incompleta. El reproche penal se excluiría por el miedo insuperable ante el intenso temor o situación de angustia en que se sitúa al autor. No se ha demostrado que el acusado sufriese una situación de temor a perder su vida que afectase a su capacidad de decisión en alguna medida. Tampoco existe ninguna referencia fáctica que pudiera siquiera valorarse como un estímulo relevante a los efectos de poder analizar si alcanza las exigencias que necesariamente deben cumplirse para apreciar la atenuante de arrebato u obcecación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO
  • Nº Recurso: 7579/2020
  • Fecha: 12/02/2021
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Sanción por emisión de programa con contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad y con una calificación por edades inadecuada. Admisión del recurso del Abogado del Estado: artículo 7.6, en relación con los artículos 58.12 y 59.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (infracción leve o grave). Inadmisión del recurso de Mediaset por no apreciarse interés casacional objetivo

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