Resumen: Quebrantamiento de forma por contradicción interna en los hechos declarados probados. El recurrente descontextualiza ciertas expresiones contenidas en el relato de hechos probados, separándolas para que pierdan sentido. También señala frases supuestamente contradictorias, pero existentes en los Fundamentos Jurídicos. Requisitos de la vía casacional de contradicción en los hechos declarados probados. Ha de referirse a aspectos sustanciales, no irrelevantes. Error en la apreciación de la prueba: requisitos. Los documentos designados no son literosuficientes. Aunque el acusado hubiese abonado algunas cantidades a la querellante, éstas no se correspondían con las debidas. Además, la querellante no sabía que había otorgado poderes generales. Presunción de inocencia: alcance cuando se invoca en casación vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El órgano de casación debe verificar una triple comprobación: la existencia de prueba bastante, lícitamente practicada y racionalmente valorada. No autoriza a sustituir por entero la valoración del material probatorio. Retroactividad de las leyes penales más favorables en relación a los subtipos de bienes de primera necesidad y de especial entidad por la cuantía. Inexistencia de modificación alguna sustancial de los preceptos aplicados. Dilaciones indebidas: naturaleza y criterios para su ponderación. Apreciación como muy cualificada
Resumen: En el plenario se practicó prueba de cargo bastante para dictar condena y que la misma fue valorada de forma racional por el Tribunal de instancia. En el factum se describen los distintos elemento del tipo del art. 404 CP y, en concreto: 1. La existencia de un acto administrativo que contenía una declaración de voluntad de contenido decisorio. 2. Tal resolución era contraria a Derecho. 3. El recurrente conocía la injusticia de la resolución, siendo consciente de los defectos insubsanables con los que contaba tal nombramiento sin publicidad, ni igualdad de oportunidades y sin atender a los conceptos de mérito y capacidad. 4. Provocó un resultado injusto, pues permitió que accediese al puesto de trabajo una persona cuya elección no era el resultado de un proceso selectivo cuya omisión, en general, impidió a los posibles interesados que pudieran al menos solicitar el acceso a ese puesto de trabajo, y, en concreto, privó a las otras dos candidatas propuestas de la posibilidad de competir por el empleo con base en sus méritos y su capacidad.
Resumen: La falta de incorporación del derecho a la doble instancia penal en el orden castrense no puede producir indefensión a quien resulta condenado en la instancia, por lo que la casación, en tal caso, ha de permitir la íntegra revisión de la sentencia incluso en lo relativo a la culpabilidad y participación en los hechos del condenado cuando se invocan la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. La sentencia combatida realizó una correcta y atinada ponderación de la prueba de cargo -consistente en las manifestaciones del acusado, las declaraciones testificales y el informe sobre el estado de la silla de la que se dejó caer el condenado-, por lo que no incurrió en infracción alguna del derecho fundamental a la presunción de inocencia. La falta de duda por el tribunal sentenciador del carácter incriminatorio de las pruebas practicadas hace inaplicable el principio in dubio pro reo. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente se dejó caer voluntariamente de una silla de trabajo, golpeándose en la muñeca de su mano derecha, afectada por una condromalacia degenerativa, con la intención de dejar de prestar el servicio asignado- cumple todas las exigencias objetivas y subjetivas del delito de mera actividad aplicado, al resultar palmario el engaño desplegado por el sujeto activo, vinculado al incumplimiento del deber militar que le atañía, conculcando los bienes jurídicos tutelados por la norma -la disciplina y lealtad-.
Resumen: Condena previa de uno de los acusados, padre del otro, por delito de contrabando de tabaco. No existen acreditadas otras posibles fuentes de ingresos que les permitieran ahorrar 40.000 euros para pagar al contado la adquisición de un piso, que se pone a nombre del hijo y que tiene un valor estimado superior. Maniobra de ocultación de la identidad del titular del dinero y de su origen delictivo. La subsunción jurídica es correcta. La sentencia declarada probado: en primer lugar, que el dinero empleado en la adquisición de la vivienda son las ganancias obtenidas por la comisión de delito de contrabando; en segundo lugar, que fueron utilizadas por ambos acusados; en tercer lugar, que actuaron de mutuo acuerdo; y, en cuarto lugar, que la compra se puso exclusivamente a, nombre del hijo, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de las cantidades empleadas. El recurso se estima parcialmente, apreciándose una atenuante de dilaciones indebidas por la duración global del proceso, que se prolongó 5 años. Puede considerarse una extensión temporal extraordinaria si se tiene en cuenta la escasa complejidad del proceso, una vez que el SVA aportó su informe. Pero resulta absolutamente insuficiente para dar lugar a una atenuante muy cualificada.
Resumen: El desenfoque procesal en el que incurre el recurrente, que se limita a reiterar las cuestiones ya alegadas y resueltas en la instancia -ignorando que el objeto del recurso de casación no es la resolución sancionadora sino la sentencia recurrida- hace merecedor de desestimación al recurso. No obstante, en aras de la más amplia tutela judicial, la sala procede a analizar sus alegaciones. No se infringe en el caso el art. 64.2 LORDGC, ya que consta unido al expediente el parecer del Consejo Superior de la Guardia Civil en relación con la propuesta de sanción formulada contra el recurrente, parecer emitido oportunamente en una concreta sesión de dicho órgano y que se recoge en el acta de la misma, resultando indiferente que el acta fuera aprobada en la siguiente sesión en la que se reunió el referido órgano. No resultó vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La resolución sancionadora consideró acreditada la intoxicación etílica del recurrente mientras prestaba servicio tras un análisis valorativo de la prueba testifical practicada. Como viene señalando reiteradamente la jurisprudencia de esta sala, para entender probada la infracción disciplinaria apreciada no es imprescindible la práctica de pruebas alcoholimétricas, sino que el estado de etilismo y sus consiguientes efectos psicosomáticos pueden acreditarse mediante los signos de ebriedad que refieran los testigos, siempre que su relación con el afectado haya sido inmediata a la situación detectada.
Resumen: Cuando se trata de declaraciones testificales, la jurisprudencia ha venido equiparando los casos de fallecimiento del testigo con otros que supongan la imposibilidad de comparecer, como el encontrarse en ignorado paradero o bien cuando el testigo resida en país extranjero, cuando de este dato se desprenda la imposibilidad o una seria dificultad para hacerlo comparecer ante el Tribunal. Los artículos 448 y 777 de la LECrim regulan la prueba preconstituida, garantizando a las partes la posibilidad de contradicción. La diligencia deberá ser luego introducida en el plenario en la forma prevista en el artículo 730, al que se remite expresamente el artículo 777. El Tribunal debió admitir la lectura de la declaración sumarial, tal como pretendían las defensas de los recurrentes, una vez que consideró que la prueba admitida no podía ser practicada de la forma ordinaria, procediendo directamente al interrogatorio de la testigo. El funcionario policial prestó declaración por videoconferencia. Una vez que hubo finalizado su interrogatorio se procedió a la declaración de otro agente policial, percatándose en ese momento el Tribunal de que tanto el anterior como el que ahora declaraba, así como otros dos agentes también citados como testigos, se encontraban en la misma sala, de manera que la declaración del primero había sido presenciada por los otros tres. Aclarado este aspecto, se prescindió de la declaración de estos tres agentes.
Resumen: Se desestiman los recursos interpuestos frente a la sentencia que había rechazado la pretensión de un torero de inscribir en el Registro de la Propiedad Intelectual, como obra, una determinada faena taurina. Infracción procesal: la ausencia de una mención legal o jurisprudencial en la argumentación de la sentencia no conduce a negar su motivación, que en este caso existe. Casación: se aplica la doctrina del TJUE sobre el concepto de ?obra? y sus dos elementos cumulativos (debe existir un objeto original que constituya una creación intelectual propia de su autor; y la consideración de obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual). La pretendida creación intelectual (artística) debería quedar expresada de forma que pudiera identificarse con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no fuera necesariamente permanente. Sin merma de la consideración artística que pueda reconocerse a la faena de un torero y teniendo en cuenta que el reconocimiento no se pide respecto de los pases, lances o recursos para dominar al toro sino respecto de la totalidad de una faena, esta lidia no puede identificarse con suficiente precisión y objetividad al no poder expresarse de forma objetiva aquello en que consistiría la creación artística del torero al realizar una concreta faena, más allá del sentimiento que transmite a quienes la presencien. Diferencia con una coreografía en la que sí es posible identificar la creación original
Resumen: Se trata del desalojo de una vivienda social ocupada ilegalmente por una familia con hijos menores. La cuestión polémica ahora planteada es la del alcance de dicha ponderación, esto es, si ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa. La ponderación exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del desalojo. Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para autorizar la entrada en domicilio como garantía preventiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se transmutaría, subrepticiamente, en la atribución a aquél de una competencia para revisar un acto administrativo firme. El juez no puede paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un acto administrativo firme, aparentemente legal, porque estaría permitiendo -y hasta posibilitando, de hecho- la permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad. El juez está obligado a modular las circunstancias -materiales y temporales- en que debe desplegar eficacia la autorización de entrada en domicilio. Y, por ello, antes de emitir esa autorización debe velar por que se reduzcan al mínimo posible las consecuencias negativas que, ineludiblemente, se derivarán de la irrupción domiciliaria y, en particular, colectivos vulnerables (menores). El Ts acuerda retrotraer las actuaciones a fin de que el juzgado se pronuncie.
Resumen: La sentencia recuerda que cuando se invoca en vía de recurso la atenuante de dilaciones indebidas es carga procesal del recurrente no dispensable la de señalar los períodos de paralización, justificar por qué se consideran "indebidos" los retrasos; y/o indicar en qué fase o etapa se produjo una ralentización no disculpable. La elusión de esa carga no es subsanable. Se recuerda respecto al derecho a la última palabra que su omisión provocará nulidad cuando esa omisión ha supuesto la efectiva privación de un medio de defensa con contenido real será planteable un desenlace anulatorio. El mismo test debe proyectarse a la incidencia consistente en la retirada de la palabra al acusado cuando se encuentra en ese trámite habrá indefensión material relevante cuando no sea descartable que el trámite omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que hubiera podido determinar un fallo diferente. Argumentar sobre esa indefensión material es carga procesal del recurrente. Solo habrá indefensión material relevante cuando no sea descartable que el trámite omitido hubiera sido decisivo en términos de defensa, en el sentido de que hubiera podido determinar un fallo diferente. El recurrente no está legitimado para protestar por la no práctica de una prueba que él no había propuesto. La fórmula utilizada (adhesión a las pruebas de las restantes partes, aunque fuesen renunciados) no autoriza a considerar prueba propia toda la propuesta por las demás partes.
Resumen: El TS dirime si en los concursos de traslados entre miembros de la Carrera Fiscal, cuando participan fiscales adscritos, únicamente resulta de aplicación el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero, por el que se desarrollan determinadas normas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, o si, por el contrario, resulta de aplicación el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala considera que siendo la Ley Orgánica 6/1985 de aplicación supletoria a la Carrera Fiscal no es irrazonable, sino todo lo contrario, seguir las pautas que marca a la hora de resolver la manera en que los adscritos obtienen plaza en propiedad. Pautas caracterizadas por el ofrecimiento de cauces que no son los ordinarios para lograrla (artículos 339 y 340). La interpretación sistemática de las normas aplicables y, en particular, de los criterios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable supletoriamente, y la suficiente analogía existente entre las situaciones de adscripción previstas en ella y en el Estatuto Orgánico, excluyen la necesidad de que la obtención de destino definitivo por los fiscales adscritos se haga por concurso y justifica la adjudicación de la plaza que quede vacante en la Fiscalía en que se encuentran. Por último, respecto la categoría profesional otorgada a los adscritos, los Abogados Fiscales (art. 35 y ss del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), señala que pueden ocupar plazas de segunda y tercera categoría.
