Resumen: No habrá delito de robo si la violencia no fue instrumental al desapoderamiento, y la sustracción se realizó sin necesidad del empleo de violencia que permitiera la realización derecho contra el patrimonio. El delito de robo con violencia exige la naturaleza de medio a fin de la violencia empleada. Dado el carácter de delito compuesto que expresa la tipicidad, cabe calificar el robo de violento por el aprovechamiento de la situación de violencia generada. El Pleno no jurisdiccional de 24/4/2018 señaló que cuando, aprovechando la comisión que un ilícito penal en el que se haya empleado violencia y en la misma relación de inmediatez y unidad temporal, se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas, se entenderá que se comete un delito del artículo 237 del Código Penal, cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia facilite el acto del apoderamiento.
Resumen: Error tipo: La hipótesis defensiva basada en el error sobre un hecho que presta fundamento al reproche está sometida, además, a un especial estándar de acreditación. El error excluyente del dolo no puede basarse en el simple desconocimiento o la sola falta de previsión. Principio acusatorio: en realidad, el título de condena es el mismo que el que fue objeto de acusación. La única variación en el título de condena, a favor de reo, al no haberse aplicado el último incido del art. 188.4 CP, sino el primero, al no constar que el acusado tuviese conocimiento de la minoría de edad de una de las víctimas. No se aplicó otro tipo distinto al que fue objeto de acusación. Solo se redujo el reproche anudado a su comisión al descartarse una circunstancia típica agravatoria. Atenuante analógica de colaboración: la aportación del PIN del teléfono móvil del acusado no es suficiente. No cualquier facilitación adquiere un valor normativo equivalente al de la confesión que justifique la aplicación analógica de la atenuación prevista específicamente para esta última. En el caso, el acusado no reconoció los hechos y, en todo caso, se podría haber accedido al contenido, judicialmente autorizado, por medio de algún software. Individualización: la mayor penalidad impuesta al recurrente respecto del otro acusado aparece justificada por el mayor desvalor de las conductas por las que ha sido condenado.
Resumen: El relato fáctico declara la causación de unos hechos de apuñalamiento dirigido a órganos vitales respecto a los cuales no es admisible la consideración de un error por la no aplicación del delito de maltrato habitual, cuando lo que se refiere son dos acciones dirigidas a acabar con la vida de las víctimas a las cuales dirigió su acción clavando reiteradas veces el cuchillo que cogió de la cocina y que dirigió hacia zonas vitales de los cuerpos de las dos víctimas. En el hecho probado no hay ningún elemento fáctico que permita la consideración de presupuesto fáctico de legítima defensa pues, a salvo de las declaraciones del acusado, que el tribunal ha desechado de forma racional y lógica, no hay sustento fáctico de una actuación debida a una represión de una agresión ilegítima de su hijo, víctima en los hechos. De igual manera, no existe base alguna para firmar la situación de miedo insuperable, como circunstancia de atenuación que justifique o que permite declarar una inculpabilidad en la acción. Con respecto al abuso de superioridad, este resulta del empleo de medios dispuestos para la ejecución de la conducta como la mayor envergadura del acusado con respecto a sus víctimas, y de la convivencia existente entre el agresor y sus víctimas que configuran un espacio de superioridad en la realización del hecho y el empleo de un medio hábil para la producción del resultado. El ánimo de matar se evidencia en la actitud violenta del acusado.
Resumen: El dato de la edad de las menores y su conocimiento por el acusado resulta de especial de relevancia para la calificación de los hechos. Las menores eran conocidas por el acusado, incluso amigas, y tenía además contacto con ellas a través de las redes sociales. El acusado tenía conocimiento de que las menores eran menores de dieciséis años. El legislador penal ha recogido en el ordinal cuarto de las agravaciones un conjunto de situaciones en las que determinados colectivos pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, por distintas razones, a los que se pretende proteger de forma especial para conformar un modelo social de convivencia pacífica y tolerante, evitando situaciones que supongan discriminación que más allá de la causación del delito, suponga una lesión del principio de igualdad. El hecho probado es claro en la descripción de una situación objetiva de desigualdad de género que proyecta una pretendida supremacía machista y en la cual se manifiestan estereotipos de conducta que cosifican a la mujer, relegándola al papel de mero instrumento de placer y de servicio al varón. El hecho probado es claro y no deja lugar a dudas, después de la agresión le ordena que le ponga el desayuno y, a una de ellas, le da la opción de elegir la modalidad de una nueva agresión, evidenciando, una conducta denigratoria de la mujer, actuando con poderío de dominación hacia la mujer a la que le ordena servir el desayuno tras la agresión sexual.
Resumen: En el escrito de preparación, la parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el derecho a un proceso con todas las garantías, por infracción del derecho de defensa; b) el derecho de defensa, con incongruencia omisiva; c) el art. 24 y la jurisprudencia del TC y de esta sala sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, con infracción de los derechos de defensa y a la tutela judicial efectiva; d) el art. 25 CE, principio de legalidad, en su vertiente de tipicidade indebida aplicación del art. 8.6 LORDGC; e) el art. 19 LORDGC. La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES:conflicto colectivo por demanda de vulneración del derecho a la libertad sindical y por discriminación derivado de la decisión de la empresa de destinar -movilidad interna- a tres trabajadores que eran miembros de del comité de empresa a una empresa del Grupo Santander acordada como consecuencia de un ERE finalizado por acuerdo que tuvo lugar por la absorción del Banco Popular llevada a cabo por el Banco Santander. La sentencia del TSJ declara que no hubo vulneración. Ahora el recurso de casación ordinaria sustentando en la revisión de hechos y de derecho, confirma la sentencia del órgano judicial de instancia.
Resumen: RCUD. Modalidad de Tutela de Derechos Fundamentales; se declara vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical de Central Sindical Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), así como la nulidad radical de la conducta de Sodexo Iberia SA consistente en demorar y finalmente poner a disposición de la sección sindical un local inadecuado, condenando a la empresa a la cesión de un local adecuado y al abono de una indemnización por daños y perjuicios cuantificada en 3.125 euros. La empresa recurrente en unificación denuncia incongruencia extra petita (causa pedir de retraso no incorporada en la pretensión inicial). Falta de contradicción y condena en costas (1.500€)
Resumen: Se desestima el recurso de casación interpuesto en el que se aborda la cuestión de si están legitimados activamente los titulares de swaps para impugnar en vía jurisdiccional la autorización de OPAS cuando dichos swaps están vinculados a las acciones objeto de la operación. Para el examen adecuado de la cuestión la Sala expone algunas consideraciones sobre los denominados swaps o equity swaps y sobre la normativa reguladora de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAs). La jurisprudencia existente define el interés legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el artículo 19 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, como la titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta. Así, la Sala declara que los titulares de swaps que se liquidan en efectivo y que no dan acceso a la titularidad de las acciones (valor subyacente) carecen de legitimación para impugnar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que autoriza una oferta pública de adquisición de las acciones a las que viene referido el derivado financiero.
Resumen: Sentencia que estima una demanda de intromisión en el derecho al honor, con ocasión de la emisión de un informe por un médico psiquiatra de un hospital en el que se limitó a reflejar que según refería la paciente, sufrió un abuso sexual por el demandante, psicólogo de los servicios sociales de un ayuntamiento, y que continúa traumatizada. El informe aparece firmado y con membrete oficial. Una copia del mismo fue exhibida en los servicios sociales donde trabajaba el demandante. La sentencia recurrida estimó la demanda frente al médico autor del informe y frente a la paciente. Se desestima el recurso por infracción procesal al ser inadmisible la acumulación en el mismo motivo de infracciones procesales incompatibles, como son las normas sobre carga de la prueba, valoración de la misma y motivación de la sentencia. También desestima por causa de inadmisión el recurso de casación del médico al no citarse en el encabezamiento del motivo cuál es la infracción legal cometida y no precisarse tampoco ésta en su desarrollo, que se limita a una argumentación genérica. El recurso de casación de la codemandada se desestima porque discrepa de la valoración probatoria de la sentencia. Aunque en un litigio sobre derechos fundamentales el TS no debe asumir acriticamente las valoraciones de los hechos, ello no significa que se pueda prescindir injustificadamente de la base fáctica de la sentencia. La cuantía de la indemnización no tiene acceso a casación salvo error o notoria desproporción.
Resumen: Modificación de medidas acordadas en convenio regulador. Estimación de la demanda del padre, al que se atribuyó la guarda y custodia, asignando el uso y disfrute del domicilio familiar al menor y al padre custodio, y fijando una pensión alimenticia de 150 euros al mes a cargo de la madre. Inadmisión parcial del recurso extraordinario por infracción procesal. Estimación parcial del citado recurso por insuficiente motivación de la sentencia recurrida en cuanto a su decisión de no estimar la petición de suspensión temporal de la pensión alimenticia a cargo de la madre, ya que no expresa ni exterioriza razón alguna para justificar la desestimación de la solicitud mencionada. Nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado en casación. Doctrina jurisprudencial sobre la suspensión de la obligación de satisfacer la pensión de alimentos: solo cabe admitirla con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal. En el presente caso no se ha acreditado que la recurrente perciba ingresos, ni existe una mínima presunción de que disponga de otros medios o recursos económicos. En esta situación no puede hacerse cargo de la pensión por imposibilidad material, concurriendo así la situación excepcional que posibilita la suspensión temporal del pago de la pensión alimenticia en tanto la actual situación se mantenga
