Resumen: La declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador. Los criterios para valorar la declaración de la víctima son: credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva y persistencia en la incriminación El delito continuado es una figura jurídica que incorpora varias unidades típicas de acción, que al darse los supuestos subjetivos y objetivos previstos en el artículo 74 CP, se integran a una unidad jurídica de acción. El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica el contrato de seguro. Lo que hace la Ley es introducir una norma socializadora y tuitiva (con mayor o menor acierto) que disciplina las relaciones de aseguradora con víctima del asegurado.
Resumen: RCUD. Pleno. Se estudia cuál es la acción que debe ejercitarse cuando la empresa deniega el reingreso del excedente (empleada de hogar) alegando que no existen vacantes que se ajusten a su perfil. La controversia casacional radicó en si constituía o no constituía despido la decisión empresarial de negar la reincorporación al excedente con base a la inexistencia de vacantes. La modalidad procesal de despido es adecuada para resolver esa demanda de una trabajadora excedente que solicita el reingreso, la empresa niega la existencia de vacante y la trabajadora afirma que sí que había una vacante y sostiene que se produjo un despido tácito, solicitando que se declare improcedente o que debía haber ejercitado la acción de reingreso y no la de despido, lo que debía haberse subsanado al amparo del art. 102 de la LRJS. El Pleno del TS entiende que no deben anularse las actuaciones para que se tramite conforme al procedimiento ordinario. Pero no se suscitó en casación el debate litigioso relativo a si, cuando se ejercita una demanda de despido y se tramita la modalidad procesal de despido, en caso de que no se acredite la voluntad empresarial extintiva de la relación laboral, debe aplicarse el art. 102 de la LRJS, precepto que no se invocó en el precedente STS de 6 de abril de 2022, recurso 200/2021. El Voto Particular afirma que el procedimiento adecuado es el ordinario, sin que la elección de uno u otro procedimiento corresponda a la trabajadora, y debió reconducirse en instancia.
Resumen: La naturaleza de la regulación de las causas de abstención y recusación se refieren "al mismo hecho", no "al mismo sujeto", lo que resulta obvio, porque el conocimiento previo determinante de la contaminación, se refiere al mismo hecho, del que hubieran conocido en fases previas y luego volvieran a conocer para enjuiciarlo. No existe una vulneración de la tutela judicial efectiva porque la vía del recurso adecuada ex lege lo sea con arreglo a la fecha de la incoación del procedimiento, que excluye la posibilidad de interponer un previo recurso de apelación ante el TSJ, habida cuenta que la regulación legal así lo prevé. Los elementos del tipo penal objeto de condena, son el empleo de violencia o intimidación en dos actos diferenciados en el tiempo y en los que sometió violentamente a la víctima a realizar el acto sexual descrito en el relato de hechos probados. Los hechos probados recogen dos hechos diferenciados que, aunque cometidos por el mismo sujeto y sobre la misma víctima, debido a la diferencia temporal y espacial devienen relevantes, en orden a no considerar como continuada su conducta.
Resumen: Demanda de MSCT del sindicato ELA-STV solicitando la declaración de nulidad de los acuerdos con el CI sobre modificación horaria y jornada del programa Buenos días Euskadi y vulneración del derecho de LS e indemnización de 21.001€ y subsidiariamente la improcedencia de la MSCT. La ETB convocó al CI estando entre las destinatarias la delegada sindical de ELA, 2 días antes de la reunión la empresa envió su propuesta de jornada y franjas horarias, se pide por dos DS de ELA liberación y horas sindicales para asistir a la reunión, por mayoría se aprobó el acuerdo de incorporación a horario de convenio el nuevo horario del programa, 2 personas de la representación de ELA solicitaron mayor tiempo y no firmaron el acta, sí lo firmo otro miembro. ETB denegó inicialmente corrección de ELA del acta pero en reunión posterior se oyeron aclaraciones solicitadas y manifestaciones de LAB y ETB, reflejadas en acta. El programa no se ha visto alterado ni los cambios se han llevado a efecto. El TSJ desestimó por considerar que las negociaciones no vulneran el derecho a la libertad sindical el en su vertiente de negociación colectiva (NC). La Sala IV desestima la nulidad de actuaciones no apreciando indefensión, recordó la vinculación de la negociación colectiva con el derecho de LS, razonó que en la NC llevada a cabo ni se excluyó a ELA, ni se limitó su participación, ni aprecia mala fe empresarial. El acuerdo con el CI se alcanzó por mayoría sin fraude, dolo, coacción o abuso, art. 41.4 ET.
Resumen: Incongruencia omisiva: es atendible en aquellos casos en que el tribunal no se pronuncie sobre el contenido de la pretensión, silenciando aspectos esenciales para la adecuada calificación de los hechos, sin perjuicio de la posibilidad de una desestimación implícita respecto de aquellas cuestiones que no han sido acogidas por el órgano decisorio. Infracción de ley: necesidad de respeto al factum. El delito de agresión sexual, incluso en su modalidad de penetración, no es un delito de propia mano pues cabe que el sujeto activo se valga de personas carentes de dolo -menores o discapacitados- para cometer el delito, como instrumento para lograr sus fines, y haciéndoles participar en una orgía sexual en la que, asimismo, está el acusado presente e interviene activamente, siendo irrelevante que mantenga contacto físico con todos o solo con alguno de los menores presentes en la ocasión. El juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al legislador. Voto particular: recuerda la jurisprudencia tradicional que en los delitos de agresión sexual con penetración vaginal, anal o bucal ejecutado por dos o más personas, solamente debe considerarse autor propiamente dicho al que materialmente realiza el acceso carnal, porque se entiende que se trata de un delito de propia mano en los que está limitado el concepto de autor al que realiza personalmente ese acceso, de forma que, en estos casos, la persona que colabora y coadyuva al autor es cooperador necesario.
Resumen: Se confirma la condena del recurrente sobre la base del testimonio de la víctima, coherente y persistente, en quien no concurren móviles espurios, y aparece corroborado por prueba pericial. El Tribunal Superior de Justicia subraya y enriquece la corrección de las inferencias que han llevado en la instancia a la condena; no excluye la veracidad de los hechos imputados las dificultades de la víctima para precisar las fechas en que aquéllos tuvieron lugar. La resolución recurrida hace frente también a la prueba de descargo que fue ofrecida en la instancia, esto es, el testimonio de la madre de A. -que depuso como acusada y amparada en el legítimo ejercicio del derecho de defensa- y su hermano -cuyo testimonio se descartó por la escasa verosimilitud que cabe conceder a sus manifestaciones, por su vinculación al entorno familiar-. El argumento invocado en el plenario por la defensa, referido a la ausencia de secuelas físicas en la menor también obtuvo respuesta desestimatoria, vistas las explicaciones ofrecidas por los facultativos forenses, por lo que ha de ser entendida como un dato neutro, que no permite confirmar pero tampoco descartar los hechos.
Resumen: La cuestión casacional deducida por la recurrente, auxiliar administrativo, se centra en decidir si le corresponde percibir las cantidades reclamadas por las diferencias salariales existentes entre el salario percibido y el previsto en el convenio colectivo de aplicación del personal del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, es decir, entre lo que le abonan siendo personal temporal y lo que corresponde a los trabajadores fijos según la norma convencional. La Sala IV analiza el cumplimiento de los requisitos formales del escrito de formalización considerando que, aunque no se identifica el motivo de casación, su simple lectura permite discernir su incardinación en el art. 207 e) LRJS, por lo que no provoca indefensión a la contraparte. En cuanto al fondo, declara la vulneración del derecho de igualdad por infracción de la cláusula cuarta de la Directiva/CE 1999/70 y la doctrina fijada por la STJUE de 22/12/2010, sobre discriminación retributivas con el personal fijo en relación con el art. 14 CE, por cuanto ha quedado acreditado que el Ayuntamiento demandado ha retribuido a la demandante en una cuantía muy inferior a los trabajadores fijos que desarrollaban su mismo trabajo sin que se haya acreditado la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen de manera idónea, razonable y proporcionada dicho trato diferenciado.
Resumen: En la notificación realizada al recurrente de la resolución administrativa se le hizo sabe que podía interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante el TMC en el plazo de 2 meses. Sin embargo, el letrado del recurrente interpuso recurso por fax remitido al Ministerio de Defensa, desde el que, posteriormente, se remitió en formato de papel al TMC, en el que entró fuera de plazo, por lo que se acordó su inadmisión. La resolución impugnada no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente, pues explicita las razones que llevaron al tribunal a inadmitir el recurso contencioso-disciplinario interpuesto, razones que se exponen de forma clara, comprensible, racional y ajustada tanto a los preceptos legales como a la jurisprudencia de esta sala. El recurrente incurrió en una cadena de errores -remisión por fax el último día del plazo legal de interposición, marcando un número que no correspondía a ningún órgano jurisdiccional, sin indicar el órgano que había dictado la resolución impugnada y consignando erróneamente su fecha- que, en modo alguno, puede calificarse como equivocación disculpable, sino como error inexcusable generador de causa de inadmisión. El derecho a la tutela judicial efectiva es compatible con la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales y del lugar en que estos han de llevarse a efecto. No concurría circunstancia excepcional que permitiera interrumpir el plazo de interposición ni se solicitó su suspensión.
Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que acordó el archivo de la diligencia informativa abierta a resultas de la denuncia del recurrente contra los magistrados de un Tribunal Superior de Justicia que no se abstuvieron en un determinado procedimiento. Y es que las resoluciones dictadas por el Juez y por la Sala de lo Civil y Penal en cuestión, en relación con la querella formulada contra el primero, son resoluciones jurisdiccionales que solo pueden ser revisadas por medio de los recursos que fuesen procedentes. Respecto a ellas no cabe el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Consejo General del Poder Judicial, que carece de competencia sobre el contenido de la función jurisdiccional. También es rechazada la supuesta infracción del deber de abstención, siendo así que, en definitiva, el archivo de la diligencia informativa resulta conforme a Derecho.
Resumen: Los elementos configuradores del delito de desobediencia son: a) un mandato expreso y concreto consistente en hacer o no hacer una conducta indicada por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones legales, b) que la orden, que goce de sus formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, sin que sea necesario el apercibimiento expreso, c) que exista una resistencia, negativa u oposición a cumplir la orden de manera clara, patente, indudable, evidente e inequívoca. También puede ir revestida de una reiterada y evidente pasividad. Las dilaciones indebidas conllevan retrasos injustificados en la tramitación de una causa que han de ser analizados caso por caso, atendiendo a el tiempo transcurrido entre los distintos actos procesales. El "plazo razonable" es un concepto amplio y orientado a la duración total del proceso, que supone el derecho de todo justiciable a que su causa sea estudiada en un tiempo prudencial, y que ha de atenerse como índice de referencia a la complejidad de la causa y los avatares procesales de otras de la misma naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia.
