Resumen: Competencia para el enjuiciamiento. Pena abstracta prevista en el delito continuado. Se reitera la doctrina de que en el procedimiento abreviado, una vez dictado auto de apertura de juicio oral, la Audiencia Provincial no puede declarar la competencia del Juzgado de lo Penal, cuestionando la calificación efectuada por la acusación. También se declara que en el delito continuado la competencia se fija teniendo en cuenta el máximo de pena correspondiente al delito con la agravación posible para el continuado (mitad inferior de la pena superior en grado).
Resumen: Del relato fáctico resultan los elementos del homicidio y de la alevosía, al resultar los elementos de la selección de un medio dirigido a producir la muerte sin riesgo para el autor y sin posibilidades de defensa. Las alegaciones sobre la existencia de los presupuestos de una legítima defensa carecen de base atendible, pues aparte de la trascripción de las declaraciones y periciales, en su integridad, ningún apartado permite una justificación de la acción en la legítima defensa. Se constata un error en la imposición de la medida de libertad vigilada en el delito de asesinato. La sentencia impone la medida de 7 años y 6 meses, pena que carece de cobertura legal. El art. 105 CP prevé la duración de la medida, con carácter general, de 5 años y de 10 años, cuando el Código expresamente lo prevea. La medida se impone de acuerdo al art. 140 bis, sin previsión expresa de 10 años, por lo que el límite máximo es el de 5 años de duración máxima. A tenor de lo señalado se sustituye la duración de la medida de libertad vigilada de 7 años y 6 meses impuesta, por la de 5 años.
Resumen: En caso de dictámenes periciales contradictorios corresponde al Tribunal de instancia la valoración de los mismos. Al tribunal le resulta más convincente la pericia dispuesta desde la instrucción y explicita en la fundamentación el porqué de su afirmación, extremo que no es objeto de especial impugnación por la defensa sino que se decanta por la titulación de su perito para otorgarle mayor capacidad suasoria sobre el hecho. Es correcta la subsunción de los hechos en un delito de apropiación indebida de bienes fungibles, ya que el acusado aprovechándose de la gestión que realizaba de la contabilidad de la agencia de viajes ordenó abonar en una cuenta particular la devolución correspondiente a la autoliquidación del impuesto de valor añadido. Las pretendidas liquidaciones han sido objeto de requerimiento pero el mismo no se ha producido. La elaboración de una certificación falsa que es presentada en el proceso penal no es un autoencubrimiento impune. No hay vulneración del principio acusatorio cuando el acusado ha tomado conocimiento del escrito de acusación y ha actuado el derecho de defensa correspondiente a esta imputación. La acusación a la persona jurídica podría haber sido realizada pero no por los hechos realizados por el acusado, sino por no haberse organizado en la forma necesaria y dispuesta en el ordenamiento jurídico para controlar los riesgos en el tráfico jurídico que pudieran realizarse en la actuación de la persona jurídica.
Resumen: El delito de fraude de subvenciones patentiza el interés del legislador por proteger la Hacienda Pública, no sólo desde la perspectiva de los ingresos vía delito fiscal sino también desde la vertiente de los gastos públicos. Entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica. La atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable.
Resumen: Cláusula que, en un seguro de defensa jurídica contratado como garantía adicional de un seguro de automóvil, fija en 600 € el límite de cobertura de la defensa jurídica en caso de libre designación de profesionales. Diferencia, a estos efectos, entre el seguro de responsabilidad civil, en el que no es posible la libre designación de profesionales (salvo pacto en contrario, conflicto de intereses o pasividad de la aseguradora), y el de defensa jurídica, cuyo contenido propio es precisamente la libre designación de profesionales. Aunque la cláusula que fija la cuantía máxima de la cobertura de defensa jurídica puede calificarse como delimitadora, en atención a las circunstancias será limitativa, incluso lesiva, si fija unos límites notoriamente insuficientes. Se aplica la jurisprudencia del TJUE, que se basa en el principio de mayor efectividad del derecho de elección del perjudicado. El que la cobertura de defensa jurídica se incluya como adicional de un seguro de responsabilidad civil no le priva de su propio objeto. La fijación de una cuantía tan reducida que hace ilusoria la libre elección de los profesionales, como es el caso, equivale en la práctica a vaciar de contenido la propia cobertura que dice ofrecer la póliza, aunque cumpla los requisitos del art. 3 LCS, y es una cláusula lesiva. La falta de determinación de la parte de la prima que corresponde a la cobertura de defensa jurídica es imputable a la aseguradora. Se estima el recurso de casación.
Resumen: Se recurre en casasción para la unificación de doctrina la sentencia que declaró la existencia de cesión ilegal y la vulneración de la garantía de indemnidad. Pero el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción entre las sentencais enfrentadas dentro del recurso. Así, en la sentencia de contraste la declarada existencia de una cesión ilegal de trabajadores, no se proyecta en la vulneración del derecho fundamental concernido, y se cesa a la trabajadora por expiración del plazo para el que fue contratada, no siendo posible la renovación de la contrata, circunstancia que la trabajadora conocía perfectamente antes de formular su demanda de cesión ilegal, siendo un dato objetivo la propia finalización de la contrata, lo que rompe la conexión entre el dato indiciario de existencia de cesión ilegal alegado en el escrito de demanda y la vulneración de la garantía de indemnidad. Y estas circunstancias son ajenas a la sentencia recurrida.
Resumen: El debate radica en determinar si es válida la primera citación al demandado, que tiene la condición de persona jurídica privada, realizada por el Juzgado de lo Social a través de Lexnet. La sentencia recurrida estimó el recurso de la mercantil y anuló las actuaciones desde la admisión de la demanda porque la primera citación de la empresa demandada, de la que dependía la personación de la parte se había realizado telemáticamente. Contra ella recurre en casación unificadora el demandante, alegando la vulneración de la disposición final cuarta en relación con el art. 4.a) del Real Decreto 1065/2015, argumentando que el emplazamiento en la dirección electrónica de la empresa se había ajustado a lo dispuesto en el art. 56.5 de la LRJS en relación con el art. 162 de la LEC. La sentencia recuerda la doctrina del T. Constitucional a partir de la sentencia del Pleno del TC número 40/2020, que declaró que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando no se procede al emplazamiento personal sino que se opta por un emplazamiento electrónico a través del servicio de notificaciones electrónicas y dirección electrónica habilitada de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que no está previsto en la normativa procesal para estos casos. En este caso la primera citación a juicio a la empresa no se hizo telemáticamente, por lo que no compareció al juicio oral. La aplicación de la citada doctrina constitucional al supuesto enjuiciado obliga a desestimar el recurso.
Resumen: La necesidad de que el Juez se mantenga alejado de los intereses en litigio y de las partes supone, de un lado, que el juez no pueda asumir procesalmente funciones de parte, y, de otro, que no pueda realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en su contra. Desde esta perspectiva el derecho al juez imparcial se dirige a garantizar que los Jueces y Magistrados que intervengan en la resolución de una causa se acerquen a la misma sin prevenciones ni prejuicios en su ánimo derivados de una relación o contacto previos con el objeto del proceso. La apreciación de circunstancias atenuantes por afectaciones mentales requiere no sólo que exista un diagnóstico de anomalía psíquica como elemento biopatológico, sino también la prueba de que ello merma su comprensión sobre la ilicitud de la conducta o su capacidad de actuar conforme a dicha comprensión.
Resumen: No se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías por la circunstancia de que quien denuncia los hechos no los presenciara directamente y tuviera enemistad con el denunciado. El art.40.1 LORDGC impone la obligación de formular parte al guardia civil que observe hechos que pudieran ser constitutivos de falta disciplinaria imputable a otro guardia civil, pero no impide que quien no los presenciara y tuviera noticia de ellos, los denuncie. El recurrente ni siquiera identifica cuál es la garantía supuestamente afectada por el hecho de que el dador del parte presenciara o no los hechos que puso en conocimiento de su superior jerárquico. Habiéndose practicado actividad probatoria suficiente cuyo carácter incriminatorio ha sido apreciado por el tribunal sentenciador conforme a las reglas de la lógica y la razón, queda enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sin que pueda entenderse vulnerado aun cuando haya enemistad entre denunciante y denunciado, ya que declararon testigos presenciales que corroboran los hechos denunciados. El tipo disciplinario aplicado no exige que la ostentación del arma se realice para intimidar o coaccionar -lo que haría que los hechos se configuraran no como una infracción disciplinaria, sino como un ilícito penal-, ni sanciona la mera exhibición del arma, sino llevarla a efecto sin causa justificada y con infracción de las normas que regulan su empleo.
Resumen: El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo está esencialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, aunque en la casación contencioso-disciplinaria cabe una interpretación más laxa y abierta que permite extender el análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y a si la valoración de la prueba efectuada en la única instancia puede tildarse de arbitraria o irrazonable. Lo que la sala de instancia concluye como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba, de cargo y de descargo, de que dispuso, extrayendo de ella conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica. No se aprecia contradicción alguna entre el relato probatorio, la fundamentación jurídica y la parte dispositiva de la resolución recurrida. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente presentó un parte disciplinario en el que imputaba al capitán jefe de su compañía haber ordenado un tipo de servicio con claro incumplimiento de la Ley de Seguridad Aérea, al conocer que el personal al que le venía impuesto estaba accediendo a las zonas restringidas del aeropuerto de Lanzarote incumpliendo la normativa de seguridad aeroportuaria- cumple con todos los requisitos conformadores de la falta apreciada, el objetivo, al ser claramente inveraces los hechos relatados en el parte, y el subjetivo, ya que, aunque el tipo solo admite forma dolosa, concurre el dolo directo o de primer grado.
