Resumen: La Sala IV, analizando de oficio su propia competencia funcional, reitera que para determinar la cuantía litigiosa en los asuntos relativos a impugnación de actos administrativos enmarcados en el artículo 2.n LRJS, en el caso, sanción administrativa por infracción muy grave en materia de relaciones laborales por vulneración del derecho a la libertad sindical, hay que estar al total de las sanciones impuestas por la Administración a la empresa y que son objeto de cuestionamiento en el litigio. La cuantía de la sanción combatida no alcanza la cuantía mínima de 150.000 €, sino que asciende a 75.000 € (tras haberse rebajado, por la sentencia recurrida su importe inicial de 120.006 €). El interés de esta sentencia radica en su didáctico recorrido por diversas resoluciones del TEDH, en particular, por la sentencia de 30-6-2020 (caso Saquetti Iglesias) en interpretación del art. 2 del Protocolo núm. 7 del CEDH, en relación a la garantía del doble grado de la jurisdicción, y que ha tenido proyección en sentencias varias del Sala III y IV del TS. Asimismo, recuerda que de conformidad con el art. 206 de la LRJS, la invocación de vulneración de derechos fundamentales no determina el acceso a la casación ordinaria.
Resumen: El recurrente discute su condena, que considera vulneradora de su derecho a la presunción de inocencia, obviando en su argumentación que ya ha obtenido respuesta desestimatoria en el previo recurso de apelación. Examen de la función casacional tras la instauración de la doble instancia penal. Desde la perspectiva expuesta, la sentencia objeto de la presente impugnación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha constatado la existencia de una actividad probatoria desplegada en el enjuiciamiento y que parte de las declaraciones de la víctima, que argumenta la sentencia, supera los filtros y controles, que no requisitos, que jurisprudencialmente hemos señalado para la valoración de la testifical de la víctima, de persistencia, de ausencia de móviles espurios y corroboraciones periféricas. La sentencia del Tribunal superior constata la existencia de esa actividad probatoria identificando sus fuentes de convicción, las declaraciones de la víctima, asertivas y firmes en sus declaraciones y la existencia de corroboraciones periféricas, los testimonios de los tutores de la menor, sus amigos, así como los psicólogos forenses que han intervenido en el presente enjuiciamiento, destacando las coincidencias en todos los relatos oídos en el juicio oral y realizando, en definitiva, una valoración racional de la actividad probatoria oída ante el tribunal de instancia. Esta Sala, ajena al contenido de la inmediación, no puede realizar una nueva valoración de la prueba.
Resumen: El condenado y la acusación particular formulan recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la condena por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Ámbito del recurso de casación tras la Ley 41/2015. La Sala, tras exponer el control casacional sobre la presunción de inocencia, concluye que la declaración de la víctima cumple las exigencias establecidas en la jurisprudencia y constituye prueba de cargo suficiente. Individualización de la pena. La motivación en la individualización judicial de la pena también está relacionada con la publicidad de la respuesta judicial en el sentido de que la notificación de la respuesta que se da en estos casos a una reclamación debe venir acompañada con una explicación racional. La gravedad de la culpabilidad dependerá de la gravedad del injusto, comprensiva tanto de la gravedad de la acción, como de la gravedad del resultado.
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada consiste en determinar si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante -progenitor varón- el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión. El TS, revoca el fallo combatido, y, reiterando doctrina, da a tal cuestión una respuesta positiva, y considera procedente la condena al INSS a pagar una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado, por seguir denegando el reconocimiento del complemento de maternidad a un varón tras la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) al estimar que la conducta del INSS constituye una discriminación autónoma y ligada a dicha actuación de la entidad gestora y, en consecuencia, declara que procede la indemnización para compensar los perjuicios efectivamente sufridos incluidos las costas y los honorarios de letrado, todo ello en cumplimiento de la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22.)
Resumen: La cuestión que se plantea en la sentencia anotada consiste en determinar si el actor tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios causados por la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo al denegarse por el INSS al demandante -progenitor varón- el complemento de maternidad del artículo 60 LGSS una vez que el TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) ya había establecido que la denegación de dicho complemento al varón suponía una discriminación por razón de sexo y que la normativa que lo regulaba era, por tanto, contraria al derecho de la Unión. El TS, revoca el fallo combatido, y reiterando doctrina, da a tal cuestión una respuesta positiva, y considera procedente la condena al INSS a pagar una indemnización derivada de la vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado, por seguir denegando el reconocimiento del complemento de maternidad a un varón tras la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) al estimar que la conducta del INSS constituye una discriminación autónoma y ligada a dicha actuación de la entidad gestora y, en consecuencia, declara que procede la indemnización para compensar los perjuicios efectivamente sufridos incluidos las costas y los honorarios de letrado, todo ello en cumplimiento de la STJUE de 14 de septiembre de 2023 (C-113-22.)
Resumen: Complemento de aportación demográfica (maternidad): se reclama una indemnización por daños morales derivados de la vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de sexo como consecuencia de la negativa del INSS a reconocerle el citado complemento. El juzgado estimó en parte la demanda, reconociendo el complemento, aunque desestimó la pretensión indemnizatoria. El TSJ confirmó íntegramente la sentencia de instancia. La Sala de unificación, ahora, aplica la doctrina recogida en la STJUE de 14 de septiembre de 2023, (C-113/22), que señala que la reparación económica adecuada debe fijarse según las leyes nacionales, atendiendo a que dicha reparación ha de ser adecuada en el sentido de que ha de permitir compensar íntegramente los perjuicios efectivamente sufridos como consecuencia de la discriminación, según las normas nacionales aplicables; y a que se garantice que sea disuasoria y proporcionada. En consecuencia, se condena al INSS a abonar 1500 euros, por daños morales, por ser este el límite de su pretensión en la demanda..
Resumen: El demandante presentó solicitud de reconocimiento del complemento del artículo 60 de la LGSS, no contestando el INSS, presentó demanda en materia de complemento del artículo 60 LGSS y vulneración de derecho fundamental interesando una indemnización complementaria en cuantía de 1500 euros. La sentencia recurrida reconoce el derecho a percibir el complemento sin que pueda reconocerse una indemnización al no estar justificada. La Sala entiende que la cantidad adecuada en orden a la compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en la cantidad de 1.800 euros, cantidad que no puede ser aplicada en el presente supuesto porque la solicitud del demandante limitó su importe a la cantidad de 1.500 euros, que es el importe que se le reconoce.
Resumen: Presunción de inocencia, control casacional. Cuando se trata del recurso de casación promovido frente a una sentencia dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia, no puede prescindir del hecho de que la valoración de la prueba efectuada por el órgano de instancia ya ha sido objeto de fiscalización por la novedosa vía impugnativa que ha sido arbitrada por la reforma de la Lecrim del año 2015. Delitos de defraudación a la seguridad social. Se analiza el supuesto de la sucesión simulada de empresas. Los meros impagos no colma la tipicidad. Se hace indispensable, identificar unos mecanismos fraudulentos, normalmente asociados a la ocultación de la deuda. La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..., son algunos de los mecanismos habituales aptos para generar un engaño y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esos artificios para ocultar deudas o para fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude ex 307 CP En el caso, no se advierte la existencia de ningún fraude o engaño, activo u omisivo, en la génesis de la deuda, que trae causa de dificultades económicas ordinarias; ni tampoco ninguno orientado a impedir o dificultar seriamente el cobro por parte de la seguridad social.
Resumen: La acusación particular interpone recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que confirmó la absolución del acusado por un delito de maltrato doméstico habitual. Doctrina de la Sala. El recurso de casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales solo puede interponerse por infracción de ley al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y exige el respeto de los hechos probados. Pretensiones ex novo y per saltum. El recurso de casación se circunscribe al examen de los errores legales que pudo cometer el Tribunal de instancia al enjuiciar las cuestiones que las partes le plantearon, sin que puedan formularse alegaciones ex novo y per saltum relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente propuestas ni debatidas por las partes, y que, por tanto, no aparecen expresamente razonadas y resueltas en la sentencia de instancia.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve un RCUD interpuesto por el actor contra el INSS. El caso versa sobre el derecho del demandante, padre de tres hijos, a recibir el complemento por maternidad previsto en el artículo 60 LGSS y una indemnización por daños y perjuicios debido a la vulneración de su derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. El INSS había denegado inicialmente el complemento al demandante a pesar de que el TJUE en su sentencia de 12/12/2019 (C-450/18) había declarado que la exclusión de los hombres de dicho complemento constituía discriminación por sexo. El JS y TSJ reconocieron el derecho al complemento, pero no otorgaron la indemnización solicitada. El TS estima el recurso del demandante, siguiendo su doctrina establecida en la sentencia nº 977/2023. Determina que la denegación del complemento por parte del INSS, después del fallo del TJUE, vulnera el derecho fundamental a la no discriminación y genera un daño moral que debe ser indemnizado. Le reconoce una indemnización de 1.500 euros, tal y como solicitó el demandante.
