Resumen: Para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en esa fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción, el cobro de la indemnización por un supuesto siniestro; una acusada aporta su documentación sobre el seguro para dar parte de un siniestro que le consta no se produjo; otro acusado interpone la denuncia del (inexistente) atropello; y otro afirma haberse ocasionado las lesiones que presenta, no como consecuencia de una paliza previa sino, de haber sido atropellado por la acusada con el vehículo asegurado y en esa condición de víctima de siniestro vial, es examinado. Se trata en definitiva de la consciente simulación de un siniestro para la obtención de la indebida obtención de una indemnización, conducta integrante del tipo de la estafa, que no precisa para su comisión que la autora conozca el nombre típico de la ilícita conducta que deliberadamente realiza; donde el artificio se instrumenta con su conformidad, a través de una denuncia ante el Juzgado. No ha existido una paralización injustificada que impide la aplicación de atenuante. Tampoco el cómputo global en la duración del proceso, aunque no fuere el ideal, puede tildarse de "dilación extraordinaria" como exige la norma.
Resumen: Imposibilidad de no puede ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación e investigación con la notificación de una segunda propuesta de liquidación y apertura de un nuevo trámite de alegaciones, antes de que hubiera concluido el procedimiento de comprobación limitada abierto para otro objeto.
Resumen: El atestado policial expresa que la confesión se efectuó voluntariamente al ser preguntado. No se duda de la voluntariedad. Pero es cuestionable la espontaneidad en la medida en que se estaba contestando a preguntas formuladas directamente por los agentes sin previa información de derechos. Ésta solo se efectuó a continuación. En consecuencia, hemos de expulsar del material probatorio esas manifestaciones. Las razones que fundan una previsión de permiso judicial en cuanto a la cesión de datos asociados a la comunicación radican en la afectación de derechos de nueva generación como son la autodeterminación informativa o el derecho a la identidad virtual. En ningún caso, se incide en el derecho al secreto de las comunicaciones. En el Pleno celebrado el 23 de febrero de 2010 se acordó, con relación a la interpretación de los arts. 6 y 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, que era necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Esa Ley no se hallaba en vigor cuando se perpetraron los hechos perseguidos en este procedimiento. Además, quien efectuó la inicial denuncia conocía legítimamente la IP y estaba obligada a denunciar facilitando cuantos datos estuviesen en su poder. Eso cambia radicalmente el enfoque. No se trata de alguien que busca pruebas mediante metodología vulneradora de derechos fundamentales.
Resumen: No existe eficacia prejudicial positiva de cosa juzgada en el proceso penal. Cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su específico contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto, a salvo, claro, de los supuestos que puedan dar sustento a una cuestión prejudicial. No se concreta tampoco en qué particular aspecto el cambio de instructor pudiera haber lesionado su derecho a la defensa y al Juez ordinario predeterminado por la Ley. No da lugar a la vulneración de este derecho la discrepancia en la aplicación de las normas de reparto. Sin razones, a nuestro juicio, suficientes para ello, se concluye que el acusado, arquitecto municipal, actuó con el inequívoco y directo propósito de vulnerar el ordenamiento jurídico, haciendo aplicación arbitraria del mismo, al otorgar dos informes favorables con respecto a dos pequeñas o medianas piscinas. La sentencia recurrida carece de motivación bastante en el marco del control que resulta propio como consecuencia del derecho a la presunción de inocencia. Valorando la prueba practicada, entendió el Tribunal que el dolo estaba en el caso ausente en la actuación de los cuatro acusados absueltos, criterio inferencial del que el Ministerio Fiscal discrepa. Sin embargo, no se podría rectificar el pronunciamiento absolutorio sin vulnerar los derechos fundamentales de los acusados.
Resumen: El problema que se plantea en casación unificadora consiste en decidir si cabe reconocer el derecho al plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad que se ha reclamado de la Comisión del Convenio Colectivo, sin que ésta haya dado respuesta a dicha solicitud. La sentencia aprecia la contradicción del art. 219 LRJS y reconoce la competencia de la citada comisión para reconocer el derecho reclamado, pero señala que el ejercicio de esa competencia se ha de ejercer en los términos pactados, de manera razonable y proporcional en cuanto a los tiempos de respuesta. En el caso enjuiciado los demandantes, en las fechas que se especifican (días de los meses de octubre y noviembre de 2013), presentaron solicitud ante la Comisión del Convenio Colectivo para el reconocimiento del plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad para sus respectivos puestos de trabajo, sin que se haya producido respuesta alguna, y sin arbitrar medida alguna de prórroga de los plazos marcados para resolver. Se presentan las reclamaciones previas en abril de 2014, lo que conduce a la estimación del recurso.
Resumen: Es necesario acreditar en la causa la autorización de la entrega vigilada, pues como medida de investigación que supone una autorización de libre circulación a productos ilegales y de ilícito comercio y transporte, exige unas especiales cautelas dirigidas a dar cobertura legal a tan excepcional supuesto de autorización, únicamente autorizada por el ordenamiento para favorecer la depuración de los hechos que se investigan.
Resumen: Recurso interpuesto por la acusación particular contra la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia. Se solicita la nulidad de las sentencias y la retroacción de las actuaciones al momento en que se denegaron indebidamente unas diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma, que no se admitieron. Conexión del derecho a la tutela judicial efectiva con el quebrantamiento de forma por denegación de diligencia de prueba. Para que exista quebrantamiento de forma es preciso que la denegación sea indebida, y, además, que sea pertinente y que sea necesaria. Las pruebas solicitadas por la acusación particular lo fueron en respuesta a la solicitud de la defensa unos días antes de la celebración del juicio oral. Las dos pruebas solicitadas, una de naturaleza testifical, fue correctamente rechazadas y la otra, consistene en darle traslado del informe de parte al perito designado en instrucción se llevó a cabo, al manifestar este perito que estaba suficientemente ilustrado. Elementos y características del delito de insolvencia punible. La declaración de hechos probados no recoge esos elementos: no hubo merma ni menoscabo del patrimonio del acusado
Resumen: Análisis de la figura agravada de la estafa. Análisis de los artículos 248, 249 y 250 número 2 en relación con el artículo 74 número 2 del Código Penal en su redacción dada por la LO 10/2010, con concurrencia de las circunstancias agravantes específicas de los apartados 1 y 6 del artículo 250 del Código Penal, de vivienda y especial gravedad por cuantía superior a 50.000 euros.
Resumen: Sentencia absolutoria. Valoración del principio "in dubio pro reo".
Resumen: No resultó vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que la inferencia realizada por el tribunal de instancia de la prueba indiciaria practicada se apoya en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Por la testifical practicada consta: que el recurrente se hizo con unos botes similares a los empleados para portar la orina antes de que sea analizada; que llenó los botes con un líquido de color similar a la orina; que llevó los botes guardados en su bolsillo a la enfermería en la que debía facilitar sus muestras de orina para ser analizadas; que cuando tenía las muestras en la mano intentó meterse las manos en los bolsillos del pantalón donde llevaba los otros botes; que, cuando fue sorprendido y se le pidió que vaciara sus bolsillos, aparecieron los botes que traía preparados; que, al ser sorprendido, dijo «me han pillado» y que «para qué les iba a engañar»; que unos 45 minutos después se realizó una nueva toma de muestras y, tras su análisis, el resultado fue positivo a cocaína. La conclusión a la que llega la sala de instancia no infringe las reglas de la lógica, ya que de la experiencia se infiere que los hechos acreditados constituyen un indicio claro de que el encausado utilizó un artificio, empleó un ardid, para cambiar las muestras de orina que habían de ser analizadas, con la clara intención de engañar y para evitar el resultado positivo a cocaína que finalmente fue constatado.
