Resumen: El contenido típico de la conducta consiste en coartar la libertad de la víctima por la superioridad derivada de la edad, posición social, y la superioridad del acusado. Se tienen en cuenta las circunstancias psicofísicas de la víctima que padecía un retraso mental moderado y alteraciones en su conducta, conservando la capacidad de autodeterminarse sexualmente, por lo que podía consentir y rechazar relaciones, pero el consentimiento fue obtenido, desde el prevalimiento del autor sobre la víctima derivado de la diferencia de edad y la superioridad física, intelectual y social.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula suelo por falta de transparencia. La sentencia de primera instancia, aplicando la jurisprudencia entonces vigente, condenó a restituir únicamente las cantidades cobradas a partir de la STS 9-5-2013. Apeló solo el banco y antes de que recayera sentencia de segunda instancia el TJUE declaró que no procedía limitar los efectos restitutorios, pero la AP no tomó en cuenta esta doctrina, dado que no había apelado el consumidor. El recurrente en casación considera que se vulneró su derecho a recobrar todas las cantidades cobradas en exceso desde que se aplicó la cláusula conforme a la jurisprudencia del TJUE. El banco se opuso por considerar que dicha pretensión era incongruente ya que la parte demandante no apeló. En cuestión prejudicial el TJUE declaró que los principios de justicia rogada, congruencia y prohibición de la reformatio in peius no deben ser impedimento para aplicar su jurisprudencia sobre la no limitación de los efectos restitutorios cuando la falta de impugnación por el consumidor afectado no pueda imputarse a una pasividad total de este. En consecuencia, habiendo sido dictada la sentencia Gutiérrez-Naranjo durante la tramitación del recurso de apelación, no advierte pasividad del consumidor. La sala en STS 579/2022,de 26 de julio asumió dicha doctrina del TJUE. Se estima el recurso de casación y se condena al banco a la restitución íntegra de las cantidades cobradas en exceso por aplicación de la cláusula suelo declarada nula.
Resumen: a) En los supuestos de aprovechamiento especial de bienes del dominio público no cabe imponer un tipo de gravamen del 5 por 100 sobre la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento cuando nos hallemos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de uso privativo y b) La Ordenanza Fiscal -en los casos en que coincidan aprovechamiento especial y uso privativo- deberá justificar la intensidad o relevancia de cada uno de ellos a la hora de cuantificar la tasa conforme a la legislación vigente, especialmente teniendo en cuenta el artículo 64 de Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.
Resumen: Dilación en el dictado de la sentencia. La duración injustificada que ha podido generarse durante el tiempo legalmente previsto para el dictado de la sentencia puede ser reparada mediante la aplicación de la atenuante prevista en el art. 21.6 del CP. No ocurre en el presente caso.
Resumen: Estimación parcial del recurso del condenado por delito de coacciones. En su condición de representante de las mercantiles propietarias de los hoteles, mediante la fuerza, fuera de las vías legales, se pretendió ejercer por el recurrente el derecho propio, impidiendo, como efecto reflejo, que los administradores y empleados de la cesionaria siguieran prestando los servicios pactados en las instalaciones ubicadas en los hoteles. Conducta que satisface las exigencias del tipo del art.455 CP. Para la sala de instancia, el incumplimiento, como presupuesto fáctico del derecho de resolución del contrato, solo puede calificarse como tal si previamente ha sido declarado, en caso de controversia, mediante la correspondiente resolución judicial, lo que no es correcto. Denegación de prueba: no se identifica un concreto potencial informativo del medio de prueba no practicado en relación con la información de la que dispuso el recurrente para estructurar adecuadamente su defensa, ni en cuanto a la omisión del requerimiento a la acusación particular para aportar ciertas claves y elaborar un informe pericial, como en relación con la acreditación de ciertos pagos mediante TPV. Se desestima el recurso de la acusación particular, se excluyó la apropiación indebida no porque se restituyera a la recurrente de sus bienes, sino porque no identifica dolo de apropiación dado el contexto de crisis de la relación contractual y las expectativas de compensación crediticias concurrentes.
Resumen: Recurso de la acusación particular: no existiendo un derecho fundamental a la presunción de inocencia invertida, el tribunal de casación no puede revocar una sentencia absolutoria basada en la convicción obtenida por el tribunal sentenciador como consecuencia de las pruebas practicadas ante él bajo el principio de inmediación, salvo que su valoración haya sido manifiestamente irracional, lo que no ocurrió en el caso; la alegación de la acusación referida a la indebida aplicación de las normas reguladoras de la prescripción de los delitos no puede prosperar, ya que no respeta el relato de hechos probados. Recurso de la defensa: al haberse extinguido la responsabilidad criminal por el instituto de la prescripción, no existe base para declarar como probados los hechos ni para subsumirlos en determinado tipo penal; habría bastado con que la sentencia señalara que los hechos objeto de acusación, de ser ciertos, podrían subsumirse en los tipos penales señalados por las acusaciones, añadiendo que no se puede examinar ni una ni otra cosa al entrar en juego el instituto de la prescripción; la sentencia de instancia, al declarar probados determinados hechos e incardinarlos en los tipos penales por los que se ejercía la acusación, realizó pronunciamientos perjudiciales a la recurrente -cuya responsabilidad penal estaba extinguida-, razón por la que, a pesar de su absolución, esta se encontraba legitimada para recurrir la sentencia.
Resumen: No puede prosperar una alegación de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva basada en una suerte de presunción de inocencia invertida, consistente en cuestionar desde la perspectiva fáctica, como hace la representación legal de la Administración sancionadora, la valoración probatoria del tribunal sentenciador, que, a la vista de la prueba practicada, incluida la realizada en sede judicial, no obtuvo la convicción necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia de la parte a la que realmente asiste tal derecho, que no es otra que el sancionado. En contra de lo que parece pretender la Abogacía del Estado, ni la ley ni la jurisprudencia que la interpreta obligan a los órganos judiciales a dar prevalencia a las presunciones de la comisión de la infracción disciplinaria en las que se basa la Administración sancionadora sobre la prueba directa practicada en el procedimiento.
Resumen: La resolución sancionadora se dictó dentro del término legal de seis meses, ya que el dies ad quem del plazo de caducidad se determina agregando al periodo de semestral los periodos de suspensión, que, en el caso, fueron dos, el derivado del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria COVID-19 y el ligado a la emisión de informe por el Consejo Superior de la Guardia Civil al amparo del art. 65.2 LORDGC. El tribunal de instancia contó con sobrados elementos de juicio para adoptar la decisión adoptada, como se desprende del pormenorizado apartado de "fundamentos de la convicción" de la sentencia recurrida, sin que quepa tacha de indefensión alguna, ya que los interesados pudieron alegar cuanto convino a su interés, con la debida asistencia técnica y posibilidad de contradicción. El derecho a un proceso en tiempo razonable y sin dilaciones indebidas opera en los procesos judiciales, pero no en los administrativos, en los que los excesos de tiempo en su tramitación producen otros efectos en orden a la caducidad de los expedientes.
Resumen: La sentencia impugnada argumenta de forma razonada y razonable los motivos por los que no admitió las pruebas propuestas, por lo que no se ocasionó indefensión material a la recurrente. El hecho de que la sentencia recurrida se dictara el mismo día en que concluyeron las sesiones del juicio oral no supone que la decisión estuviera preadoptada con anterioridad ni implica falta de imparcialidad del tribunal. La condena ex novo a través de recurso frente a sentencias absolutorias requiere de una modificación de los hechos, lo que exige que el acusado sea oído, trámite no previsto en el recurso de casación, por lo que en este solo cabe, con respeto absoluto al relato fáctico -incluso aunque se trate de revisar los elementos subjetivos del delito-, a través de la vía de infracción de ley cuando se dé una errónea subsunción penal de los hechos. Cuando concurren falta de respuesta por parte del tribunal o infracción de los arts. 24.1, 9.3 y 120.3 CE -en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos- por haber sido la respuesta dada arbitraria, irrazonable o absurda, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de actuaciones y la devolución a la instancia para nuevo examen. El tribunal sentenciador realizó una inferencia probatoria razonable, lógica y no arbitraria. Procede desestimar la solicitud de condena en costas a la acusación particular, al no apreciarse temeridad ni mala fe.
Resumen: Las pruebas consistentes en la geolocalización retrospectiva a los efectos del proceso penal, para su empleo, es necesario que no hayan sido obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Los datos conservados permanecen custodiados y no pueden tener más uso que su cesión a la autoridad judicial, cuando ésta lo ordene bajo un riguroso sistema de garantías y para el delito objeto de investigación. En cada caso, será el Juez de Instrucción correspondiente, el que decida la cesión de los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas, lo que implica que la decisión debe ser ajustada al principio de proporcionalidad. El tipo de trastornos que han sido reconocidos al recurrente forman parte de los trastornos del espectro afectivo en el que tendrían cabida el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del comportamiento alimentario, los trastornos de ansiedad y los trastornos mayores del estado de ánimo. Pero no pueden de forma directa asociarse a una eximente incompleta, sino, en todo caso, a una atenuante analógica, a no ser que vayan asociados a otra circunstancia grave que eleve el grado o nivel de afectación que, en el presente caso, "solo mermó" sus facultades por esa relación de "dependencia emocional" que cierto es que coadyuvó a cometer el ilícito penal, pero sin la consideración de eximente incompleta.
