Resumen: La sentencia analiza la pérdida de imparcialidad objetiva: si la ley procesal admite la posibilidad de plantear en varios momentos un mismo control de legalidad devolutivo, que no incide en la culpabilidad del acusado, nada impide que el control se realice por un órgano jurisdiccional con idéntica composición personal. Dilaciones indebidas: Atenuante muy cualificada. Transcurro de 9 años desde la entrada de la causa en la oficina del jurado hasta la celebración del plenario.
Resumen: Adscripción de Magistrados a la Sala de Apelación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El litigio surge en torno a la necesidad de resolver la situación en la que quedaron los Sres. Nazario y Norberto como consecuencia de la anulación judicial de sus nombramientos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y de encontrarse, al verse privados de esas plazas, sin ninguna, ya que aquellas de las que eran titulares antes de ser nombrados fueron objeto de provisión por otros magistrados en virtud de los concursos convocados al efecto. Desestimación del recurso, por falta de legitimación de las asociaciones JJpD y AFV, no explicando qué concreta afectación perjudicial a los intereses asociativos que persiguen han resultado de la resolución recurrida. Sus alegaciones se sitúan en el plano de la defensa de su entendimiento de la legalidad y se proponen proyectarlo sobre el caso concreto para propugnar una solución del mismo sólo en parte diferente a la resuelta por la Comisión Permanente.
Resumen: La declaración de la víctima, según ha reconocido en numerosas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada. La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde valorarla, en principio, al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de Casación le compete el control de la valoración realizada en la instancia, en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, como sucede con la declaración de un coimputado sin elementos de corroboración, pues carece de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
Resumen: El acusado podía querer convencerse ilusamente de que eran mayores. Pero se trataría en todo caso, de una creencia, débil, frágil; tan frágil que conviviría necesariamente con la conciencia de que lo más probable es que fuesen menores. El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: la sospecha de ilicitud excluye el error. El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. La duda, no casa bien con el concepto de creencia errónea. Los razonamientos del recurso, en otro orden de cosas, se adentran en una materia de revaloración de pruebas de carácter personal (testifical) y de otros elementos (aspecto de las menores. rostro, facciones, timbre de la voz..) en que despliega un protagonismo muy significado la inmediación y, que, por tanto, escapan a la fiscalización en casación. Que unas menores perciban esas conductas -prostituirse por unos pocos euros- como algo trivial, supone el reflejo del negativo impacto que actuaciones como las del recurrente dejan en la formación de las menores. Que además se les remunere el favor carnal con droga agrava ese daño en su desarrollo formativo. Alguna repercusión reparatoria ha de tener ese daño moral.
Resumen: Para que la ejecución conjunta pueda ser apreciada, no es preciso que todos y cada uno de los intervinientes en esa fase ejecutiva procedan a llevar a cabo la conducta prevista en el verbo nuclear del tipo. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en la acción, el cobro de la indemnización por un supuesto siniestro; una acusada aporta su documentación sobre el seguro para dar parte de un siniestro que le consta no se produjo; otro acusado interpone la denuncia del (inexistente) atropello; y otro afirma haberse ocasionado las lesiones que presenta, no como consecuencia de una paliza previa sino, de haber sido atropellado por la acusada con el vehículo asegurado y en esa condición de víctima de siniestro vial, es examinado. Se trata en definitiva de la consciente simulación de un siniestro para la obtención de la indebida obtención de una indemnización, conducta integrante del tipo de la estafa, que no precisa para su comisión que la autora conozca el nombre típico de la ilícita conducta que deliberadamente realiza; donde el artificio se instrumenta con su conformidad, a través de una denuncia ante el Juzgado. No ha existido una paralización injustificada que impide la aplicación de atenuante. Tampoco el cómputo global en la duración del proceso, aunque no fuere el ideal, puede tildarse de "dilación extraordinaria" como exige la norma.
Resumen: Imposibilidad de no puede ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación e investigación con la notificación de una segunda propuesta de liquidación y apertura de un nuevo trámite de alegaciones, antes de que hubiera concluido el procedimiento de comprobación limitada abierto para otro objeto.
Resumen: El atestado policial expresa que la confesión se efectuó voluntariamente al ser preguntado. No se duda de la voluntariedad. Pero es cuestionable la espontaneidad en la medida en que se estaba contestando a preguntas formuladas directamente por los agentes sin previa información de derechos. Ésta solo se efectuó a continuación. En consecuencia, hemos de expulsar del material probatorio esas manifestaciones. Las razones que fundan una previsión de permiso judicial en cuanto a la cesión de datos asociados a la comunicación radican en la afectación de derechos de nueva generación como son la autodeterminación informativa o el derecho a la identidad virtual. En ningún caso, se incide en el derecho al secreto de las comunicaciones. En el Pleno celebrado el 23 de febrero de 2010 se acordó, con relación a la interpretación de los arts. 6 y 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, que era necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Esa Ley no se hallaba en vigor cuando se perpetraron los hechos perseguidos en este procedimiento. Además, quien efectuó la inicial denuncia conocía legítimamente la IP y estaba obligada a denunciar facilitando cuantos datos estuviesen en su poder. Eso cambia radicalmente el enfoque. No se trata de alguien que busca pruebas mediante metodología vulneradora de derechos fundamentales.
Resumen: El contenido de este derecho constitucional a la presunción de inocencia no implica que su invocación abra el camino en casación para proceder a un nuevo juicio sobre los hechos y a una nueva valoración de la prueba que sustituya la ya realizada por los órganos judiciales. Sí que obliga el derecho a la tutela judicial efectiva a dilucidar si las inferencias lógicas llevadas a cabo no han sido irracionales, arbitrarias, erróneas o absurdas. Ahora bien, cuando de sentencias absolutorias se trata, ese control de la valoración, si no se da aquel componente de arbitrariedad, no puede amparar el reclamo de que se apadrinen conclusiones de valoración como fundamento de una condena pretendida pero no recaída, pretensión que se asemeja más a la denuncia de vulneración de una inaceptable presunción de inocencia invertida. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley", no siendo descartable en tales casos que dicha conducta tenga encaje en el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del art. 556 CP, con posibilidad de detención, que se traduce en obligación para el agente de policía judicial. No hay detención ilegal en estos casos.
Resumen: Los acusados no tenían intención alguna de continuar con la construcción de las viviendas, que de facto, no fueron realizadas, teniendo cada propietario que asumir su construcción final. Los acusados finalmente, endosaron algunas de las letras de cambio, siendo parte de ellas objeto de reclamación judicial o extrajudicial, con distinta suerte para los deudores cambiarios. Se relaciona la lista de perjudicados y títulos referidos. Se estima parcialmente el recurso de los condenados, dejando sin efecto la condena por los subtipos agravados. No se recoge en el hecho probado que la estafa recayese sobre viviendas de primera necesidad, como exige la doctrina de la Sala. Por otro lado, existe un error en la sentencia, que ni declara probado ni motiva la concurrencia del subtipo del art. 250.1.6 CP. El hecho probado no constitutivo de falsedad y sí de estafa, por cuanto la primera es llevada a cabo con aquiescencia y la segunda sí que concurre por la concurrencia de los elementos antes descritos. Análisis de la responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica. No puede declararse la nulidad de las letras al no haber traído al juicio a quienes resultaron ser los endosatarios de las cambiales que ya pagaron su importe y no han sido oídos. Necesidad de audiencia en juicio oral cuando se postula la nulidad de un negocio jurídico en el proceso penal.
Resumen: No existe eficacia prejudicial positiva de cosa juzgada en el proceso penal. Cada causa criminal tiene un propio objeto y su propia prueba y conforme a su específico contenido ha de resolverse, sin ninguna posible vinculación prejudicial procedente de otro proceso distinto, a salvo, claro, de los supuestos que puedan dar sustento a una cuestión prejudicial. No se concreta tampoco en qué particular aspecto el cambio de instructor pudiera haber lesionado su derecho a la defensa y al Juez ordinario predeterminado por la Ley. No da lugar a la vulneración de este derecho la discrepancia en la aplicación de las normas de reparto. Sin razones, a nuestro juicio, suficientes para ello, se concluye que el acusado, arquitecto municipal, actuó con el inequívoco y directo propósito de vulnerar el ordenamiento jurídico, haciendo aplicación arbitraria del mismo, al otorgar dos informes favorables con respecto a dos pequeñas o medianas piscinas. La sentencia recurrida carece de motivación bastante en el marco del control que resulta propio como consecuencia del derecho a la presunción de inocencia. Valorando la prueba practicada, entendió el Tribunal que el dolo estaba en el caso ausente en la actuación de los cuatro acusados absueltos, criterio inferencial del que el Ministerio Fiscal discrepa. Sin embargo, no se podría rectificar el pronunciamiento absolutorio sin vulnerar los derechos fundamentales de los acusados.
