Resumen: El acusado reconoció en el juicio oral las entregas de dinero y que les daba un capital respecto de las cantidades que se le fueron entregando y que dicho dinero no producía nada y que simulaba devolver capital más intereses. Se está ante una inversión simulada porque los comprobantes adjuntados a la causa (impresos del banco que entregaba el acusado a la familia) no provenían del banco, y no confirman esa supuesta inversión. El engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del perjudicado. Además configura el engaño típico la afirmación del propósito de cumplir las obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible. Sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. Existe un margen en que le está permitido a la víctima un relajamiento de sus deberes de protección, de lo contrario se impondría el principio general de desconfianza en el trafico jurídico. El acusado carece de la legitimación para denunciar la declaración civil subsidiaria de una entidad que ha sido parte en el procedimiento. La parte que propuso la prueba que le fue denegada, se ha aquietado con tal denegación. No puede la defensa del acusado- que no propuso aquella- alegar que su falta de práctica constituye quebrantamiento de forma.
Resumen: Existiendo una discusión inicial, seguida de una agresión mutua con golpes simultáneos entre los implicados, no cabe hablar de legítima defensa incompleta. No es posible apreciar la legítima defensa en los supuestos de riñas mutuamente aceptadas. Sobre las costas impuestas de la acusación particular, la regla general es que procede su imposición. Es posible, además, acordar su compensación, sin que por ello se vulnere la doctrina general en materia de imposición de costas, por cuanto el derecho a resarcirse del importe de una condena en costas decretada en una resolución judicial, lo ostenta la parte a la cual se le ha reconocido se le abonen las costas del proceso y no al letrado que dirigió profesionalmente a aquella, constituyendo, pues, un derecho de crédito de la parte litigante a la que se le reconoce el mismo que, por tanto, es la legitimada para reclamarlo. El recurrente impugna también -ahora en su condición de acusación particular- la apreciación de la atenuante de reparación del daño. El motivo se desestima, en tanto que el otro acusado-perjudicado consignó el día anterior a la celebración del juicio oral (elemento cronológico),una cantidad coincidente con la que el Ministerio Fiscal solicitaba como indemnización y no difiere en demasía de la establecida en la sentencia (elemento sustancial).
Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos: infracción de los principios de legalidad y tipicidad (art. 25.1 CE); vulneración del derecho de defensa por denegación de pruebas (art. 24.2 CE); vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); infracción del principio de proporcionalidad de la sanción (art. 19 LORDGC). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo (art. 90.4 LJCA, reformada por LO 7/2015), en los términos en que a priori se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictar la sala pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La contaminación acústica es un ataque contra la salud y el medio ambiente. Estamos ante un delito que responde a la estructura que es propia de los delitos de peligro hipotético, también denominados de peligro abstracto-concreto. Se trata de un delito cuya base es la infracción de ordenamiento que sobrepasa los límites de lo permitido, requiriendo que sanción que infringe el ordenamiento se ha valorado como perjudicial para lo que es preciso acudir a la normativa específica. Por otra parte desde la tipicidad subjetiva, el dolo de este delito consiste en el conocimiento de que la acción realizada, en el caso las emisiones acústicas, genera un riesgo grave en el bien jurídico. Normalmente, será un dolo eventual ya que la conducta lesiva del medio ambiente se limitará a poner en peligro como resultado de la acción el bien jurídico con conocimiento de la acción que se desarrolla y la potencialidad de riesgo. El peligro contra el medioambiente generado por la conducta ha de ser grave, siendo éste el criterio diferenciador entre las conductas penalmente relevantes y aquellas que sólo tienen la consideración de infracciones administrativas. En el ámbito propio de la contaminación acústica, la valoración de la gravedad ha de atender a la continuidad e intensidad del ruido, así como a la prolongación en el tiempo. La generación de un riesgo grave para la salud de las personas (art 325.2 CP) representa un tipo autónomo que añade un potencial peligro a la estructura del tipo básico.
Resumen: Presupuestos informativos y motivación exigible a las decisiones judiciales que autorizan las medidas de intervención telefónica y sus prórrogas. Doctrina de la Sala. Deber de motivación de la decisión de condena. Las exigencias derivadas del derecho a conocer la acusación no se extinguen con la concreción por parte de las acusaciones de los hechos sobre los que fundan sus respectivas pretensiones de condena. En una suerte de progresión cualitativa, alcanzan su máximo auge garantizador con la propia sentencia pues las partes deben conocer con claridad y precisión, como se reclama en las leyes procesales, los hechos sobre los que se basa la declaración de condena. En el caso, la sentencia recurrida no cumple de forma adecuada el programa de justificación probatoria. Pero ello no permite concluir en el caso que la condena carezca de base probatoria. Las [indebidas] llamadas a la heterointegración documental que realiza la resolución recurrida nos permiten identificar datos probatorios que adquieren un valor corroborativo significativo de la hipótesis acusatoria. La acreditación del perjuicio causado por el uso de tarjetas falsificadas no exige de forma necesaria la llamada a la causa como testigos de los titulares de las tarjetas legítimas. Estos son absolutamente ajenos a los hechos. No pueden aportar ninguna información factual sobre la mecánica comisiva. Ni sobre quién, ni cómo ni dónde ni cuándo se ha producido el uso fraudulento.
Resumen: El TS examina, en relación con el delito de estafa procesal la necesidad de identificación de la ley penal más favorable en o supuestos de continuidad delictiva cuando los hechos se han llevado a cabo bajo la vigencia de distintas normas penales en el tiempo. Necesidad de comparar los respectivos núcleos de prohibición de la ley vigente al tiempo de los hechos y de la ley posterior. La reforma de 2010 redujo y precisó el tipo de estafa procesal respecto a la regulación anterior. A tal efecto, el TS afirma que es evidente que la reforma de 2010 no solo modifica la ordenación numeral del tipo de estafa procesal sino también el núcleo de prohibición con un claro doble efecto: de reducción, por un lado, y de precisión del significado de los elementos normativos, por otro. El legislador de 2010 limita el reproche a la conducta de fraude procesal, que sí aparece mencionada en la norma derogada, delimitando, además, su contenido típico en el nuevo artículo 250.1. 7º CP, prescindiendo, sin embargo, de la simulación de pleito. La simulación de pleito, por recaer sobre objeto inexistente, prevista en el tipo anterior a la reforma de 2010, ya no forma parte del nuevo tipo como forma específica de acción.
Resumen: Legitimación activa de las Autoridades Portuarias para impugnar aquellas resoluciones económico administrativas que les afecten y que no provengan del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado.
Resumen: Se condena en la instancia por tres delitos al administrador de derecho, como autor, y se condena, por uno solo, a la administradora de hecho (como cómplice), que se corrige con ocasión de apreciar la prescripción al haber superado el plazo de tres años el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de consumación del delito, en enero de 2009 y la de incoación de las actuaciones, enero de 2014. Respecto del recurso del autor, administrador de derecho y sujeto obligado, todo el recurso gira sobre una misma idea, la de que no tenía conciencia de lo que hacía ni voluntad de hacerlo, pues la culpa de todo la tiene la otra acusada, a quien había dado un poder tan amplio que ella podía hacer cuanto quisiera, de lo que se aprovechaba debido a su incapacidad. El TS desestima tal tesis y examina los elementos del tipo del art. 305.1 b) y, en particular, el dolo. En este sentido afirma que en los hechos probados, queda apuntalado un dominio funcional del hecho delictivo por parte de este acusado, mediante los datos que aporta en orden a corroborar su participación activa en esa actividad defraudatoria.
Resumen: Imparcialidad del tribunal al intervenir alguno de sus miembros en el auto de transformación. Se desestima la queja porque no se formuló previa recusación. Renuncia a la dispensa del artículo 416 de la LECrim cuando el pariente que declara en juicio está constituido en acusación particular. Atenuante de dilaciones indebidas: se rechaza su apreciación en un proceso con una duración total de 5 años, con cierta complejidad y en la que se formularon distintos recursos durante su tramitación.
Resumen: Principio acusatorio: Homogeneidad entre el delito de homicidio y el delito de lesiones. El delito de lesiones como de resultado y delito doloso. Dolo eventual. Cabe delito por la representación del resultado.
