Resumen: La sección admite el recurso de casación 5170/20, en el que se plantea una cuestión idéntica a la que han dado respuesta favorable las sentencias estimatorias dictadas en los recursos de casación 6513, 3352, 7897, 6529, 6903, 8316/19, 221/20 y 6866/19. Al igual que en aquellos casos, la cuestión que se entiende tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si cabe la realización simultánea de los cursos para obtener la convalidación del título habilitante (Licenciado, Graduado en Derecho o Título Universitario de Grado equivalente) obtenido en el extranjero y los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para la profesión de abogado (Máster), o, por el contrario, es preciso haber obtenido previamente la convalidación del título habilitante para, posteriormente, ser admitido en el Máster. Se identifican como normas jurídicas que, en principio, deben ser objeto de interpretación: arts. 2 de la Ley 34/06 y 2 del Real Decreto 775/11.
Resumen: Eximente completa de enajenación mental. El cauce casacional empleado exige el respeto pleno a los hechos declarados probados. En los hechos probados no existe dato alguno en el que se pueda sustentar la eximente o la atenuante pretendida en el recurso, pues en los mismos solo se hace constar que al acusado "se le apreció en procesos penales anteriores tanto la eximente como la atenuante de enajenación mental". En la jurisdicción penal no vincula el contenido de otra u otras sentencias o resoluciones dictadas en el mismo o en otro orden jurisdiccional, a salvo de los supuestos de cosa juzgada. Motivación de las resoluciones judiciales. Voluntad impugnativa. La sentencia contra la que se plantea el recurso de casación es la de apelación. Motivación de las sentencias dictadas por los Tribunales de Jurado: menor exigencia por su carácter lego. El Magistrado Presidente no se excedió en su labor al valorar la prueba. Imposibilidad de que se exija el mismo nivel de motivación al Magistrado Presidente, como juez profesional, que a los jurados. El Magistrado Presidente debe complementar la sentencia sin alterarla. Atenuante de confesión: requisitos que han de concurrir. No concurre en el presente caso. La entrega del acusado ante las autoridades se realizó tras un asesoramiento legal y limpio y con ropas inapropiadas, probablemente para deshacerse de las ropas que portaba cuando cometió los hechos. Tampoco colaboró en la búsqueda del arma empleada.
Resumen: En las agresiones conjuntas no es preciso que se concrete en la sentencia la acción individual que realizó cada uno de los coautores, pues cada uno de los hechos ejecutados es un hecho de todos que a todos pertenece, generándose entre los coautores un vínculo de solidaridad que conlleva la imputación recíproca de las distintas contribuciones parciales. La agravante de abuso de superioridad concurre cuando la defensa de la víctima queda ostensiblemente debilitada por la superioridad personal, instrumental o medial del agresor que se ve por ello asistido de una mayor facilidad para la comisión del delito, y el elemento subjetivo del abuso de superioridad reside simplemente en el conocimiento de la misma y en su consciente aprovechamiento o dicho de otra forma, en la representación de la desigualdad de fuerzas o medios comisivos y en la voluntad de actuar al amparo o bajo la cobertura de dicha desigualdad. Es objetivo y evidente el desequilibrio de fuerzas existente entre los agresores, provistos de sendas armas de fuego, y los agredidos, desarmados. Como tampoco puede negarse, con razón, el concurso del elemento subjetivo de esa circunstancia por parte de los agresores (conocimiento y voluntad de aprovechar la situación de desequilibrio buscada por ellos con este fin). Aunque los agredidos pudieran haber previsto con cierta antelación el inminente ataque, ello no excluye la aplicación de la circunstancia agravante de abuso de superioridad.
Resumen: La prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado. Incorporar al proceso declaraciones testificales a través de testimonios de referencia implica la elusión de la garantía constitucional de inmediación de la prueba al impedir que el Juez que ha de dictar Sentencia presencie la declaración del testigo directo, privándole de la percepción y captación directa de elementos que pueden ser relevantes en orden a la valoración de su credibilidad. El motivo de incongruencia omisiva no puede prosperar si previamente no se ha intentado su subsanación; y el recurrente, aunque formulara la oportuna protesta, ulteriormente no acudió al preceptivo y previo recurso de aclaración, que constituye presupuesto insoslayable para intentar un recurso de casación por incongruencia omisiva. La nueva definición de la coautoría acogida en el art. 28 CP 1995 como "realización conjunta del hecho" viene a superar las objeciones doctrinales a la línea jurisprudencial que ya venía incluyendo en el concepto de autoría, a través de la doctrina del "acuerdo previo", a los cooperadores no ejecutivos, es decir a quienes realizan aportaciones causales decisivas, pero ajenas al núcleo del tipo.
Resumen: Recurso de casación y sentencias absolutorias: doctrina TEDH, TC y TS. Condena en costas a la acusación particular: mala fe y temeridad. Distribución de costas, varios acusados y varios delitos. Necesidad de petición expresa. No producción de indefensión material.
Resumen: El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En cuanto a la alevosía, el TS viene aplicándola a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo. El derecho de defensa del acusado absuelto impide realizar con ocasión del recurso un nuevo juicio de culpabilidad si aquél no es oído con inmediación por el Tribunal que conoce del recurso, como ocurre con el recurso de casación.
Resumen: La sentencia de instancia inadmitió el recurso contencioso-administrativo al carecer la parte recurrente de la debida legitimación para su interposición. Consideran que la actuación administrativa en nada afectan a sus intereses, en la medida en que la condición y los términos del contrato de arrendamiento de su vivienda permanecen inalterados. La Sala estima al recurso de casación. Las viviendas ocupadas pasan del sector público a una empresa privada, con las diferencias que, en cuanto al grado de protección social de la vivienda y de sus arrendatarios, ello implica. Es claro que afecta a la situación de un arrendatario acogido a un régimen público de viviendas de protección oficial, su transmisión al ámbito privado, de modo que esta alteración de la condición y cualidad del arrendador no puede considerarse indiferente para los arrendatarios. El cambio de régimen jurídico no es meramente abstracto, antes bien, tiene consecuencias directas y concretas en los arrendatarios, dada la diferencia entre los fines sociales que tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador. Al tratarse del derecho de acceso a la jurisdicción y operar en toda su intensidad el principio pro actione, cabe concluir que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la inadmisión recurso contencioso-administrativo, realiza una interpretación excesivamente rigorista. Se acuerda la retroacción de actuaciones.
Resumen: La fuerza policial que solicitó el registro de las viviendas aportó un conjunto de datos de suficiente contenido incriminatorio para sospechar fundadamente que en cualquiera de los domicilios de ambos acusados podían encontrarse sustancias prohibidas y objetos relacionados con el tráfico ilícito de las mismas. Esos datos fueron expresamente reflejados en el auto judicial autorizante de los registros, sin que fuera preciso que los agentes policiales hubieran presenciado más encuentros personales. Los indicios deben valorarse en su conjunto, no de modo aislado o fragmentado. No cabe duda que la participación de los recurrentes se ha acreditado con suficiencia, incluido el conocimiento de aquél que transportaba la droga. El hecho de que el acusado sea consumidor habitual de las sustancias que se le ocuparon no permite suponer con automatismo y sin mayor justificación alguna que parte de dicha sustancia estuviera destinada a su auto consumo. La naturaleza y características de la participación del recurrente no permiten apreciar las notas propias de la complicidad. El recurrente intervino como adquirente y transportista de la droga. Su conducta puede encuadrarse en actos de tráfico o favorecimiento que colman las exigencias típicas del artículo 368 CP. Se estima el recurso en lo que concierne a la pena de multa fijada en una extensión de casi el doble de su cuantía mínima sin justificación alguna y sin que se aprecien circunstancias que justifiquen esa mayor intensidad punitiva.
Resumen: Mientras subsista la medida cautelar de privación del pasaporte, la misma deberá computarse a los efectos del artículo 59 CP hasta que se materialice el ingreso en prisión del condenado para cumplimiento de la pena privativa de libertad que le fue impuesta, salvo que el Tribunal encargado de la ejecución apreciara prácticas abusivas para retrasar injustificadamente ese momento en el tiempo, lo que podría dar pie, con un tratamiento análogo al que respecto al cómputo de los días de prisión incorpora el artículo 504.5 LECRIM, a descontar el lapso temporal derivado de demoras imputables al penado. En cuanto a las comparecencias "apud acta", lo que produce la aflicción que se repara no es el establecimiento de la obligación, sino su cumplimiento. Cuál haya sido exactamente éste, o lo que es lo mismo, cuántas comparecencias llegaron a efectuarse, es una cuestión de hecho, respecto a la que habrá de estarse a aquello que resulte constatado en la causa por cualquiera de los medios válidos en derecho.
Resumen: La ausencia de registro audiovisual del acto en el que se fijó el objeto del veredicto fue conocida y admitida por todas las partes intervinientes desde el primer momento y, así mismo, no se opuso objeción alguna por ellas. Y además, no cabe apreciar irregularidad alguna por el hecho de que no quedara grabación en soporte audio visual del acto en que se elaboró el objeto del veredicto. El Magistrado-Presidente ha de ofrecer las que considere que proceden, pero empezando por la que ofrezca la versión más grave, e ir descendiendo hasta la más leve, haciendo la advertencia expresa del carácter excluyente entre ellas y la indicación de que la deliberación ha de comenzar por la primera, si no se logra la mayoría necesaria para aprobarla, pasar a la segunda y así sucesivamente, de manera que habrá de articular una secuencia escalonada de alternativas excluyentes. No es necesario que cada coautor ejecute por sí mismo los actos materiales integradores del núcleo del tipo. A través del desarrollo del "pactum scaeleris" y del co-dominio funcional del hecho cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. En presencia de trastornos de personalidad no cabe hablar de exención completa pues no se anula el conocimiento ni la voluntad, valorándose como atenuante analógica, y solo excepcionalmente como eximente incompleta en supuestos especialmente graves.
