Resumen: La correspondencia entre objeto inculpatorio y objeto acusatorio excluye cualquier efecto de indefensión. El Tribunal no puede novar el objeto procesal, introduciendo contenidos fácticos no contemplados por las acusaciones, que, de no plasmarse en el relato de hechos probados, impedirían el éxito de la acción penal. El delito de deslealtad profesional es preciso que verse sobre conductas profesionales que supongan el incumplimiento de algunos de los deberes de tal profesión: la conducta de distracción se sitúa en un momento posterior a la propia actuación profesional al servicio del derecho a la acción civil. No consta que la conducta del profesional alterara el desarrollo de los correspondientes procesos judiciales perjudicando notoriamente a la actora. La desviación se produce en el ámbito del mandato, pero fuera de los estrictos márgenes del proceso. En esa medida, solo se identifica al patrimonio como bien jurídico lesionado.
Resumen: Archivo de denuncia por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Decisiones del ámbito jurisdiccional, ajenas al control por vía disciplinaria.
Resumen: El art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de este. El hecho de que un consumidor no haya interpuesto recurso en el plazo oportuno puede imputarse a que, cuando se dictó la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo) ya había transcurrido el plazo en el que se podía interponer recurso de apelación o impugnar la sentencia en virtud del Derecho nacional, por lo que no le es reprochable una actitud pasiva. La aplicación de los principios procesales nacionales de justicia rogada, de congruencia y de prohibición de reformatio in peius, al privar al consumidor de los medios procesales que le permiten hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva 93/13, puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de tales derechos, vulnerando el principio de efectividad.
Resumen: Sentencia parcialmente revocada por el TSJ, que absolvió al condenado por el primer acto apropiatorio al concurrir la excusa absolutoria del art. 268 CP (víctima y acusado eran hermanos) y, por el segundo, al existir ausencia de tipicidad en el hecho enjuiciado al faltar el elemento subjetivo, porque no ha existido apropiación definitiva del dinero. Examen de la operatividad de la excusa absolutoria entre hermanos; con la nueva redacción del CP de 1995 no se exige la convivencia más que entre afines. Correcta condena al abono de la responsabilidad civil: es cierto que en principio una vez acordada la absolución anticipada por un delito contenido en la actuación, no sería posible un pronunciamiento respecto a la responsabilidad civil que si hubiera derivado del mismo, debiendo acudir a la jurisdicción civil para obtener el resarcimiento que fuera procedente, pero es doctrina consolidada la que afirma que el art. 268 CP permite la condena al resarcimiento civil. No cabe invocar la infracción de las normas procesales civiles por la vía del art. 849.1 LECrim; tampoco cabe el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, pues salvo reserva del perjudicado, el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro sistema penal y el propio art. 1092 CC establece que las obligaciones civiles que surgen de los delitos se regirán por las disposiciones del Código Penal.
Resumen: La reforma operada por la Ley 41/2015 vino a satisfacer una antigua exigencia del orden penal de la jurisdicción, la doble instancia. Ahora, una vez superada la necesidad de atender la revisión de las sentencias condenatorias exigidas por los Tratados Internacionales, la casación ha de ir dirigida a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a través de la función nomofiláctica, esto es, fijar la interpretación de la ley. La sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el tribunal Superior de Justicia y, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación. El incumplimiento de los requisitos formales que rodean el recurso de casación daba lugar, anteriormente, a la inadmisión del recurso. La doctrina jurisprudencial ya no es tan exigente. La actual jurisprudencia trasciende de las cuestiones formales de carácter accesorio y atiende a las normas materiales. La estimación del motivo esgrimido al amparo del artículo 849.2 LECrim exige: a) que se funde en verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia; c) que el dato que el documento acredite no esté en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado sea importante para modificar algún pronunciamiento del fallo
Resumen: El socio de un club de campistas, expulsado a resultas de haber causado y no reparado unos daños a las instalaciones del camping, formuló demanda de impugnación del acuerdo de expulsión pidiendo su nulidad y que se le repusiera en sus derechos, pretensiones que fueron estimadas en segunda instancia, en síntesis, por considerar que se había vulnerado el art. 25.1 CE y el principio del non bis in idem dado que la misma conducta fue sancionada tres veces (con multa, suspensión de derechos y expulsión). Inexistencia de error en la valoración probatoria. Deficiente formulación del motivo y además, atribución de un valor vinculante que no tienen a determinadas pruebas. El art. 25.1 CE no es aplicable a la potestad disciplinaria de las asociaciones. El club de campistas demandado tiene, al menos de facto, naturaleza asociativa y se rige por la Ley de asociaciones, y su jurisprudencia. No es una asociación que ostente, de hecho o de derecho, una posición de dominio en el campo económico, cultural, social o profesional, que excluya la aplicación de la doctrina jurisprudencial relativa a las "asociaciones puramente privadas", ni tiene especial relevancia constitucional. La apreciación judicial se limita a verificar si se han dado las circunstancias que puedan servir de base a la medida disciplinaria, dejando el juicio sobre esas circunstancias a los órganos directivos de la asociación. Extralimitación de la Audiencia.
Resumen: Derecho a los medios de prueba pertinentes. La prueba rechazada para que tenga operatividad debe ser trascendente, pertinente y necesaria. Este análisis se lleva a cabo ex post a la sentencia para evaluar la posible incidencia en una posible nulidad. Presunción de inocencia. El control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Se entienden incluidos en el derecho al proceso debido. La versión que de los hechos ofrezca el acusado, deberá ser aceptada o rechazada por el tribunal de modo razonado. La carga de la prueba de los hechos exculpatorios recae sobre la defensa. Las coartadas falsas no pueden ser consideradas como indicio con el que fundar una sentencia condenatoria, pero sí que operan como un elemento valorativo para formar la convicción del Tribunal cuando existe prueba directa o indiciaria del hecho delictivo. Delito de tortura y su diferencia con el delito de atentado contra la integridad moral. En el primero el sujeto activo tiene que abusar de su cargo, lo que significa un comportamiento extralimitativo, prevaliéndose de su condición pública.
Resumen: Se trata en el recurso el debate sobre la arbitrariedad del decreto prevaricador dictado por un Concejal de Urbanismo con argumentos no acogidos en la instancia, motivo rechazado por considerar razonable la conclusión alcanzada por el Tribunal sentenciador. El delito de prevaricación administrativa es un delito especial propio y de mera actividad e infracción del deber. Cuestionada la personación de la acusación particular del Ayuntamiento, se rechaza por entender que es el perjudicado del delito. No se produce indefensión alguna al condenar por un delito de prevaricación distinto al que se acusaba, a pesar de que el escrito de la acusación popular tenga ciertas deficiencias y de que se le condene como cooperador necesario, al conocer la defensa los hechos por los que se le acusaba y las calificaciones jurídicas. La acusación popular está legitimada para personarse en este procedimiento debido a que, a pesar de los intereses particulares que resultan afectados, se trata de un delito de corrupción en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención.
Resumen: La sentencia de instancia desestimó la demanda de reclamación de prestación por desempleo formulada por la trabajadora frente al SPEE y la intervención de CAIXABANK SA. Recurrida en suplicación por el SPEE y CAIXABANK SA. La sentencia de suplicación desestimó el recurso del SPEE, pero no da respuesta al recurso formulado por CAIXABANK, limitándose a remitirse a lo resuelto en otros asuntos similares. La cuestión que se plantea en este recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar si ha incurrido en incongruencia omisiva la sentencia impugnada, que ha resuelto únicamente uno de los dos recursos de suplicación que se le planteaban -el del trabajador- no habiendo resuelto el recurso interpuesto por la empresa. La Sala IV tras referir doctrina del TS y del TC sobre la exigencia de congruencia en las sentencias, concluye que tales cuestiones debieron ser expresamente contestadas fundadamente por la Sala, que no lo hizo, infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad recurrida. En consecuencia, declara la nulidad de la sentencia recurrida para que pronuncie sobre las cuestiones formuladas por la entidad recurrente.
Resumen: Lesiones. La aplicación del artículo 147 CP exige que el tratamiento sea prescrito por un médico. Modalidad agravada del artículo 148.1 CP: el tipo agravado se configura como un delito de peligro concreto, en el que la peligrosidad del elemento utilizado para perpetrar la agresión viene determinada por sus características y su aprovechamiento por parte del agresor. La defensa policial puede integrar objetivamente el concepto de instrumento peligroso, pero, en este caso, dada la forma en que se utilizó y el resultado producido, se revela que no se generó un riesgo superior al que colma el tipo básico. Por lo menos no el suficiente para justificar la agravación penológica. Aplicación facultativa de la pena prevista en el artículo 148 del Código Penal. Cumplimiento de un deber, requisitos como eximente, como eximente incompleta y como atenuante. En este caso no se da. Empleo injustificado e innecesario de la violencia. La falta de condena por aplicación de la DT4ª LO 1/2015 no exime de la condena en costas. Doctrina de la Sala Segunda sobre la distribución de las costas cuando hay varios delitos y/o varios acusados: la jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados (hechos punibles y no calificaciones diferentes). Dentro de cada delito, se divide, entre los acusados, para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos.
