Resumen: Es patente que el hecho probado establece una clara conexión entre la dádiva (contratación de la hija) y una actuación como funcionario (modificación de unos informes). Sin embargo, el material probatorio que apuntala de manera robusta la condena por prevaricación se revela como insuficiente por falta de carácter concluyente, para llegar a la certeza absoluta de que el recurrente sabía que esa anómala contratación obedecía a una "retribución" por una concreta actuación del funcionario a cuyo familiar se favorecía. No es descartable que ignorase ese trasfondo y actuase creyendo que era una forma de beneficiar a un familiar; pero no contrapartida a un acto del funcionario. Hay decisiones diferenciables y separadas en el tiempo con un dolo que, dentro de una inercia, ha de ser renovado y actualizado cada vez. Es un delito continuado. Hay actos administrativos diversos y secuenciados que por, sí mismos, integrarían cada uno de ellos un delito de prevaricación. No sólo es la contratación, son las sucesivas prórrogas. No toda infracción de los plazos procesales ni cualquier excesiva duración temporal de unas actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Sobre las circunstancias específicas de cada supuesto han de proyectarse los criterios objetivos (complejidad, márgenes ordinarios de duración de litigios semejantes, intereses arriesgados, conducta de las autoridades) que han de orientar al intérprete.
Resumen: Las pretensiones de modificación del relato fáctico solo podrán encauzarse a través de un motivo formalizado por error de hecho en la apreciación de la prueba, desde la perspectiva de la acusación, o, además, a través de la alegación de la presunción de inocencia, desde la óptica de la defensa. La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia. La motivación de la resolución judicial ha de ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error o de la arbitrariedad. La resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión.
Resumen: El derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el art. 24.1 CE comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada un derecho de los jueces y tribunales y exige que las sentencias expliciten de forma bastante, las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante. Distinción entre prueba ilícita y prueba irregular. La diferencia entre la prueba ilícita y la prueba irregular habrá de advertirse en relación con las pruebas relacionadas con ellas, ya que para las derivadas de las pruebas ilícitas se impone asimismo la ineficacia como lógica consecuencia de una fuente de contaminación -la llamada en el ámbito anglosajón doctrina del fruto podrido o manchado ("the tainted fruti) o, genéricamente, doctrina de los "frutos del árbol envenenado, mientras que para las derivadas de las simplemente irregulares no se produce tal radical consecuencia, por mor de lo dispuesto en el art. 242 LOPJ, y nada obsta a que la convicción se obtenga por otros acreditamientos en la materia. Aunque la prueba consistente en la exploración de la menor -que no ha sido tenida en cuenta por la Sala- resulte ser defectuosa, ya que la grabación de la misma resulta inaudible, y por ello no es posible su utilización, a ello no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 11 de la LOPJ, ya que no estamos en el supuesto de prueba ilícita. Error de hecho, presupuestos.
Resumen: Los requisitos exigidos para la validez de la intervención telefónica son los siguientes: de proporcionalidad de la medida, existencia de indicios de un delito y de la intervención en él de una o varias personas y que por la observancia telefónica se podrán conseguir datos importantes para acreditar el delito o la participación en el mismo del delincuente y explicitación de la justificación, mediante la pertinente motivación. Los requisitos expuestos concurren en el supuesto de autos pues la petición policial tenía base en larga labor policial previa de investigación, con controles, vigilancias y seguimientos policiales. No se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, debido a que la sentencia recurrida describe de forma detallada los elementos de convicción en los que se sustenta el relato de hechos probados, así como el razonamiento seguido para determinar la existencia de los elementos del tipo penal aplicado.
Resumen: Demanda por intromisión en honor, imagen e intimidad de cuatro menores por manifestaciones en un programa de TV de crónica social. La demanda fue desestimada en apelación al considerarse que no fueron ofensivas ni para la madre ni para los hijos y que las imágenes de estos aparecían difuminadas y no permitían su identificación. Falta de claridad y precisión en el planteamiento de las infracciones procesales, al acumular cuestiones heterogéneas. Además, la sentencia es congruente y motivada, al dar respuesta fundada a todas las pretensiones debatidas, y mantiene una posición equidistante respecto de las partes, por lo que tampoco vulnera el principio del juez imparcial. Revisión en casación del juicio de ponderación del tribunal sentenciador. El protagonista de la noticia era el padre de los menores, no estos, a lo que se aludió de forma accesoria. Los programas de crónica social también tienen interés público, dado que son tolerados socialmente y seguidos por una gran parte de la población. No se vulneró el derecho a la intimidad de la demandante porque no fueron los medios sino su esposo el que expuso públicamente aspectos íntimos de cuya exposición se benefició la propia demandante a través de la sociedad que gestionaba. Tampoco se vulneró su honor y propia imagen. En cuanto a los hijos, porque las referencias a los mismos son tangenciales y accesorias, sin entidad para lesionar su honor e intimidad, y porque sus imágenes fueron difuminadas
Resumen: Ejecución de título no judicial (aval individual de la Ley 57/1968). Estimación de la oposición, en síntesis, por no acompañarse por la parte ejecutante el documento fehaciente de no inicio o falta de entrega de la vivienda necesario para integrar el título de ejecución y por no constar que hubiera optado por la rescisión contractual, pues una vez llegada la fecha de previsión de entrega de la vivienda se produjo la prórroga del aval a solicitud de la promotora y de la propia demandante, fijándose nueva fecha de entrega. Nueva demanda de resolución contractual contra promotora y avalista interesando la condena a devolver los anticipos más sus intereses. La demandante adujo que se le quiso entregar una vivienda distinta a la pactada. Al contestar la promotora adujo cosa juzgada, excepción que fue estimada en ambas instancias al considerarse que la cuestión de si había existido incumplimiento ya se había debatido en ejecución. La cosa juzgada de lo resuelto en los incidentes de oposición en los procedimientos ejecutivos con respecto a los juicios declarativos posteriores. El auto que resuelve el incidente de oposición a la ejecución tiene efectos equivalentes a la cosa juzgada de las sentencias firmes respecto de las cuestiones susceptibles de ser planteadas en ese incidente, pero no cuando no se pueden plantear en él. En este caso, cabía discutir en ejecución si hubo incumplimiento del plazo, no otras cuestiones como la existencia de aliud pro alio. Reposición de actuaciones
Resumen: Queja presentada por particular ante la demora en la resolución de recurso interpuesto ante el órgano judicial en relación con el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita. Incoación de diligencias informativas con el fin de averiguar el motivo del retraso. Acuerdo ajustado a Derecho.
Resumen: La revisión de la decisión de denegación de prueba ha de hacerse a la luz de la sentencia dictada (ex post). Se trata de constatar después de conocer la sentencia si la denegación ha provocado indefensión. Para elaborar este juicio no basta con determinar su pertinencia, sino que es necesario afirmar su trascendencia, tomando en consideración el posible resultado más favorable a los intereses de la parte que lo propuso. En caso de que se determine su superfluidad, resulta improcedente en aras a la garantía del derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas la anulación de la sentencia, por causas que materialmente no van a influir en la resolución tomada.
Resumen: Impugnación de una resolución económico-administrativa que desestima un recurso de anulación del artículo 241 bis de la LGT. Posibilidad de analizar en la resolución judicial, en todo caso, la primigenia resolución dictada por el tribunal económico-administrativo que fue objeto del recurso de anulación. Remisión a la sentencia de 3 de mayo de 2022, RCA 4707/2020.
Resumen: Con anterioridad a la reforma de la LO 1/2015 se distinguía el tipo penal de la apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal por distracción de dinero (art. 252 del C. Penal), del delito societario de administración desleal (art. 295 del C. Penal) atendiendo al criterio de la disposición definitiva de los bienes del patrimonio de la víctima. En estos casos hay que hablar legalmente de apropiación indebida, y de su modalidad de distracción cuando se trata de dinero u otros bienes de fungibilidad similar. Presunción de inocencia, ámbito del recurso de casación. Dilaciones indebidas, presupuestos. Es necesaria una motivación especial de la pena, en los supuestos siguientes: a) cuando la pena se exaspera al máximo, b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada, c) cuando uno de los autores de los mismos hechos en quien no concurren especificas circunstancias de agravación es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, cuando en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad y e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados (tentativa, atenuantes plurales o cualificadas y eximentes incompletas), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada. Límites a la revisión de sentencias absolutorias.
