• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 1357/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Empresa encargada de la gestión y cobro de los impuestos de un Ayuntamiento. Presunción de inocencia: Alcance de su análisis en casación. No supone la sustitución de la valoración de las pruebas practicadas por la del órgano de casación. Existencia de prueba de cargo bastante. Dilaciones indebidas: debe considerarse que una duración temporal superior a cinco años es un plazo irrazonable e inasumible. Criterios para la estimación de si concurren o no dilaciones indebidas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos procesales. Se exige para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, que no sea atribuible al propio inculpado. Motivación de las sentencias: conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Error en la apreciación de la prueba. Requisitos que han de concurrir: los documentos citados por la parte recurrente están contradicho por otro tipo de pruebas o no son literosuficientes. Elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de prevaricación administrativa: exigencia de que haya una resolución administrativa. Se excluyen los actos que no tengan carácter decisorio. Exigencia de dolo directo. Interpretación del término a sabiendas: exige un dolo directo y conciencia de que se actúa contra el ordenamiento jurídico.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 1538/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado a que se admitan y practiquen todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad. Inutilidad del perfil psicológico del acusado. Concluye la sentencia que no se busca un determinado perfil psicológico del acusado, más o menos marcado, sino que se valora la efectiva existencia de unos hechos concretos, que ningún "perfil" serviría para afirmar o negar. Inexigibilidad para la comisión de los delitos contra la libertad sexual el llamado ánimo libidinoso. Dilaciones indebidas. Como fecha de inicio para la determinación de posibles dilaciones no puede tomarse la de la ocurrencia de los hechos, ni tan siquiera la de la denuncia efectuada ante la autoridad judicial, sino aquella fecha en la que el denunciado/querellado comenzó a sufrir las consecuencias del proceso. Libertad vigilada: no es posible su aplicación retroactiva, ni su imposición en la máxima extensión en ausencia de peligrosidad por la edad del acusado (71 años) y las penas que le resultan impuestas. Responsabilidad civil: no es necesario acreditar la existencia de secuelas o lesiones psíquicas para imponerla como reparación por daño moral. Costas de la acusación particular: no se excluyen porque interesara una indemnización superior a la finalmente fijada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1468/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Prescripción: la investigación patrimonial implica supone actos de naturaleza incriminatoria y de investigación que tienen la potencialidad suficiente para interrumpir la prescripción en la medida en que tales actos concretan la investigación y los indicios y sospechas referidos a la participación en los hechos. Requisitos que debe cumplir el auto por el que se autoriza la intervención de las comunicaciones: se trata de una resolución judicial, como tal afectada por el art. 120 CE, siendo una diligencia que requiere la existencia de indicios que se investigan, pero su exigencia no puede equipararse a la de otras resoluciones que requiera la fundamentación de una imputación objetiva y subjetiva. La resolución judicial que autorice la injerencia debe motivar su adopción, comprobando que los hechos para cuya investigación se solicita revisten caracteres de hecho delictivo y que la solicitud y la adopción guardan la debida proporcionalidad y la gravedad del hecho delictivo investigado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1543/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, la Sala II ha establecido ciertos parámetros que, sin constituir cada uno de ellos un requisito necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración. La lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. A estos parámetros, consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación, que constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción solo puede quedar desvirtuada cuando tal declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el aspecto objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado. Ciertamente el plazo es excesivo respecto a causas seguidas por hechos similares, sin especial complejidad, pero ese plazo, con ser excesivo, no reviste la condición mas allá de lo extraordinario para fundar la cualificación. Ese exceso de siete años es el presupuesto de aplicación de la atenuante, se corresponde a una dilación extraordinaria en la tramitación pero no es de especial cualificación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 1536/2019
  • Fecha: 10/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica, en el marco del proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, por lo tanto, después de un proceso con todas las garantías. La doctrina jurisprudencial ha admitido reiteradamente la eficacia y validez de la prueba de carácter indiciario para desvirtuar la presunción de inocencia, y ha elaborado un consistente cuerpo de doctrina en relación con esta materia. La prueba indiciaria requiere: a) que los hechos base estén probados; b) que los hechos delictivos se deduzcan de éstos; c) que se pueda controlar la razonabilidad del proceso deductivo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: FERNANDO MARIN CASTAN
  • Nº Recurso: 22/2020
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El tribunal de instancia no otorgó al recurrente la debida tutela judicial efectiva frente a su alegación de haber padecido indefensión en el expediente disciplinario, por las siguientes razones: a) consta en el expediente que lo notificado al recurrente no fue la propuesta de resolución, sino el pliego de cargos, constituyendo la falta de notificación de aquella el núcleo de su queja, ya que afirma que no prestó conformidad al pliego de cargos; b) ante las dudas suscitadas por las expresiones escritas plasmadas en el duplicado de la notificación del pliego de cargos, se extendieron por el secretario del expediente una «diligencia de interpretación» y una «diligencia de resultados» de las que se desprende la conformidad del encausado con el pliego de cargos y su deseo de no formular alegaciones frente al mismo; c) negada por el recurrente en vía judicial la autenticidad de su firma en la diligencia de notificación y propuesta y admitida por el tribunal prueba pericial caligráfica en los términos propuestos por el actor, la prueba se llevó a efecto de forma defectuosa, ya que el perito, pese a las advertencias que efectuó al respecto, no contó con el documento original sobre el que debía hacer la pericia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1219/2019
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Bajo el rótulo de falta de claridad, se muestra disconformidad con la valoración de la prueba efectuada. La claridad en la definición de los hechos probados es el último eslabón en el derecho del acusado a conocer los hechos que se le imputan. Presunción de inocencia: alcance de estudio cuando se invoca su vulneración en casación. Improcedencia de la valoración aislada de los elementos fácticos. Existencia de prueba de cargo bastante de naturaleza testifical y pericial, corroborada por profusa documental, acreditativa de que las operaciones ofrecidas eran ficticias. Valor documental de las fotocopias: doctrina jurisprudencial. Admisión de las fotocopias con las debidas cautelas. En el caso, la convicción se alcanza no por la fotocopia aportada sino por el testimonio de quien lo hizo. A los documentos sin firmas sólo se les atribuye valor corroborador. Derecho a la tutela judicial efectiva: valoración de la inverosimilitud de la declaración del acusado: no puede sustituir la ausencia de prueba de cargo. Error en la apreciación de la prueba: los documentos citados no acreditan error. Estafa: concurrencia de los elementos del delito. Contratos criminalizados. Engaño bastante. Autoprotección: interpretación restricitiva. Compatibilidad de la continuidad delictiva y de la agravación por la cuantía. Individualización de la pena. Interpretación de la gravedad de los hechos. Atenuante de dilaciones indebidas. Autoría, coautoría y cooperación necesaria. Costas procesales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
  • Nº Recurso: 45/2020
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se reitera la doctrina de la Sala a partir de la STS de 3 de octubre de 2019 (RC 262/18) fundada en la STC 59/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL en cuanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor en concepto de IIVTNU (Plusvalía). Por tanto, la acción de responsabilidad reposa sobre una cuestión probatoria, en cuanto se ha de acreditar la minusvalía patrimonial derivada de la transmisión del inmueble. Que es lo que ocurre en el presente caso, pues el obligado tributario ha aportado los elementos de prueba suficientes para entender acreditada la inexistencia de un incremento patrimonial entre la adquisición y la transmisión del inmueble de naturaleza urbana en cuestión, que pudiera ser susceptible de la aplicación del IIVTNU, por lo que no tenía el deber de soportar la correspondiente liquidación y, por lo tanto, debe ser indemnizado en la cantidad a la que ascendió la indebida liquidación, más los intereses legales desde la reclamación. Y si bien los valores resultantes de las escrituras no son válidos en todos los casos, sin embargo, en supuestos como el de autos -esto es, en el marco de una crisis económica que determinó la bajada del precio de los inmuebles- la presunción probatoria que se deduce de las escrituras públicas requiere de una actividad probatoria de la Administración, que no puede limitarse a esgrimir los valores catastrales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDOR
  • Nº Recurso: 4060/2020
  • Fecha: 08/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El objeto del proceso constituye una sanción tipificada en el art. 79.3 e) ley 18/2014, al no haberse presentado un plazo los datos de venta de energía correspondientes a 2012 y 2013. La cuestión se constriñe a determinar si la infracción leve constituye una infracción instantánea o una infracción permanente, a los efectos de concretar el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción. En el presente asunto, la Sala considera que, transcurrido ya el plazo límite de remisión, cesa el deber jurídico de remitir la información, dado que la Administración puede acudir a otros medios para determinar el importe de la obligación. Sin embargo, una cosa es que la Ley haya arbitrado mecanismos para subvenir tal defecto de comunicación, y otra que no se produzca perjuicio alguno al bien jurídico protegido. La Sala a quo considera que, solo si no pudiera determinarse la obligación en base a tales mecanismos subsidiarios se lesionaría el bien jurídico protegido, pero la Sala Tercera TS corrige tal interpretación. La obligación de adaptarse permanece en el tiempo hasta tanto dicha adaptación se produzca. El art 79-3-e) Ley 18/2014 tipifica una infracción permanente, de modo que el plazo de prescripción comienza cuando finalice el incumplimiento. El TS considera que la Administración sancionadora no ha empleado, en la práctica de las diligencias de notificación examinadas en este recurso, la diligencia mínima que imponen las garantías del art. 24 CE, por lo que anula las sanciones.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 1213/2019
  • Fecha: 05/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: En las Sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y, entre ellos, cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello hemos reforzado el canon exigible. No puede reconvertirse el recurso a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de inocencia invertida, que construyendo una imagen especular de este derecho fundamental primigenio, lo invierta para ponerlo al servicio de las acusaciones, públicas o privadas, y tornarlo en perjuicio de los ciudadanos acusados que es para quien se ha establecido constitucionalmente como cimiento de todo nuestro sistema penal de justicia. El derecho a obtener la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en el selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte el contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva. Solo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido resulte patente que crece de toda motivación o razonamiento.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.