• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: DIMITRY TEODORO BERBEROFF AYUDA
  • Nº Recurso: 1056/2021
  • Fecha: 15/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Remisión a la sentencia 1366/2022, de 24 de octubre. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. Deber de motivación del informe técnico económico. Aprovechamiento especial de bienes del dominio público. Imposición de un tipo de gravamen del 5 por 100. Proporcionalidad. Doctrina de la Sala.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE
  • Nº Recurso: 2645/2021
  • Fecha: 15/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La cuestión debatida se centra en determinar si debe declararse la nulidad del despido impugnado por resultar vulnerador de la garantía de indemnidad. El trabajador venía prestando servicios para la demandada en virtud de contrato eventual con vencimiento el 24/8/2020. El 26/6/2020 el trabajador envió un mensaje al empresario incluyendo las horas extras realizadas y el 29/6/2020 expresó su desacuerdo con la falta de abono de las horas extras. El 30/6/2020 el actor fue despedido disciplinariamente por bajo rendimiento. La sala IV, tras apreciar que concurre la necesaria contradicción entre las sentencias comparadas y recordar la doctrina constitucional relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, razona que, como regla general, las reclamaciones internas no activan la garantía de indemnidad. Ahora bien, si existe tal reclamación interna y el trabajador es inmediatamente después despedido, como sucede en el caso de autos sin que la empresa acredite los incumplimientos imputados, debe apreciarse la vulneración de la garantía de indemnidad y calificarse de nulo el despido. Finalmente, se concluye que los salarios de tramitación se devengarán hasta la fecha de finalización del contrato temporal, al no haberse acreditado el carácter fraudulento del mismo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Militar
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
  • Nº Recurso: 60/2022
  • Fecha: 15/11/2022
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La parte recurrente considera que la sentencia de instancia ha infringido: a) el art. 11.1 LOPJ, en relación con los arts. 8.1 y 18.2 CE y con el art. 39.5 LORDGC; b) el derecho fundamental a la presunción de inocencia; c) el art. 25 CE, principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, por indebida aplicación del art. 8.9 LORDGC; y d) el derecho a un proceso con todas las garantías. Conforme a lo dispuesto en el art. 88.2.e) LJCA, puede apreciarse que existe interés casacional objetivo cuando la sentencia interprete o aplique, infringiéndolas, normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Como las alegaciones del recurrente se centran en ello, sin prejuzgar ahora el fondo del asunto -pues se trata únicamente de decidir sobre la admisibilidad del recurso-, se acepta la existencia de dicho interés casacional objetivo, lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88.1 LJCA, exige que el recurso deba ser admitido a trámite.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: WENCESLAO FRANCISCO OLEA GODOY
  • Nº Recurso: 7741/2021
  • Fecha: 14/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Expropiación forzosa. Consignación del justiprecio. El TS desestima el recurso de casación y, respondiendo a la cuestión de interés casacional planteada, afirma que si la consignación del justiprecio fijado con carácter firme en una expropiación forzosa se realiza, conforme a las exigencias legales, en una Caja de Depósitos de la Administración expropiante, con plena garantía a los efectos de los fines de la consignación, notificada a los expropiados, no vicia de anulabilidad el procedimiento expropiatorio.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 4839/2020
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencia absolutoria, revocada en apelación. La sentencia del TSJ no llevó a cabo modificación del hecho probado, lo que varía es la calificación jurídica del mismo, al entender que establece una relación laboral lícita de alterne, diferenciada de la prostitución que, en todo caso, se realiza sin intervención de personas responsables del establecimiento. Corrige la sentencia de la Audiencia, desde perspectiva estrictamente jurídica, y, en ningún caso, fáctica. Error de prohibición. Sobre los mismos hechos existían sentencias del orden social que negaban la existencia de relación laboral anulando las actas. El error de prohibición no puede confundirse con la situación de duda. El error de subsunción es irrelevante. Error en la apreciación de la prueba, art. 849.2 LECrim. Requisitos para su prosperabilidad. No son documentos a efectos casacionales las sentencias de otro orden jurisdiccional. Infracción de ley art. 849.1 LECrim. En los hechos probados no se afirma que las personas identificadas se dedicasen a la prostitución por cuenta ajena, sino que ello se contemplaba con una opción individual. Incongruencia omisiva. La cuestión, que se dice omitida, no se planteó ante el TSJ.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 4903/2020
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No se debe desaprovechar la instancia revisora para corregir, en beneficio del reo, los errores legales suficientemente constatados de que adolezca la sentencia recurrida cuando se identifique conexión con los motivos de casación que prestan fundamento al recurso. Cuando el tribunal de apelación identifique un error normativo que comporte consecuencias perjudiciales para la persona condenada en la instancia podrá corregirlos de oficio, en los términos antes precisados, si identifica una razonable conexión normativa con el gravamen que sirve de base al motivo o causa de pedir. Si el error normativo que se identifica está desligado absolutamente de la causa de pedir -motivo- sobre la que se sustenta el recurso y de su apreciación puede derivarse la extinción de la acción penal y civil, la regla de compatibilidad con la doctrina constitucional reclamará la audiencia a las partes para que puedan alegar sobre la concurrencia o no del gravamen identificado, "prima facie", por el tribunal revisor. En el caso, la corrección del juicio de punibilidad efectuada por el Tribunal Superior no comprometió el derecho a la tutela judicial de la ahora recurrente. Existió, una suficiente conexión entre algunos de los gravámenes que sustentaban el motivo y la respuesta revisora ofrecida por el Tribunal Superior. El derecho a la intimidad también se vulnera cuando el dato personal protegido se transmite sin autorización del titular del derecho a un tercero, aunque sea una persona muy próxima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 5438/2020
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Derecho a la inviolabilidad domiciliaria de las personas jurídicas (art. 544.4 de la LECrim): no se reputa necesaria la autorización judicial. Se trata de una nave industrial en la que se apilan prendas falsificadas. No debe llevarnos a error la interesada confusión entre los distintos espacios de protección de una persona física -imputada- y una persona jurídica -no imputada-. Cabe discutir hasta dónde alcanza el estatuto jurídico de protección domiciliaria que el art. 554.4 de la LECrim concede a la persona jurídica; pero lo que no puede aceptarse es el estratégico trasvase de las garantías que la LECrim atribuye a la persona jurídica, sólo en los casos de imputación, para hacerlo valer como argumento para reivindicar la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio de la única persona física inicialmente imputada. Poderes de la Inspección de trabajo para el acceso a centros de trabajo: si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 5116/2020
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima el recurso, acordando la devolución de la causa al órgano sentenciador para la elaboración de una sentencia que cumpla con las exigencias legales. La sentencia incumple gravemente el mandato de construcción de un relato fáctico que, en términos narrativos claros y asertivos, permita conocer y entender lo que se declara probado y no probado como consecuencia de la prueba practicada. En franca contradicción con el mandato de determinación que establecen los artículos 142.1 y 851.1º LECrim, la sentencia prescinde de determinar el hecho resultante de la prueba, sustituyéndolo por una suerte de fórmula descriptiva, próxima al mero antecedente procedimental, absolutamente inidónea para cumplir las decisivas funciones que en la estructura de la sentencia tiene atribuido el hecho probado.La existencia de actividad probatoria plenaria conlleva, como lógica consecuencia, la necesidad de construir un relato asertivo de lo que resulta acreditado aun cuando, obviamente, en los supuestos de sentencias absolutorias, dicho relato se separe de los hechos justiciables tal como fueron introducidos en el instrumento pretensional y sin perjuicio, también, de que puedan incluirse hechos negativos que doten a la declaración fáctica de coherencia narrativa. Exigencia de determinación que no puede ceder porque la sentencia sea absolutoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 118/2021
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Llama la atención que se abra juicio contra la sociedad por delito de estafa, pues, al margen de que no había sido oída expresamente como investigada, las actuaciones practicadas no habían puesto de relieve indicio alguno que apuntase a un propio delito corporativo que debiera llevar a su imputación. La determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible, o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos enumerados en el Libro II del Código Penal. Se trata de una sociedad, a efectos reales de un solo socio administrador, y no goza de la necesaria estructura interna compleja como para dotarla de relevancia propia; no apreciamos en ella ese sustrato material de la suficiente complejidad al que venimos refiriéndonos, "no es un actor corporativo que pueda cometer delitos corporativos", como ha dicho algún autor, lo que no significa que quede exenta de todo tipo de responsabilidad, como es la civil subsidiaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 136/2021
  • Fecha: 11/11/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Delito contra la Hacienda Pública intentado/estafa intentada. Motivos por error facti y presunción de inocencia: doctrina general. Incongruencia omisiva: no ha lugar en la medida que lo que ha de obtener respuesta son las pretensiones (art. 742 LECrim: cuestiones), sin necesidad de pasar por todas las alegaciones. Tratamiento de sentencias absolutorias. Sobre el valor vinculante de la jurisprudencia. La consideración de la cuota defraudada como condición objetiva de punibilidad, condiciona la posibilidad de apreciar el delito contra la Hacienda Pública como intentado, derivando la calificación al delito de estafa intentado. La mera convivencia no equivale a coparticipación delictiva.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.