Resumen: Principio acusatorio: modificación de las conclusiones provisionales al inicio de las sesiones del juicio. Prueba preconstituida con relación a la exploración de menores: principio general y excepciones. La defensa no propuso tampoco la declaración de las menores en el acto del juicio. Indemnizaciones en delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Quebrantamiento de forma: predeterminación del fallo. Elementos subjetivos del delito incluidos en el factum de la sentencia.
Resumen: Para poder erigirse en prueba de cargo, la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos. El primero de ellos que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto; el segundo, que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio; y el tercero, que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por sí sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. En el supuesto de autos a el Tribunal omitió su deber de salvaguardar suficientemente los derechos de las partes en el procedimiento. En concreto el principio de contradicción. No obstante, los acusados, pese a estar asistidos de Letrado en el procedimiento, nada objetaron a la actuación del Tribunal por lo que, por las circunstancias del caso, no cabe hablar de quebranto del principio de contradicción.
Resumen: Al inicio del procedimiento en el que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, para profundizar en una investigación no acabada. La doctrina constitucional admite que la resolución judicial pueda considerarse suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud policial, a la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad. Ningún precepto legal impone al Juez de Instrucción la obligación de oír las grabaciones de las conversaciones intervenidas para acordar la prorroga de las ya autorizadas, siendo patente que el Juez puede formar criterio de tales efectos por medio de la información escrita o verbal de los funcionarios policiales que hayan interesado la intervención. Cuando las conversaciones telefónicas son una traducción libre dado su sentido críptico y posiblemente su clave, no pueden ir más allá de una razonable sospecha para el inicio de las investigaciones, pero no pueden servir por sí solas, para una sentencia condenatoria. Los hallazgos delictivos ocasionales son "notitia criminis", sin perjuicio de que en el mismo o en otro procedimiento se amplíe o no la medida a seguir investigando el nuevo delito. Las conformidades expresadas sólo por algunos devienen intranscendentes si faltan las de los demás.
Resumen: En la medida en que la sentencia de apelación refrenda errores de la sentencia de instancia también el recurso de casación viene a fiscalizar ésta, aunque sea con el filtro de un pronunciamiento de apelación. No cabrá invocar motivos distintos a los previstos para la casación. Pero sí es viable reproducir la queja que ya fue rechazada en apelación si tiene cabida en uno de los motivos tasados de casación (arts. 849 a 852 LECrim) en la medida en que su convalidación por el Tribunal Superior de Justicia perpetua el defecto. Cuando se pone en duda la presunción de inocencia, este Tribunal ha de comprobar tres únicos aspectos: que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. Cuando se denuncia la ruptura de la cadena de custodia, ha de aportarse los datos objetivos que racionalmente puedan llevar a esa convicción, argumentando con datos que fundamenten la denuncia. Para apreciar la atenuante de drogadicción, no es suficiente con probar un consumo habitual. Tiene que estar afectada la imputabilidad.
Resumen: Para entender lesionado derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda. La denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial y la prueba denegada o no practicada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida.No ofreció al órgano jurisdiccional de primera instancia explicación alguna acerca del objeto de las pruebas que proponía con posterioridad al momento procesal específicamente idóneo para hacerlo, a fin de que éste pudiera pronunciarse con pleno conocimiento de causa sobre su pertinencia. Pero es que, además, denegadas dichas pruebas, tampoco el recurrente hizo uso de la facultad que le ofrecía el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impidiendo así que el Tribunal Superior pudiera valorar la pertinencia de practicar las pruebas que habían sido denegadas en la primera instancia. De este modo, cualquier "indefensión" que la falta de práctica de dichos medios probatorios hubiera podido reportarle, no podría reputarse ajena a su propia actividad (inactividad) procesal.
Resumen: Cuando se trata de declaraciones o testimonios de menores de edad, con desarrollo aún inmaduro de su personalidad, con resortes mentales todavía en formación, que pueden incidir en su manera de narrar aquello que han presenciado, de forma que puedan incurrir en fabulaciones o inexactitudes, la prueba pericial psicológica se revela como una fuente probatoria de indiscutible valor para apreciar el testimonio de un menor, víctima de un delito de naturaleza sexual, siempre que se encuentre practicada con todas las garantías (entre ellas, la imparcialidad y la fiabilidad derivada de sus conocimientos), y se rinda el informe ante el Tribunal enjuiciador, en contradicción procesal, aplicando dichos conocimientos científicos a fin de verificar el grado de verosimilitud del menor, conforme a métodos profesionales de reconocido prestigio en su círculo del saber. El principio "in dubio pro reo" sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales. El escaso desarrollo intelectual de la víctima, lo que es compatible con la agravante genérica de abuso de confianza, pues no presentan ambas circunstancias zonas de confluencia, como sí lo mostrarían, siendo, por tanto, incompatibles, tanto el prevalimiento por superioridad como por parentesco.
Resumen: La presunción de inocencia además de ser criterio informador del ordenamiento procesal penal, es un derecho fundamental en cuya virtud el acusado de un delito no puede ser considerado culpable hasta que así se declare en una Sentencia condenatoria que solo será legítima si viene precedida de una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por el Tribunal penal, pueda entenderse de cargo y soporte suficiente de la convicción. Para valorar la intensidad de la atenuante se debe conjugar tanto el examen del total de duración del proceso, como la pluralidad de los periodos de ralentización. Su análisis revela: a) El periodo total invertido en el enjuiciamiento ha sido desmesurado; b) En una pluralidad de momentos se han producido paralizaciones o ralentizaciones relevantes; c) Esos retrasos no venían in casu motivados por la complejidad de la investigación.
Resumen: La Sala IV estima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, casa y anula la sentencia de dictada por el TSJ de Madrid y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, estima el recurso, revoca la sentencia del Juzgado de lo Social y desestima íntegramente la demanda en la que se solicitaba la declaración de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva al dejar de abonar a la actora el plus de disponibilidad a partir de septiembre de 2014. La vulneración del derecho se atribuye a dicha conducta al considerar la sentencia recurrida que la misma se lleva a cabo después de que la actora hubiera obtenido sentencia firme de 15/11/2012 en que se declaraba su derecho al mismo, durante el tiempo en que tuviera reducida la jornada por guarda de un hijo, como condición más beneficiosa. La Sala declara que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia referencial que rechaza la alegación de discriminación, y niega también que se pueda apreciar vulneración del art. 24 CE sosteniendo que, si bien los trabajadores gozaban de una condición más beneficiosa, el nuevo convenio colectivo (el XX Convenio) modificó determinados parámetros de la estructura salarial y sostiene que es la interpretación que hace la empresa del nuevo convenio la que se halla en la base de su decisión, sin que pueda apreciarse indicio de actuación contraria a la garantía de indemnidad.
Resumen: En la demanda de tutela del derecho a la libertad sindical rectora de las actuaciones reclama el sindicato Cobas se declare vulnerado su derecho a la negociación colectiva, así como que ha sido discriminado con respecto a los sindicatos firmantes de determinados acuerdos, cuya nulidad se insta, así como la condena al abono de una indemnización por daños y perjuicios. La sentencia de instancia apreció la excepción de litispendencia planteada por la demandada. La sala IV rechaza el motivo dirigido a denunciar la incongruencia omisiva e insuficiente motivación de la sentencia de instancia, así como la modificación del relato fáctico solicitada por el sindicato recurrente. Y, en cuanto a la excepción de litispendencia, se confirma su estimación. En efecto, los acuerdos colectivos que constituyen la base de la denuncia de vulneración del derecho a la libertad sindical fueron impugnados también por el sindicato CGT, en demanda a la que se adhirió el sindicato ahora accionante. Dicha demanda fue desestimada por la sentencia de la AN de 14/9/18 (autos 220/18). Y el contenido y fundamentos de dicha demanda y los de la rectora de las actuales actuaciones son sustancialmente coincidentes. Por tanto, se confirma la excepción de litispendencia, si bien en el momento de dictarse la STS comentada concurre ya el efecto de cosa juzgada negativa, al haberse dictado la STS de 2/7/20 (R. 241/18), que confirma la dictada por la AN el 14/9/18 en el previo proceso.
Resumen: Es determinante que la parte recurrente argumente, de modo convincente, que la resolución final del proceso "a quo" podría haberle sido favorable en caso de haberse aceptado y practicado las pruebas objeto de controversia, es decir que se ponga de relieve la trascendencia de la prueba en orden a posibilitar una modificación del sentido del fallo. La integración como componente del Tribunal sentenciador en una causa que, por razones de rebeldía procesal, se celebra en primer lugar para unos acusados y después para otros, no produce merma alguna de la imparcialidad objetiva, en razón de no estar incluida tal causa en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando el autor constata que existe una investigación penal estatal expresamente dirigida contra él, en ese momento se podrá hablar de un punto y aparte y, por tanto, de recomenzar una actividad delictiva diferente, y merecedora de un reproche penal distinto y autónomo, no susceptible de ser embebida en los hechos anteriores por los que ya se sigue causa penal. Los autos de archivo dictados en las diligencias previas no son equiparables a los autos de sobreseimiento libre a los efectos de apreciar la excepción de cosa juzgada, dado su carácter preliminar o interino que impide otorgarles la eficacia definitiva propia de una resolución de fondo como las sentencias absolutorias o los autos de sobreseimiento libre. La inculación de las acusaciones a los hechos recogidos en el Auto de transformación es débil y no absoluta.
