Resumen: Es difícil precisar los diferentes objetos del veredicto, siendo el artículo 52.1 LOTJ confuso. Habrá que excluir las preguntas al Jurado que no sean de influencia necesaria para calificar los hechos y las circunstancias. No es infrecuente que se incurra en un relato excesivamente detallado y con elementos irrelevantes. La agravante por alevosía exige: a) un elemento normativo (que se trate de un delito contra las personas); b) que el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas objetivamente adecuados para asegurarla; c) que el dolo del autor se proyecte sobre la utilización de dichos medios, modos o formas y sobre su tendencia a asegurar la ejecución y a impedir la defensa del ofendido; d) que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta, derivada del modus operandi. La última jurisprudencia ha resaltado el aspecto predominante objetivo de la agravante de alevosía, pero exigiendo un plus de culpabilidad, al precisar una previa excogitación de medios disponibles, siendo imprescindible que el infractor se haya representado que su modus operandi suprime todo eventual riesgo y toda posibilidad de defensa procedente del ofendido, y queriendo el agente obrar de modo consecuente a lo proyectado y representado. En cuanto a la alevosía sobrevenida se produce cuando no se halla presente en el comienzo de la acción, pero tras una interrupción temporal se reanuda el ataque, durante el que surge el aprovechamiento de la indefensión del agredido.
Resumen: Este delito exige: 1) Que haya una pluralidad de personas que riñan entre sí con agresiones físicas entre varios grupos recíprocamente enfrentados. 2) Que en tal riña esos diversos agresores físicos se acometan entre sí de modo tumultuario esto es, sin que se pueda precisar quién fue el agresor de cada cual. 3) Que en esa riña tumultuaria haya alguien (o varios) que utilicen medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas, sin que sea necesario que los utilicen todos los intervinientes.
Resumen: La responsabilidad del avalista, aunque sea un aval colectivo, deriva del propio aval y su efectividad para responder frente a los compradores de la totalidad de los anticipos más sus intereses, sin límite cuantitativo, igual que lo haría el promotor avalado, solo requiere que se hayan hecho entregas a cuenta del precio de cantidades previstas en el contrato y que el promotor haya incumplido la obligación de entregar la vivienda, pero no depende de que los anticipos se hayan ingresado o no en una cuenta del banco avalista o de otra entidad, ni del carácter de dicha cuenta. Inoponibilidad de los límites cuantitativos del aval. Transacciones entre el comprador y el vendedor que inciden en la responsabilidad del avalista (precedentes jurisprudenciales). En el caso: no hay transacción entre comprador y vendedor, sino un recibí firmado por el comprador de las cantidades que garantizaba aval individual y por el que comprador daba por extinguidas todas las responsabilidades del banco derivadas de dicho aval; inexistencias de renuncia a los anticipos que excedieran del límite del aval individual. Casación de la sentencia y asunción de la instancia: el avalista no debe responder de cantidades no previstas en el contrato y esos pagos han de estar respaldados por los hechos probados. Intereses: proceden desde la fecha de cada anticipo, pues son remuneratorios y no moratorios, pero cabe acordar el devengo desde un momento posterior por razones de congruencia con lo pedido en la demanda.
Resumen: La sentencia, a pesar de que el interés casacional recogido en el auto de admisión estaba relacionado con el supuesto de responsabilidad tributaria del artículo 42.2.a LGT, aprecia de oficio una cuestión de orden público relativa a la extemporaneidad del recurso de alzada ordinario (art. 241 LGT) interpuesto por la AEAT. Tras confirmar la posibilidad, en determinados casos, de dilucidar cuestiones que han sido planteadas en el escrito de interposición, aunque no lo fueron en el escrito de preparación, confirma la doctrina ya fijada en sentencias previas (entre otras, la STS de 18 de julio de 2022 (rec. 7457/2019)) en virtud de la cual. para establecer el dies a quo para la interposición del recurso de alzada por la Administración tributaria, basta con la comunicación recibida en la Oficina de Relación con los Tribunales u otra dependencia de la Administración que la haya recibido a efectos de su ejecución. En el caso concreto del pleito se constata la extemporaneidad del recurso de alzada por lo que se casa y anula la sentencia de instancia sin abordar el resto de cuestiones planteadas.
Resumen: Se estiman parcialmente los recursos interpuestos frente a una sentencia que apreció la intromisión en los derechos al honor y la intimidad del demandante, sobrino de un personaje famoso, con ocasión de la publicación de una noticia en la que se aludía a que dos sobrinos de ese personaje famoso embistieron a la policía y después huyeron, y que se siguió un procedimiento penal contra el actor por estos hechos. Se estima el recurso por infracción procesal de los demandados porque la sentencia no razona, ni directamente ni por remisión a la sentencia del juzgado, sobre la pretendida violación del derecho a la intimidad. Se utilizan argumentos conjuntos para ambos derechos cuando la intimidad tiene su ámbito propio. Se estima, también, el recurso de casación en relación a la vulneración de este derecho. La noticia publicada es atentatoria del derecho al honor, pero no se aprecia divulgación de aspectos íntimos. Por esta razón, se rebaja la indemnización por daño moral. La sentencia fijó esta indemnización en base a la existencia de dos infracciones pero al no haberse afectado al derecho a la intimidad se rebaja el importe de la condena. Se confirma el juicio de ponderación entre el derecho al honor y la libertad de información. La noticia publicada no era veraz, se le atribuía al actor estar incurso en un proceso penal cuando no era cierto, no hubo imputación. No existió interés informativo más que por la relación familiar del actor con un personaje famoso.
Resumen: Recurso de casación. Remisión a la sentencia núm. 1025/2022, de 18 de julio. El recurso de alzada frente a la resolución del TEAR fue interpuesto por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, cuando habían transcurrido con gran exceso el plazo de un mes desde la notificación efectuada a la Oficina de Relaciones con los Tribunales de la propia AEAT. Ninguna disposición establece que las resoluciones de primera instancia hayan de notificarse expresamente a los órganos mencionados en el art. 241.2 LGT, precisamente porque se trata de una norma sobre competencias dentro de la persona única que es la AEAT, al menos cuando se refiere a los Directores de Departamentos de ésta. El recurso de alzada fue extemporáneo, lo que conlleva la firmeza e inamovilidad de la resolución del TEAR, conforme a las exigencias de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Resumen: Extemporaneidad del recurso de alzada ante el TEAC. Remisión a la sentencia núm. 1025/2022, de 18 de julio. Dies a quo para la interposición del recurso de alzada por órganos de la Administración tributaria ante el TEAC: suficiencia de la comunicación recibida en la Oficina de Relación con los Tribunales (ORT) o en cualquier otro departamento, dependencia u oficina de la Administración.
Resumen: Denegación de pregunta: La pregunta era pertinente y la exhibición de la fotografía como instrumento de su propia formulación, también. Se impidió indebidamente que la defensa, mediante la exhibición documental, obtuviera la concreta información que pretendía con la formulación de la pregunta. No obstante, no procede rescindir la sentencia, pues la no exhibición del documento a la testigo no le impidió obtener la información pretendida mediante las otras preguntas. Presunción de inocencia: la decisión del TSJ resulta acertada, pese a que la segunda instancia cuenta con un contenido revisor plenamente devolutivo, no opera con esta intensidad en el juicio con jurados, siendo clara la apuesta del legislador de impedir que se pueda dejar sin efecto una decisión racional y suficientemente justificada. Tutela judicial efectiva: existen déficits sustanciales de justificación en el acta del veredicto con relación a la valoración del dictamen pericial. La ausencia de razones para descartar el mismo comprometió el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente. Se estima en este punto el recurso, por error en la valoración de la prueba pericial al descartarse de manera inconsistente las conclusiones que apuntaban a la existencia de patologías mentales con un potencial reductor de las bases de la imputabilidad.
Resumen: Interpone el Ministerio Fiscal recurso de casación al amparo del art. 219.3 LRJS "por ausencia de doctrina unificada en la materia propuesta", que en el caso viene referida a si un progenitor tiene derecho o no a lucrar el complemento por aportación demográfica de su pensión de jubilación contributiva, cuando tal complemento ha sido ya reconocido y está siendo percibido por el otro progenitor, en el supuesto de que ambos complementos se desprenden de la redacción originaria del artículo 60 LGSS con relación a la interpretación del mismo, derivada de la STJUE de 12 de diciembre de 2019 (Asunto C-450/18). Pero, la Sala Cuarta pone en cuestión la legitimación del Ministerio Público sin desconocer la incidencia que la sentencia del TJUE podría tener sobre el plazo del cinco años a que se refiere la última posibilidad del art. 219.3 LRJS, pero la misma debió ser alegada por el Fiscal recurrente y sujeta a la oportuna contradicción del resto de partes personadas en el proceso, lo que no ha sido al caso, y sin que tampoco sea dable a la Sala dar un tratamiento procesal distinto al solicitado por el recurrente, construyendo el presupuesto relativo a la legitimación de la Fiscalía que ésta no ha alegado, con la consiguiente indefensión del resto de partes. En consecuencia, desestima el recurso del Ministerio Fiscal. Suerte adversa corrió asimismo el recurso del actor por falta de idoneidad de la sentencia de contaste. La sentencia cuenta con un Voto Particular discrepante.
Resumen: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 TRLHL. Inexistencia de situación consolidada que impida la aplicación de sus efectos cuando la liquidación haya sdo impugnada en plazo. Inexistencia de cuestión nueva. Efecto útil de la casación.
