Resumen: La testifical de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar si va revestida de una motivación fáctica reforzada que muestre la ausencia de fisuras de fuste en la credibilidad del testimonio. En este contexto recuerda el triple test que establece la jurisprudencia para valorar la fiabilidad del testigo víctima. No se está definiendo con ello un presupuesto de validez o de utilizabilidad. Son orientaciones que ayudan a acertar en el juicio, puntos de contraste que no se pueden soslayar. Eso no significa que cuando se cubran las tres condiciones haya que otorgar crédito al testimonio "por imperativo legal". Ni, tampoco, en sentido inverso, que cuando falte una o varias, la prueba ya no pueda ser valorada y, ex lege, por ministerio de la ley -o de la doctrina legal en este caso-, se considere insuficiente para fundar una condena. Cuando se trata de abusos continuados sobre menores por parte de personas de su entorno familiar, resulta en muchas ocasiones imposible identificar las fechas, las ocasiones y el número de acciones abusivas cometidas, precisamente por ello se recurre en estos supuestos a la aplicación del instituto de delito continuado. Para que la renuncia a las acciones civiles tenga una efectividad extintiva, debe ser formal, expresa y terminante, que no deje lugar a duda sobre su claridad y contundencia. El daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico o hecho probado.
Resumen: Se admite la validez de las intervenciones telefónicas como prueba documental, sin necesidad de audición o de cotejo, siempre que no se interese por las partes, que se introduzcan en el juicio a través de los interrogatorios y sean sometidas a la contradicción del plenario. Las conversaciones intervenidas pueden ser aportadas también mediante transcripción, si bien su autenticidad sólo será incontrovertible si han sido debidamente cotejadas bajo la fe del Letrado de la Administración de Justicia. Se reseña la doctrina sobre la necesaria corroboración de las declaraciones héteroincriminatorias de los coacusados, siempre que se aporte algún elemento de corroboración externa. En relación con la atenuante de reincidencia, la acusación tiene la carga de acreditar el delito de la condena previa, su duración, la fecha de firmeza y de extinción de la condena. Sin embargo la simple alegación de que la certificación no es correcta no le priva de valor probatorio y será quien impugne el documento el que deba aportar los documentos que acrediten que cualquiera de los datos del certificado oficial es erróneo o inexacto.
Resumen: Límites a la revocación de las sentencias absolutorias. Los recurrentes alegan que la venta de la empresa a un tercero, que procedió a su cierre, se realizó sin observancia de los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la posibilidad de revocar una sentencia absolutoria. No es posible valorar la prueba de nuevo, si no se concede audiencia al acusado. Pleno no Jurisidiccional de 19 de diciembre de 2012: la citación del acusado a una vista para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza del recurso de casación, ni está prevista en La Ley. La revocación sólo es posible cuando el recurso se mueve dentro de los márgenes de la infracción de ley, es decir cuando se limita a corregir errores de subsunción. Consecuentemente, la única vía de ataque a la sentencia absolutoria es la infracción de ley. La parte recurrente introduce en su argumentación un elemento que no figura en el relato fáctico de la sentencia, relativa a la voluntad maliciosa del acusado, con la venta, de sustraerse a sus obligaciones laborales. Motivación lógica y racional sobre la que se construye el pronunciamiento absolutorio.
Resumen: El control casacional en los supuesto de alegación de vulneración de la presunción de inocencia se orienta a verificar la validez y suficiencia de la prueba y racionalidad en su valoración, sin que suponga una nueva oportunidad para proceder de nuevo a la valoración del material probatorio, de manera que no es posible que el Tribunal de casación, que no ha presenciado las pruebas personales practicadas en el plenario, sustituya la realizada por el Tribunal de instancia ante el cual se practicaron. Respecto a las costas de la acusación particular, conforme a la jurisprudencia mayoritaria de la Sala II, abandonando el criterio de la relevancia, las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquel sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, o a las recogidas en la sentencia, exigiéndose el razonamiento explicativo sólo en los casos en los que se deniegue su imposición. En el delito de insolvencia punible es suficiente con demostrar la realización de actos en perjuicio de los acreedores que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio orientado precisamente al aseguramiento del cobro de lo adeudado.
Resumen: La sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador. La misión de un tribunal de casación, cuando conoce de la impugnación por denuncia del derecho a la presunción de inocencia, no es la de decidir el relato fáctico, ni elegir la actividad probatoria a valorar, sino controlar la función jurisdiccional realizada por otro tribunal que ha percibido de forma inmediata la prueba y para ello ha de examinar la existencia de una actividad probatoria ilícita y regular, la suficiencia de esa actividad probatoria como prueba de cargo capaz de enervar el derecho que asiste al imputado, y comprobar la racionalidad de la motivación. El escrito de conclusiones presenta una calificación alternativa, pues considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa, apropiación indebida y falsedad documental y solicita unas penas. Se olvida de hacer mención expresa al delito de apropiación indebida, pero, que así sea, no se puede entender que suponía que no se continuaba la acusación por este delito. La sentencia da respuesta a esa doble y alternativa calificación jurídica. En el escrito de conclusiones había un relato fáctico, al que se asoció una doble calificación jurídica, para cualquiera de las cuales la pretensión punitiva era la misma. No existe vulneración del derecho de defensa.
Resumen: En el caso de autos la Sala concluye la corrección de la calificación de los hechos como delito de apropiación indebida; el recurrente opera como agente marítimo, y, por lo tanto, como mediador entre el propietario de la mercancía y la naviera que efectúa el transporte, por lo que ha de entenderse que ha de destinar el dinero recibido a hacer el pago correspondiente a la naviera. Como mediador se encarga de la gestión del transporte y se le entregan las cantidades de dinero correspondientes al precio del mismo con la concreta finalidad de entregarlas, a su vez, al transportista, pago necesario, por otra parte, para que la mercancía pueda retirarse en el puerto de destino, lo que el recurrente incumple haciendo suyo el dinero recibido. Así como la actuación como empresario o transportista independiente no daría lugar al delito de apropiación indebida, en la medida en que el dinero recibido lo habría sido como pago de los servicios prestados o a prestar, la segunda sí merece esa calificación. Pues las cantidades recibidas por el mediador no tenían otra finalidad que hacer efectivo el pago de todos los gastos del transporte a las navieras, siendo el obligado el propietario de la mercancía, aunque luego el pago se hiciera a nombre del agente marítimo que había realizado las gestiones. En relación a la atenuante de reparación del daño, recuerda que aunque la propia ley prevé la disminución del daño, ha de tratarse de una contribución relevante.
Resumen: El tocamiento sorpresivo y fugaz o momentáneo no excluye el abuso sexual, sino que, por el contrario, ha de ser considerado como delictivo en el tipo penal de abusos sexuales, apreciando caso por caso, y tomando en consideración el contexto del supuesto concreto. Los actos de tocamientos a menores en sus órganos sexuales que queden perfectamente descritos en los hechos probados con un evidente contenido sexual no pueden ser calificados en modo alguno como coacciones o vejaciones, sino como delito de abusos sexuales a menores. La exigencia de un elemento subjetivo distinto, concretado en el ánimo libidinoso, no resulta admisible, pues el legislador en la regulación del delito de abuso y agresión sexual no incluye ningún móvil distinto al dolo, elevado a la categoría de elemento subjetivo del injusto para su inclusión típica; basta que el sujeto conozca la transcendencia de su acción, el significado sexual de su conducta. El tipo subjetivo de abuso sexual exige el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que se ejecuta, lo que implica a su vez la conciencia de afectación del bien jurídico. Un contacto corporal inconsentido que tenga una significación indudablemente sexual implica un ataque a la libertad sexual. No puede compelerse a soportar un acto no deseado, sino que la propia configuración del acto, el ánimo tendencial que persigue y la naturaleza de la acción desarrollada, interesando zonas erógenas, constituye un ataque a la libertad sexual.
Resumen: Condena la Audiencia al acusado, ahora recurrente, como autor de un delito contra la salud pública, de sustancias que ocasionan grave daño a la salud, en el subtipo atenuado previsto en el párrafo segundo del art. 368 del Código Penal, con la atenuante de drogadicción. El Tribunal Superior de Justicia ratificó tal fallo condenatorio. Valoración del testigo como prueba de cargo. Desde el plano impugnativo de la estricta infracción de ley, el motivo no puede ser estimado pues los hechos probados referencian la dedicación del recurrente a la venta a terceros de sustancias estupefacientes, aunque la pena de multa no esté correctamente impuesta. Y desde el plano de la consistencia de la inferencia, a la luz de las declaraciones del testigo, no puede ser tildada de irrazonable, ilógica o arbitraria, pues cuando admitía tal testigo que llevaba en su vehículo elementos con los que fabricar dosis de sustancias estupefacientes, que le habían sido proporcionados por el acusado para que se los guardase, a cambio de precio, en realidad, se estaba igualmente inculpando en un delito de tales características, por lo que la valoración de su testimonio por los órganos judiciales fue correcta. Igualmente expresó que el acusado le había vendido con anterioridad, en alguna ocasión, cocaína. En definitiva, la declaración del testigo ha contado con corroboraciones.
Resumen: El auto impugnado acordó la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo promovido por haberse subsanado extemporáneamente el defecto de capacidad procesal, en relación con la aportación del poder del procurador. La cuestión se ciñe a determinar si la falta de acreditación del apoderamiento conferido al procurador constituye un defecto procesal insubsanable una vez transcurrido el plazo de dos meses previsto en la LJCA para la interposición del recurso. Del régimen jurídico-procesal que establecen la LOPJ y la LJCA debe extraerse el principio de que todo defecto subsanable queda subsanado si ello se hace en el plazo de 10 días desde que la parte recurrente fue requerida a tal fin antes de admitir a trámite el recurso (supuesto de autos); desde que debió tener por procesalmente trasladada a su conocimiento una alegación clara que sobre la existencia del defecto hubiera hecho alguna de las otras partes; o desde que le fue notificada la diligencia de ordenación que ha de dictarse. Se fija como doctrina que no procede declarar la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en el que el/la procurador/a no acompañe con el escrito que lo inicie el poder para pleitos o la designación apud acta que acreditarían su representación, incluso aunque estos no se hubieran otorgado aún, si lo hace dentro del plazo de diez días desde que fue requerido/a para ello y aunque al aportar uno u otra hubiera finalizado el plazo hábil para la interposición de aquel recurso.
Resumen: Principio acusatorio: modificación de las conclusiones provisionales al inicio de las sesiones del juicio. Prueba preconstituida con relación a la exploración de menores: principio general y excepciones. La defensa no propuso tampoco la declaración de las menores en el acto del juicio. Indemnizaciones en delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Quebrantamiento de forma: predeterminación del fallo. Elementos subjetivos del delito incluidos en el factum de la sentencia.
