Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en profundizar, reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar la jurisprudencia existente en supuestos similares al del presente caso en relación al derecho de indemnización del art. 294 LOPJ , y la posible vulneración del derecho a la igualdad y a la presunción de inocencia.
Resumen: Recurso de casación admisible: se identifica de forma suficiente el problema jurídico planteado partiendo del respeto a los hechos probados. Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: alcance del deber de congruencia; planteamiento de cuestiones relativas al error en la valoración de la prueba; valoración de la prueba documental (prueba plena). Distinto nivel de responsabilidad de la entidad garante (avalista o aseguradora) y de las entidades de crédito receptoras de los anticipos: la responsabilidad de estas no lo es a todo trance a modo de garante superpuesto siempre al avalista o asegurador, sino que nace del incumplimiento de su deber de control sobre los ingresos en cualesquiera cuentas del promotor en la propia entidad de crédito, siendo lo relevante si conoció o tuvo que conocer la existencia de esos ingresos a cuenta del precio de venta de viviendas sujetas a dicho régimen, lo que tiene lugar en cuanto advierta la posibilidad de que se estén recibiendo cantidades a cuenta por la compra de viviendas; se garantiza la devolución de los anticipos en el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el tiempo convenido, por lo que su responsabilidad legal solo nacerá en esos casos, no en los de resolución o extinción del contrato por otras causas. Interés legal de los anticipos: carácter remuneratorio y no moratorio; el comienzo del devengo del interés legal de la cantidad anticipada se inicia en las fechas de cada pago.
Resumen: No pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación, o dicho de otro modo, el marco de la disidencia en el recurso de casación queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación. Lo que quedó fuera del ámbito de la apelación, no puede ser objeto del recurso de casación, en la medida que ello supondría obviar la existencia del previo control efectuado en la apelación y el control casacional se construye precisamente sobre lo que fue objeto del recurso de apelación. La extorsión es un delito pluriofensivo en el que no hay un único bien jurídico a proteger, pues se castiga el peligro o daño al patrimonio y la lesión a la libertad, con independencia de que en la complejidad del tipo quepan otros como la integridad física y/o moral. No obstante su ubicación sistemática pone el acento en el aspecto patrimonial.
Resumen: La Sala aprecia que la cuestión planteada presenta interés casacional consistente en reafirmar, reforzar, complementar, y, en su caso, matizar, nuestra jurisprudencia sobre si, en supuestos en los que la asistencia letrada no es preceptiva, cabe admitir por parte de los solicitantes de protección internacional renuncias implícitas o presuntas a aquel derecho, o por el contrario, debe constar necesariamente la renuncia expresa al mismo, así como la incidencia que en tal cuestión haya de darse a la información proporcionada sobre el derecho a dicha asistencia, y ello en relaión con el pronunciamiento que sobre dicha cuestión expresa la reciente STS de 2 de noviembre de 2022 (recurso casación nº 7765/2021 ).
Resumen: Habiendose reclamado en demanda la extinción del contrato de trabajo con las consecuencias jurídico económicas inherentes a ella y el abono de una indemnización adicional por los daños y perjuicios personales y morales derivados del acoso laboral sufrido, la sentencia del TSJ no se pronuncia sobre la indemnización, argumentando que el recurso de suplicación omitía su reclamación. El TS razona que los términos del artículo 183 LRJS anudan automáticamente la vulneración de derechos fundamentales a la fijación de una indemnización o, cuando menos, a un pronunciamiento respecto de la misma, por lo que, habiendo orillado esta vinculación la sentencia recurrida por considerar que la remisión a la demanda contenida en el recurso de suplicación impedía abordar aspectos accesorios de las respectivas pretensiones principales ejercitadas en la demanda, incurrió en incongruencia omisiva.
Resumen: En el marco de un procedimiento por despido se discute si la ausencia de grabación del juicio oral por problemas de carácter técnico, con la consiguiente imposibilidad de disponer de la misma en el momento de interposición del recurso de suplicación, constituye causa de nulidad. En suplicación se solicita la nulidad de las actuaciones al no haberse grabado del acto de juicio oral (recurso de la trabajadora) o que se deje sin efecto la condena al pago de la indemnización fijada (recurso de la Ciudad Autónoma de Melilla). La Sala de suplicación estima el recurso interpuesto por la Administración empleadora y, revoca en parte de la dictada en la instancia, manteniendo la declaración de válida extinción pero dejando sin efecto la condena al pago de indemnización en favor de la actora. En unificación de doctrina se plantea la existencia de indefensión en el momento de formalización del recurso al no disponer del acta del juicio o grabación del mismo. La infracción de las normas sobre grabación del juicio o elaboración de Acta del mismo no comporta la automática nulidad de todo lo actuado posteriormente, siendo la misma posible si se alega y argumenta la indefensión que ello acarrea. La recurrente en suplicación consideró existente una anomalía procesal generadora de automática indefensión, sin alegar o razonar el porqué de ello y la sentencia de suplicación descartó el acierto de esa conclusión.
Resumen: Falta de homogeneidad entre las controversias examinadas en las sentencias. En la recurrida el actor alega en la demanda la vulneración de la garantía de indemnidad por responder el cese derivado de la finalización del contrato temporal una represalia frente a su solicitud unos días antes de que la empresa les proporcionase medios de protección, cuestión resuelta en sentencia. Además, al formular las conclusiones en el acto de juicio, el demandante aludió al trato discriminatorio entre los trabajadores fijos y los temporales, despedidos antes de tramitarse el expediente de reducción o suspensión de contratos, que fue considerada como una cuestión nueva. En la de contraste se plantea la nulidad de un despido disciplinario por la declaración del trabajador en un proceso anterior, pero el magistrado de instancia lo declara radicalmente nulo y esa calificación se confirma por la sentencia de suplicación que descartó la existencia de incongruencia.
Resumen: La Sala desestima el recurso. La cuestión a examinar es el sentido del silencio de la Administración frente al requerimiento de información ambiental al amparo del artículo 10 de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. De lo razonado en la sentencia resulta que el silencio de la Administración ante una solicitud de información medioambiental realizada al amparo de la Ley 27/2006, formulada tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013, debe ser interpretado en sentido negativo. Esta conclusión respeta la previsión general establecida en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, dado que en este caso es, precisamente, una norma con rango de ley la que establece el sentido negativo del silencio de la Administración. Y la Sala de instancia se ajustó plenamente a aquélla al desestimar el recurso contencioso-administrativo -con base en los razonamientos indicados que, en lo esencial, comparte la sentencia de casación- por considerar que la solicitud de información medioambiental del Sindicato recurrente no se convirtió, por efecto del silencio de la Administración demandada, en una estimación de su pretensión informativa.
Resumen: En una sentencia la imposibilidad de formular de alegaciones causó una evidente indefensión a la parte, toda vez que no pudo alegar ni valorar la documentación aportada como consecuencia de la diligencia final y que no lo había sido en el momento de la celebración del juicio. En la otra, la parte pudo alegar y valorar en el juicio la prueba que la propia parte había aportado, por lo que no sufrió indefensión alguna, limitándose la diligencia final a cotejar la autenticidad de esa prueba.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que desestimatoria del recurso interpuesto contra resolución sancionadora de multa por la comisión de una infracción consistente en recomendaciones de honorarios (costas y jura de cuentas). Desestimación del recurso de casación. Consolidación de jurisprudencia: la prohibición establecida en el art. 14 LCP constituye una regla de alcance general, incluyéndose en la prohibición de que los criterios orientativos establecidos por el Colegio de Abogados establezcan tanto baremos, catálogos o indicaciones concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de los honorarios de los abogados como recomendaciones más amplias, directrices o criterios orientativos que no alcancen tal grado de concreción. Determinación del hecho de que la existencia de baremos opera como elemento disuasorio de la libre competencia en el mercado de los servicios profesionales prestados por abogados. La excepción que se contempla en la DA 4ªde la Ley sobre Colegios Profesionales permite únicamente la elaboración de "criterios orientativos", expresión ésta que alude a la formulación de pautas o directrices con algún grado de generalidad, lo que excluye el establecimiento de reglas específicas y pormenorizadas referidas a actuaciones profesionales concretas y que conduzcan directamente a una determinada cuantificación de los honorarios.
