Resumen: Dilucidar si a la luz de la nueva redacción del artículo 114.7 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, dada por la Ley 11/2012, resulta posible aprobar el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua una vez iniciado el periodo impositivo o, si por el contrario, dicha posibilidad no existe, porque se incurriría en un supuesto de retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución Española
Resumen: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La eficacia de las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia, que exige que debamos partir del factum establecido en la sentencia recurrida. Resulta, pues, difícil juzgar en abstracto toda la casuística que la eficacia de las notificaciones puede producir, resultando, en consecuencia, muy complicado establecer una doctrina general. Se controvierte si la notificación de la resolución realizada el 10 de noviembre de 2016, respeta lo establecido en las normas que rigen en materia de notificaciones, así como la jurisprudencia que sobre las mismas ha recaído y, en consecuencia, es o no eficaz.
Resumen: La Sala analiza las quejas deducidas por el recurrente a propósito de la denegación de la prueba anticipada consistente en la emisión de un informe pericial sobre su teléfono para comprobar ciertos mensajes de Whatsapp. La prueba se practicó en los términos interesados por la defensa. El hecho de que el resultado de la prueba no hubiera sido satisfactorio para la parte que la propuso, no implica ni que no se haya realizado tal prueba, ni que se hayan vulnerado garantías del proceso. No puede decirse ahora que la búsqueda se debería haber ampliado a mensajes borrados, que no es que no se pidiese por el recurrente, sino que precisamente habría sido él quien los hubiera borrado, de manera que dicha parte era quien estaba en condiciones de conocerlo y solicitarlo. Sobre el delito de agresión sexual, la Sala recuerda que la fuerza que se exige ha de ser eficaz y de suficiente entidad objetiva, pero este dato debe matizarse en relación a las condiciones concretas de la víctima, bastando simplemente la acreditación del doblegamiento de la víctima por la superior posición y dominio del actor, lo que supone valorar la vía física más con criterios relativos y circunstanciales alejados de la nota de la irresistibilidad. No se precisa, pues, la causación de lesiones para estimar cometida la agresión sexual.
Resumen: El recurso se estima parcialmente, en el exclusivo sentido de dejar sin efecto la apreciación de la agravante de especial vulnerabilidad del art. 180.1.3 CP, ya que del relato de hechos probados que efectúa la sentencia, no se desprende que la víctima se encontrara en situación que le hiciera especialmente vulnerable. Ésta tenía perturbadas sus facultades intelectivas y volitivas por la ingesta de alcohol y drogas, pero en ningún momento describe que ello debilitara su capacidad para oponerse eficazmente a la agresión. De hecho, lo que se describe es lo contrario, esto es, que la víctima fue consciente de lo que pretendía el acusado y mostró su oposición a sus pretensiones. Sobre la responsabilidad civil, la Sala concluye que la cuantía indemnizatoria no puede tacharse de arbitraria o desproporcionada, siendo inferior a la solicitada por las acusaciones, con lo que se respeta el principio dispositivo. El Tribunal apreció, además de lesiones físicas y secuelas psicológicas, además del daño moral, con lo que no se cumplen los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para que pueda revisarse un pronunciamiento de esta naturaleza en casación.
Resumen: A la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en determinar si resultan indemnizables, en el marco de un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, los gastos de defensa jurídica asumidos por el expropiado durante el procedimiento expropiatorio que finalizó por el desistimiento del beneficiario de la expropiación; el TS responde que, con carácter general, no pueden estimarse como daño indemnizable, a los efectos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tales gastos. Y ello por cuanto el asesoramiento o defensa jurídica en los procedimientos administrativos no es necesario (aunque pueda ser conveniente) dado que en éstos, a diferencia de lo que ocurre en los procesos judiciales, no existe una confrontación de partes enfrentadas por intereses que deben ventilarse en el mismo, sino que en su tramitación deben protegerse todos los derechos, protección que se encomienda a la Administración responsable de la tramitación del procedimiento. Recuerda el TS que el procedimiento administrativo constituye un mecanismo necesario para la adopción de los actos administrativos y, en su tramitación, es la propia Administración pública la que asume, como le viene impuesto, la defensa de todos los derechos e intereses que se ven afectados por el acto administrativo que se pretende adoptar con dicho procedimiento
Resumen: Los datos conservados permanecen custodiados y no pueden tener más uso que su cesión a la autoridad judicial cuando ésta lo ordene. Ciertamente la conservación de datos y la obligación de cesión es en sí "tratamiento de datos" y así lo ha reiterado el TJUE para afirmar la competencia del derecho comunitario sobre esta cuestión, pero no puede desconocerse que los obligados por la Ley 25/2007 sólo deben y pueden almacenar los datos, pero no están habilitados para realizar ninguna de las operaciones de tratamiento que podrían ser especialmente lesivas para los derechos que se pretenden salvaguardar. Los prestadores de servicios obligados por ley a la conservación de datos no pueden realizar operación alguna de tratamiento, a salvo de la cesión singularizada que pueda recabar la autoridad judicial. Los prestadores no pueden, por tanto, estructurar, seleccionar, divulgar, transmitir, combinar o utilizar para fines de investigación criminal esos datos. Los datos que deben conservarse son los necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de una comunicación, pero no datos que revelen el contenido de la comunicación. La Disposición Transitoria de la LO 13/2015 proclama la aplicación de la nueva norma a las actuaciones judiciales que se acuerden tras la entrada en vigor de la ley, lo que en este caso obliga a excluir del acervo probatorio la información derivada de la conversación entre el investigado y su Letrado.
Resumen: El bien jurídico protegido en el art. 197.2 CP es la libertad o privacidad informática de los individuos proyectada sobre los datos personales. El bien jurídico objeto de protección no es la intimidad, entendida en el sentido que proclama el artículo 18.1 de la Constitución, sino la autodeterminación informática a que se refiere el artículo 18.4 de la Constitución. Lo que se protege en este apartado segundo es la libertad informática entendida como derecho del ciudadano a controlar la información personal y familiar que se encuentra recogida en ficheros de datos, lo que constituye una dimensión positiva de la intimidad que constituye el bien jurídico protegido. Por datos de carácter personal ha de entenderse toda información sobre una persona física identificada o identificable. Y datos de carácter reservado son aquellos que no son susceptibles de ser conocidos por cualquiera. Reservados son "secretos" o "no públicos". No es relevante el contenido concreto de los datos, pues la protección se extiende a todos los que se encuentren en los ficheros o archivos a los que se hace referencia, siempre que sean de carácter personal o familiar. La cuestión relativa a si la modalidad de acceso requiere también que se realice "en perjuicio" del titular o de un tercero, al igual que ocurre con la alteración y la utilización, ha sido respondida afirmativamente por esta Sala. Lo que el precepto sanciona no es el acceso no autorizado al fichero, sino el acceso no autorizado al dato.
Resumen: La Sala concluye la plena validez del auto de intervenciones telefónicas, a partir de la existencia de razonables indicios relativos a que el acusado, interno en ese momento en un centro penitenciario, pudiera estar utilizando la línea telefónica cuya intervención se acordó, para contactar con terceras personas, en aras a la gestión y destino del patrimonio obtenido como consecuencia de sus actividades delictivas, así como para la realización de otra serie de delitos graves que siguieron una investigación paralela. No concurre autoblanqueo impune, dada su vinculación con el tráfico de drogas, el afloramiento de un importante patrimonio que no obedece a sus ingresos económicos lícitos y ordinarios, y la circunstancia de que algunos de esos bienes fueran puesto a nombre de testaferros de su núcleo más cercano y familiar, constituyen indicios sólidos, congruentes y consistentes para concluir que concurre prueba de cargo suficiente para estimar que se dan los presupuestos fácticos tipificados en el art. 301 CP. Se estima el recurso en lo relativo a la existencia de dilaciones indebidas tras el dictado de sentencia. Su apreciación es, en principio, excepcional, si bien en el caso concurren méritos bastantes para que la atenuante muy cualificada, que la propia sentencia recurrida proclama, produzca el efecto de reducir la pena prevista en abstracto para el delito cometido, en dos grados.
Resumen: La declaración de la víctima puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, una vez que se contrasta con los datos objetivos corroboradores que figuran en la causa. Y ello incluso cuando fuera la única prueba disponible, lo que no es extraño que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en lugares ocultos y ajenos a la visión de terceros, no suele ser fácil hallar pruebas concluyentes diferentes a las manifestaciones de la víctima. El principio in dubio pro reo nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay: existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación. El artículo 849.1 LECrim que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. En el recurso de casación no podrán examinarse cuestiones nuevas no planteadas en la apelación cuando el recurrente pudo hacerlo.
Resumen: En los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad. La ley no ampara el silencio estratégico de la parte imputada, de suerte que, si en la instancia no se promueve el debate sobre la legalidad de una determinada prueba, esa impugnación no podrá hacerse valer en ulteriores instancias. El blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere la existencia de una previa condena por el delito del que provienen los fondos blanqueados. Para el enjuiciamiento de delitos de "blanqueo" de bienes de procedencia ilegal, la prueba indiciaria aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión. En lo que se refiere al dolo exigible basta con el eventual, que queda colmado con que el acusado disponga de datos suficientes para poder inferir que el dinero procede del tráfico de estupefacientes, y le resulte indiferente dicha procedencia. La negativa del Presidente del Tribunal a aceptar una conformidad parcial se ajustó a las previsiones legales. La conformidad ha de ser prestada por todos los acusados.
