Resumen: En el escrito de preparación del recurso se aduce por el recurrente que el interés casacional que el caso presenta se concreta en los siguientes extremos relativos a la sentencia impugnada: a) infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por ausencia de motivación, con vulneración del derecho de defensa; b) infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, con pareja violación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por inexistencia de prueba de cargo suficiente e inequívocamente incriminatoria; y c) lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, con pareja violación del principio de legalidad sancionadora, en su vertiente de tipicidad(arts. 24.1 y 25.1 CE). La sala coincide con el recurrente en cuanto a la existencia de interés casacional objetivo en los términos en que se plantea y con los necesarios ajustes normativos y jurisprudenciales, sin perjuicio de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera extenderse a otras cuestiones que exigiera el debate finalmente trabado en el recurso.
Resumen: La sala desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que había rechazado la pretensión de tutela civil del derecho al honor y a la intimidad con ocasión de la divulgación en un medio escrito y en otro digital del contenido de una sentencia penal condenatoria por delito de maltrato familiar y detención ilegal, en el que se identificaba al condenado por su nombre y apellidos, la relación que tenía con la víctima y otros detalles de su vida íntima que el demandante consideraba innecesarios para difundir la información. La sala realiza el juicio de ponderación entre la libertad de información y los derechos al honor y la intimidad por la publicación de sentencias en medios de comunicación y concluye que en el caso no existió intromisión, pues resulta indudable el interés público de la información sobre la condena penal por maltrato en el ámbito familiar y detención ilegal y, aunque el demandante no ejerza cargo público o político ni profesión de notoriedad pública, es su relación con el suceso noticiable lo que origina su proyección pública. Además, concurre el requisito de la veracidad. Por otro lado, al tratarse de una información que difunde y reproduce el contenido de la sentencia penal, a los pocos días de su publicación, sobre un tema de especial trascendencia y sensibilización pública, sin añadir comentarios o valoraciones que desvirtuaran el conocimiento objetivo de lo resuelto por el tribunal, prevalece la libertad de información.
Resumen: Demanda de juicio ordinario contra la resolución de la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia por la que se denegaba la nacionalidad española con valor de simple presunción a persona nacida en 1972 en el Sáhara. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda al entender que el Sáhara no podía reputarse territorio español en la fecha del nacimiento del demandante. La audiencia la revocó y concedió la nacionalidad española al demandante por residencia (art. 22 CC). Recurre en casación y extraordinario por infracción procesal el Abogado del estado y la sala estima el segundo de los recursos. Considera la sala que la sentencia es incongruente pues ha resuelto sobre una cuestión (nacionalidad española por residencia) no planteada en el procedimiento y porque, la nacionalidad por residencia se concede por el Ministerio de Justicia -previa instrucción de la Dirección General de los registros y el Notariado- y puede ser recurrida ante el Orden Contencioso-Administrativo, careciendo los tribunales civiles de jurisdicción para conocer tales pretensiones. La estimación del recurso comporta la asunción de la instancia y la aplicación de la doctrina de la sala, según la cual no son españoles de origen los nacidos en el Sáhara Occidental antes de la descolonización. Se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: La Sala de lo Social de la AN desestimó la demanda de Conflicto Colectivo interpuesta por la FEDERACION ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la empresa ANA NAYA GARCÍA SL. y la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, en la que solicitaba que se declarase nula, o injustificada la medida adoptada por la empresa consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de todo su personal con efectos desde el día 16/03/2020, mientras permanezca en vigor la orden de cierre por el estado de alarma, con reposición al personal a su situación jurídica previa a la aplicación, con reintegro de salarios dejados de abonar y realización cotizaciones no efectuadas respecto de la totalidad del personal afectado por la medida. La Sala IV desestima el recurso interpuesto por la FEDERACIÓN ESTATAL DE ENSEÑANZA DE CCOO. Se aprecia incongruencia omisiva al no dar la SAN respuesta a la denuncia de infracción del art. 34 RD-L. 8/2020 (hecho tercero demanda), que resuelve por la Sala por tratarse de una cuestión meramente jurídica. Ante la indicación de la imposibilidad de aplicar la figura del silencio administrativo positivo si media la ausencia de un "requisito imprescindible", se resuelve por la Sala que la empresa cumplió con las exigencias del art. 22.2 del RD-L. 8/2020, por lo que nada impide que opere el silencio administrativo positivo. Se declara que el ERTE es compatible con el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrat
Resumen: La Sala estima el recurso por infracción procesal al considerar que la sentencia recurrida incurre en un error patente en la valoración de la prueba documental privada y, en consecuencia, estima probado que del total de cantidades anticipadas por el comprador a cuenta del precio de las dos viviendas adquiridas solo ingresó en la cuenta que la promotora tenía en la entidad bancaria demandada y ahora recurrente, la cantidad de 6.955€. Asimismo, se estima el recurso de casación. No se cuestiona en el recurso la responsabilidad legal de la entidad bancaria, ahora recurrente conforme al art.1-2º de la Ley 57/1968 y la jurisprudencia de la Sala Primera que lo interpreta, sino que tan solo pretende limitarla cuantitativamente para que, de conformidad con dicha doctrina, únicamente comprenda las cantidades efectivamente ingresadas en dicha entidad (su responsabilidad es la propia de las entidades receptoras de cantidades, no la del garante). No basta con la prueba de que se hicieron los anticipos, como pretende la parte demandante-recurrida, sino que ha de probarse que las cantidades se ingresaron en alguna cuenta de la promotora en la entidad bancaria demandada. Dada la revisión de la base fáctica de la sentencia recurrida en los términos que resultan de la estimación del recurso por infracción procesal, y acreditado que solo se ingresaron 6.955 euros del total de lo anticipado, a dicha cantidad ha de limitarse la responsabilidad del banco demandado.
Resumen: La Sala desestima los recursos que derivan de la demanda formulada por un exalcalde contra la editorial y el autor del libro "Fariña", por intromisión en su derecho al honor. Prevalece la libertad de información sobre el derecho al honor del demandante porque las menciones que se hacen al exregidor cumplen el requisito de la veracidad. No existe controversia sobre el interés general del asunto sobre el que versa el libro, en el que se menciona puntualmente al demandante, pues se enmarcaba en un relato sobre la historia del narcotráfico gallego, de graves consecuencias sociales, y sobre el que ha existido una vasta investigación policial y abundantes procedimientos penales. Es correcto el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que la información contenida en el libro sobre el demandante es veraz, tanto por reflejar la información dada a lo largo del tiempo en diversos medios de comunicación, como por lo que resulta de los diferentes sumarios en los que fue acusado y juzgado el demandante y de las sentencias penales que en unos casos le absolvieron y en otros le condenaron. Tampoco falta el requisito de la veracidad en la alusión al demandante en las entrevistas concedidas por el autor del libro como persona vinculada al narcotráfico, condenado por narcotráfico, e incluso narcotraficante (la mención al demandante era un ejemplo de los políticos que tras haber sido acusados o condenados por narcotráfico se presentaban a las elecciones y obtenían el respaldo popular).
Resumen: El recurso tiene por objeto determinar si la extinción del contrato por causas objetivas debe calificarse como nulo por vulneración de la garantía de indemnidad del trabajador demandante. La sentencia recurrida estima el recurso de suplicación que interpuso la parte demandada, declarando la procedencia de la extinción del contrato y revocando con ello la sentencia del Juzgado de lo Social que había declarado la nulidad del despido. La recurrente en casación unificadora plantea un solo punto de contradicción dirigido a la declaración de nulidad del despido. La sentencia aportada de contraste fue objeto de recurso de casación para la unificación de doctrina que concluyó con Auto por el que se homologa el acuerdo transaccional alcanzado por las partes. La Sala IV, tras analizar la doctrina constitucional en relación con la tutela judicial efectiva y el acceso a los recursos, y el requisito de la firmeza de la sentencia de contraste a efectos del análisis de la contradicción, rectifica la doctrina emanada de la STS 23 de octubre de 2008, RCUD 1281/2007 y concluye que el auto que homologa un acuerdo transaccional es una forma de conclusión del recurso contra la sentencia de suplicación que, al ser sustituido su contenido por el acuerdo alcanzado, queda privada de efecto alguno y, por ende, no puede adquirir la condición de sentencia firme porque, en definitiva, el proceso en el que se dictó la sentencia de suplicación ha concluido con una resolución judicial que la ha sustituido.
Resumen: Los datos, documentos o actuaciones que afecten a la ulterior determinación de los elementos esenciales del tributo -como lo es, en el caso examinado, el coeficiente de situación en el IAE-, pueden ser objeto de alegación y prueba como fundamento de la ilicitud del acto de aplicación basado en tales datos, en su fundamentación o su ausencia. A tales efectos, la denuncia de arbitrariedad, exceso o falta de justificación no constituyen defectos formales que impidan un análisis y decisión judicial al respecto, sino que forman parte indudable del derecho subjetivo procesal que habilita el artículo 26, en relación con el 56.1, de la LJCA, de obtener una respuesta judicial plena y razonada, lo que conlleva el correlativo deber del juez o tribunal de examinar los motivos así planteados, dándoles respuesta fundada, sin poder soslayarlos de modo liminar
Resumen: Acción de anulabilidad de swap por error en el consentimiento. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de la demanda, fijó como ciertos hechos en los que había intervenido personalmente y que perjudicaban al administrador que no compareció a su interrogatorio, y concluyó que se había tomado libremente la decisión de suscripción del contrato litigioso sin vicios del consentimiento. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación de la parte actora, rechazó la aplicación de la ficta admissio y decretó la nulidad del swap con restitución recíproca de las prestaciones obtenidas. La sentencia de la sala desarrolla su doctrina sobre el art. 304 LEC como facultad discrecional del juez de la que no puede hacerse un uso arbitrario; precisa de la existencia de hechos relevantes para la decisión del litigio respecto de los que el interrogatorio de parte sea un medio adecuado de prueba. El no uso de la facultad no es revisable por la sala. En este caso el administrador de la mercantil demandante ya no lo era cuando se propuso la prueba, y tenía un conflicto de intereses con la sociedad, además de que existían en autos otros medios probatorios. Prueba del déficit de información que permite presumir la existencia de un error esencial. Supuesto de la cuestión en casación.
Resumen: Ha de razonarse individualmente y caso por caso, con justificación racional y suficiente, por qué resulta innecesaria, de no llevarse a cabo, la obligada visita personal al inmueble; b) La mera utilización de valores de venta de inmuebles semejantes, por comparación o análisis, requiere una exacta identificación de las muestras obtenidas y una aportación certificada de los documentos públicos en que tales valores y las circunstancias que llevan a su adopción se reflejan, de acuerdo con lo que ha establecido el TEAC en el criterio que recoge la resolución impugnada en la instancia; c) en los casos en que el heredero o contribuyente se haya sometido, en su declaración o autoliquidación, a los valores de referencia aprobados por la propia Administración cesionaria del tributo de que se trata, la motivación ha de extenderse a la propia necesidad de la prueba de peritos, correctora de tales valores y, además, al desacierto de la declaración del contribuyente en ese punto.
