Resumen: Competencia de la jurisdicción civil: doctrina jurisprudencial sobre la delimitación entre contratos civiles y contratos administrativos celebrados por las Administraciones públicas. El principio de colegialidad e irregularidades causantes de indefensión constitucionalmente relevante (comunicación a las partes de la composición del órgano judicial; afectación del derecho a recusar; no cabe imponer un concreto modus operandi al tribunal). Inexistencia de incongruencia infra petita. Litisconsorcio e intervención de tercero como demandante. Inexistencia de incongruencia ultra petita. El principio pendente apellatione nihil innovetur. Inexistencia de error en la valoración de la prueba. Inexistencia de infracción a los principios de justicia rogada, congruencia y cosa juzgada. Efecto reflejo de la nulidad e intervención adhesiva simple. Legitimación activa de la Administración demandante y del tercero interviniente como terceros no contratantes. Infracción de normas imperativas de protección del patrimonio histórico-artístico. Regulación en el Derecho canónico de la personalidad jurídica de las órdenes monásticas y de enajenación de obras de arte propiedad de entidades eclesiásticas. Requisitos para la enajenación de bienes del patrimonio histórico-artístico. Res extra commercium. Los Acuerdos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede. Determinación de la titularidad de los bienes vendidos. Usucapión. La restitución de las prestaciones.
Resumen: Se estima el recurso de casación y se modula el criterio jurisprudencial seguido en atención a lo dispuesto en las STJUE de 8 de mayo de 2018 y STC 42/2020. Para la Sala lo esencial es -para el caso de que no se cumplan las condiciones para la reagrupación previstas en los artículos 7 de la Directiva y el RD 240/07- acreditar la relación de dependencia efectiva entre el nacional español y el nacional de tercer país que pretende reagruparse con el primero; y ello, con la finalidad de poder comprobar si, como consecuencia de tal relación de dependencia -de la intensidad de la relación de dependencia-, el nacional español estaría obligado a abandonar el territorio europeo en su conjunto. Se estima el recurso en tanto se trata de una menor a cargo de sus padres españoles, y la resolución administrativa se limita a invocar como motivo de denegación de la solicitud el incumplimiento de los requisitos del art. 7 del Real Decreto 240/2007, relativos a la insuficiencia de medios económicos, sin efectuar valoración ni averiguación alguna sobre la situación familiar de la solicitante y su relación de dependencia con los reagrupantes, de manera que no puede considerarse satisfecha la exigencia de una adecuada ponderación de los elementos determinantes de la decisión denegatoria adoptada. Por lo tanto, la resolución administrativa no se ajusta a la correcta aplicación del referido art. 7 del Real Decreto 240/2007.
Resumen: La Sala estima el recurso de casación y estima el recurso contencioso-administrativo. Pues bien, la cuestión de autos ya ha sido examinada por la Sala teniendo en cuenta la doctrina del TJUE y del TC. No puede compartirse el criterio sostenido en la sentencia recurrida y la de instancia confirmada por la misma, que rechazan la aplicación del art. 7 del Real Decreto 240/2007 a la reagrupación de ciudadanos de un tercer país familiar de un ciudadano de la Unión, de nacionalidad española, que no ha ejercitado el derecho a la libre circulación, por las razones que se exponen en esta sentencia, por lo que la sentencia objeto de este recurso ha de ser casada y en tal sentido se estima el recurso de casación. Sin embargo, ello no supone la estimación de las pretensiones ejercitadas por la Administración recurrente en razón de una aplicación del referido art. 7, que no se corresponde con las matizaciones y exigencias que se han indicado antes, las cuales suponen que, solicitada la autorización de residencia por familiar de ciudadano de la Unión, español, no puede denegarse por la sola circunstancia de la insuficiencia de medios para el sostenimiento familiar por el reagrupante, siendo necesaria la valoración de tales requisitos en los términos indicados así como la concurrencia de las circunstancias específicas que pueden determinar el derecho derivado de la situación de dependencia familiar.
Resumen: No todo vicio procesal es causante de vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, pues solo alcanza relevancia constitucional el que, por anular las posibilidades de alegación, defensa y prueba, causa una verdadera y real situación de indefensión. No puede sostenerse una alegación constitucional de indefensión por quien, con su comportamiento, limite sus propios medios de defensa. Aunque el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo se encuentra esencialmente destinado a resolver cuestiones jurídicas, la casación contencioso-disciplinaria permite una interpretación más laxa y abierta que permite extender el análisis a constatar la existencia de un mínimo de actividad probatoria y si su valoración en la única instancia puede ser tildada de arbitraria o irrazonable. Lo que la sala de instancia concluyó como realmente acaecido responde a una valoración razonada y razonable de la prueba de la que dispuso, tanto de cargo como de descargo, de la que extrajo conclusiones que se compadecen con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica. El relato de hechos probados -conforme al cual, el recurrente imputó falsamente a través de dos partes disciplinarios a un superior y un compañero la realización de diversos actos constitutivos de hasta 10 infracciones penales o disciplinarias- cumple todos los requisitos, tanto objetivos, como subjetivos, que conforman la falta apreciada, que solo admite forma dolosa.
Resumen: La sentencia impugnada no infringe el derecho a la tutela judicial efectiva, desde el punto de vista de la motivación, ya que da respuesta congruente, motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones de la recurrente, sin que pueda apreciarse en ella atisbo alguno de arbitrariedad. En concreto, da respuesta fundada a las alegaciones de la recurrente, rechazando que esta sufriera ningún tipo de discriminación por razón de sexo ni que la acción disciplinaria seguida contra ella constituyera una represalia que vulnerara su derecho a la indemnidad. La aplicación de la garantía de indemnidad en el ámbito disciplinario jurídico público que vincula a los miembros de la Guardia Civil con el cuerpo al que pertenecen requiere una actividad probatoria que incumbe al demandante, que debe aportar un indicio razonable de que el acto recurrido lesiona su derecho fundamental, aportación de prueba que no tuvo lugar en el caso, en el que, sin embargo, sí existe prueba cumplida de la realidad de una conducta desobediente imputable a la demandante -que se negó palmariamente a cumplir con la orden legítima recibida de utilizar el chaleco antibalas reglamentario, orden legítima que no se basó en actuación discriminatoria alguna, ya que en el momento en que se emitió no se disponía en la unidad de material de protección antibalas que se adaptara a la fisonomía de la recurrente-.
Resumen: La falta de previsión en el ámbito castrense del derecho a la doble instancia penal no debe ser causa de indefensión del condenado si el recurso de casación penal es ampliamente entendido, como hace esta sala, permitiendo que en él no solo se aborden cuestiones de derecho sino que, cuando se invoque la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a obtener la tutela judicial efectiva, se permita la íntegra revisión de la sentencia condenatoria en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos del recurrente. Con independencia de lo reprochable de las expresiones vertidas por el recurrente en relación con un superior jerárquico -a quien se refirió como "el niño de la pringue", haciendo alusión a su orientación sexual y a que "perdía aceite"-, lo hizo en su ausencia, en una reunión informal entre compañeros de cuerpo, sin que el de mayor empleo que estaba presente en el incidente formulara parte de los hechos sino hasta pasados ocho días de los mismos y sin que exista versión unánime sobre lo ocurrido en las declaraciones de los intervinientes, como se desprende del expediente disciplinario y de los testimonios prestados en sede jurisdiccional penal. En consecuencia, no se considera que la conducta alcance el nivel de gravedad que exige el art. 43 CPM para que los hechos se incardinen adecuadamente en el tipo penal apreciado, correspondiendo más cabalmente al ámbito disciplinario por el que, precisamente, optó en un primer momento la Benemérita.
Resumen: El demandante, abogado de profesión, recurre en casación y por infracción procesal la sentencia de segunda instancia que confirmó la desestimación de su demanda, insistiendo en que el demandado, también abogado, vulneró el honor del primero mediante expresiones vertidas por escrito en el curso del proceso que el ahora recurrente promovió contra quien había sido su cliente en reclamación de honorarios insatisfechos. La demanda fue desestimada en ambas instancias y esta decisión se confirma. En primer lugar, por ser improcedente cuestionar el juicio de ponderación del tribunal sentenciador a partir de hechos distintos de los probados, teniendo en cuenta que la AP no incurrió en error en la valoración de la prueba, en particular la testifical. En segundo lugar, en cuanto al fondo y por aplicación de la jurisprudencia sobre la materia, porque el único límite de la libertad de expresión del abogado en el ejercicio del derecho de defensa son los insultos o las expresiones desconectadas funcionalmente con ese fin y por tanto, innecesarias o desproporcionadas, constando que en este caso todas las expresiones tenidas por ofensivas fueron empleadas por el abogado demandado por indicación del cliente, reproduciendo lo que este dijo en un escrito de queja, y en defensa de los intereses de dicho cliente frente a la reclamación de honorarios del letrado que se siente ofendido, además de que no fueron gratuitas sino que se sustentaran en prueba documental.
Resumen: La falta de previsión legislativa en el ámbito castrense del derecho a la doble instancia penal permite entender el recurso de casación penal en sentido amplio, de forma que la invocación de la vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva permita una revisión íntegra de la sentencia condenatoria. Las pruebas personales en que se apoyan los invocados errores en la valoración de la prueba, aunque estén documentadas en la causa, no son documentos en los que pueda apoyarse la casación por error facti. El tribunal sentenciador no expresó duda alguna respecto de los hechos que declaró probados, por lo que no cabe aplicar el principio in dubio pro reo. Las conductas de ambos recurrentes integran el elemento subjetivo del tipo apreciado -dolo genérico o neutro-, pues ambos actuaron con conocimiento del empleo militar de su superior y con voluntad, uno de agredirle y otro de empujarle, incluso en el caso del segundo, que se encontraba en estado de embriaguez -lo que se tuvo en cuenta para que le fuera apreciada una atenuante analógica y para aplicarle la pena en su grado mínimo-. El inalterable relato de hechos probados impide considerar probadas las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal invocadas. El testimonio de la víctima goza de plena virtualidad para desvirtuar la presunción de inocencia, habida cuenta de su credibilidad subjetiva y objetiva -por su coherencia interna- y de la persistencia en la incriminación.
Resumen: Estimación del recurso de casación interpuesto contra sentencia que declara inadmisible, por extemporáneo, el recurso contencioso-administrativo. El artículo 44 LJCA, que regula los presupuestos preprocesales de los litigios entre Administraciones Públicas, debe ser interpretado de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE. La aplicación del referido artículo 44 de la LJCA no puede realizarse de forma rigorista en aquellos supuestos en que pretende entablar acciones contra otra Administración, y la Administración impugnante ha seguido diligentemente los trámites procedimentales indicados por la propia Administración, autora de la resolución administrativa. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración, como lo es el caso examinado, en el que la acción de reintegro deriva de un Convenio de colaboración. El artículo 44 no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular, sin ostentar ninguna de las prerrogativas de poder público.
Resumen: El delito de apropiación indebida requiere la existencia concatenada de cuatro elementos: a) recepción por un sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble o activo patrimonial, recepción que se produce de forma legítima, b) que ese objeto haya sido recibido, no en propiedad, sino en virtud de un título jurídico que obliga a quien lo recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona, c) que el sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación con ánimo de lucro o de distracción dando a la cosa un destino distinto y d) esta conducta ocasione un perjuicio patrimonial a una persona. El derecho constitucional de defensa, que incluye el derecho a ser defendido por un abogado de confianza, faculta como regla general al cambio de letrado cuando se ha perdido dicha confianza o cuando el acusado desea renunciar al abogado de oficio y designar uno de confianza por estimarse insuficientemente defendido, dado que la facultad de libre designación implica la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses. Este derecho no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal de rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal. El canon de valoración relevante para determinar si se ha producido o no, vulneración del derecho constitucional de defensa, es la valoración de si el acusado ha dispuesto o no de una "defensa efectiva".
