Resumen: Admisión. Autorización de entrada en domicilio para la ejecución de actos administrativos. Recuperación posesoria. Menores de edad. Principio de proporcionalidad. Apartamiento deliberado de la jurisprudencia -artículo 88.3.b) de la LJCA-. Precedentes: AATS, entre otros, de 31 de octubre de 2019, 21 de febrero y 8 de mayo de 2020 (RRCA 4507/2019, 7176/2019 y 7291/2019, respectivamente).
Resumen: El error de hecho sólo pueda prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras y apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce la ley. La obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe y que se concreta a la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justificables. Ahora bien sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa , sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas.
Resumen: Responde a la cuestión de interés casacional en el mismo sentido de lo ya resuelto en SSTS nº. 1.697/20, nº. 1.419/20, nº. 1.153/20 y nº. 968/20, en las que se analizaban supuestos idénticos, recordando lo dicho en la primera. Se razonaba, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/06, art. 2, y Real Decreto 775/11, cuyos arts. 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
Resumen: Demanda de revisión por supuesta maquinación fraudulenta consistente en no indicar el demandante al juzgado los datos útiles de que disponía y que hubieran permitido localizar a la parte demandada, condenada en rebeldía. Cumplimiento de los plazos legales para la interposición de la demanda de revisión: presentación dentro del plazo legal. Por lo que respecta al plazo de tres meses desde el descubrimiento de la maquinación, debe tenerse en cuenta que se instó la nulidad de actuaciones, procedimiento que, en atención a las razones alegadas, no debe considerarse un recurso manifiestamente improcedente. Doctrina jurisprudencial sobre la maquinación fraudulenta como causa de revisión de las sentencias firmes. La maquinación fraudulenta consiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión. Una de sus manifestaciones es la ocultación del domicilio del demandado para que se le emplace por edictos y seguir el juicio en rebeldía. El demandante tiene la carga de que se emplace al demandado cuando se le puede localizar y de hacerlo así, incurre en ocultación maliciosa constitutiva de maquinación fraudulenta. En este caso la demandante designó el domicilio social y fue el juzgado el que intentó el emplazamiento a través de la sede electrónica del 155 LEC.
Resumen: La falta de previsión de la doble instancia penal en el ámbito militar no puede provocar indefensión, por lo que el recurso de casación en el que se invoque infracción de la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia ha de permitir la revisión íntegra de la sentencia condenatoria, también en cuanto a la culpabilidad y participación en los hechos de los recurrentes. La conducta inveraz imputada al primero de los condenados quedó acreditada por suficiente prueba directa -testificales y reconocimiento del propio acusado-, por lo que, al no albergar duda alguna el tribunal sentenciador respecto de los hechos que declaró probados, no puede aplicarse el principio in dubio pro reo. Resulta inviable el motivo basado en error facti, pues no se apoya en prueba documental alguna que soporte ningún error manifiesto y palmario con relevancia para modificar el relato fáctico y el sentido del fallo. La conducta del cabo legionario y de su esposa, dama legionaria, condenados por faltar a la verdad en sus explicaciones a los mandos para justificar un retraso de aquel en la presentación a la primera lista de ordenanza carece de la entidad y relevancia necesarias para su castigo como delito, tanto desde la perspectiva de la lesividad para el servicio, como desde la de la proporcionalidad, habida cuenta de la especial relevancia constitucional que ostenta la privación de libertad y de que, aun impuesta la pena mínima, esta se elevó a 6 meses de privación de libertad.
Resumen: Denegación de prueba: la previa declaración de pertinencia y consiguiente admisión de las pruebas interesadas en el escrito de conclusiones provisionales de cualquiera de las partes no obliga al Tribunal, de forma ineludible, a su práctica en el plenario. La pertinencia inicial de una determinada prueba no es obstáculo para que, a la vista del desarrollo de las sesiones del plenario, su práctica deje de ser útil. En el presente caso, el dictamen médico-forense fue emitido en el plenario por dos facultativos y, a la vista del desarrollo del juicio, las dudas promovidas por la defensa acerca de la cadena de custodia -que es el punto esencial sobre el que pivota el argumentario del recurrente- han perdido toda relevancia. No era, pues, imprescindible la presencia del médico que materialmente preparó esas muestras biológicas para su ulterior valoración. Y es que el cúmulo de pruebas ponderadas por el Tribunal a quo presenta tal carga incriminatoria que hace perfectamente entendible la decisión de la Audiencia Provincial de degradar la pertinencia inicial de la prueba propuesta a una petición ya innecesaria. Error en la valoración de la prueba: Las conversaciones desarrolladas a través de un sistema de mensajería instantánea -es el caso del "WhatsApp"- incorporadas a la causa mediante pantallazos obtenidos a partir del teléfono móvil de la víctima, no son propiamente documentos a efectos casacionales. Se trata de una prueba personal que ha sido documentada.
Resumen: La sala desestima los recursos interpuestos frente a una sentencia que rechazó la pretensión de complemento de legítima por falta de legitimación pasiva de las demandadas al haber renunciado a la herencia y también la pretensión tendente a reconocer su derecho a acrecer y exigir toda la legítima, al partir del error de considerar que el caudal relicto es la suma del relictum (que en el caso no existía) más el donatum, lo que solo debe tenerse en cuenta para calcular la legítima. La sala, después de rechazar que la sentencia incurriera en incongruencia o en falta de motivación, desestima el recurso de casación y declara cual sería la protección del legitimario que no recibe todo lo que le corresponde por legítima. En este sentido, si bien la renuncia impide al legitimario recibir lo que le correspondería por legítima, carece de efecto respecto de otras atribuciones, como las donaciones que recibieron en vida del causante aunque se recibieran como anticipo de la legítima, pues su eficacia solo se ve perjudicada si son inoficiosas. En este sentido, en el supuesto litigioso la acción de complemento no puede prosperar porque las demandadas no fueron herederas al repudiar la herencia, sin perjuicio, además, de no existir caudal relicto para completar y lo procedente hubiera sido ejercitar una acción de reducción de las donaciones por inoficiosidad. Tampoco se estima la acción de acrecer porque el causante no había dejado ningún bien en el momento de su fallecimiento.
Resumen: Los recursos tienen su origen en un procedimiento iniciado por la vía de la tutela de los derechos fundamentales con el fin de que se declare la menor edad del demandante con apoyo en su pasaporte y carta de identidad nacional expedidos por el Consulado de Marruecos en España frente al Decreto de la Fiscalía de Menores que lo consideraba mayor de edad y por tanto fuera del sistema de protección. El Juzgado estimó la demanda y declaró la minoría de edad del demandante basándose en los documentos aportados por el actor. La Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por el MF y dictó sentencia anulando la de primera instancia al entender que el juzgado carecía de competencia. Se interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación que la sala estima. Considera admisible la impugnación del decreto de la Fiscalía que excluye al demandante del sistema de protección reforzada constitucionalmente garantizado a los menores y le niega el reconocimiento de los derechos del niño, pues ante la falta de impugnación de una documentación que es coincidente con la declaración del menor en lo que se refiere a la edad no es razonable considerarlo indocumentado ni dudar de la documentación, siendo adecuada la vía de los derechos fundamentales y competente la jurisdicción civil para conocer de la pretensión ejercitada en atención al contenido de los derechos invocados, en cuanto vinculados a la determinación de la edad, estado civil y la identidad del menor.
Resumen: Engaño a la víctima, que necesitaba un préstamo, encontrándose de baja por depresión, no percibía ingresos y los plazos hipotecarios iban venciendo, la engañaron, haciéndole creer que recibiría un préstamo de 35.000 euros que podría devolver en un año y lo que le hicieron fue quitarle su vivienda por 28.500 euros, además de ocultarle y no entregarle un segundo talón por 78.500 que se hizo constar en la escritura para completar el precio que se designó, descontada la carga de la hipoteca. La sentencia analiza la posible indefensión por el alcance de la vinculación del órgano judicial al principio acusatorio, la declaración del testigo-perito y la aportación de documentos al amparo del art. 786.2 LECrim. Dilaciones indebidas: el plazo debe computarse desde que el procedimiento se dirige contra el culpable. No concurre y, en todo caso, la pena impuesta no puede tacharse de desproporcionada, máxime cuando pudo apreciarse no sólo la agravación del art. 250.1.1º CP, sino también la del art. 250.1.5º CP.
Resumen: Nulidad de liquidaciones firmes emitidas en concepto de canon de regulación del agua. Incongruencia de la sentencia de instancia. Procedimiento previsto en el art. 217 de la LGT.
