Resumen: En el caso, lo que ha ocurrido, en realidad, es una simple transmisión espontánea de información entre autoridades policiales. No se ha producido una cooperación policial internacional en el desarrollo de una investigación propiamente dicha, más allá de la mera transmisión de información, la cual permitió a la policía española preparar un dispositivo de vigilancia que condujo a la identificación de los vehículos por su matrícula y a la posterior detención de los acusados, con la consiguiente incautación de la droga, tal como se declara probado. Ello explica que no haya sido necesaria la solicitud de cooperación policial prevista en el artículo 39 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen. El artículo 46 del mismo Convenio prevé la posibilidad de que, en casos particulares urgentes, se produzca intercambio de información entre las autoridades de policía interesadas. Desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de reforma de la LECrim., la colocación de dispositivos de geolocalización, en cualquiera de sus variedades actuales o futuras, precisa autorización judicial. La misma solo podrá ser otorgada cuando "concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada". La medida deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado.
Resumen: El delito de integración en organización de un grupo terrorista del artículo 572.2 del Código Penal, en relación con el artículo 571, en su redacción dada tras la LO 2/2015, de 30 marzo, constituye una categoría de delitos de los que se denominan permanentes, por cuanto se mantiene la antijuridicidad y agresión al bien jurídico a lo largo de todo el tiempo en el que, por la voluntad del autor, se renueva la acción típica. Como requisitos del delito se ha señalado, en primer lugar y como sustrato primario, la existencia de la propia banda armada u organización terrorista que exige una pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y establecimiento de una cierta relación de jerarquía y de subordinación. La organización tendrá por finalidad la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden democrático constitucional. Como sustrato subjetivo, requiere un carácter más o menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, acerca del resultado de sus actos y eventualmente realizar actos de colaboración que, por razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que persigue el grupo. El elemento diferencial entre el delito de integración en organización terrorista de la mera colaboración con ella radica en un componente asociativo ilícito, marcado por la asunción de fines y la voluntad de integración en la organización.
Resumen: Se confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos, declarando el derecho de los trabajadores de la empresa Adecco ETT SAU, legalmente cedidos a la empresa Airbus Operations SL, en los centros de Getafe-Madrid, Illescas-Toledo y Puerto Real-Cádiz, que prestaron servicios en el año 2017 a percibir el importe de los beneficios que cobraron los trabajadores de la empresa Airbus Operations SL en el mes de mayo de 2018 cuando se cumplieran los requisitos establecidos para dichos trabajadores. Argumenta la Sala IV: 1) Que no cabe apreciar la inadecuación de procedimiento, ya que no se alegó en el acto de juicio y la demanda cumple las exigencias del art.153.1 LRJS; 2) Que no se ha causado indefensión a la ETT por quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, al no estarse en presencia de una demanda vaga, ni haberse incluido a lo largo del procedimiento hechos que concluyen con una sentencia que no tiene que ver con lo demandado, además de que no se pide la nulidad de la sentencia; 3) Que sí tiene la obligación la ETT de satisfacer la paga aunque no esté incluida en el convenio colectivo de ETT, ya que tras la Ley 29/1999, se equipara retributivamente a los trabajadores puestos a disposición respecto de los contratados directamente por las empresas usuarias, lo que incluye, también, las retribuciones que surjan de cualquier acuerdo colectivo o decisión general.
Resumen: El auto de admisión precisó la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consistente en: determinar si a efectos de la actuación ante órganos judiciales unipersonales, la designación de letrado por el turno de oficio excluye la exigencia de otorgamiento de la representación mediante poder o comparecencia apud acta. Cuestión ya resuelta en SSTS de 16-7-20, rec. 2196/19; 22-7-19, rec. 5312/20; dos de 23-7-20, recursos 4657/19 y 2452/19; 29-7-20, rec. 5160/19; 30-7-20, rec. 5628/19, etc. Tal y como se resolvió en la de 29-7-20, se razona que la designación de Letrado por el turno de oficio, tras la asistencia jurídica gratuita otorgada en vía administrativa, es un nombramiento para la defensa y dirección técnica del proceso, pero no se extiende, ni puede extenderse, a la representación de la parte, siendo la jurisprudencia de la Sala clara y reiterada, con mención de la STS de 30-6-11, RIL nº 76/09 y otras posteriores. Así, en respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo formulada, se reitera que: La designación de letrado de turno de oficio ante órganos unipersonales no excluye la exigencia legal, artículos 22.3 LO 4/2000; 23 Y 24 LEC y 23.1 LJCA, de otorgamiento de la representación mediante poder notarial o conferido apud acta por comparecencia personal o electrónica.
Resumen: Se describe el caso de un cliente al que se limita el crédito comercial que tenía con empresa suministradora de embalajes y cartones y para eludirlo y mantener el envío de mercancías, en concierto con agente comercial de esta empresa, realizan los pedidos utilizando el nombre de empresas terceras, pero utilizando los envíos en provecho propio, en reventa o a título de comisionistas; además emiten diversos pagarés a nombre de de estos terceros con supuestos sellos de estas empresas aunque contra cuenta corriente propia del primer acusado. Aunque se reciben las mercancías solicitadas a nombre de tercero y el acusado recibe el importe de las mismas en sus diversas modalidades de comercialización, no abona las mismas a la suministradora; asimismo los pagarés son devueltos. Estafa: existencia de engaño bastante. Salvo engaño burdo, la falta de autoprotección no enerva la tipicidad de la estafa. Falsedad documental. Se lesiona de pleno el bien jurídico que el tipo falsario funcionalmente tutela, especialmente la función probatoria, en cuanto el documento se ha creado para acreditar o probar algo, y la función garantizadora, en cuanto sirve para asegurar que la persona identificada en el documento es la misma que ha realizado las manifestaciones que se le atribuyen en el propio documento. Atenuante de Confesión. Se desestima. Tardía e irrelevante. Responsabilidad civil.
Resumen: Recursos formulados por el condenado y el Ministerio Fiscal. Concurso de normas: se alega que la exhibición de material pornográfico está absorbida por el delito de abusos sexuales. No procede: son dos conductas con sustantividad propia producidos en momentos diferentes. No procede la absorción porque se trata de fases diferentes del iter delictivo, con bienes jurídicos diversos. Presunción de inocencia: existencia de prueba de cargo bastante,constituida por las declaraciones de los menores ratificadas por las de otros testigos. Los tocamientos fugaces no consentidos en partes de significado sexual constituye siempre abuso sexual. Recurso del Ministerio Fiscal: se absuelve de unos hechos por considerarse que no constituyen delito de abusos sexuales, sino de coacciones. Se estimaba que no existía ánimo libidinoso característico de los delitos de carácter sexual. Elemento subjetivo en los delitos contra la libertad sexual: la tipicidad del delito de abuso sexual no exige un elemento subjetivo distinto del dolo de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima. No se exige la acreditación del ánimo tendencial de pretender obtener satisfacción sexual. La conducta descrita constituye abuso sexual. Cabe la condena por resultar una cuestión estrictamente jurídica, que no precisa de una valoración de la prueba. Todo tocamiento doloso en zona erógena es abuso sexual. Incorrecta imposición de la pena de multa para el delito de exhibicionismo de material pornográfico.
Resumen: La declaración de la víctima, debidamente avalada por prueba testifical, documental y pericial, es prueba válida y apta para vencer la presunción de inocencia que ampara al acusado. Existió alevosía, consistente en una ataque sorpresivo con una navaja por la espalda. Concreción del marco punitivo en el concurso medial: el umbral mínimo se concreta tomando en consideración las circunstancias concurrentes e incluso los factores de individualización punitiva de la infracción más grave -a la que al menos debe adicionarse un día- y el umbral máximo sumando a la anterior cifra la pena en concreto que correspondería al otro delito, también una vez ponderados los factores de individualización judicial, no el máximo imponible antes de esa ponderación. Se estima parcialmente el motivo y procede a imponerse una pena acorde a la doctrina jurisprudencial expresada.
Resumen: El TS afirma que no es necesario que se pronuncien sobre el valor de todas las pruebas sino que expongan los elementos de convicción en que se sustenta la duda que conduce a la absolución. A tal efecto recuerda que el deber de motivación también deriva de la previsión especifica contenida en el artículo 120.3 CE y con esa exigencia no se pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de su racionalidad y de su corrección técnica. El citado precepto constitucional no excluye de su ámbito a las sentencias dictadas en el procedimiento del Tribunal del Jurado, si bien el hecho de que los jurados sean legos en derecho confiere al deber de motivación algunas singularidades. La singularidad de la motivación del veredicto del Jurado se enfatiza en la ley disponiendo que debe ser una "explicación sucinta". La expresión "sucinta" debe interpretarse como breve o compendiosa, aunque debe ser suficiente. Un veredicto, aunque parco en extensión, debe reputarse suficiente, si, atendidas las circunstancias del caso, y las concretas pruebas que fundamentan sus declaraciones, son suficientes para conocer el diseño probatorio en que los jurados hicieron descansar su convicción.
Resumen: El control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria de cargo sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, lo que comprende el examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y el proceso de formación y obtención de la prueba. Esta estructura racional del discurso valorativo sí puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias; o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio nemo tenetur. Los elementos que integran la nota de organización son: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente concertadas; d) distribución diferenciada de tareas o reparto de funciones; e) existencia de una coordinación; f) debe tener, finalmente, la estabilidad temporal suficiente para la efectividad del resultado jurídico apetecido. El delito de pertenencia a grupo criminal es homogéneo con el delito de pertenencia a organización criminal; contiene las mismas exigencias típicas, aunque en menor número que las propias de aquel; y es menos grave. El consumo de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación de una atenuante.
Resumen: Responde a la cuestión suscitada en el auto de admisión en el mismo sentido de lo ya resuelto en SSTS de 9 y 21 de julio y 11 de septiembre de 2020, en las que se analizaban supuestos idénticos. Se razonaba, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión planteada es: A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones.
