Resumen: El cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados. Se trata, no obstante, de una participación accidental y de carácter secundario. En supuestos en los que se producen contribuciones plurales en unos mismos hechos que se prolongan en el tiempo, no siempre es posible una descripción fáctica que singularice al detalle los actos ejecutados individualmente por cada uno de los intervinientes, lo que no será obstáculo para apreciar la participación de todos ellos, una vez se constaten los presupuestos sobre los que se asienta la misma, es decir, tratándose de cómplices, una consciente y voluntaria intervención facilitadora. Y precisamente esto es lo que se describe en este caso, respecto a un delito que, por ser permanente, como es el de detención ilegal, siguió consumándose mientras duró la privación de libertad. La falta de una exacta identificación de cuales fueron concretamente las tareas de vigilancia y control asumidas por el recurrente no diluye la tipicidad, cuando queda claro que intervino en ellas, respaldando voluntariamente la actuación del autor.
Resumen: Se analiza el valor probatorio de la declaración de la víctima con arreglo a los parámetros establecidos de forma reiterada por la doctrina del TC y de la Sala. En este caso la valoración de la declaración de la víctima cumple con los presupuestos exigibles para ser valorada como única prueba de cargo. A tal efecto recuerda que la jurisprudencia viene estableciendo una serie de parámetros o criterios para llevar esa valoración. Son los siguientes: a) La comprobación de la credibilidad subjetiva que exige el análisis de las características físicas o psíquicas del testigo (minusvalías sensoriales o síquicas, ceguera, sordera, trastorno o debilidad mental, edad infantil), que sin anular el testimonio lo debilitan. También obliga al análisis de posibles motivaciones espurias. b) Credibilidad objetiva, o verosimilitud del testimonio, que según las pautas jurisprudenciales debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna) y en el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico (coherencia externa). c) Persistencia en la incriminación, lo que conforme a las referidas pautas jurisprudenciales supone analizar la posible existencia de modificaciones en el relato durante sus distintas declaraciones, la concreción de la declaración y la ausencia de contradicciones.
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que inadmitió un recurso contencioso-administrativo al entender insuficientemente subsanado por la recurrente el defecto consistente en la falta de acuerdo corporativo para recurrir. Interpretación reiterada del Tribunal Supremo del artículo 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional. Necesidad de efectuar un requerimiento de subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión cuando, como es el caso, la recurrente aportó a los autos copia de una escritura notarial elevando a públicos determinados acuerdos de la Comisión Ejecutiva en los que se confería al Director General de la sucursal en España de una entidad de crédito residente en el extranjero;los más amplios poderes de administración ordinaria y extraordinaria de la sucursal; así como la facultad de ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones; y defendió que la persona que interpuso el recurso contencioso tenía legalmente atribuida la facultad de ejercitar acciones judiciales. Estimación del recurso con retroacción de actuaciones.
Resumen: El delito de malversación de caudales públicos requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) El autor debe ser funcionario público en los términos del art. 24 del Código Penal o resultar asimilado a la condición de funcionario por la vía del art. 435. b) Los efectos o caudales, en todo caso de naturaleza mueble, han de ser públicos cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de la misma. c) Los caudales o efectos públicos deben estar a su cargo por razón de sus funciones. La jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el requisito de la facultad decisoria del funcionario sobre los bienes en el sentido de no requerir que las disposiciones legales o reglamentarias que disciplinan las facultades del funcionario le atribuyan específicamente tal cometido, refiriéndose también a las funciones efectivamente desempeñadas. d) Como cuarto y último elemento, la acción punible a realizar consiste en "sustraer o consentir que otro sustraiga", lo que equivale a una comisión activa o meramente omisiva. En el ámbito penal, el artículo 404 exige que se haya dictado una resolución, y por exigencias propias del principio de legalidad, no puede ampliarse su concepto hasta desnaturalizarlo, incluyendo algo tan distinto como es un informe. La conducta ejecutada erróneamente por los funcionarios que dictaron las resoluciones son conductas que albergan una antijuridicidad penal objetiva y los actos que dolosamente inducen o cooperan a ella resultan penalmente ilícitos.
Resumen: Sólo opera el régimen especial de conformidad si todos los acusados se allanan. En caso contrario es obligado celebrar el juicio para todos (también para los conformes). El art. 787.2 en sede de procedimiento abreviado insiste en la necesidad de la anuencia de todas las partes, requisito solo excluido cuando es una persona jurídica la que muestra la conformidad. Son requisitos del delito del art. 515.1º CP: a) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad; b) la existencia de una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad prevista; c) la consistencia o permanencia, en el sentido de que el acuerdo asociativo sea duradero, y no puramente transitorio; y d) el fin de la asociación, que en el caso del art. 515.1º, inciso primero, ha de ser la comisión de delitos, lo que supone una cierta determinación de la ilícita actividad, sin llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar. La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo, constituye, un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P. La sociedad carece de legitimación para recurrir alegando infracción de precepto constitucional, ya que ajustándose al modelo de justicia consensuada, la entidad acusada aceptó los términos pactados por la defensa con el Ministerio Fiscal, acerca de la calificación jurídica de los hechos imputados.
Resumen: Contaminación acústica. Sentencia absolutoria. Límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo a la hora de revocar una sentencia absolutoria o de revocar in peius una sentencia condenatoria. Se alega por el Ministerio Fiscal que los razonamientos en los que se basa la absolución son irracionales. Se solicita la nulidad y la devolución del procedimiento para que por un nuevo Tribunal se dicte otra sentencia. Antecedentes históricos y legislativos de los delitos medioambientales. Concepto de ruido. Protección constitucional del medio ambiente. La distinción entre el ilícito penal y el ilícito administrativo es el riesgo producido. Ejemplo de ley penal en blanco. Legalidad de las normas penales en blanco. Estructura compleja del delito del artículo 325 del Código Penal. El ruido debe ser gravemente perjudicial. Bien jurídico protegido. Delito de peligro hipotético o de peligro abstracto-concreto. Necesidad de acreditar los desvalores real y potencial de la acción. La exigencia de peligro grave atribuye a los Tribunales una labor de concreción típica. Para medir el tipo medio de gravedad se ha de acudir tanto a la incidencia en la salud como en las condiciones naturales del ecosistema. Graves consecuencias de la exposición prolongada al ruido. Elemento subjetivo del tipo: conocimiento del riesgo originado. Motivación suficiente y racional sobre la ausencia de conocimiento del riesgo.
Resumen: El motivo nuclear del presente recurso es el cuestionamiento del papel que desempeña la Junta Electoral Central, órgano previsto en la Constitución, como autoridad superior a los efectos de la tipicidad del art. 410.1 CP, y encargado de las garantías y supervisión de los procesos electorales, lo que constituye el motivo quinto en el que, además, se analizarán el funcionamiento y las exigencias que comporta el Estado de Derecho. Por ello el ámbito del presente recurso, no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral. La inadmisión liminar de la recusación puede sustentarse tanto en la falta de designación de una causa legal de abstención como en su invocación arbitraria, esto es, manifiestamente infundada, ya que este último comportamiento también constituye una evidente infracción del deber de actuar con probidad en el proceso, sin formular incidentes dilatorios, que resulta de la genérica obligación de colaborar en la recta administración de justicia.
Resumen: Suficiencia de los indicios aportados por la policía. No es necesario que la solicitud policial venga ordinariamente seguida por una actividad jurisdiccional tendente a acreditar la realidad de lo que se afirma en ella. Tampoco se vulneró la Ley de Protección de Datos. Derecho a ser asistido por un intérprete. Declaración policial de quien demuestra conocer y entender el idioma español. Autoría y complicidad. Se rechaza la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La imposición de la pena de multa exige que conste la cantidad de droga suministrada por el acusado.
Resumen: Sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. En el terreno de la concreción última del quantum penológico no es exigible la expresión imposible de unas reglas que justifiquen de forma apodíctica y con exactitud matemática la extensión elegida
Resumen: Sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada. El control constitucional sobre una posible vulneración de la presunción de inocencia no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos. La finalidad del motivo previsto en el artículo 849.2 LECr consiste en modificar, suprimir o adicionar el relato histórico mediante la designación de verdaderas pruebas documentales, normalmente de procedencia extrínseca a la causa, que acrediten directamente y sin necesidad de referencia a otros medios probatorios o complejas deducciones el error que se denuncia, que debe afectar a extremos jurídicamente relevantes, siempre que en la causa no existan otros elementos probatorios de signo contradictorio.
