• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10018/2020
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Viabilidad de las medidas de injerencia adoptadas respecto al secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. Suficiencia de los oficios policiales y motivación por remisión de los autos habilitantes. Se desestima el carácter prospectivo de la petición de intervención. Procedencia de la condena como grupo criminal ex artículo 570 ter 1 b). Requisitos del tipo penal y su diferencia con la codelincuencia. Existe un iter de distribución de funciones. Delito de depósito de arma de guerra. Análisis sobre la tesis acerca del funcionamiento del arma. Delito del art. 197 bis. Análisis del tipo penal tras la LO 1/2015 dentro del intrusismo informático. Configuración del delito como hacking blanco según la doctrina. Requisitos de este tipo penal. Exigencia de falta de autorización y de vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedir el acceso. Análisis del bien jurídico protegido en este delito. Configuración de este tipo penal como allanamiento informático. Puede definirse como el comportamiento que radica en obtener algún tipo de control sobre los procesos que concurren en el sistema.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 4141/2018
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Posibilidad de aportación de documentos durante el juicio, al amparo del artículo 729.3 LECrim, para corroborar la declaración de un perito y siempre que no se cause indefensión. Requisitos para denegar en el juicio pruebas ya admitidas previamente. Valoración de prueba con especial referencia a la autoinculpación del deudor por la presentación de declaraciones complementarias y la valoración de los datos aportados con motivo de esas declaraciones. Se estima como momento de consumación del delito, a efectos de determinar la ley aplicable, la fecha de finalización del periodo voluntario de liquidación del impuesto que en caso de IVA y de retenciones de IRPF es generalmente por trimestres. No se puede tener en cuenta a estos efectos, ni el periodo anual previsto en el artículo 305.1 que no es sino un elemento de la tipicidad, ni al momento en que pueden presentarse declaraciones complementarias, ni tampoco al momento en que han de presentarse los resúmenes anuales, que no tienen componente liquidatorio alguno. Sólo cabría exigir responsabilidad penal de la persona jurídica por el fraude tributario cometido en el cuarto trimestre de 2010, cuya liquidación debía realizarse en los primeros días de enero de 2011, fecha en la que ya estaba en vigor la reforma penal introducida por la Ley Orgánica 5/2010
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 10654/2019
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El recurso ha de abrir un debate directo con la sentencia de apelación, tratando de rebatir o contradecir sus argumentos. Indirectamente ello supondrá también cuestionar otra vez la sentencia dictada en primera instancia. Pero no es correcto limitar la casación a una reproducción mimética del recurso contra la sentencia de instancia, ignorando la de apelación. La demora en formular la petición se presenta como una táctica dilatoria que hace inviable la práctica de un contraanálisis, incluso sobre las muestras, ya que el paso del tiempo altera su composición, lo que impide reflejar u obtener un resultado fiable. Basta con la tenencia, aunque hubiese sido momentánea, del paquete que el recurrente acepta haber poseído para que decaiga el alegato de tentativa. Para poder apreciar la circunstancia atenuante de drogadicción en alguna de tales variantes ha de concurrir no sólo el requisito biopatológico de la drogodependencia, que ha de ser grave y de cierta antigüedad,.sino también el psicológico de la real y efectiva afectación de los elementos intelectivos y volitivos del sujeto; el temporal de su incidencia, constatada o deducible de la gravedad de la adicción, en el momento mismo de la comisión delictiva, y el normativo, caracterizado por su intensidad o influencia en los resortes mentales de quien la padece. Aún estando acreditado que el acusado era consumidor de droga, es inviable la atenuación reclamada por cuanto, en efecto, no basta la condición de drogadicto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10214/2020
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Una hipotética vulneración del principio non bis in idem, derivada de la doble valoración de la edad y de la superioridad del agresor -en este caso, el padre de la víctima- no coincide con la jurisprudencia de la Sala II. En el artículo 183.4 d) se agrava la pena cuando el autor se haya prevalido de una relación de superioridad para la ejecución del delito, supuesto que presenta diferencias sustanciales con el previsto en el artículo 181.3, en el que también se contempla un prevalimiento, aunque en esta ocasión dirigido a obtener el consentimiento de la víctima, al aprovechar el autor una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de aquella. En el primer caso, el sujeto se aprovecha de una relación de superioridad que le facilita la comisión del delito, facilitación que no opera sobre la base de obtener el consentimiento de la víctima, que siendo menor de 16 años nunca podría considerarse válido, sino en atención a las circunstancias que esa relación de superioridad trae consigo. La aplicación del apartado d) del art. 183.4 del CP exige la presencia en el hecho de un factor ajeno a la edad del sujeto pasivo. En el presente caso el acusado es el padre de la víctima. La relación de parentesco no sólo opera en términos objetivos, colmando la literalidad del art. 183.4.d), sino que además proporciona al autor una prevalencia que facilita sobremanera la estrategia de ejecución del hecho. La redacción de los hechos no es confusa. la defensa cuestiona la prueba.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 3895/2018
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Las conclusiones de una Comisión Parlamentaria no vinculan al Poder Judicial ni suponen un presupuesto o condición procesal "sine qua non" para proceder en la jurisdicción penal. Concurso con delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios del artículo 441 CP. Necesidad de que exista cierta vinculación entre el puesto del trabajo del funcionario y el centro en el que se produjo el acto prevaricador. Concurso con el delito de fraudes y exacciones ilegales del artículo 436 CP. Se precisa concretar objetivamente el efecto perjudicial del contrato para el erario público, por más que se trate de un delito de mera actividad que no precise de la producción de perjuicio. En este caso el factum no concreta ese efecto perjudicial por lo que no cabe la condena por este delito. Error en el juicio histórico describiendo un hecho delictivo cuando en la fundamentación jurídica se descarta por inexistencia del elemento subjetivo del injusto. Aun cuando es una cuestión fáctica, en casos como el presente procede completar el relato fáctico y analizar si la prueba justifica la existencia del elemento subjetivo o no, pero teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la doctrina sobre revisión de sentencias absolutorias.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGELES HUET DE SANDE
  • Nº Recurso: 2932/2019
  • Fecha: 08/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala estima el recurso y parcialmente el contencioso-administrativo. La cuestión que presenta interés casacioal es determinar qué incidencia tienen la STC 8/2017, de 19 de enero, así como la STEDH de 16 de febrero de 2016 (asuntos acumulados Vlieeland Boddy y Marcelo Lanni C. España), en el régimen jurídico relativo a la aplicación del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los presupuestos que deban concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial por prisión provisional, en los casos en que haya recaído sentencia absolutoria, teniendo en cuenta además la reciente STC 85/2019, de 19 de junio. Pues bien, siguiendo la doctrina jurisprudencia ya establecida por la Sala, a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, debemos responder que, tras la STC 8/17 de 19 de enero, tomando en cuenta la nueva redacción del art. 294.1 LOPJ en la que desaparece la mención por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 4138/2018
  • Fecha: 06/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se estima en parte el recurso por considerar que no ha sido acreditado un apoderamiento ilícito de una parte de las cantidades fijadas como monto indemnizatorio. Se estima la pretensión de la recurrente toda vez que ni en el hecho probado se señala esa cantidad como objeto de la estafa ni en la fundamentación de la sentencia se fundamenta sobre la apropiación indebida. Se concluye que no debe aplicarse la atenuante de confesión porque no fue una confesión con relevancia penal, pues fue realizada después del conocimiento judicial del hecho, cuando, este había sido investigado y descubierto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10016/2020
  • Fecha: 02/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se cuestiona la existencia de prueba de cargo a través de quebranto de la presunción de inocencia. No obstante, la prueba es abundante y la valoración racionalmente motivada. La cuestión esencial es la calificación del concurso entre el robo y la detención ilegal de los dos rehenes. Alegan especialmente, la corta duración de la privación deambulatoria. Debe mantenerse la existencia de un concurso real: a) son dos las víctimas a las que se priva de su libertad deambulatoria; b) aunque el tipo penal del art. 163 CP no hace referencia a propósitos ni a finalidades comisivas, por tanto, son irrelevantes los móviles, sí clarifica lo acontecido, que los acusados actuaron con ánimo de privarles de su libertad deambulatoria, continuaron reteniendo a los moradores de la vivienda; c) que tal actuar y ánimo, continuaba una vez que la actividad depredatoria había finalizado, pues un coacusado, ya había marchado llevando consigo los efectos sustraídos; y d) si bien la extensión temporal de la retención, se indica que no ha quedado determinada, sucede que respecto de un rehén, se interrumpe porque logra huir y respecto al otro, por la actuación policial alertada por el primero.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 10063/2020
  • Fecha: 01/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La asociación de unas huellas dactilares a la identidad de una persona, si se garantiza que la toma de muestras y la aplicación de reactivos se ha verificado conforme a un protocolo científico que excluya cualquier duda sobre su autenticidad, encierra un poderoso elemento de prueba para afirmar, más allá de toda duda razonable, que esa persona ha estado en el lugar en el que aquéllas fueron reveladas. Como es lógico, no basta esa conclusión acerca de la ubicación espacial de un sospechoso para, sin más, fundamentar el juicio de autoría. Lo que demuestra la prueba dactiloscópica es que la persona cuyas huellas han sido obtenidas en el escenario del delito estuvo allí. Pero la inferencia acerca del momento de esa presencia y, por tanto, de su participación en el hecho delictivo puede quedar neutralizada a partir de una explicación plausible sobre las razones que justifican lo que la prueba dactiloscópica está evidenciando. En el caso concreto, el testigo mediante el que se pretendió acreditar la anterior presencia del acusado en el lugar del robo, no ofreció ninguna credibilidad al Tribunal de instancia, hasta el punto de que ordenó la deducción de testimonio por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia. Por todo ello, el TS desestimó el recurso.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 10203/2020
  • Fecha: 01/10/2020
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La fallecida, bajo la tutela de quien sostuvo la acción penal particular, estuvo personada en las actuaciones hasta su fallecimiento el día 24 de diciembre de 2018, fecha en la que el procedimiento ya se encontraba en la Audiencia Provincial donde se preparaba la celebración de Juicio Oral. Por tanto, durante toda la instrucción aquella ejercitó la acusación particular y, todavía en vida de la misma, se presentó el escrito de calificación provisional por los profesionales designados para su representación y defensa. Queda así claro que la voluntad de la fallecida fue personarse en el procedimiento como acusación para interesar la condena del recurrente como responsable de un delito de asesinato y para reclamar la correspondiente indemnización. Tras el fallecimiento su tutora aceptó la herencia mediante escritura pública e interesó su personación en el procedimiento ya como heredera y no como representante legal de la fallecida, pero sin que ello alterase su posición acusatoria puesto que mantuvo las mismas pretensiones penales y civiles que habían sido deducidas por ésta. Posición congruente con el art. 276 LECrim.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.