Resumen: La Sala desestima los recursos que derivan de la demanda formulada por un exalcalde contra la editorial y el autor del libro "Fariña", por intromisión en su derecho al honor. Prevalece la libertad de información sobre el derecho al honor del demandante porque las menciones que se hacen al exregidor cumplen el requisito de la veracidad. No existe controversia sobre el interés general del asunto sobre el que versa el libro, en el que se menciona puntualmente al demandante, pues se enmarcaba en un relato sobre la historia del narcotráfico gallego, de graves consecuencias sociales, y sobre el que ha existido una vasta investigación policial y abundantes procedimientos penales. Es correcto el razonamiento de la sentencia recurrida acerca de que la información contenida en el libro sobre el demandante es veraz, tanto por reflejar la información dada a lo largo del tiempo en diversos medios de comunicación, como por lo que resulta de los diferentes sumarios en los que fue acusado y juzgado el demandante y de las sentencias penales que en unos casos le absolvieron y en otros le condenaron. Tampoco falta el requisito de la veracidad en la alusión al demandante en las entrevistas concedidas por el autor del libro como persona vinculada al narcotráfico, condenado por narcotráfico, e incluso narcotraficante (la mención al demandante era un ejemplo de los políticos que tras haber sido acusados o condenados por narcotráfico se presentaban a las elecciones y obtenían el respaldo popular).
Resumen: Se presenta demanda de revisión frente a las sentencias de instancia y suplicación que declaran procedente el despido disciplinario, incoado por irregularidades en el suministro de combustible en operaciones realizadas con tarjetas titularidad del Cabildo de Gran Canaria. Tras sistematizar los requisitos para que proceda la revisión de sentencias firmes, con fundamento en sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial que absolvieron al demandante de los delitos de estafa y apropiación indebida de los que estaba acusado. La sentencia desestima la demanda de revisión por cuanto las sentencias penales no son documentos anteriores al proceso laboral que se hubieran recobrado con posterioridad a su finalización. Añade que las sentencias penales no sirven, siempre como presupuesto para la revisión de una sentencia firme en el ámbito laboral, y en el supuesto las sentencias penales evidencian que la absolución se debía a la aplicación del principio de presunción de inocencia por cuando la única prueba de carga fue la declaración de uno de los acusados. Añade que en la carta de despido no se imputa al trabajador ningún hecho con relevancia penal
Resumen: Se reitera la doctrina sentada en SSTS nº 968, 1055, 1153, 1419 y 1444/20, entre otras, en las que se analizaba idéntica cuestión. Se razona, en esencia, que hacer posible cursar el Máster de acceso a la Abogacía sin que se posea la titulación u homologación de Grado hasta el momento del examen o evaluación final del Máster, y permitiendo que se simultanee con el Máster los estudios de convalidación del título extranjero para la obtención del título de Grado en Derecho u Homologado no resulta conforme a la Ley 34/2006, artículo 2, y Real Decreto 775/2011, cuyos artículos 3 y 4 reiteran que los estudios para la capacitación profesional del abogado son "cursos de formación para abogados"; de forma que, si no se está en presencia de un título de Licenciado o Graduado en Derecho o en poder de la credencial de homologación de un título extranjero, no se puede participar en "cursos de formación para abogados". Así, la respuesta a la cuestión planteada es: "A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado), sin que sea conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones."
Resumen: El acusado no se limitaba a tener los referidos sistemas de captación de imágenes, sino que, además procedía después al archivo y grabación de las imágenes así obtenidas, vulnerando abiertamente la intimidad de sus subordinadas con plena conciencia y voluntad de hacerlo. El Tribunal considera que el prevalimiento del cargo público al que el artículo 198 del Código Penal alude debe ser interpretado no en el sentido de mero aprovechamiento (laboral) del cargo, de la categoría profesional o de las facultades de dirección que el mismo proyecta sobre sus subordinados (también funcionarios públicos de ordinario), sino en atención a que el delito sea cometido prevaliéndose el sujeto activo de su condición o cargo público frente a particulares (o naturalmente frente a autoridades o funcionarios públicos al margen de su función). El citado tipo requiere en primer lugar que el sujeto activo sea autoridad o funcionario público. Ahora bien, no nos encontramos ante un tipo anudado a la función pública. No es suficiente con la condición de funcionario público del sujeto activo. Es necesario que actúe en el área de sus funciones específicas, de tal modo que aun cuando la acción sea ejecutada por una autoridad o funcionario público, si su actuación no se refiere específicamente a tales funciones y únicamente se ha aprovechado de su condición de autoridad o funcionario para facilitar la comisión del hecho, su actuación deberá ser calificada conforme al artículo 197 del Código Penal.
Resumen: Suele ser objeto de alegación con frecuencia la existencia de contradicciones en las declaraciones de los acusados, víctimas o testigos en sus diversas manifestaciones que llevan a cabo tanto en sede policial, como ante el juzgado de instrucción y su comparación con la llevada a cabo en el plenario. No obstante, cuando se alega el concepto de contradicción no debe perderse de vista que, técnicamente, por tal debería entenderse aquello que es antagónico u opuesto a otra cosa. Y en la mayoría de los supuestos en que se alega la pretendida contradicción se centra o ciñe más en cuestiones de matices respecto al contenido propio de las declaraciones. En casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Comete violación y no está amparado por causa alguna de justificación quien, usando fuerza o intimidación, tuviese acceso carnal con su cónyuge. No existen supuestos "derechos" a la prestación sexual, debiendo primar el respeto a la dignidad y a la libertad de la persona. La Sala II ha entendido que la conducta que se sanciona en el art. 173.2 es distinta de las concretas agresiones cometidas contra esas personas. La conducta típica viene, pues, integrada por una forma de actuar y de comportarse de manera habitual en la que la violencia está constantemente presente, creando una situación permanente de dominación.
Resumen: El escrito de conclusiones provisionales se limitará a exponer ordenadamente la calificación legal de los hechos determinando el delito que constituyan. La dosis media diaria de ketamina ha de situarse en 200 mgr, lo que supone que la cantidad de notoria importancia empezaría con la tenencia de 100 gramos de ketamina. En este caso se ocuparon 85,5 gramos puros lo que supondrían 427,75 dosis, que, sumadas a las anteriores correspondientes a otras sustancias, rebasarían ampliamente las quinientas. La ketamina se trata de una sustancia que causa daño a la salud. El Pleno de esta Sala no ha establecido, cuál es la dosis de consumo diario de esta sustancia psicotrópica y, por tanto, cuál sería la cantidad comprendida en las 500 dosis de ketamina, lo cierto es que en el presente caso el acusado transportaba casi cuatro kilos de la sustancia, lo que significa que atendiendo a su elevada nocividad y ponderando que, según se desprende del folio 179 de la causa, la dosis de abuso habitual pudiera ser de unos 200 miligramos, por muy a la baja que corrijamos esta cifra resulta patente que la ketamina que se le ocupó al recurrente supera incuestionablemente el límite jurisprudencial de la notoria importancia, vistos los baremos que barajamos al ubicar el listón del subtipo agravado en otras sustancias que causan grave daño a la salud al efecto de aplicar el art. 369.5ª del C. Penal. La ketamina es una sustancia potencialmente peligrosa para la salud, derivada de la feniciclina.
Resumen: El ánimo o intención de matar, elemento subjetivo del homicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y requiere un juicio de inferencia para su fijación en el proceso penal, operación compleja que partiendo de datos fácticos demostrados, conduce -a través de las reglas lógicas o de experiencia- a la certeza moral que la resolución judicial necesita; y ese juicio de inferencia obliga a una indagación cuidadosa de todas circunstancias del hecho, en cuanto pueden facilitar datos o elementos significativos de la voluntad o intención del sujeto y se vienen destacando el arma o medios utilizados, la zona a la que se dirige el ataque, número de golpes, violencia o intensidad de los mismos, condiciones de espacio y tiempo en que se produjo la agresión, circunstancias conexas, las palabras del autor, previas, coetáneas y posteriores a la agresión, móvil del delito y cualesquiera otras que en función de las circunstancias del hecho puedan determinar el alcance de la intención lesiva. La Sala II ha admitido en ocasiones una modalidad especial de alevosía convivencial basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Se trataría de una alevosía doméstica, derivada de la relajación de los recursos defensivos como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive día a día.
Resumen: La ratificación en el juicio oral de los reconocimientos en rueda y su sometimiento a la contradicción de las partes permitió al Tribunal valorar las circunstancias en que tales reconocimientos tuvieron lugar. Para poder apreciar la circunstancia de drogadicción, es imprescindible que conste probada la concreta e individualizada situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo. Para la especial cualificación de la atenuante de reparación del daño, se requiere que el esfuerzo realizado por el culpable sea particularmente notable, en atención a sus circunstancias personales (posición económica, obligaciones familiares y sociales, especiales circunstancias coyunturales, etc.) y al contexto global en que la acción se lleve a cabo. Para la apreciación de la reparación del daño como muy cualificada, el Tribunal únicamente ha atendido a la cuantía consignada, la cual considera relevante por ser superior a la cuantía de la responsabilidad civil interesada por el Ministerio Fiscal y cercana a la solicitada por la acusación particular. No aprecia ningún otro dato que revele una especial intensidad en los elementos que integran la atenuante o que justifique que la conducta del acusado fue más allá de la material reparación. Por su parte el condenado, en su escrito contestando el recurso, únicamente señala que ha tenido que vender un vehículo de su propiedad, sin que este hecho, por si solo, denote un especial esfuerzo reparador. Tampoco consta sentimiento de constricción.
Resumen: Agresión sexual perpetrada en conjunto. Alcance de la alegación de vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El control de la racionalidad del proceso valorativo no implica la sustitución de la valoración de las pruebas. Validez de la declaración de la víctima como prueba de cargo aunque sea única. Las diligencias no practicadas, salvo la de obtención de restos biológicos, no era necesarias y no mermaron el derecho de defensa. La valoración psiquiátrica de la víctima se podía realizar mediante los informes psiquiátricos. No es una causa objetiva de duda que la víctima acuda a denunciar con ropa interior distinta de la que portaba al ser agredida. Credibilidad de la víctima, cuando sufre un trastorno de inestabilidad emocional: no había criterio de deterioro cognitivo ni tendencia a la fabulación. Principio acusatorio: el relato de hechos probados incorpora ya de por sí el propósito del acusado. La frase inexistente en el escrito de acusación carece de valor a efectos de calificación. Correlación entre fallo y acusación. Facultad del órgano judicial para alterar de forma no esencial el relato acusatorio. Daño moral: procede su indemnización cuando su existencia se deduce del propio relato de hechos probados, por la importancia del bien jurídico protegido. Exclusión de la cuantía indemnizatoria de impugnación en casación, salvo en supuestos excepcionales. Deber de motivar de la pena: correcta individualización de la pena.
Resumen: Denegación probatoria: se condiciona una pericial psicológica de las denunciantes, que pretende acreditar el perfil psicológico de las mismas, al consentimiento de las mismas, que no lo prestan. Prueba improcedente. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, que se encuadra en la denegación de la reseña y detección de llamadas entrantes y salientes entre el teléfono del acusado y el de la víctima, y en la denegación de la declaración de dos testigos. Presunción de inocencia. Delito de agresión sexual. Características de la declaración de la víctima. Parámetros para su apreciación. Doctrina jurisprudencial. Infracción de ley: doctrina jurisprudencial sobre los delitos contra la libertad sexual. Recurso de las acusaciones particulares: agravante específica de concurrir una relación de superioridad del acusado sobre las trabajadoras del colegio, denunciantes de los hechos. En los tocamientos fugaces o episódicos, evidentemente inconsentidos, llevados a cabo en zonas erógenas y con inequívoco sentido sexual, como ocurre en muchos de los episodios analizados, el consentimiento se obtiene de forma viciada o se aprovecha el agente del estado de incapacidad para obtenerlo. No se describe propiamente una «relación de superioridad» que conforma un prevalimiento.
