• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 2293/2019
  • Fecha: 17/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Elementos del tipo del art. 257.1 CP. Existencia de prueba de cargo suficientemente motivada por el Tribunal. Responsabilidad civil en el alzamiento de bienes cuando no es posible anular las operaciones llevadas a cabo. En la medida que la indemnización no exceda del valor del bien sustraído a la ejecución debe aplicarse como remedio subsidiario la indemnización correspondiente de daños y perjuicios. La reparación e indemnización es también un medio sustitutivo de la integridad patrimonial cercenada por el acto de disposición fraudulenta, cuando la reintegración es imposible. Individualización judicial de la pena. Adecuación de la misma en sede casacional cuando se produce por el Tribunal una exasperación punitiva sin concurrir agravante alguna y se acude a la mitad superior del arco penal.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 10604/2020
  • Fecha: 11/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 41/2015, modificó sustancialmente el régimen impugnatorio de las sentencias de la jurisdicción penal, al generalizar la segunda instancia, bien ante la Audiencia Provincial o bien ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se prevé un régimen de casación con un contenido distinto, según los supuestos. A través del motivo formulado al amparo del artículo 849.2 LECrim se exige: a) que se trate de una verdadera prueba documental; b) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico; c) que el dato no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; d) que el dato contradictorio así acreditado tenga virtualidad para modificar algún pronunciamiento del fallo. La indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal doloso, como es el caso que nos ocupa, que realice el Tribunal de instancia, fijando el alcance material del quantum de las responsabilidades civiles por tratarse de un criterio valorativo soberano, más que objetivo o reglado, atendiendo a las circunstancias personales, necesidades generadas y daños y perjuicios realmente causados, daño emergente y lucro cesante, no puede ser sometida a la censura de la casación por ser una cuestión totalmente autónoma y la de discrecional facultad del órgano sentenciador
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 2122/2019
  • Fecha: 04/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El acusado podía querer convencerse ilusamente de que eran mayores. Pero se trataría en todo caso, de una creencia, débil, frágil; tan frágil que conviviría necesariamente con la conciencia de que lo más probable es que fuesen menores. El error de que habla el art. 14 CP exige certeza, o quasi certeza: un conocimiento equivocado pero seguro. Si el sujeto actúa con dudas serias sobre la concurrencia de un elemento típico, que prefiere no llegar a conocer, no puede ser disculpado por ese error consciente; o, mejor, buscada situación de error. Es supuesto asimilable al dolo eventual: la sospecha de ilicitud excluye el error. El no querer despejar sus serias dudas, equivale a la conocida como ignorancia deliberada. La duda, no casa bien con el concepto de creencia errónea. Los razonamientos del recurso, en otro orden de cosas, se adentran en una materia de revaloración de pruebas de carácter personal (testifical) y de otros elementos (aspecto de las menores. rostro, facciones, timbre de la voz..) en que despliega un protagonismo muy significado la inmediación y, que, por tanto, escapan a la fiscalización en casación. Que unas menores perciban esas conductas -prostituirse por unos pocos euros- como algo trivial, supone el reflejo del negativo impacto que actuaciones como las del recurrente dejan en la formación de las menores. Que además se les remunere el favor carnal con droga agrava ese daño en su desarrollo formativo. Alguna repercusión reparatoria ha de tener ese daño moral.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA
  • Nº Recurso: 1292/2019
  • Fecha: 04/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El atestado policial expresa que la confesión se efectuó voluntariamente al ser preguntado. No se duda de la voluntariedad. Pero es cuestionable la espontaneidad en la medida en que se estaba contestando a preguntas formuladas directamente por los agentes sin previa información de derechos. Ésta solo se efectuó a continuación. En consecuencia, hemos de expulsar del material probatorio esas manifestaciones. Las razones que fundan una previsión de permiso judicial en cuanto a la cesión de datos asociados a la comunicación radican en la afectación de derechos de nueva generación como son la autodeterminación informativa o el derecho a la identidad virtual. En ningún caso, se incide en el derecho al secreto de las comunicaciones. En el Pleno celebrado el 23 de febrero de 2010 se acordó, con relación a la interpretación de los arts. 6 y 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, que era necesaria la autorización judicial para que los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cedan los datos generados o tratados con tal motivo. Esa Ley no se hallaba en vigor cuando se perpetraron los hechos perseguidos en este procedimiento. Además, quien efectuó la inicial denuncia conocía legítimamente la IP y estaba obligada a denunciar facilitando cuantos datos estuviesen en su poder. Eso cambia radicalmente el enfoque. No se trata de alguien que busca pruebas mediante metodología vulneradora de derechos fundamentales.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 1961/2019
  • Fecha: 03/03/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Sentencia absolutoria. Valoración del principio "in dubio pro reo".
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
  • Nº Recurso: 1772/2019
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La declaración de la víctima, desde planteamientos de carácter general, puede ser tenida como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia aun cuando sea la única prueba disponible. Pero debe ser valorada con cautela, pues se trata de un testigo que de alguna forma está implicado en la cuestión. Será necesario que se cumpla una serie de parámetros: mediante el análisis de la persistencia en la incriminación, la ausencia de razones de incredibilidad subjetiva y la existencia de elementos periféricos de corroboración que refuercen la versión del testigo. Es constante la advertencia de que la exigencia de la motivación en Derecho de la resolución judicial no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales. El derecho a la tutela judicial efectiva exige el acceso al medio de prueba, porque la temática probatoria, aunque esté garantizada por un específico derecho, no deja de estar afectada ni protegida dentro del derecho a la tutela judicial efectiva. El dolo criminal implica el conocimiento de la significación antijurídica del hecho y, a la vez, la voluntad para realizarlo. El dolo va enraizado en la psique de la persona por medio de dos circunstancias distintas, una el requisito intelectual o capacidad cognoscitiva, y otra el requisito volitivo, de la voluntad.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA
  • Nº Recurso: 1652/2019
  • Fecha: 25/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Subsanación de la falta de información del derecho a la dispensa del artículo 416 de la LECrim. Posible pérdida de la imparcialidad por la forma de presidir los debates, instando a una conformidad en la mitad del juicio. Doctrina sobre la suficiencia de la declaración de la víctima.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
  • Nº Recurso: 1952/2019
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Acceso carnal por introducción de un dedo en la vagina. Presunción de inocencia. Declaración de la víctima. Elementos de corroboración. Estimación parcial. Introducción de dedos. Solo se cuenta con la afirmación de la menor, sin descripción de lo ocurrido. Falta de precisión suficiente para afirmar que la conducta fue más allá de tocamientos en la zona externa de los genitales para constituir un verdadero acto de introducción. Indemnización. Daños morales. Petición de la acusación superior a lo acordado. Denegación de prueba. Pretendía una nueva pericial sobre credibilidad de la menor, porque ocultó a las peritos que había sufrido otros abusos cuando tenía 7 años. Posibilidad de interrogar a las peritos en el plenario.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 1895/2019
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Es a la Ley procesal a la que corresponde determinar los casos en que las personas públicas disponen de acciones procesales para la defensa del interés general que tienen encomendado. La actuación del Ayuntamiento en este proceso como parte acusadora popular carecería también de toda habilitación normativa. Ni podría otorgarla, desde luego, un acuerdo plenario de la Corporación ni, tampoco, las previsiones genéricas habilitantes de la Ley de Régimen Local para la defensa de intereses colectivos o públicos. La condición primaria legitimante que impone nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es que quien ejerza la acción penal particular tenga la condición de ofendido por el delito. El delito, objeto de este proceso, protege exclusivamente el derecho a la intimidad de la persona o personas cuyos datos personales reservados, por estar al abrigo de un acceso directo público y general no condicionado, han sido ilícitamente descubiertos. Siendo cierto el gravamen de pluralidad no justificada de acusaciones no apreciamos que ello supusiera de forma efectiva, en el caso, desequilibrios graves y estructurales que afectaran a los límites de la acción penal o a los derechos de defensa del recurrente. La negativa del tribunal de instancia a que el recurrente ocupara un lugar al lado de su abogado carece de justificación suficiente. El sobreseimiento libre es un equivalente funcional y material de la sentencia absolutoria, cuya firmeza no pude verse atacada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 10594/2020
  • Fecha: 24/02/2021
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Del relato fáctico resultan los elementos del homicidio y de la alevosía, al resultar los elementos de la selección de un medio dirigido a producir la muerte sin riesgo para el autor y sin posibilidades de defensa. Las alegaciones sobre la existencia de los presupuestos de una legítima defensa carecen de base atendible, pues aparte de la trascripción de las declaraciones y periciales, en su integridad, ningún apartado permite una justificación de la acción en la legítima defensa. Se constata un error en la imposición de la medida de libertad vigilada en el delito de asesinato. La sentencia impone la medida de 7 años y 6 meses, pena que carece de cobertura legal. El art. 105 CP prevé la duración de la medida, con carácter general, de 5 años y de 10 años, cuando el Código expresamente lo prevea. La medida se impone de acuerdo al art. 140 bis, sin previsión expresa de 10 años, por lo que el límite máximo es el de 5 años de duración máxima. A tenor de lo señalado se sustituye la duración de la medida de libertad vigilada de 7 años y 6 meses impuesta, por la de 5 años.

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