Resumen: La declaración del coimputado es prueba de cargo cuando, aun siendo única, su contenido se corrobora por elementos que den verosimilitud y fiabilidad a la declaración del coimputado. La jurisprudencia ha aplicado la llamada teoría de las desviaciones previsibles, al examinar la cuestión de la comunicabilidad de la responsabilidad por la muerte o las lesiones producidas a la víctima del acto depredatorio por uno de los integrantes del robo. No se excluye el carácter de coautor en los casos de desviaciones de alguno de los partícipes del plan inicial, siempre que dichas desviaciones tengan lugar en el marco habitual de los hechos emprendidos, es decir, que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, no quepa considerar imprevisibles para los partícipes. En el ámbito del dolo eventual se considera que actúa con dolo el que conoce el peligro jurídicamente desaprobado que crea con su conducta para el bien jurídico protegido y, a pesar de ello, decide continuar con la ejecución de tal conducta que somete a la víctima a riesgos sumamente relevantes que el agente no tiene seguridad alguna de poder controlar o neutralizar, sin que sea preciso que persiga directamente la causación del resultado.
Resumen: Heridas que tardan en curar 139 días, de los cuales 63 son hospitalarios por necesidad de ingreso de la víctima en centro psiquiátrico. En primer lugar, el TS recuerda la función del Tribunal de casación al conocer del recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal de apelación. Y, en segundo lugar y respecto del caso concreto, la sustantividad de las lesiones o su absorción en el delito de violación dependen de la naturaleza de las mismas como algo inevitable o consecuencia normal del yacimiento o como independientes y con sustantividad propia por la violencia ejercida. Su apreciación es por ello muy circunstancial y ha de operar caso a caso en función de las concretas lesiones producidas y su modo de causación. No se estimará absorbida la lesión si la violencia ejercida para doblegar o vencer la resistencia de la persona atacada superó los límites mínimos necesarios para entender que concurrió la violencia contemplada en la descripción del tipo objetivo de la agresión sexual, sancionando independientemente aquello que exceda.
Resumen: En el caso, se declara procedente la estimación del recurso de revisión, pues el TEDH ha dictado sentencia en la que ha apreciado que en la condena se han vulnerado los derechos reconocidos en el artículo 6.1 del CEDH; el solicitante es la persona condenada en la sentencia cuya revisión se pretende; y fue demandante ante el TEDH en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de dicho Tribunal. Además, la solicitud se ha formulado dentro del plazo legal. Por otro lado, en la sentencia del TEDH se considera que la reparación completa de la vulneración apreciada se podrá obtener mediante la revisión de la sentencia condenatoria por el procedimiento previsto en el derecho interno. En consecuencia, el recurso se estima.
Resumen: Se analizan diferentes diligencias de instrucción. En el recurso se invoca indefensión por el retraso en la práctica de una pericial médica durante la instrucción, dirigida a acreditar el estado psicológico del autor en el momento del hecho a efectos de imputabilidad. No había evidencias de enfermedad mental y ni el investigado ni su defensa interesaron de forma urgente la práctica de una pericial que, sin embargo, fue acordada de oficio sin que el retraso en su realización tuviera incidencia sobre su contenido, una vez que se acordó su práctica días después de ocurrir los hechos. La actuación judicial fue diligente y no causó indefensión.
Resumen: La prueba ha de ser pertinente, necesaria, relevante y ha de ser posible. Todo ello ha de ser acreditado por el recurrente cuando se alega en vía de recurso la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en su defensa. La fuerza a la que se refiere el artículo 178 CP ha de estar orientada a conseguir la ejecución de actos de contenido sexual y equivale a acometimiento, coacción o imposición material, al empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima desenvolverse en su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto. En cuanto a los daños morales, ha de tenerse en cuenta que se relacionan, de un lado, con los padecimientos de la víctima o del perjudicado derivados de las características del hecho delictivo, y, de otro lado, con las secuelas, especialmente de tipo emocional.
Resumen: Se cuestiona la existencia de prueba de cargo a través de quebranto de la presunción de inocencia. No obstante, la prueba es abundante y la valoración racionalmente motivada. La cuestión esencial es la calificación del concurso entre el robo y la detención ilegal de los dos rehenes. Alegan especialmente, la corta duración de la privación deambulatoria. Debe mantenerse la existencia de un concurso real: a) son dos las víctimas a las que se priva de su libertad deambulatoria; b) aunque el tipo penal del art. 163 CP no hace referencia a propósitos ni a finalidades comisivas, por tanto, son irrelevantes los móviles, sí clarifica lo acontecido, que los acusados actuaron con ánimo de privarles de su libertad deambulatoria, continuaron reteniendo a los moradores de la vivienda; c) que tal actuar y ánimo, continuaba una vez que la actividad depredatoria había finalizado, pues un coacusado, ya había marchado llevando consigo los efectos sustraídos; y d) si bien la extensión temporal de la retención, se indica que no ha quedado determinada, sucede que respecto de un rehén, se interrumpe porque logra huir y respecto al otro, por la actuación policial alertada por el primero.
Resumen: Pretende el recurso que la circunstancia atenuante de embriaguez que apreció la Sala de apelación respecto al delito de amenazas, extienda sus efectos a todos los delitos por los que fue condenado. La sentencia que se revisa limitó la apreciación de la circunstancia analógica de embriaguez al delito de amenazas, sin extender sus efectos a los otros dos por los que el acusado, ahora recurrente, resultó condenado en el presente caso. No es bastante la ingesta etílica para concluir una afectación que justifique la atenuación que por vía analógica se reclama. Que la víctima apreciara que su agresor se encontraba "muy borracho", en ausencia de mayor indagación o del análisis de cualquier otro dato fáctico que apuntale la inferencia respecto a esa alteración relevante de sus facultades que la atenuante exige, impide su apreciación. No hay que confundir limitación de facultades, con el sentimiento de superioridad que aflora en quien consolida con el recurso a la violencia patrones de dominación en las relaciones, por más que el efecto desinhibidor del alcohol coadyuve a estirar las costuras de la autocontención. La prohibida reformatio in peius otorga intangibilidad a la apreciación por parte del Tribunal de apelación de esta circunstancia en relación al delito de amenazas, pero desde el análisis que propicia el cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM, no es posible extender su aplicación a los restantes delitos por los que el acusado viene condenado.
Resumen: Asesinato intentado: ánimo de matar. Tentativa inacabada. No se aprecia Análisis del art. 23 del Código Penal. Agravante de parentesco. Se aprecia cuando el acusado es conviviente con la madre del agraviado.
Resumen: En este caso se emplearon expresiones por el recurrente objetivamente insultantes y vejatorias. Y las circunstancias en que lo fueron dimensionan aún más ese potencial. Según explica el relato de hechos probados se vertieron en la vía pública, en horario en que es más que probable que pudieran ser escuchadas por terceros, cuando la víctima se disponía a llevar a los hijos comunes al colegio, y a presencia de éstos. Una afrenta idónea para provocar un agravio que va más allá del que acompaña a cualquier ataque contra la integridad física, para comprometer también la integridad moral de la víctima y su propia dignidad, sobre el que la condena que se pretende por el delito previsto en el artículo 173.4 CP encuentra perfecto anclaje. En este caso ni el Tribunal de primera instancia ni tampoco el de apelación descartaron la concurrencia de los elementos subjetivos respecto del delito leve de injurias o vejaciones del artículo 173.3 CP. Simplemente entendieron producido un concurso de leyes por absorción del artículo 8 CP, lo que coloca el objeto de nuestra revisión en el espacio de lo exclusivamente jurídico. Las expresiones que el relato de hechos probados que nos vincula recrea como directamente espetadas a la víctima con carácter previo a la agresión, fueron tan claramente ultrajantes e insultantes, que emergen con una sustantividad que desborda la antijuridicidad del maltrato físico subsiguiente.
Resumen: Como el abalanzamiento que causó las lesiones fue proferido contra agente de autoridad, no contra autoridad, el marco punitivo viene establecido entre seis meses y tres años de prisión; no como expresa la sentencia de uno a cuatro años de prisión, como consecuencia de patente error material, en tanto que ese dato no deriva de que se considere autoridad a la funcionaria lesionada, pues expresamente en su fundamento segundo, cuando describe el primero de los requisitos de este tipo penal, indica: en este caso, el policía es un agente de la autoridad en su calidad de funcionario público. A su vez, concurre otro meridiano error material, pues se decide penar por separado las infracciones del concurso ideal y a pesar de que el antecedente que origina la estimación de la agravante de reincidencia en uno de los acusados, es por delito de lesiones, la reincidencia se proyecta en la concreción de la pena sobre el atentado. Asumido el conocimiento jurisdiccional, aunque proceda la desestimación de los recursos formulados, detectados manifiestos patentes errores materiales, ajenos a discusión jurídica alguna, que resultan del propio contenido de la resolución ocurrida, conforme a las previsiones del art. 161 LECr, resulta también este momento procesal, oportuno para su rectificación.
