Resumen: El recurso de revisión constituye un instrumento excepcional con destacado valor axiológico que permite modificar graves decisiones privativas de libertad y de derechos que han adquirido firmeza cuando se constate, en atención a las causas previstas en la ley, que son incompatibles con el valor superior de la Justicia.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación La presentación de documentación que no se conoció en el juicio y que acredita la previa obtención de una licencia para conducir vehículos de motor en un país extranjero, supone la aportación de datos nuevos que podrían acreditar la inocencia del solicitante y permiten abrir el cauce del recurso de revisión.
Resumen: Ámbito del recurso de casación de sentencias dictadas en primera instancia por el Juzgado de lo Penal: las imprecisiones, las omisiones, la falta de asertividad narrativa, las contradicciones internas, la ininteligibilidad o el uso de conceptos normativos cuyo específico juego del lenguaje no permita aprehender un significado también narrativo inteligible para personas no expertas en derecho pueden comprometer la funcionalidad basilar que cumple el hecho probado en la sentencia penal condenatoria. Y de ahí la necesidad de que la Sala Penal recuerde la cualificada obligación de fijación fáctica, en los términos del objeto acusatorio, que les corresponde a los tribunales de instancia. En el caso presente se estima el recurso al no constar en los hechos probados la cuantía de lo sustraído, no es posible entender que es superior a 400 euros. El recurso de casación de sentencias dictadas en primera instancia por el Juzgado de lo Penal debe atenerse a las siguientes pautas: respeto escrupuloso al hecho probado; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional.
Resumen: Ámbito del recurso de casación: La casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal solo habilita para comprobar si la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Para el resto de posibles infracciones o errores aplicativos el debate queda cerrado con la resolución de la Audiencia Provincial. El recurso debe atenerse a las siguientes pautas: respeto escrupuloso al hecho probado; acomodación del razonamiento a la disciplina del error iuris; y planteamiento de un problema jurídico-penal que justifique su interés casacional; éste concurre en los supuestos siguientes: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo; b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales; c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. En el caso enjuiciado el motivo formalizado por el recurrente desborda el cauce impugnativo, y excede notablemente de su premisa metodológica, que parte del respeto y acatamiento a los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida.
Resumen: Delito de daños: concepto normativo de acción. Jurisprudencia. En el caso enjuiciado la acusada rompe varios objetos en un mismo contexto espacio-temporal. Se modifica la calificación como delito continuado, y se sancionan los hechos declarados probados como un solo delito de daños. Se recuerda la sentencia 645/2017, de 2 de octubre, donde se lee que el concepto normativo de acción parte de la existencia de una pluralidad de actos o de hechos que deben ser valorados como una unidad de acción y, en consecuencia, constituyen un objeto único de valoración que será natural o jurídica en función del momento de valoración desde la perspectiva de la propia norma. En todo caso se requiere una cierta continuidad y una vinculación interna entre los distintos actos entre sí, respondiendo todos a un designio común que aglutine los diversos hechos realizados. Dicho con otras palabras, existirá unidad jurídica de acción como concepto normativo, y no una pluralidad de acciones, entendidas en sentido de relevancia penal, cuando la pluralidad de actos constituya una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en el espacio, que es justamente lo que ocurre en nuestro caso.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Supone, en definitiva, una derogación para el caso concreto del principio preclusivo de la cosa juzgada y persigue fundamentalmente mantener, en la medida de lo posible, el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia y la de seguridad jurídica. Se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes: d) Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. La recurrente no pudo ser condenada por hechos cometidos el 31 de diciembre de 2015 a las 22.00 horas (objeto de la condena cuya revisión se solicita), ya que en ese momento se encontraba detenida en las dependencias de la Comisaría.
Resumen: En materia de responsabilidad civil, se mantiene la doctrina tradicional, a tenor de la cual las aseveraciones fácticas contenidas en la fundamentación jurídica pueden integrar el hecho probado. Es posible en un recurso devolutivo revisar el hecho probado en perjuicio de las partes pasivas, cuando solo afecta a cuestiones civiles y no incida en la responsabilidad penal. Responsabilidad civil subsidiaria del art. 120.4 CP. Para que surja la obligación de asumir la indemnización como responsable civil subsidiario, basta constatar una relación de dependencia y que el delito se haya cometido precisamente con ocasión del desempeño de la actividad al servicio del principal. No es necesario acreditar algún grado de culpa por parte de éste, ni que le haya reportado algún beneficio la actividad delictiva; aunque sí la ocasionalidad de la actuación (con ocasión de las funciones desempeñadas por cuenta del empresario). Las cuestiones civiles ventiladas en el proceso penal han de resolverse con los estándares probatorios propios de ese ámbito jurídico (probabilidad preponderante).
Resumen: La sentencia estima el recurso del Ministerio Fiscal por considerar que el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia, y que la Audiencia Provincial hace suyo, presta fundamento bastante a la continuidad delictiva. Se considera delito continuado (menos grave) de hurto, cuando tienen lugar distintas sustracciones, cada una de ellas de un importe inferior a los cuatrocientos euros, pero superiores a dicha cifra, si se contempla el valor de la totalidad de lo sustraído. De conformidad con las previsiones contenidas en el primer inciso del artículo 74.2 del Código Penal, tratándose de infracciones contra el patrimonio, se impondrá la pena teniendo en cuenta el perjuicio total causado. No se aplica el art. 74.1 del Código Penal (la pena más grave en su mitad superior), sino las penas previstas en el tipo básico (234. 1 C.P) en toda su extensión.
Resumen: Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Se estima. Único motivo. Infracción de Ley. Art. 14 de la LECRIM. Son recurribles en casación las decisiones de las Audiencias Provinciales sobre los linderos de su competencia objetiva frente a los Juzgados de lo Penal. La competencia objetiva para el enjuiciamiento criminal vendrá determinada por las pretensiones acusatorias, controladas por el juez instructor en el momento de dictar el auto de apertura del juicio oral. Fijada así la competencia objetiva para el conocimiento y fallo de la causa, la misma no podrá ser ya objeto de revisión de oficio por parte del órgano designado, salvo los excepcionales supuestos en que las acusaciones descansaran en errores manifiestos o valoraciones absurdas por indefendibles. Un entendimiento distinto permitiría a las Audiencias anticiparse indebidamente a consideraciones de naturaleza valorativa, acordando el definitivo sobreseimiento de algún elemento relevante de la acusación.
Resumen: Se resuelve sobre la incongruencia omisiva, por cuanto la sentencia considera los hechos constitutivos de apropiación, pero no se razona porqué no eran de estafa: distinción entre pretensión y alegación y respuesta implícita por incompatible y excluyente. Se considera indudable la posibilidad de aplicar los subtipos agravados del delito de estafa al de apropiación indebida. Se rechaza la agravación de vivienda, por no ser en la que vivía el perjudicado. Se estima la agravación de especial gravedad, por concurrencia del elemento objetivo (la entidad del perjuicio) y subjetivo (situación económica de la víctima: pensionista jubilado). Se rechaza la agravación por el valor de la agravación, al no superar los 50.000 € el perjuicio. Se rechaza la agravación por abuso de relaciones personales o aprovechamiento de credibilidad profesional, pues, admitido como se alega, la profesión de la acusada como directora del centro de mayores donde residía la víctima, no es una profesión del ramo desde el que se consuma el delito, en este caso, del sector inmobiliario; y en lo referente a las relaciones personales, porque ya se han tenido en cuenta a los efectos de una agravación anterior. Se resuelve la queja por no haber acordado el TSJ en su sentencia que se deduzca testimonio de particulares contra un testigo por falsedad documental y falso testimonio.
