• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 4286/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Quebrantamiento de forma. La incongruencia omisiva se produce en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, pero no en los casos de falta de valoración de ciertos elementos probatorios. Este tipo de alegaciones, referidas a la suficiencia probatoria, deben plantearse como una posible vulneración de derechos fundamentales. Error en la valoración probatoria derivado de documentos que obran en autos. Se desestima porque no se señalan documentos literosuficientes. Lo que pretende un nuevo examen de la valoración de la prueba, lo que no es posible a través del cauce casacional invocado. Vulneración de derecho fundamental. Presunción de inocencia. La sentencia recuerda que la casación instada frente a las sentencias de TSJ se limita al examen de la racionalidad de la resolución recurrida. Se desestima el motivo, al comprobarse que la motivación del tribunal de instancia es coherente con el resultado de la prueba practicada en su conjunto. El dolo de estafar es necesario que concurra en el momento del desplazamiento patrimonial, pero no en el momento de la contratación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 5517/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La vulneración del derecho a la presunción de inocencia en casación no puede consistir una revaloración de la prueba, sino en determinar la racionalidad de la valoración efectuada en la sentencia recurrida.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 2168/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a la traducción, como manifestación del derecho de defensa, puede propiciar una efectiva indefensión del acusado en el juicio oral. La vigencia de este derecho exige, de los intervinientes en el juicio, la observancia del contenido esencial del derecho, constatando su actuación efectiva y comprobando cómo se dieron las oportunas traducciones a las respuestas dadas por el acusado. La no observancia de lo anterior puede dar lugar a la nulidad de actuaciones por vulneración del derecho de defensa retrotrayéndose para que, en su repetición, se observen las reglas referidas a la asistencia de un intérprete, haciendo efectivo el derecho a conocer los hechos del juicio y a oír su desarrollo. Se estima el recurso porque la declaración del acusado se desarrolla en términos de incomprensión, por la falta de relación de la intérprete con el acusado durante el juicio y el hecho de que la misma llegó, incluso, a ausentarse del juicio, con autorización del Presidente.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: PABLO LLARENA CONDE
  • Nº Recurso: 2528/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El derecho a un juez imparcial forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías y constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, que condiciona su propia existencia pues, sin juez imparcial, no hay propiamente un proceso jurisdiccional. Con carácter general, en el plenario, el Juez deberá mantener una posición neutra; ahora bien, con el objetivo de esclarecer los hechos, el juez podrá dirigir a los testigos las preguntas que estimen conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren, extendiéndose esta iniciativa respecto de las declaraciones de acusados. Para que se estime el motivo por falta de claridad en los hechos probados, se exige: que la contradicción sea manifiesta y absoluta; que sea insubsanable; que sea interna en el hecho probado; que resulte relevante para el sentido del fallo. La estafa procesal, como figura agravada de la estafa, no permite prescindir de los requisitos generales de este tipo delictivo, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante, por más que en este subtipo deba producirse en el seno de un procedimiento judicial. En materia de costas, la temeridad y la mala fe han de ser notorias y evidentes, debiendo mantenerse una interpretación restrictiva de estos términos, de modo que la regla general será la no apreciación de su concurrencia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA
  • Nº Recurso: 1675/2020
  • Fecha: 14/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La pérdida de imparcialidad judicial por la revisión de una resolución dictada por el Juez de instrucción no es un acto propiamente de instrucción, por lo que no genera la obligación de abstención, sino que debió ser actuada como causa de recusación por la parte que ahora pretende el recurso, dentro del plazo legalmente previsto una vez conocida la composición de la sala de enjuiciamiento, sin que sea procedente que conocida la resolución jurisdiccional sobre el objeto del proceso se plantee la vulneración de un derecho que no fue oportunamente deducido cuando podía tener efecto. Se confirma la calificación efectuada. El acusado "aprovechando que figuraba en la cuenta corriente de su tío como autorizado" dispuso la realización de reintegros y extracciones que incorporó a su patrimonio y lo hizo mediante diversos reintegros, por un total de 77.706 euros. La recepción se concreta en la facultad de disposición otorgada de los fondos de la cuenta corriente y las disposiciones económicas implican el punto sin retorno. Respecto al abuso de relaciones personales, el tribunal tiene en cuenta que el acusado era sobrino y que estaba autorizado para la disposición de la cuenta corriente. La autorización conforma la exigencia típica del delito de apropiación indebida y el parentesco que se detalla es ajeno a la autorización. Se estima el recurso, al admitir la cualificación de las dilaciones indebidas apreciadas y la no concurrencia de circunstancias agravantes.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 10289/2021
  • Fecha: 13/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La víctima acudió al lugar engañada, con el envío de un sms a su móvil, desde el teléfono de la condenada, con su consentimiento, para que acudiera al lugar apartado en el que, en unión de los restantes acusados, habían convenido en robarle y al que, confiado, acudió, pensando en un encuentro solo con ella. Se le practicó, en primer lugar, una maniobra de mataleon, hasta hacerle perder el conocimiento. En ese estado empezaron los golpes con el bate de beisbol, puñetazos y patadas. Y una vez en ese estado, que según los médicos forenses ya hubiera podido producir su fallecimiento, le golpearon con una piedra en la cabeza. A todo ello se adiciona el comportamiento posterior a la agresión, dejar a la víctima abandonada en un lugar apartado después de los intensos golpes que se le habían ocasionado, sin proporcionarle auxilio alguno, y marchándose a cenar, y esperar un tiempo para dirigirse a la casa de la víctima a robar. No media desviación que no fuera previsible, aún menos que hubiera sido excluido el riesgo efectivo para la integridad física o para la vida de la víctima en el acto depredatorio. Todos ellos (incluida la mujer que concertó la cita) tenían el co-dominio funcional del hecho, la víctima venía a representar un impedimento para conseguir la finalidad perseguida de apoderarse ilícitamente del dinero que había obtenido con el traspaso del negocio de cannabis que regentaba, además del consiguiente riesgo de que fueran identificados en posterior denuncia.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
  • Nº Recurso: 4097/2020
  • Fecha: 09/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: No cabe ex novo y per saltum formular alegaciones relativas a la aplicación o interpretación de preceptos sustantivos no invocados, es decir, sobre cuestiones jurídicas no formalmente planteadas ni debatidas por las partes. La grave adicción a sustancias que le provocó a la recurrente una intoxicación plena, no consta fuera alegada ni en la instancia ni en la apelación. Constituye robo con violencia cuando la violencia se ejerce durante el proceso de apoderamiento de los bienes sustraídos. Resulta evidente, conforme el relato fáctico de la sentencia de instancia, que la violencia no se ejerció con el exclusivo fin de facilitar la huida, como hubiera sido el caso de que los sujetos hubiesen abandonado el bien sustraído, sino que se utilizó como medio de lograr el apoderamiento definitivo. La lesión causada con el empujón, bien sea mero dolor o salida del hombro, fue leve. Ello unido a la mecánica comisión (empujón al tratar de huir con los objetos sustraídos; el lugar donde acontecen los hechos: centro comercial; la víctima de los hechos (vigilante de seguridad, persona preparada por su propia profesión para reducir a dos mujeres); y el escaso valor de los objetos sustraídos, permite considerar adecuada la rebaja en un grado de la pena prevista. La apreciación del subtipo atenuado está sujeta a una doble condición: la menor intensidad del ataque o coacción personal, y por otra, la escasa cuantía del perjuicio patrimonial que en este caso ni siquiera llegó a producirse.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ
  • Nº Recurso: 2905/2020
  • Fecha: 09/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia. En el ámbito casacional corresponde comprobar al Tribunal Supremo la existencia de prueba lícita, suficiente, de significado incriminatorio y apreciada por el órgano decisorio de forma racional. Recuerda la sentencia que no corresponde al Tribunal Supremo desplazar esa valoración proclamada por la Audiencia, enriquecida por los principios de inmediación, publicidad y contradicción, sustituyéndola por su propia apreciación de los hechos. Estafa procesal, la sentencia concluye la corrección de la apreciación de la continuidad delictiva al entender que ha existido una homogeneidad de actos que responden a un único plan del autor, presidido por un dolo unitario que se materializa en acciones que inciden sobre un mismo sujeto pasivo. Dilaciones indebidas. Este derecho está configurado como un concepto jurídico indeterminado que, por su imprecisión, exige examinar cada supuesto a la luz de aquellos criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y, en su caso, si ésta puede considerarse justificada, por cuanto no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de las actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental. Para determinar si ha existido dilaciones indebidas se ha de estar a la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo, el interés que arriesga el demandante de amparo, su conducta procesal y la conducta de las autoridades.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
  • Nº Recurso: 1915/2021
  • Fecha: 09/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La pena básica del art. 234.1 del Código Penal es la de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros, como era en el caso de autos. Por tanto, la pena inferior en grado, lo era de tres meses a seis meses (menos un día), y la pena inferior en dos grados resultaría encontrarse entre un mes y 15 días a 3 meses (menos un día).El art. 66.1.8ª del Código Penal establece que cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán hacerlo en toda su extensión. Naturalmente, tal regla no deroga el art. 70.1.2ª del Código Penal, y la pena rebajada en dos grados, no puede ser la de tres meses, sino la de tres meses menos un día, como máximo. La reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre trata de separar formalmente las penas superiores o inferiores en grado de aquellas respecto de las que se realiza la operación aritmética, siguiendo el axioma de que no puede existir intersección entre una pena y su pena superior, evitando, por consiguiente, los solapamientos. La queja por vulneración del derecho a la tutela judicial a causa de la falta de motivación de la concreta dosimetría penal al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no puede tener cabida en el sistema impugnativo de la Ley 41/2015, ni en nuestro Acuerdo Plenario interpretativo de tal ley, de fecha 9 de junio de 2016.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 2089/2020
  • Fecha: 08/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuando se alega infracción del derecho a la presunción de inocencia, la función de la casación consiste en verificar que el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio. No es conforme con la Constitución, ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos o indeterminados; a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas. La referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud.

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