Resumen: Se trata de unos hechos cometidos por un padre y sus dos hijas, que controlan una agencia de viajes, simulando viajes inter-insulares canarios, y obteniendo las bonificaciones oficiales que otorga la Administración a los residentes en las islas, para ayudarles en sus viajes aéreos, siendo todo ello falso y documentado aparente y formalmente para superar los controles rutinarios del Ministerio de Fomento, obteniendo una cuantiosa suma por el perjuicio producido a la Administración. En realidad, los acusados confesaron los hechos, que fueron previamente analizados en vía contencioso-administrativa, y en consecuencia, la sentencia recurrida nos dice que las discrepancias fueron solamente en dos apartados jurídicos: a) el importe de la cuantificación de la responsabilidad civil; y b) sobre la calificación jurídica. Pero en este segundo aspecto, la cuestión no ha trascendido ya a este recurso de casación, y la aceptada por el recurrente, delito de estafa (no fraude de subvenciones), puede ser considerada correcta, y además, fue la interesada por él mismo en la vista (y por el Ministerio Fiscal). Se solicita la atenuante de dilaciones indebidas en concepto de muy cualificada. La Audiencia optó por la posición que mantenían la acusación particular y la acusación popular. Duración total del proceso: 8 años. Complicidad. La pena de multa: doctrina jurisprudencial y sus parámetros de cuantificación.
Resumen: Se comete el delito de insolvencia punible en los casos de insolvencias parciales asimiladas al alzamiento, que generan dilaciones, dificultades o impedimentos para hacer efectivo el crédito. Es improcedente determinar la responsabilidad civil mediante indemnización en metálico, por ser la deuda presupuesto del delito y no consecuencia del mismo (doctrina predominante).
Resumen: El delito de receptación no exige, como ocurre igualmente con el blanqueo de capitales, que el delito antecedente se encuentre sancionado penalmente, con tal de que la sentencia recurrida razone adecuadamente que los objetos adquiridos son procedentes de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, y que en su adquisición el acusado pretenda lucrarse mediante su futuro tráfico, conociendo naturalmente tal delictivo origen. La complejidad de la causa (dado el número de investigados de origen extranjero que en ningún momento se han mantenido a disposición de los tribunales, por lo que su localización ha sido muy dificultosa) compensa en parte los retrasos sufridos, por lo que estima suficiente la aplicación de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas, sin que haya motivo para apreciar esa atenuante como muy cualificada, dada la complejidad del asunto. La limitación penológica a la que queda supeditada la punición de los delitos de receptación, lo es en relación a la pena atribuida al delito encubierto en abstracto. Lo que se prohíbe es la superación de la pena privativa de libertad prevista para "el delito encubierto" no para el encubridor del mismo, expresión que alude al delito originario de cuyos efectos el receptador se aprovecha, y cuya penalidad a considerar es la pena abstracta correspondiente al tipo penal, sin tener en cuenta las reducciones o incrementos de pena que alcancen al autor del mismo.
Resumen: Presunción de inocencia. Valoración prueba testifical. Lo que cuestiona el recurrente es la credibilidad que el Tribunal otorga a distintos testigos. El papel del órgano de casación no consiste en seleccionar cuál de las versiones sobre el hecho objeto del proceso resulta más atractiva, la que ofrece la defensa del recurrente o la que ha proclamado el Tribunal a quo. Tampoco podemos desplazar el razonamiento del órgano decisorio, sustituyéndolo por la hipótesis de exclusión formulada por el recurrente, siempre que, claro es, aquél resulte expresión de un proceso lógico y racional de valoración de la prueba, o, en palabras contenidas en otros precedentes, siempre que esas alternativas a la hipótesis que justificó la condena no sean susceptibles de ser calificadas como irazonables. Y ello porque, para establecer la satisfacción del canon de razonabilidad de la imputación, además, se requiere que las objeciones oponibles se muestren ya carentes de motivos racionales que las justifiquen de modo tal que pueda decirse que excluye, para la generalidad, dudas que puedan considerarse razonables. No nos incumbe realizar una nueva valoración de la prueba. Determinación del delito más grave a efectos del concurso medial. Nueva individualización penológica al ser más grave el delito de falsedad en documento mercantil por funcionario que la estafa genérica del art. 248 y 249. Error en la apreciación de la prueba. Doctrina de la Sala. No son documentos las pruebas personales.
Resumen: Delito de estafa. El acusado captaba fraudulentamente fondos para inversiones que posteriormente no realizaba. Dos motivos. Se denuncia falta de prueba acreditativa del engaño previo. El motivo se desestima. La Sala concluye que los hechos probados de la sentencia cuentan con un aval probatorio legítimo y suficiente. Se denuncia incorrecta subsunción jurídica de los hechos. El motivo se desestima. En primer lugar, porque el argumentario está contaminado con elementos probatorios ajenos al cauce casacional elegido. En segundo lugar, porque el relato de hechos construye perfectamente la tipicidad defraudatoria apreciada. Se descarta que nos encontremos ante un supuesto de indiligencia del sujeto pasivo. La autotutela no puede llevar a implementar en la sociedad actitudes de extremada y sistemática desconfianza en que solo la acreditación exhaustiva de cada extremo sería escenario apropiado para un negocio o una transacción. Repaso de la jurisprudencia de la Sala sobre el engaño bastante. Desarrollo del concepto de responsable civil subsidiario. Estudio del artículo 120.4 CP. Principio objetivo de riesgo. Interpretación extensiva del artículo.
Resumen: Existe continuidad ante comportamientos jurídicos penalmente equivalentes, concebidos con el mismo propósito o finalidad, que constituyen la ejecución del mismo plan. Las alegaciones casacionales por error de hecho han de fundarse, en una verdadera prueba documental, han de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, el dato que el documento acredita no se encuentra en contradicción con otros elementos de prueba y el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo. La individualización de la pena corresponde al tribunal de instancia, de forma que sólo puede ser objeto de revisión, cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria.
Resumen: Incidente de cuantificación de la responsabilidad civil en ejecución de sentencia. Tal como se establece en el artículo 989 LECrim, todo lo atinente a la ejecución de la responsabilidad civil, incluyendo la liquidación de las cantidades, se tramitará de conformidad a las previsiones de la LEC. La transferencia regulativa a la LEC se extiende tanto a las reglas procedimentales de tramitación, sin perjuicio de las especialidades contempladas en el artículo 764 LECrim para el procedimiento abreviado y en el artículo 984 LECrim para el procedimiento por delito leve, como a las reglas que distribuyen las cargas de alegación y acreditación entre las partes de la ejecución y fijan estándares de valoración. En este incidente de naturaleza marcadamente civil desaparece todo vestigio del principio de presunción de inocencia, como regla de juicio de la que se derivan las fórmulas de carga de prueba y el juego configurativo de la duda razonable propias del proceso penal. En el incidente liquidatorio no puede combatirse lo que se decidió en sentencia -para ello se disponía de los recursos ordinarios devolutivos contra esta-. No cabe discutir, por tanto, sobre criterios de imputación, fuentes obligacionales o responsabilidad de terceros. La intervención revisora en casación debe limitarse a evaluar si lo decidido en esta fase de ejecución por el Tribunal de instancia se ajusta a las reglas sustantivas y procesales que disciplinan este tipo de decisiones liquidatorias.
Resumen: Reparación del daño. Diferencias de tratamiento en los supuestos de seguro obligatorio y seguro voluntario.
Resumen: Cadena de custodia, consecuencias en caso de constatarse deficiencias que susciten dudas sobre la autenticidad del objeto custodiado. Deficiencias en las grabación de la vista. La pérdida de la documentación de las actuaciones no comporta en sí misma la vulneración de ninguna de las garantías esenciales del proceso, sin perjuicio de que pueda, situacionalmente, dificultar su ejercicio. La opción de separar en varias causas, por distintos hechos imputados, tiene indudables ventajas, pero también comporta algunos inconvenientes que han sido atemperados por la jurisprudencia en aplicación del instituto de la continuidad delictiva (art. 74 CP), o por la vía del art. 988 de la Ley procesal penal y las precisiones reguladas del concurso de delitos, o por la declaración de cosa juzgada respecto de delitos que, pese a la pluralidad de causas incoadas, sólo pueden ser objeto de una sanción penal. Un déficit excepcionalmente relevante de justificación probatoria no es solo una omisión de un pronunciamiento debido de la sentencia cuya reparación se reconduzca por la vía de la tutela judicial efectiva. Es también una fuente de lesión del derecho a la presunción de inocencia por lo que si quien recurre es la persona condenada, la reparación más genuina es la absolución: la no justificación de la prueba puede ser equiparada, en efecto, a su inexistencia. En el caso de autos se absuelve a los acusados por deficiencias en la motivación.
Resumen: Se desestima el recurso de la acusada, absuelta por el delito de apropiación indebida del que se la acusaba, y condenada al abono de la indemnización de 20.000 euros a favor de la entidad bancaria que tuvo que atender la reclamación de los parientes de la primera por el importe de la transferencia ilícitamente realizada. Correcta condena en el ámbito civil, a pesar de la absolución de la acusada por operatividad de la excusa absolutoria del art. 268 CP. No hay obstáculo alguno para que el Tribunal del orden penal, junto con el pronunciamiento absolutorio del acusado del delito imputado, por juego de la excusa, determine la pertinente responsabilidad civil y fije la correspondiente indemnización, si existe datos suficientes para su concreción, pues resultaría ilógico y contrario a la economía procesal remitir a los interesados a un ulterior juicio civil. Legitimación de la entidad bancaria como acusación particular: Ciertamente, la entidad bancaria, en el concepto de perjudicada que le concedemos excede de la estricta conceptuación de víctima. En puridad, debió haber comparecido como actora civil exclusivamente. Ahora bien, fue efectivamente admitida en la causa como acusación particular, sin que este tema se haya cuestionado en la instancia en momento alguno, por lo que ahora no puede resultar perjudicada por tal posición procesal, ya que lo que se le ha concedido tenía pleno derecho a obtenerlo en concepto de perjudicada, por lo que procede mantener la resolución judicial.
