• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 10525/2021
  • Fecha: 16/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Diversos indicios avalan la naturaleza ilícita de la adquisición del vehículo que se puso a nombre de la otra condenada: la naturaleza de la operación adquisitiva como idónea para integrar un supuesto de blanqueo; que no se trató de la utilización del dinero para el abono de lo que serían gastos ordinarios de consumo, que pudieran entenderse actos neutros; los indicios reveladores de que el capital con que se pagó el vehículo procedía de una actividad ilícita, concretamente, del tráfico de sustancias estupefacientes, dado el elevado nivel de vida mantenido durante años, la acreditación de gastos suntuarios mayoritariamente abonados en metálico, la incautación de importantes cantidades de droga, de dinero en efectivo y de útiles propios para su venta hallados en su domicilio. La finalidad de ocultación puede coexistir con otras distintas (como el alzamiento de bienes alegado) y está acreditada, pues, más allá de que se puso a nombre de su pareja y se destinó al uso familiar, se aprovechó la operación para completar el valor del vehículo con otros 27.000 euros. Se trata de un autoblanqueo que excluye la comisión imprudente. Sin embargo, se acuerda la absolución de la condenada, al no justificarse que ésta conociese de dicho concreto extremo, ni que infringiera ningún especial deber por no haberse cuestionado los pormenores de la operación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: SUSANA POLO GARCIA
  • Nº Recurso: 2227/2020
  • Fecha: 16/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se ha admitido la legitimidad constitucional de que en algunos casos y con la suficiente habilitación legal, la policía realice determinadas prácticas que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas sin previa autorización judicial (y sin consentimiento del afectado), siempre que se hayan respetado las exigencias del principio de proporcionalidad. Cuanto más se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación. Pero su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente. La duración total del proceso -cuatro años- no ha sido excesiva ya que ha habido varios investigados, periciales, intervenciones telefónicas, y se practicaron actuaciones judiciales en el periodo entre el auto de procedimiento abreviado y el de apertura de juicio oral, sin que el de cinco meses de nuevo señalamiento del juicio pueda calificarse de paralización desmesurada o que el transcurso del citado tiempo le haya ocasionado perjuicio al acusado. No es preciso acreditar la forma de obtención del número de teléfono de un sospechoso cuando no hay indicios de ilegitimidad en el proceso de obtención de la información.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 2167/2020
  • Fecha: 16/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El logotipo de dicha empresa y la dirección de la misma coinciden con el formato de documentos; y el informe grafológico indica que existe una alta probabilidad de que la falsificación la realizaría la acusada. La eficacia extraordinaria de la atenuante de dilaciones solo podrá aparecer ante una dilación "archiextraordinaria". En autos, el tiempo de tramitación de siete años ha merecido la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como simple, sin que se detecte ni haya sido alegado algún otro marcador que deba ser ponderado además de ese tiempo de duración del procedimiento para la cualificación instada. Concurren, en sentido inverso, denegatorio de su mayor intensidad, las circunstancias ya expuestas en la sentencia recurrida, como fue la necesidad de practicar unas diligencias de investigación tendentes a esclarecer lo que primero fue denunciado como una desaparición. El carácter "claim made" del seguro contratado con la compañía (es decir, que la cobertura se activa con la reclamación, no con el hecho determinante de la misma), viene reconocido en diferentes apartados de la póliza. La cláusula "claim made" que invoca la recurrente, con previsión legal en el art. 73.2 LCS, es oponible al perjudicado, en cuanto configura los términos objetivos de la cobertura del contrato de seguro, al desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produzca la reclamación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
  • Nº Recurso: 2446/2020
  • Fecha: 16/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La fuerza del principio constitucional de presunción de inocencia, que debe ser contrarrestada por la prueba de cargo y por la motivación condenatoria, no existe como contrapeso de la argumentación cuando se trata de dictar, por insuficiencia de convicción, una sentencia absolutoria, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por el Estado, como titular del "ius puniendi", para revocar una sentencia absolutoria, solo alcanza a supuestos excepcionales, y no puede construirse invirtiendo en forma especular la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos -entre estos, la propia intencionalidad no es posible proceder a la valoración jurídica de la actuación de los acusados sin haber tratado previamente de probar la realidad de la misma-. Lo cual implica, necesariamente, la comprobación de la intención de los acusados con respecto a los hechos que se les imputan
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 2945/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia señala que la falta de guía de pertenencia, cuando se dispone de licencia o permiso de armas, no integra el delito del art. 564 del Código Penal. Depósito de armas. Art. 566 del CP. Se considera que no existe depósito, porque no se concretó el número de armas que poseía el acusado, ni si las mismas funcionaban correctamente. Tenencia de armas prohibidas. Para aplicar el tipo señalado se requieren dos elementos: 1) que se posea una arma en sentido estricto (instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse), y 2) que la tenencia de arma revele peligrosidad. La Sala ratifica la absolución, al no concurrir el segundo requisito, por no haberse acreditado que portara las armas fuera de su domicilio. Se alega también vulneración de derechos fundamentales. Se recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser alegado por todas las partes, porque incluye el derecho a que las sentencias absolutorias estén motivadas. En todo caso, el motivo se desestima porque la valoración de la prueba se ha realizado conforme a las reglas de la lógica, de la valoración racional y de la sana critica. Delito de blanqueo de capitales. Se plantea un posible error en la valoración de la prueba. Se desestima el motivo porque no se acreditó el origen delictivo de los fondos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: VICENTE MAGRO SERVET
  • Nº Recurso: 10057/2022
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Así como la diferencia entre grupo y organización criminal es clara, para esclarecer la diferencia entre el grupo criminal y los supuestos de simple codelincuencia o coparticipación es conveniente tener en cuenta lo expresado en la Convención de Palermo al definir el grupo organizado: un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de grupo ni de organización. Cuando el grupo u organización tenga por objeto la realización concertada de una actividad de tráfico de drogas integrada por una pluralidad de acciones de tráfico, aun cuando en estos delitos el conjunto de la actividad de tráfico pueda sancionarse como un delito único, por su naturaleza de tipos con conceptos globales (expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda consumado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir, sin embargo a los efectos de la tipificación del grupo u organización el tráfico reiterado de drogas debe considerarse como una actividad delictiva plural. La decisión judicial se encontraba suficientemente motivada y basada en indicios suficientes por remisión al oficio policial.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LEOPOLDO PUENTE SEGURA
  • Nº Recurso: 3653/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Condena dictada de conformidad por delito de falsedad continuada en documento mercantil, en relación de concurso medial con un delito, también continuado, de estafa. Responsable civil subsidiario: sujeción a los hechos conformados por las acusaciones y defensa y que se declaran probados en la sentencia recurrida. Falta de legitimación de la parte civil pasiva en el procedimiento para reclamar la condena de otros posibles responsables. Responsabilidad civil subsidiaria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3465/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurribilidad de las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales. Solo se puede alegar infracción de ley y debe acreditarse interés casacional. La atenuante tardía de confesión requiere una cooperación eficaz, seria y relevante que aporte a la investigación datos especialmente significativos para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados, y ha de ser veraz. Se desestima porque en el caso sometido a casación, la cooperación no fue verdaderamente eficaz. La atenuante de drogadicción no se aplica por el mero hecho de ser consumidor habitual. Hay que individualizar la situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la duración de la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como en lo relativo a la alteración de las facultades intelectivas y volitivas cuando ejecutó la acción punible. Se desestima porque no quedan probados estos aspectos. Notoria importancia. En el caso de la marihuana se concreta en 10 kilogramos de sustancia de esta naturaleza, con independencia del porcentaje de tetrahidrocannabinol que presente. No se aplica el margen de error +/-5% sobre la sustancia, porque no tiene una elaboración química. No es necesario analizar la totalidad de la droga incautada. Basta con analizar muestras tomadas de forma aleatoria.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
  • Nº Recurso: 5694/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Presunción de inocencia. La comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de primera instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina del TS y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de la Sala II del TS y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. Infracción de ley, posibilidad de revocar la sentencia cuando partiendo de los hechos probados queda afectada la legalidad penal. Se absuelve en el presente caso por describir los hechos probados una venta de una sola papelina que no alcanza la dosis mínima psicoactiva.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CARMEN LAMELA DIAZ
  • Nº Recurso: 3512/2020
  • Fecha: 15/06/2022
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Si se trata de dinero u otro bien fungible, el delito de apropiación indebida requiere, como elementos objetivos: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, administración o cualquier otro título que le obligue a devolverlo; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo por exceder de las facultades conferidas; c) que ello cause un perjuicio en el sujeto pasivo. Como elementos subjetivos, se exige que el sujeto conozca que está excediendo de sus facultades. Han de ser descartados a efectos de integrar la tipicidad del delito del art. 252 todos aquellos que transmiten la propiedad, como son la compraventa, el préstamo mutuo, la permuta o la donación. El TS ha permitido que la excusa absolutoria del art. 268 CP despliegue sus efectos, si se cumplen ciertos requisitos, desde la instrucción o la fase intermedia. Aunque concurra la excusa absolutoria, el Tribunal podrá hacer un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil.

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