Resumen: Las disposiciones normativas sobre las participaciones de los socios y las formas de ingreso hacen referencia a las previsiones legales pero no afectan a la efectiva relación entre los socios, y la aportación de los muebles y elementos de decoración y su consideración de entrega enmarcado en un contrato de préstamo, sujeto a devolución que declara la sentencia. La voluntad de apropiación y el momento consumativo de la apropiación, en el hecho probado se declara, expresamente, al afirmar que los muebles y elementos de ornamentación fueron llevados al domicilio particular de la condenada, y requerida para su devolución se negó a ello, configurando un punto sin retorno en la apropiación. Este crites, exigido en la jurisprudencia para apreciar el delito de apropiación indebida, permite afinar a partir de lo que se denomina el "punto sin retorno", que se ha alcanzado un momento en que se aprecie una voluntad definitiva de no entregarlo o devolverlo o la imposibilidad de entrega o devolución. El transporte del mobiliario y su negativa a devolverlo y atenderlos requerimientos evidencia el punto sin retorno para consumar el desapoderamiento. La ley procesal habilita el inicio del juicio oral para proponer pruebas el requisito de la proposición en tiempo hábil ha de ir referido a aquellas diligencias de prueba que pueden practicarse en el mismo acto, pues el tribunal ha de resolver en ese momento sobre su práctica.
Resumen: Denegación de prueba: la parte se limita a denunciar una infracción cuantitativa del derecho a la prueba, pero no solicitó su práctica en la segunda instancia, ni pidió la nulidad. Validez de las grabaciones aportadas: tanto las grabaciones como las transcripciones se encontraban a disposición del recurrente desde el momento de su propia inculpación, pudo contrastar el cotejo realizado por la Letrada de la Administración de Justicia, solicitar la audición o la práctica de cuantas diligencias hubiera tenido por conveniente. Y no sólo renunció a la audición de las cintas, sino que expresamente se opuso a la misma. Principio acusatorio: el auto de procesamiento no incluyó el delito leve de estafa, pero dicha omisión no comprometió el derecho del hoy recurrente a conocer la acusación y a poder desarrollar una estrategia de defensa respecto a dicho subhecho punible. La omisión de petición de pena fue un error, cabe su subsanación sin merma de la imparcialidad judicial. Correcta aplicación del art. 730 LECrim: quedó garantizada la contradicción en la instrucción y se intentó la citación de la testigo. Prevalimiento: la víctima se encontraba en una situación desesperada, careciendo de alimentos básicos para sus hijos de corta edad a su cargo, lo que era conocido por el recurrente, quien se ofreció a ayudarla con la entrega de los alimentos si ella a su vez mantenía relaciones sexuales con él. La pobreza severa, cuando además afecta a menores, es un factor de extrema vulnerabilidad.
Resumen: La agravación opera cuando los actos de tráfico de drogas realizados en el establecimiento abierto al público por el regente o empleado del mismo revelen una cierta dedicación y pluralidad, por lo que no deberá apreciarse la agravante específica cuando solo conste un acto aislado de tráfico de poco entidad, en cuanto en tal supuesto no concurre la razón justificativa de la agravante, consistente en el aumento de peligro contra la salud pública, por el incremento de las transmisiones que facilita la apertura al público del bar. Se aplica el subtipo atenuado, a tenor de que de la totalidad de las sustancias halladas en el establecimiento que el acusado regentaba, persiste la consideración de que las mismas no superaban apenas la magnitud que venimos equiparando al acopio ordinario para una semana de un consumidor medio. Ello no aboga por la idea de que la distribución de dichas sustancias en establecimiento abierto al público se realizara de un modo en particular significativo o con rápida y fluida circulación de la sustancia entre consumidores potenciales. Las penas habrán de ser las del subtipo atenuado de las que se parta, para, desde ellas, llegar a sus superiores de la agravación, porque el resultado penológico puede ser distinto. Al apreciarse el subtipo atenuado, se reduce en un grado la pena del 368.1, que, a su vez, concurriendo el subtipo agravado del art. 369.1.3ª, nos sitúa en un marco punitivo abstracto de entre tres a cuatro años y seis meses de prisión y multa.
Resumen: Los querellados se limitaron a solicitar la reanudación del proceso hipotecario y la querellante tampoco alegó, ni acreditó la reducción de la deuda hipotecaria, sino tras la adjudicación de la finca. Se estima el recurso de casación: Los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial no permiten en modo alguno identificar los elementos reclamados por el tipo de estafa procesal. Este no protege al tercero frente a la demanda con causa material injusta o ficticia sino contra el uso fraudulento de los resortes instrumentales que acompañan a la acción provocando que la decisión judicial sea consecuencia de aquella. La no aportación del documento de novación objetiva del contrato de préstamo a la solicitud de continuación del procedimiento hipotecario suspendido no equivale normativamente a manipulación de pruebas que explique causalmente la decisión adoptada por el tribunal. Expulsada de la tipicidad por la reforma del Código Penal de 2010 la simulación de pleito, la inconsistencia material de lo que se pretende o la no aportación de medios de prueba relevantes podrá suponer, en su caso, la desestimación de la demanda, la condena en costas o, incluso, la sanción procesal por mala fe que previene el artículo 247 LEC. Por otro lado, no hay trazo alguno de que, por los ejecutantes, mediante maniobras fraudulentas, se procurara eludir la intervención defensiva del ejecutado que dispuso, por ello, de efectivas posibilidades para alegar el pago parcial de la deuda garantizada.
Resumen: La cuestión de la legitimación para el ejercicio de la acción civil tiene naturaleza procesal y no puede ser objeto del recurso de casación previsto contra sentencias de las Audiencias Provinciales que resuelven recursos contra sentencias de los Juzgados de lo Penal.
Resumen: En el artículo 320 del Código Penal se tipifican determinadas intervenciones en el procedimiento administrativo sobre actuaciones con respecto a la ordenación del territorio, cuando son realizadas en contra de las leyes y a sabiendas de la ilegalidad. El dolo consiste en el conocimiento de la ilegalidad de la decisión que adoptó y en la voluntad de acordarla. No lo elimina que el condenado pensara que la licencia podía dejarse sin efecto, ya que actuar conforme a esa idea contribuye a la banalización de la normativa urbanística. Tanto el Secretario municipal, como los servicios de asistencia jurídica de la Diputación provincial advirtieron al Alcalde de la ilegalidad de la concesión de la licencia, por ir contra la ordenación territorial y urbanística de la zona en donde se hallaban enclavadas las parcelas cuya construcción se pretendía llevar a cabo. Y a pesar de ello, se dictó resolución concediendo la licencia. El Código Penal de 1995 ha clarificado el tipo objetivo del delito, recogiendo lo que ya expresaba la doctrina jurisprudencial, al calificar como "arbitrarias" las resoluciones que integran el delito de prevaricación, es decir aquellos actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho Conforma, por tanto, el elemento objetivo de cualquier tipo de prevaricación, el dictado de resoluciones arbitrarias entendidas como los actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho.
Resumen: El apartado 1 del art. 89 CP dispone que "Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español". El precepto impone al Juez la obligación de sustituir la pena de prisión impuesta superior al año e inferior a cinco años por la expulsión del territorio español. Sin embargo, a continuación, en los apartados siguientes recoge una serie de supuestos que suponen una excepción a la regla general. Afirma la sentencia que tal previsión es acorde con los requisitos que en la Sala se han venido estableciendo, atendiendo a su vez a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, matizando el pretendido automatismo del legislador, admitiendo que se pueda denegar la sustitución cuando vulnere los derechos fundamentales del condenado. Ello exige que, para resolver sobre la sustitución, se cumplan los cánones esenciales constitucionalmente consagrados de audiencia, contradicción, proporcionalidad y suficiente motivación. Audiencia: Si el acusado no ha comparecido al acto del Juicio Oral de forma voluntaria y se celebra el juicio en su ausencia, el Tribunal puede decidir sobre la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español, dando por precluido el trámite de audiencia siempre que haya tenido posibilidad de expresar al Tribunal su punto de vista respecto de la expulsión solicitada por el Fiscal en sus conclusiones provisionales.
Resumen: La contabilidad llevada a cabo por el acusado ha sido más que deficitaria, llena de lagunas y carente por completo de las más elementales normas contables. Cualquier administrador ha de ser consciente de que siquiera los estadillos que él mismo se había comprometido a confeccionar mensual y anualmente, tenían que tener un mínimo soporte documental, Ante la existencia de varias pruebas periciales el tribunal puede optar por aquella que le resulte más convincente, bien entendido que no cabe centrar su juicio valorativo en una de ellas sin emitir un juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra otorgada en su libre valoración, requiere un juicio motivado. La línea diferencial entre un incumplimiento contractual (que pretende el recurrente) y el delito de apropiación indebida, radica en que, en el primer supuesto, no existe voluntad apropiativa sino solamente un retraso o imposibilidad transitoria de cumplimiento de la obligación de devolver, o una mala gestión empresarial, mientras que en el segundo existe un propósito de hacer la cosa como propia incorporándola al patrimonio del infractor. De los hechos probados, resulta la existencia de ánimo de lucro en la conducta del acusado, pues quien se apropia de lo que no es suyo, a falta de cualquier otra explicación, actúa con intención de hacerse con tal numerario, sin que sobre esto haya que hacer complejas conjeturas jurídicas.
Resumen: Estudio de los requisitos exigidos para una eventual estimación del recurso. Se requiere que sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. El recurso de revisión es un remedio excepcional, al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada. Implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Se estima el recurso, al incorporarse documentos que acreditan dolencias psíquicas del condenado en la época de la comisión delictiva objeto de condena y una dificultad, derivada de esa dolencia, para tener conciencia crítica de su comportamiento. El recurso de revisión se limita a declarar la nulidad parcial de la sentencia revisada y acuerda la remisión de las actuaciones al tribunal de instancia a fin de practicar prueba (la que puedan proponer defensa y acusación, incluida la declaración del acusado), pero exclusivamente en relación con la posible concurrencia de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado.
Resumen: El recurso de casación en procedimientos competencia de los Juzgados de lo Penal, solo cabe invocar el art. 849.1º LECrim. Otras discrepancias en cuanto a la valoración probatoria, defectos procesales, o violación de normas constitucionales de relieve procesal quedan al margen de esa modalidad impugnativa pensada en exclusiva para unificar la interpretación de las normas sustantivas con trascendencia penal. Respecto a los contornos del tipo de falsedad en documento mercantil del art. 392 CP, el ámbito de la tipicidad ha de ceñirse a los documentos que generan un grado de confianza que pueda afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil; en otros casos, resulta suficiente la protección penal mediante el tipo del art. 395 CP para la falsedad de documentos que, aunque plasman operaciones mercantiles, carecen de dicha especial idoneidad lesiva colectiva. Los contratos de compraventa de vehículos tienen vocación de acceder a un registro público con importantes efectos en el tráfico jurídico lo que justifica su encaje en el art. 392 CP como documento mercantil. La simulación del clausulado de un contrato otorgado entre particulares, aunque estos puedan ostentar la condición de comerciantes y fijen una regla negocial de naturaleza mercantil, carece de eficacia más allá de la relación negocial entre aquellos y de pontencialidad significativa para lesionar la seguridad del tráfico mercantil en un sentido colectivo.
