Resumen: El logotipo de dicha empresa y la dirección de la misma coinciden con el formato de documentos; y el informe grafológico indica que existe una alta probabilidad de que la falsificación la realizaría la acusada. La eficacia extraordinaria de la atenuante de dilaciones solo podrá aparecer ante una dilación "archiextraordinaria". En autos, el tiempo de tramitación de siete años ha merecido la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas como simple, sin que se detecte ni haya sido alegado algún otro marcador que deba ser ponderado además de ese tiempo de duración del procedimiento para la cualificación instada. Concurren, en sentido inverso, denegatorio de su mayor intensidad, las circunstancias ya expuestas en la sentencia recurrida, como fue la necesidad de practicar unas diligencias de investigación tendentes a esclarecer lo que primero fue denunciado como una desaparición. El carácter "claim made" del seguro contratado con la compañía (es decir, que la cobertura se activa con la reclamación, no con el hecho determinante de la misma), viene reconocido en diferentes apartados de la póliza. La cláusula "claim made" que invoca la recurrente, con previsión legal en el art. 73.2 LCS, es oponible al perjudicado, en cuanto configura los términos objetivos de la cobertura del contrato de seguro, al desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produzca la reclamación.
Resumen: La fuerza del principio constitucional de presunción de inocencia, que debe ser contrarrestada por la prueba de cargo y por la motivación condenatoria, no existe como contrapeso de la argumentación cuando se trata de dictar, por insuficiencia de convicción, una sentencia absolutoria, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por el Estado, como titular del "ius puniendi", para revocar una sentencia absolutoria, solo alcanza a supuestos excepcionales, y no puede construirse invirtiendo en forma especular la argumentación sobre la razonabilidad de la valoración utilizada en el ámbito del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos -entre estos, la propia intencionalidad no es posible proceder a la valoración jurídica de la actuación de los acusados sin haber tratado previamente de probar la realidad de la misma-. Lo cual implica, necesariamente, la comprobación de la intención de los acusados con respecto a los hechos que se les imputan
Resumen: La sentencia señala que la falta de guía de pertenencia, cuando se dispone de licencia o permiso de armas, no integra el delito del art. 564 del Código Penal. Depósito de armas. Art. 566 del CP. Se considera que no existe depósito, porque no se concretó el número de armas que poseía el acusado, ni si las mismas funcionaban correctamente. Tenencia de armas prohibidas. Para aplicar el tipo señalado se requieren dos elementos: 1) que se posea una arma en sentido estricto (instrumentos, medios o máquinas destinados a ofender o a defenderse), y 2) que la tenencia de arma revele peligrosidad. La Sala ratifica la absolución, al no concurrir el segundo requisito, por no haberse acreditado que portara las armas fuera de su domicilio. Se alega también vulneración de derechos fundamentales. Se recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser alegado por todas las partes, porque incluye el derecho a que las sentencias absolutorias estén motivadas. En todo caso, el motivo se desestima porque la valoración de la prueba se ha realizado conforme a las reglas de la lógica, de la valoración racional y de la sana critica. Delito de blanqueo de capitales. Se plantea un posible error en la valoración de la prueba. Se desestima el motivo porque no se acreditó el origen delictivo de los fondos.
Resumen: Así como la diferencia entre grupo y organización criminal es clara, para esclarecer la diferencia entre el grupo criminal y los supuestos de simple codelincuencia o coparticipación es conveniente tener en cuenta lo expresado en la Convención de Palermo al definir el grupo organizado: un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito. Tanto la organización como el grupo están predeterminados a la comisión de una pluralidad de hechos delictivos. Por ello cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras de grupo ni de organización. Cuando el grupo u organización tenga por objeto la realización concertada de una actividad de tráfico de drogas integrada por una pluralidad de acciones de tráfico, aun cuando en estos delitos el conjunto de la actividad de tráfico pueda sancionarse como un delito único, por su naturaleza de tipos con conceptos globales (expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda consumado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir, sin embargo a los efectos de la tipificación del grupo u organización el tráfico reiterado de drogas debe considerarse como una actividad delictiva plural. La decisión judicial se encontraba suficientemente motivada y basada en indicios suficientes por remisión al oficio policial.
Resumen: Recurribilidad de las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales. Solo se puede alegar infracción de ley y debe acreditarse interés casacional. La atenuante tardía de confesión requiere una cooperación eficaz, seria y relevante que aporte a la investigación datos especialmente significativos para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados, y ha de ser veraz. Se desestima porque en el caso sometido a casación, la cooperación no fue verdaderamente eficaz. La atenuante de drogadicción no se aplica por el mero hecho de ser consumidor habitual. Hay que individualizar la situación psicofísica del sujeto en el momento comisivo, tanto en lo concerniente a la duración de la adicción a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, como en lo relativo a la alteración de las facultades intelectivas y volitivas cuando ejecutó la acción punible. Se desestima porque no quedan probados estos aspectos. Notoria importancia. En el caso de la marihuana se concreta en 10 kilogramos de sustancia de esta naturaleza, con independencia del porcentaje de tetrahidrocannabinol que presente. No se aplica el margen de error +/-5% sobre la sustancia, porque no tiene una elaboración química. No es necesario analizar la totalidad de la droga incautada. Basta con analizar muestras tomadas de forma aleatoria.
Resumen: Condena dictada de conformidad por delito de falsedad continuada en documento mercantil, en relación de concurso medial con un delito, también continuado, de estafa. Responsable civil subsidiario: sujeción a los hechos conformados por las acusaciones y defensa y que se declaran probados en la sentencia recurrida. Falta de legitimación de la parte civil pasiva en el procedimiento para reclamar la condena de otros posibles responsables. Responsabilidad civil subsidiaria.
Resumen: Presunción de inocencia. La comprobación que corresponde al Tribunal Supremo se concreta en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia de primera instancia, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina del TS y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de la Sala II del TS y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos. Infracción de ley, posibilidad de revocar la sentencia cuando partiendo de los hechos probados queda afectada la legalidad penal. Se absuelve en el presente caso por describir los hechos probados una venta de una sola papelina que no alcanza la dosis mínima psicoactiva.
Resumen: Si se trata de dinero u otro bien fungible, el delito de apropiación indebida requiere, como elementos objetivos: a) que el autor lo reciba en virtud de depósito, administración o cualquier otro título que le obligue a devolverlo; b) que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto o el dinero recibidos que resulta ilegítimo por exceder de las facultades conferidas; c) que ello cause un perjuicio en el sujeto pasivo. Como elementos subjetivos, se exige que el sujeto conozca que está excediendo de sus facultades. Han de ser descartados a efectos de integrar la tipicidad del delito del art. 252 todos aquellos que transmiten la propiedad, como son la compraventa, el préstamo mutuo, la permuta o la donación. El TS ha permitido que la excusa absolutoria del art. 268 CP despliegue sus efectos, si se cumplen ciertos requisitos, desde la instrucción o la fase intermedia. Aunque concurra la excusa absolutoria, el Tribunal podrá hacer un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil.
Resumen: La vulneración del derecho a la presunción de inocencia en casación no puede consistir una revaloración de la prueba, sino en determinar la racionalidad de la valoración efectuada en la sentencia recurrida.
Resumen: El derecho a un juez imparcial forma parte del derecho a un proceso con todas las garantías y constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, que condiciona su propia existencia pues, sin juez imparcial, no hay propiamente un proceso jurisdiccional. Con carácter general, en el plenario, el Juez deberá mantener una posición neutra; ahora bien, con el objetivo de esclarecer los hechos, el juez podrá dirigir a los testigos las preguntas que estimen conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren, extendiéndose esta iniciativa respecto de las declaraciones de acusados. Para que se estime el motivo por falta de claridad en los hechos probados, se exige: que la contradicción sea manifiesta y absoluta; que sea insubsanable; que sea interna en el hecho probado; que resulte relevante para el sentido del fallo. La estafa procesal, como figura agravada de la estafa, no permite prescindir de los requisitos generales de este tipo delictivo, entre ellos la concurrencia de un engaño que pueda calificarse como bastante, por más que en este subtipo deba producirse en el seno de un procedimiento judicial. En materia de costas, la temeridad y la mala fe han de ser notorias y evidentes, debiendo mantenerse una interpretación restrictiva de estos términos, de modo que la regla general será la no apreciación de su concurrencia.
