Resumen: Se estima parcialmente el recurso de revisión planteado por un recurrente que había sido condenado por un delito de falsedad en documento oficial y por un delito contra la seguridad vial. Tras la recepción de un nuevo elemento de prueba, consistente en la información recibida del Consulado de Argelia sobre el permiso de conducir, el TS estima el recurso de forma parcial en lo relacionado con la condena por el delito contra la seguridad vial; aunque no en lo relacionado con la condena por el delito de falsedad documental.
Resumen: El recurso de revisión es un recurso excepcional al tener por objeto la revocación de sentencias firmes y atentar por ello al principio de cosa juzgada, e implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca, sobre la sentencia firme, la auténtica verdad y, con ello, la justicia material sobre la formal. Cuando se trata del supuesto previsto en el artículo 954.1.d) es preciso que los hechos o elementos de prueba hayan sido conocidos después de la sentencia, de manera que no hubieran podido ser aportados con anterioridad, tratándose de elementos nuevos en ese sentido.
Resumen: No es obstáculo para la revisión reclamada que se trate de una sentencia dictada por conformidad de las partes, pues la revisión no es propiamente un recurso sino que estamos ante un procedimiento autónomo dirigido a rescindir una sentencia condenatoria firme, de modo que no resulta directamente aplicable a este supuesto la previsión recogida en el artículo 787.7 de la LECRIM. Conducir un vehículo a motor con una licencia de conducción no homologada en España o caducada constituye una infracción administrativa grave, pero no un delito contra la seguridad vial del artículo 384.2 del Código Penal, cuya antijuridicidad descansa en la ausencia absoluta de constatación administrativa de habilidad para la conducción y la plasmación que eso tiene para la introducción de un riesgo abstracto en la seguridad del tráfico.
Resumen: El delito continuado se debe sancionar con la mitad superior de la pena que puede llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado con independencia de la clase de delito de que se trate, patrimonial o no. Cuando se trata de delitos patrimoniales la pena básica que debe ser incrementada con arreglo al art. 74.1 CP no se determina en atención a la infracción más grave, sino al perjuicio total causado. Y, finalmente, la regla contenida en el art. 74.1 CP solo queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración, es decir, aquellos casos en los que la pena ya haya sido incrementada en atención al perjuicio total causado por tratarse de delito continuado. En el caso que nos ocupa es de aplicación la regla penológica del art. 74.1 CP. No hay doble valoración punitiva, pues en el relato de hechos ya consta que al menos dos de las disposiciones ilícitas lo fueron por importe de 10.000 euros cada una, por tanto, superiores a los 400 euros. Sentado lo anterior, a su vez hay que tener presente que la pena a tener en cuenta de cara a computar los plazos de prescripción es la pena en abstracto. Más en concreto, la pena en abstracto máxima posible legalmente. Tratándose de un delito continuado, la pena en abstracto, debe estimarse en toda su extensión y por tanto en su concepción de pena máxima que puede serle impuesta, siendo desde esta perspectiva que debe interpretarse el término "pena máxima" señalada al delito.
Resumen: El delito de conducción sin carnet, sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que el tipo administrativo se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula.
Resumen: La prosperabilidad de una demanda de revisión basada en el art. 954.1.d) LECrim exige, en primer lugar, un elemento de prueba de conocimiento sobrevenido. Esto presupone que fuese ignorado durante el curso del procedimiento; o sea, que haya aparecido o haya sido conocido después de la fecha de la Sentencia cuya revisión se pretende. La prosperabilidad de un recurso de revisión reclama, además, que la prueba no aportada en su momento sea de tal naturaleza que pueda afirmarse en un juicio hipotético que su consideración hubiese variado el sentido de la sentencia; habiendo podido determinar la absolución o una condena inferior. Ya no se trata, como antes de la reforma, de evidenciar, es decir, acreditar la inocencia (la aparición de pruebas que hiciesen dudar de la culpabilidad afirmada, pero no acreditasen la inocencia en rigor no eran suficientes para la prosperabilidad del recurso de revisión). Bastan pruebas que, presumible o probablemente, hubiesen hecho procedente un pronunciamiento absolutorio (no solo por acreditar la inocencia, sino también por generar dudas sobre la culpabilidad). En el caso enjuiciado se considera que la conclusión condenatoria no es desvirtuada ni neutralizada por las manifestaciones ahora aportadas.
Resumen: Hay que revisar si la decisión de la Audiencia negando a los hechos relevancia penal (juicio jurídico) es acertada o no. Ese es el control en casación que desea implantar el legislador: comprobar a través del art. 849.1º LECrim la corrección del juicio de subsunción. No era viable -ni lo es ahora- una casación basada en el art. 849.2º. Tal norma está pensando en una valoración probatoria que no se ha producido aún. Sólo el sobreseimiento libre basado en los números 2 y 3º del art. 637 permite una revisión adecuada en casación a través del art. 849.1º LECrim. La lectura del auto permite concluir con rotundidad que no estamos ante un auto de sobreseimiento libre del art. 637.2º LECrim . En absoluto. La discrepancia de la Audiencia frente al entendimiento del Juzgado no es jurídica; sino puramente fáctica, de divergencia en la valoración de la calidad de los indicios que permiten atribuir al recurrido participación consciente en el delito. Ese tipo de razonamiento aboca a otro tipo de sobreseimiento: bien el libre del art. 637.1º (que tampoco sería susceptible de casación) bien el provisional del art. 641.1º LECrim. Si el Instructor aprecia la existencia de una causa de justificación o una excusa absolutoria, deberá denegar el procesamiento o la apertura del juicio oral por no existir indicios de "criminalidad". Materialmente estamos ante un sobreseimiento provisional. No estamos habilitados para la revisión contra reo de la valoración indiciaria.
Resumen: En el caso, es procedente la estimación del recurso de revisión y declarar la nulidad de la sentencia de apelación que revocando la absolución dictada en el Juzgado de lo Penal, condena al recurrente, pues el TEDH ha dictado sentencia en la que ha apreciado que en la condena dictada en apelación se han vulnerado los derechos reconocidos en el artículo 6.1 del CEDH; el solicitante de la revisión es la persona condenada en la sentencia cuya revisión se pretende; y fue demandante ante el TEDH en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de dicho Tribunal. Además, la solicitud se ha formulado dentro del plazo legal. Por otro lado, en la sentencia del TEDH se considera que la reparación completa de la vulneración apreciada se podrá obtener mediante la revisión de la sentencia condenatoria por el procedimiento previsto en el derecho interno.
Resumen: El propio autor del delito antecedente puede perpetrar el delito de blanqueo de capitales respecto de los bienes y recursos obtenidos con ocasión de la comisión de aquel (autoblanqueo). La labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Para que pueda prosperar este motivo de casación, es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta; b) que sea insubsanable; c) que sea interna en el hecho probado y d) que resulte relevante para el sentido del fallo
Resumen: Toda condena debe fundarse en actividad probatoria examinada directa y personalmente por el Tribunal que la dicta, y desarrollada en un debate público en el que se dé oportunidad al acusado de contradecir la totalidad del acervo probatorio. Por tanto, cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relacionadas directa o indirectamente con la valoración de pruebas personales de las que depende la condena ex novo, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia. Los principios de publicidad, inmediación y contradicción exigen que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado declaración, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia. El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 19 de diciembre de 2012 sentó, por su parte, la imposibilidad de habilitar un trámite en casación para oír al acusado ante la eventualidad de la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias. Una audiencia de ese tipo no es compatible con la naturaleza de la casación. Con ese acuerdo esta Sala Segunda cercenó drásticamente la viabilidad del art. 849.2º LECrim en perjuicio del reo; quedó cancelada su capacidad para sustentar una condena dictada ex novo en casación. Por definición las partes acusadoras carecen de legitimación para invocar la presunción de inocencia. No existe un reverso de ese derecho fundamental.
