Resumen: En el caso, es procedente la estimación del recurso de revisión y declarar la nulidad de la sentencia de apelación que revocando la absolución dictada en el Juzgado de lo Penal, condena al recurrente, pues el TEDH ha dictado sentencia en la que ha apreciado que en la condena dictada en apelación se han vulnerado los derechos reconocidos en el artículo 6.1 del CEDH; el solicitante de la revisión es la persona condenada en la sentencia cuya revisión se pretende; y fue demandante ante el TEDH en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de dicho Tribunal. Además, la solicitud se ha formulado dentro del plazo legal. Por otro lado, en la sentencia del TEDH se considera que la reparación completa de la vulneración apreciada se podrá obtener mediante la revisión de la sentencia condenatoria por el procedimiento previsto en el derecho interno.
Resumen: El propio autor del delito antecedente puede perpetrar el delito de blanqueo de capitales respecto de los bienes y recursos obtenidos con ocasión de la comisión de aquel (autoblanqueo). La labor que corresponde al Tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el Tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. La sentencia debe anularse cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión o también por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impiden saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Para que pueda prosperar este motivo de casación, es necesario: a) que la contradicción sea manifiesta y absoluta; b) que sea insubsanable; c) que sea interna en el hecho probado y d) que resulte relevante para el sentido del fallo
Resumen: Toda condena debe fundarse en actividad probatoria examinada directa y personalmente por el Tribunal que la dicta, y desarrollada en un debate público en el que se dé oportunidad al acusado de contradecir la totalidad del acervo probatorio. Por tanto, cuando en fase de recurso se plantean cuestiones de hecho relacionadas directa o indirectamente con la valoración de pruebas personales de las que depende la condena ex novo, resulta imprescindible la celebración de vista pública en segunda instancia. Los principios de publicidad, inmediación y contradicción exigen que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado declaración, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia. El Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 19 de diciembre de 2012 sentó, por su parte, la imposibilidad de habilitar un trámite en casación para oír al acusado ante la eventualidad de la revocación de una sentencia absolutoria por razones probatorias. Una audiencia de ese tipo no es compatible con la naturaleza de la casación. Con ese acuerdo esta Sala Segunda cercenó drásticamente la viabilidad del art. 849.2º LECrim en perjuicio del reo; quedó cancelada su capacidad para sustentar una condena dictada ex novo en casación. Por definición las partes acusadoras carecen de legitimación para invocar la presunción de inocencia. No existe un reverso de ese derecho fundamental.
Resumen: Delito de estafa en las prestaciones de la Seguridad Social y delito de falsedad documental. Condena a la principal autora de ambos delitos y a otra acusada, que se encuentra en connivencia con la anterior, para conseguir la incapacidad fraudulenta, de donde deriva su prestación de la Seguridad Social. Absolución del resto de los acusados de los delitos de falsedad y defraudación a la Seguridad Social y estafa, declarando de oficio las costas, con la salvedad, en algunos casos, de considerarles partícipes a título lucrativo, ordenando en consecuencia la devolución de las cantidades percibidas, al no haber tenido nunca derecho a tal prestación.
Resumen: Los elementos configuradores del delito de deslealtad profesional son: 1) el sujeto activo tiene que ser un abogado o un procurador por tanto es un delito especial. 2) Desde el punto de vista de la dinámica comisiva, que se despliegue una acción u omisión, que en ambos casos derivará en un resultado. 3) Un perjuicio manifiesto de los intereses encomendados. d) Un comportamiento doloso, en el que debe incluirse el dolo eventual, o bien un comportamiento culposo, en el que concurra "imprudencia grave". El daño moral no puede identificarse con secuelas psicológicas, sino que tiene un espacio propio, en el que las situaciones de angustia, frustración, miedo o padecimientos, que soporta quien sufre las consecuencias del delito, y merecen un resarcimiento. Cuando se trata de daños morales, y frente a los económicamente evaluables, la única base para medir la indemnización por esos perjuicios, es el hecho delictivo mismo, del que éstos son sus consecuencia. Únicamente es revisable en casación, cuando la valoración rebase cuando la valoración rebase los límites mínimos y máximos dentro de los cuales resulta razonable esa prudente discrecionalidad.
Resumen: La utilización de dispositivos de localización y seguimiento tiene una incidencia directa en el círculo de exclusión que cada ciudadano define frente a terceros y frente a los poderes públicos; la ley subordina la legitimidad del acto de intromisión a la previa autorización judicial. Como regla general, constituye una prueba de cargo válida la comparecencia en el juicio oral de quien ha realizado un reconocimiento fotográfico practicado con todas las garantías durante el sumario, y que ratifica en el juicio lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes. La identificación del sospechoso efectuada por agentes policiales a partir de videograbaciones de los autores recogidas durante la investigación, es insuficiente como prueba de cargo para acreditar la identidad de los autores, si no descansan en una prueba pericial fisionómica o antropomórfica. Se perfila como una actuación pericial la información que extraigan los agentes del material videográfico y que deseen aportar al Tribunal. Dado que el testigo declara sobre hechos pasados relacionados con el proceso y percibidos sensorialmente por él, el perito suministra al Juzgador una concreta información sobre aspectos trascendentes para el enjuiciamiento. La necesidad de contar con la confianza del acusado no permite al Letrado disponer a su antojo el desarrollo del proceso.
Resumen: El legislador ha abierto para los procedimientos competencia del Juzgado de lo Penal un único cauce casacional, el artículo 849.1º LECrim. Con ello quiere unificar la interpretación del derecho penal sustantivo. Cuestiones procesales, e incluso constitucionales, se han dejado deliberadamente al margen. Solo una duda sobre los perfiles de una tipicidad penal es idónea para esta singular fiscalización casacional. En este escenario procesal estamos únicamente habilitados para comprobar si la norma penal sustantiva ha sido correctamente interpretada y aplicada. Es verdad que al hilo de ese alegato por presunción de inocencia desliza el recurrente algún argumento en torno a una de las tipicidades determinantes de la condena (simulación de delito); pero lo hace de manera incongruente con su inicial apelación en la que para nada reseñaba, ni implícita ni explícitamente, algo que tuviese que ver con esa problemática. Lógicamente en la sentencia de apelación, que es la que se recurre en casación, se guarda silencio sobre ese punto no impugnado entonces. Por tanto, orillando otras deficiencias formales, que serían insuficientes para provocar la inadmisión (principio de separación de motivos), no se está recurriendo la única sentencia frente a la que cabe casación -la dictada en apelación por la Audiencia Provincial-, sino que se está formalizando una casación per saltum contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, lo que constituye también causa de inadmisión.
Resumen: No es función de un Tribunal de casación revalorar íntegramente una prueba personal no directamente presenciada. Se denuncia incongruencia omisiva. Estaría basada en no haberse dado contestación a la petición de que se reaperturase el procedimiento frente a la víctima para reiniciar la investigación y, en su caso, dictar auto de procesamiento del perjudicado por las lesiones causadas por el ahora recurrente. Tratándose de una sentencia cuyo objeto es enjuiciar los hechos respecto de los que se ha abierto el juicio oral no tiene por qué contestar peticiones de reapertura de otro objeto provisionalmente sobreseído, evacuadas en forma desubicada y sin fundamento. La predeterminación del fallo supone la utilización de expresiones con un contenido técnico jurídico específico que soslaya una narración de hechos despojada de valoraciones o "sobreentendidos" jurídicos. No significa que los hechos relatados hayan de ser penalmente "neutros". No debe anticiparse en los hechos probados la subsunción jurídico-penal con el nomen iuris de la infracción o con otros conceptos técnicos cuya concurrencia ha de analizarse en el plano de la argumentación penal. Pero el relato necesariamente ha de elaborarse con el claro objetivo de valorar penalmente la acción. Primero se fijan los hechos; luego se valoran penalmente.
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia goza de una específica y relevante garantía institucional, como lo es que la persona condenada en la instancia pueda acudir a un tribunal superior pretendiendo la revisión de la decisión. El deber constitucional de protección de la presunción de inocencia impone diferentes planos de intervención que van, desde la verificación de la validez constitucional y legal de las pruebas practicadas, la consistencia de las informaciones aportadas y de participación del recurrente, hasta la propia evaluación del proceso valorativo del tribunal de instancia. El delito de blanqueo de capitales versa sobre, por un lado, la colocación del producto obtenido de la actividad delictiva precedente y la diversificación mediante actos de separación de la fuente, mediante estructuras de cobertura y la integración o retorno mediante la reinserción de los fondos blanqueados en el circuito económico.
Resumen: Delito de hurto continuado, con abuso de relaciones personales y estafa continuada, también con abuso de relaciones personales. Consideraciones doctrinales generales sobre la naturaleza del recurso de casación ante un recurso de casación reiterativo del anterior de apelación. Estafa agravada con abuso de relaciones personales por razón de las circunstancias del matrimonio estafado: ancianos con facultades cognitivas disminuidas (doble confianza defraudada).
