Resumen: La conducta falsaria sobre el documento mercantil aparece mencionada en el art. 392 CP junto a los comportamientos falsarios que recaen sobre documentos públicos y oficiales, equiparándose en sus consecuencias penológicas. Lo que sugiere que las tres conductas comparten bien jurídico público y colectivo. No parece discutible que mediante la sanción de la falsedad de documentos públicos u oficiales se pretende proteger el interés general, la confianza de la ciudadanía, en el buen uso de las facultades o potestades reconocidas a determinadas autoridades o funcionarios para confeccionar documentos. Condiciones de confección presuntivas que son las que otorgan al documento falseado público u oficial la idoneidad para lesionar el bien jurídico protegido y afectar a las funciones documentales con mayor intensidad. Dicha equiparación acentúa la necesidad de que el documento mercantil falseado incorpore también una especial intensidad lesiva de dichas funciones documentales, equiparable a la de los documentos públicos u oficiales. Nivel especial de lesividad que cabe predicar de aquellos que, además de estar previstos en una norma mercantil, gocen de una proyección cualificada en el tráfico jurídico. El l subtipo agravado se estructura sobre dos ideas: 1. Abuso de relaciones personales, que miraría a un grado especial de vinculación entre autor y víctima. 2. abuso de la credibilidad empresarial o profesional, que pondría el acento en las propias cualidades del sujeto activo.
Resumen: Prescripción. Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Delito de apropiación indebida, momento consumativo. Tendrá lugar, tratándose de la distracción del dinero por no darle el destino convenido, en la fecha en que debió darse tal destino pactado, si se incumple la obligación y se retiene la posesión de dinero o bienes en provecho del poseedor. La aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales del número 7 del artículo 250 del Código Penal queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente, en definitiva un plus que hace de mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario, tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa. Quebrantamiento de forma por falta de claridad en los hechos probados, presupuestos.
Resumen: Quebrantamiento de forma. Falta de claridad en los hechos. Se desestima el motivo. Los hechos son claros. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Se desestima el motivo. Nos encontramos ante una deducción concluyente de la Audiencia basada en prueba indiciaria. La parte recurrente no construye una hipótesis alternativa. Infracción de ley. Agravación basada en abuso de las relaciones personales y profesionales. Se estima el motivo. Su apreciación es excepcional en el delito de apropiación indebida. Es necesario identificar un doble foco de confianza: el que nace de la relación presupuesto de la apropiación indebida y otro distinto, previo. No concurre en el presente caso. La condición de subdirector de la sucursal y la confianza que los clientes habían depositado en él no es suficiente. Dilaciones indebidas. Para su apreciación como muy cualificada se exigen unas dilaciones "fuera de toda normalidad". Individualización de la pena. La subsistencia de la agravación del art. 250.1.5º no podrá llevar a la aplicación de la mitad superior ex art. 74, al no identificarse una conducta aislada en que se haya superado el monto de 50.000 euros. Quantum indemnizatorio. En materia de responsabilidad civil no rige el principio de presunción de inocencia, sino otros estándares probatorios de menor rigor: hay que estar a la probabilidad preponderante.
Resumen: Recurso contra el auto de acumulación de condenas. Se desestima. Se recuerda el Pleno de 27 de junio de 2018 en el que se decide que «no cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por expulsión; salvo si la expulsión se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial, que dará lugar a una nueva liquidación». Para llevar a cabo la acumulación, deben relacionarse, una por una, numeradas, por orden cronológico, todas las ejecutorias. Se especifica la manera y forma en la que se citaran todas ellas. Se realizan las operaciones oportunas para la formación de bloques, y una vez establecido un bloque, se busca la condena más grave y se multiplica por tres; a continuación, se lleva a cabo el correspondiente sumatorio de todas las condenas del bloque, y se compara cuál de las dos magnitudes es más beneficiosa para el reo. Y verificado, se lleva a cabo el resultado de la acumulación para saber cuál es más beneficioso: o el triple de la más grave, o el sumatorio individualizado de todas las penas del bloque. Así, con el resto de bloques.
Resumen: La aplicación del tipo agravado del delito de estafa por el abuso de relaciones personales queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o de mayor credibilidad que existe en relaciones previas y ajenas a la relación subyacente. Existe un plus que supone una mayor gravedad del quebrantamiento de confianza implícito en el delito de estafa. Cuando la cantidad defraudada es superior a 50.000 euros en su conjunto, se aplica la continuidad delictiva con los efectos penológico previstos en el artículo 74.1 del CP.
Resumen: Correcta condena por delito de administración desleal. Se trata de un delito homogéneo respecto de la apropiación indebida, máxime tras la reunificación de ambas figuras tras la reforma del año 2015. En el caso, se produjo una actuación del acusado que causa un perjuicio en el ente social constituido entre las dos empresas, como una UTE, de modo que al integrar el numerario de la transferencia de ARAPLASA en la entidad mercantil GARACOT, administrada por el acusado, llevó a cabo un acto desleal frente al conjunto social, incurriendo en un exceso intensivo, y perjudicando al conjunto, aunque beneficiando a GARACOT, que fue declarada partícipe a título lucrativo. También se confirma esta última condena, si bien no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, es adecuado el pronunciamiento de condena en materia de responsabilidad civil, que deberá ajustarse a lo preceptuado en el art. 122 CP. No siendo la participación a título lucrativo una pena, ni una medida de seguridad, sino la condena a la devolución civil de una cantidad que se ha obtenido por un sujeto como injustamente beneficiado de la comisión de un delito, en el que no ha participado penalmente, no puede hablarse de violación del principio acusatorio. Desde el plano del principio de rogación, las cantidades reconocidas en sentencia fueron solicitadas por las acusaciones. Con la absolución de GARACOT, desapareció el delito, pero hizo acto de presencia la posible repercusión civil.
Resumen: Lo acordado tenía como finalidad evitar el procedimiento adecuado, incumpliendo la normativa sobre contratación establecida al efecto; y a cuyo fin la recurrente firma las certificaciones de conformidad con unas facturas que, en relación con la emitida por la empresa, sabía que no eran ciertas. De modo que fue adjudicada la obra, de modo directo, eludiendo la preceptiva licitación. Además de la gravedad que conlleva el fraccionamiento, que posibilita la falsificación de autos, que en no pocas ocasiones conlleva acusación y condena aneja por prevaricación. Esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia. Aunque la estimación haya sido como muy cualificada, se encontraba muy próxima a los parámetros que determinan su estimación como simple, por lo que la rebaja en un solo grado, resulta plenamente justificada. No existe vulneración del principio acusatorio cuando en la fundamentación se afirma la creación ex novo por el acusado de una factura; nada diverso expresa a la emisión o expedición por el recurrente de una factura por obras que no realizó. Las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquel sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal, o a las recogidas en la sentencia, lo que no es el caso.
Resumen: Pertenencia a grupo criminal; en el caso se ratifica la condena por pertenencia a grupo criminal por ser el recurrente un miembro importante del grupo, hombre de confianza del principal miembro, y encargado del laboratorio, a tal efecto se le intervinieron efectos y materiales para la mezcla de la sustancia tóxica, y encargado de la preparación de los vehículos con los que se hicieron el transporte de la sustancia. La pertenencia a un grupo criminal no exige una estructura organizativa compleja, bastando, como ocurre en el presente caso, que los acusados se unieran para la perpetración del delito de tráfico de drogas a partir de una dinámica concreta. Expulsión del territorio nacional. La naturaleza próxima a lo punitivo de la medida de expulsión obliga a neutralizar riesgos de exceso que pueden derivarse del nivel de efectivo cumplimiento alcanzado por la pena privativa de libertad cuya sustitución se ordena. En el artículo 89 del CP se prevé la sustitución por expulsión de todas las penas superiores a un año de prisión impuestas a extranjeros, aunque su estancia en España no sea ilegal. Admite el precepto modular la medida y compatibilizarla con un cumplimiento parcial de la pena, que no podrá ser superior a los dos tercios de la misma, "cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito".
Resumen: El perjudicado entregó al acusado -en su condición de abogado- 20.000 euros para la compra de un inmueble, que no cumplió el encargo de dar el destino convenido la suma que se le entregó y no se la dio a su destinatario, y tampoco se la devolvió al perjudicado una vez frustrada la venta, haciéndola suya definitivamente. También por consejo de su abogado, el perjudicado entabló demanda para reclamar el dinero supuestamente entregado al vendedor, fallándose en su contra, por ello recibió otros 6.500 euros que debía entregar como indemnización y que también hizo suyos. No existe un incumplimiento civil, sino un delito de apropiación indebida continuado por ambas cantidades ante el encargo y gestión recibida en ambas de realizar la entrega de la misma, no habiéndolo hecho y habiéndose quedado ambas cantidades bajo la vía del punto sin retorno y con claro perjuicio económico evidente. También realizó una serie de operaciones artificiosas llevadas a cabo que frustran una operación de compraventa de inmueble, más acciones judiciales que son desestimadas por la insistencia del recurrente de mantener la ficción que había creado, con lo que siguió perjudicando a su cliente una vez más. El perjuicio existe con claridad y la notoriedad de la deslealtad es palmaria. Resulta, pues, correcta en el caso la condena por ambos delitos en concurso real, pues la aplicación del art. 77 CP conllevaría una pena más grave que la punición por separado.
Resumen: Infracción del principio acusatorio: se acusó por los delitos de apropiación indebida o de administración desleal y se condenó por delito de insolvencia punible.
