Resumen: Los márgenes de la facultad de revisión de sentencias absolutorias, a través del cauce casacional de infracción de ley, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo, se concretan en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia. En la corrección de errores de subsunción admisible en casación frente a las sentencias absolutorias se incluyen los errores que afecten a la interpretación de la naturaleza y concurrencia de los elementos subjetivos exigidos por el tipo penal aplicado, cuando la revisión se efectúe desde una perspectiva jurídica, sin modificar la valoración de sus presupuestos fácticos. Pero no es admisible cuando la condena exige una reconsideración de la prueba practicada para modificar los presupuestos fácticos de los elementos subjetivos de la conducta enjuiciada. La confección de un documento mendaz que induzca a error sobre su autenticidad e incorpore una secuencia de afirmaciones inveraces con trascendencia jurídica y que carecen de realidad, debe ser incluida en el supuesto del artículo 390.1.2° por "simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad", siendo punible también el particular que corneta en documento oficial las conductas descritas.
Resumen: Quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos, pudiendo ser sometido a interrogatorio cruzado de las partes sobre los hechos que dice haber presenciado y sobre el reconocimiento realizado. Por tanto, el derecho a la presunción de inocencia no se desvirtúa por el resultado del reconocimiento fotográfico, sino por el resultado del medio de prueba practicado en el acto del juicio, consistente en la ratificación del testigo sometido al interrogatorio cruzado de las partes. Así como la identificación por las huellas dactilares (dactiloscopia) tiene un amplio consenso en el mundo científico de la criminalística, por la pluriformidad y variabilidad infinita de las crestas papilares, la pericia antropomórfica debe ser valorada con más cautela en cuanto que utiliza rasgos o partes del rostro y del cuerpo de la persona para establecer la identidad. Debe rechazarse en casación, como cuestión nueva, el examen de aquellas cuestiones que no fueron planteadas en apelación, cuando el recurrente pudo hacerlo. No nos encontramos aquí frente a un simple supuesto de codelincuencia, sino ante la existencia de una estructura compuesta por varias personas (indudablemente más de dos) orientada, con un cierto carácter de permanencia y reparto de funciones, a la comisión de delitos.
Resumen: El recurso de revisión constituye un medio excepcional que permite subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a través de un nuevo proceso. Y también tiene reiteradamente declarado esta Sala que el llamado recurso de revisión es un proceso extraordinario con el que se pretende, fundamentalmente, encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados. Representa, pues, el triunfo de la verdad material frente a la verdad formal amparada por los efectos de la cosa juzgada. El actual art. 954.1.a) de la LECrim dispone que habrá lugar al recurso de revisión contra sentencia firme, entre otros supuestos, cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave. Como ha quedado acreditado documentalmente, la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Fuengirola fue dictada contra persona ajena a la comisión de los hechos, debido a que la persona que participó en los mismos había suplantado su identidad, como se ha declarado en sentencia firme, hecho que ha sido conocido con posterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende.
Resumen: La contradicción que menciona el precepto es la interna del factum; cuando en él conviven aseveraciones contradictorias, incompatibles entre sí. No se está pensando en contradicción con la prueba. Los documentos señalados (sin concreción de sus particulares) no demuestran el error denunciado. Algunos han sido tachados de falsarios en virtud de indicios cualificados, otros muchos documentos reflejan datos que no son contradichos por la sentencia o son examinados minuciosamente por la sentencia que, con razón y justificadamente, les niega fiabilidad. Y es que la credibilidad del recurrente quedó muy erosionada por esos elementos falsarios y otras clamorosas evidencias de mendacidad. Tampoco puede usarse este motivo de casación para descalificar un informe pericial: ese esquema es incompatible con el art. 849.2º LECrim, que no está concebido para minar la credibilidad de periciales o testificales, sino para lograr que la sentencia plasme lo que se deduce de una documental. Como cierre puede apostillarse que en materia de fijación de indemnizaciones (responsabilidad civil) no rige un canon probatorio tan estricto como en materia penal. La certeza más allá de toda duda razonable se muta por lo más probable. La presunción de inocencia no condiciona los pronunciamientos sobre responsabilidad civil. No hay apropiación cuando se transmite la propiedad y no la posesión. Pero no es el caso, donde el recurrente tenía atribuida la administración del dinero apropiado.
Resumen: El juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al legislador en una primera instancia. Sólo cabrá catalogar la norma penal o la sanción penal que incluye como estrictamente desproporcionada cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa. El delito de tenencia de sustancias explosivas requiere de esa tenencia careciendo de autorización por las leyes o la autoridad competente, habiéndose eliminado cualquier referencia o exigencia de un ulterior propósito delictivo, y por tratarse de un delito de mera actividad o peligro abstracto no requiere un resultado dañoso para la seguridad pública, siendo suficiente esa mera tenencia para la consumación delictiva y como elementos subjetivo el conocimiento de esa tenencia y la voluntad de esa posesión. El delito contemplado en el artículo 568 del Código Penal presenta un aspecto objetivo de tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o de sus componentes y el bien jurídico que su existencia pretende proteger es la seguridad pública
Resumen: Cabe la casación contra un auto de sobreseimiento libre recaído en un procedimiento abreviado competencia del Juzgado de lo Penal, y dictado por la Audiencia Provincial, sin necesidad de previa apelación, siempre que exista resolución judicial de imputación, por vía del art. 848 LECrim, y exclusivamente por infracción de ley del art. 849.1 LECrim. Si el asunto es competencia de la Audiencia, sí será preciso el previo recurso de apelación del art. 846 ter LECrim. El uso por el no titular de una tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad es atípico. Se trata de un documento oficial, con lo que su uso debe penarse por vía del art. 393 CP, que exige el perjuicio a tercero. Este elemento intencional debe identificarse con un perjuicio real y efectivo, no meramente hipotético, por respeto al principio de intervención mínima. Tampoco puede identificarse con un interés general cuya tutela corresponde al Estado porque se daría un efecto expansivo que penaría toda conducta de uso, en contradicción con el art. 393 CP. Pese a la analogía con el uso de otros certificados (tarjeta ITV), se trata de un documento oficial, cuyo uso ineludiblemente nos sitúa en el art. 393 CP. Algo de paradójico hay en esa conclusión. Lo más grave (uso de una certificación oficial de trascendencia en el tráfico jurídico por quien no es su titular) resultará atípico; siendo punible, en cambio, lo menos grave, pero esa falta de lógica es predicable de la ley.
Resumen: Los hechos probados describen la conducta de recepción de fondos procedentes de narcotráfico a través de un tercero con los que se compran mercancías textiles para su reventa en Marruecos. La remisión a través de un mandatario de dinero procedente de droga y su entrega a un tercero para la compra de productos textiles y su posterior reventa en otro país es un mecanismo no sólo dirigido a la obtención de mayores ganancias, sino que posibilita la ocultación del origen ilícito del dinero y su transformación para introducir esos fondos en el circuito legal. Se analizan los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para apreciar la atenuante de confesión tardía como muy cualificada. Se desestima la atenuante de dilaciones indebidas ante una causa compleja sin paralizaciones y con una duración total de 5 años. Por más que el proceso haya concluido con la condena de solo dos personas, se dirigió contra diez y la investigación ha incluido numerosas diligencias. No procede la nulidad de los autos que autorizaron las escuchas por el simple hecho de que se acordaran un gran número de intervenciones y que alguna de ellas se levantara por resultar innecesaria, una vez comprobado su resultado, tampoco el número de ellas ni su duración permiten per se afirmar la desproporción de la injerencia. Se analiza, por último, el valor de la declaración del coacusado y la relevancia de la prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales.
Resumen: El derecho a la intimidad de la persona que aparece como presunta víctima del hecho justiciable actúa como parámetro normativo de admisión de aquellos medios de prueba que puedan afectarlo de manera significativa. Las fotografías de la víctima no reúnen notas de idoneidad probatoria y, además, carecen de condiciones de admisibilidad. La ineficacia grave y manifiesta de la asistencia letrada afecta a la base del proceso justo y equitativo y en sí constituye una fuente estructural de indefensión. Ante la ausencia de criterios claros en la jurisprudencia nacional e internacional, la Sala acude al estándar Strickland de la jurisprudencia norteamericana. En todo caso, para pretender la reparación en segunda instancia -apelativa o casacional- debe exigirse a la parte, tanto una razonable acreditación de que los déficits de defensa técnica impidieron que el tribunal de instancia pudiera tomar en cuenta potenciales defensiones materiales o probatorias especialmente significativas. Toda acción de apertura no controlada de gas, desde máximas de experiencia común, introduce, dado un suficiente volumen acumulado en un determinado espacio, un riesgo específico de deflagración y de que esta pueda resultar idónea para acabar con la vida de quienes puedan verse afectados por la misma. La no acreditación de la alta probabilidad de explosión al momento en que accedió la víctima al piso, obliga a reducir la pena en dos grados, pese a que el recurrente realizó todos los actos ejecutivos.
Resumen: El delito de estafa se caracteriza por la conducta de quien con ánimo de lucro utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero. Precisa, por tanto, como elemento característico la utilización de engaño que consiste en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, determinándola a tener por cierto lo que no lo es. El engaño es el nervio y alma de la infracción, es el elemento fundamental del delito de estafa. En el caso de relaciones contractuales se entiende por engaño la apariencia o simulación de un inexistente propósito y voluntad de cumplimiento contractual. Por lo tanto, en los negocios civiles y mercantiles habrá delito de estafa cuando el propósito de defraudar se produzca antes o en el momento de la celebración del contrato. Si es posterior, si la voluntad de incumplir se produce una vez celebrado el contrato, la conducta no será penalmente típica. No se aprecia la atenuante de dilaciones indebidas porque es una causa compleja (42 perjudicados y 4 investigados), y si bien con una duración total cercana a los 5 años, en todo ese periodo no ha habido una paralización relevante. Se aprecia la reincidencia, a pesar de que en los hechos probados no se hizo constar la fecha de la firmeza dado que del propio relato fáctico se infiere que se tuvo en consideración la fecha de la firmeza, fecha que figuraba en las actuaciones.
Resumen: Se analiza el artículo 954.1. c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre el mismo hecho y encausado han recaído dos sentencias firmes. Se anula la dictada en último lugar.
