Resumen: Desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal: valoración de la prueba que no es errónea ni arbitraria; se plantea una cuestión de valoración jurídica sustantiva propia del recurso de casación. Interrupción del plazo de prescripción de la acción por acto de conciliación: se produce en el momento de presentación ante el juzgado de la demanda de conciliación y no puede diferirse al momento en el que la parte demandada de conciliación conoce la presentación de la solicitud (quien reclama es ajeno a la mayor o menor celeridad de la comunicación judicial al demandado). Reanudación del plazo de prescripción a partir del momento de celebración del acto de conciliación. La solicitud de conciliación es equiparable a estos efectos al ejercicio de la acción ante los tribunales y se puede reiterar cuantas veces se considere oportuno al igual que se puede reiterar la reclamación extrajudicial sin limitación alguna. Actos a los que la jurisprudencia concede el efecto de interrumpir la prescripción (solicitud de benéfico de asistencia jurídica gratuita). Estimación del recurso de casación y devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que, no pudiendo tenerse ya la acción civil por extinguida, se pronuncie sobre las demás cuestiones planteadas (criterio que evita que las partes se vean privadas de una segunda instancia y que se ajusta a la naturaleza de la función del tribunal de casación).
Resumen: Responsabilidad civil. Unidad de culpa. Prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual ejercitada por los familiares de una persona que se suicidó en una clínica psiquiátrica en la que había ingresado voluntariamente en virtud de concierto con un seguro de salud. Recurso extraordinario por infracción procesal, en la audiencia previa es posible un cambio en la calificación jurídica de los hechos, si no hay alteración de los términos del debate ni se genera indefensión al resto de las partes. En el caso, no se desvirtuó el carácter extracontractual de la relación jurídica existente entre las partes. Recurso de casación, la yuxtaposición de responsabilidades contractual y extracontractual y la teoría de la unidad de la culpa civil no pueden llevarse hasta el extremo de calificar la responsabilidad como contractual sin alegar ni probar la naturaleza de dicha responsabilidad. Interrupción de la prescripción, una cosa es que el plazo de prescripción de un año de las obligaciones extracontractuales sea indudablemente corto y que su aplicación no deba ser rigurosa, sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la jurisprudencia pueda derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello aparece prohibido por el ordenamiento jurídico. El plazo prescriptivo es improrrogable y no es posible una interpretación extensiva de los supuestos de interrupción ni otorgar tal carácter a la petición de un testimonio del previo proceso penal.
Resumen: Incidente aéreo en que el demandado actuando como examinador de un alumno de la demandante, realizo una maniobra de «fallo simulado de motor», en el curso de la cual no pudo remontar el vuelo de la avioneta por lo que optó por un aterrizaje de emergencia sin que se produjeran daños personales pero si materiales, cuyo importe es el que se reclama. El dies a quo del plazo de prescripción de la acción es la notificación del informe preceptivo de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que tiene por objeto realizar de forma obligatoria la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil que se producen en territorio español. Hasta que no se emite el informe técnico con el resultado de la investigación no es posible conocer la causa del siniestro y determinar las responsabilidades. Como quiera que desde que se notificó el informe hasta que se formuló la demanda no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 1968.2 CC, se estima el recurso, lo que comporta la casación de la resolución impugnada y la devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto del proceso, dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por prescrita, se pronuncie sobre todas las demás cuestiones planteadas.
Resumen: Honor. Reclamación de daños morales y patrimoniales por inclusión errónea en el CIRBE de datos sobre la condición de avalistas de los demandantes. Inexistencia de vulneración del derecho al honor. El CIRBE no es propiamente un "registro de morosos", sino un fichero administrativo sobre los riesgos de crédito derivados de los contratos propios de la actividad financiera. La inclusión en el CIRBE de datos relativos a la existencia de una deuda o de una garantía, sin que exista una situación de morosidad, no afecta al derecho al honor. La vulneración del derecho al honor exige que de las menciones contenidas en el CIRBE se desprenda que el afectado es un moroso y que tales menciones no respondan a la realidad. En el caso, esas menciones solo indicaban que los demandantes estaban afectados por un riesgo indirecto al aparecer como avalistas. No procede indemnizar los daños patrimoniales y morales derivados de una vulneración del derecho al honor que no se ha producido. En cuanto a la reclamación de daños patrimoniales por responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC), al no haberse combatido la estimación de la excepción de prescripción de esta acción en la sentencia de la Audiencia Provincial, no podría entrarse a valorar la existencia de infracción legal alguna en la fijación de la indemnización de estos daños. Inexistencia de error en la valoración de la prueba, de incongruencia y de la vulneración de las normas de la carga probatoria.
Resumen: La Sala desestima el recurso por infracción procesal. Considera que la sentencia impugnada no incurre en error patente en la valoración de la prueba. Estima parcialmente el recurso de casación, pues no puede producir efectos interruptivos de la prescripción para el asegurado la reclamación extrajudicial dirigida exclusivamente frente a su aseguradora, que sólo cubría su responsabilidad hasta una cantidad inferior a la reclamada, por ello, acoge la excepción de prescripción de la acción respecto de la reclamación de una de las aseguradoras. El resto de los motivos del recurso de casación son desestimados. No considera el siniestro como caso fortuito, ya que existió un incidente previo consistente en que el colchón ardió y, en tal circunstancia, la diligencia a aplicar debió ser aún mayor en orden a mantener una vigilancia que pudiera hacer frente a lo que debió preverse como posible y que efectivamente se materializó, ya que el fuego no había sido definitivamente sofocado. Asimismo, en su posición de garantes, dentro del ámbito de control y vigilancia, aprecia la responsabilidad de los titulares de la vivienda desde la cual se propagó el fuego. Califica dicha responsabilidad como propia por no haber atendido debidamente sus deberes de vigilancia y control como titulares de la vivienda de la que disfrutan, lo que implica la asunción de las consecuencias dañosas derivadas de hechos que se produzcan por las actuaciones de las personas que se encuentren en la casa.
Resumen: Error judicial. Se desestima por no haberse agotado previamente los recursos establecidos por la LEC (art. 293.1.f LOPJ). La consecuencia de esta previsión legal es que, en la práctica totalidad de los casos, es improcedentes solicitar la declaración de error judicial respecto de una resolución que ha sido dejada sin efecto mediante el ejercicio de los medios intraprocesales previstos en la legislación. Naturalmente, para que así sea será preciso que se agoten los medios intraprocesales para remediar el error. En el presente caso, el demandante promovió incidente de nulidad de actuaciones, pero también debió interponer previamente el recurso de casación por la vía del interés casacional. A la vista de que la base jurídico-sustantiva de la posición del demandante de error judicial es la aplicación errónea de la doctrina sobre la prescripción (cómputo del plazo interrumpido por un acto de conciliación), de la que existe un completo cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre la materia, que incluso cita, el demandante debió previamente haber instado el recurso de casación por vía del interés casacional al entender que la sentencia recurrida se oponía a la doctrina jurisprudencial, lo cual no hizo. Por tanto, no habiéndose agotado previamente los recursos que la propia LEC establece, procede desestimar la demanda de error judicial interpuesta.
Resumen: La sala desestima los recursos de casación e infracción procesal frente a una sentencia que desestimó una pretensión por responsabilidad civil del partícipe a título lucrativo de los efectos de delito, enriquecimiento injusto y responsabilidad extracontractual del fallecido durante la tramitación del proceso penal. La primera, tendente a que se declare que los sucesores aceptaron tácitamente la herencia del causante y que es nula e ineficaz la renuncia a la herencia de algunos de ellos y la aceptación de una heredera a beneficio de inventario. La segunda, la condena de los herederos al pago de una importante cantidad dineraria. La demanda tiene su origen en una causa penal precedente en la que se declaró que la acción civil dirigida contra los herederos del partícipe por título lucrativo de los efectos de un delito que falleció en el curso del proceso debería ejercitarse ante la jurisdicción civil. La sala reitera el carácter restrictivo del control de la valoración probatoria y estima que la Audiencia ha realizado una valoración conjunta suficientemente razonada. Y aunque se reconoce que se atribuye a la sentencia penal, pese a que no produce cosa juzgada, el efecto de un medio de prueba cualificado de los hechos como consecuencia del principio se seguridad jurídica, en el caso no se produce el efecto pretendido. Si la responsabilidad civil no se declara respecto del causante tampoco será posible extenderla a sus herederos que solo pueden responder como sucesores.
Resumen: Se reclama una indemnización por las lesiones sufridas con motivo del accidente de circulación ocurrido al colisionar frontalmente en una curva con el demandado que circulaba en sentido contrario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda porque, valorada la prueba, consideró que no podía determinarse el punto de colisión, debiendo perjudicar a los demandados esta falta de prueba en razón al riesgo creado por la circulación de vehículos. La sentencia de segunda instancia estimó el recurso y desestimó la demanda al apreciar la existencia de versiones contradictorias y la falta de pruebas objetivas que permitan la íntima convicción de culpabilidad de uno u otro conductor. Interpuesto recurso de casación, la Sala toma como precedente la STS de 10 de septiembre de 2012 y mantiene que en el caso de que el accidente de circulación se produzca entre dos vehículos como aquí sucede, debe interpretarse que el principio de responsabilidad objetiva por riesgo comporta el reconocimiento de la responsabilidad por el daño a cargo del conductor del vehículo que respectivamente lo ha causado y en la proporción en que lo ha hecho, pues resulta evidente que en este supuesto no puede hablarse con propiedad de compensación de culpas, sino que únicamente puede examinarse la concurrencia de causas en la producción del siniestro por parte de los conductores de los vehículos implicados.
Resumen: Daños causados por el incendio de una subestación eléctrica. Recurso extraordinario por infracción procesal: Reiteración de la doctrina sobre la exigencia de motivación. Ha de cumplir una doble finalidad: exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su control jurisdiccional Reiteración de la doctrina sobre el tratamiento del error en valoración de la prueba. El recurso por infracción procesal no es una tercera instancia y solo el error patente en la valoración de la prueba sobre aspectos fácticos permite su estimación. Ámbito de la apelación: prohibición de la reformatio in peius y principio de tantum devolutum quantum apelatum. El demandante se aquietó con lo dispuesto en la instancia sobre la indemnización concedida a usuarios al ser coincidente con su pretensión y el recurrido no impugnó la sentencia. La sentencia, que redujo esta indemnización, es incongruente. Recursos de casación: Criterios de imputabilidad. Aplicación por la Sala de la teoría de la imputación objetiva. Una de sus pautas excluyentes es la prohibición de regreso que impide buscar causas remotas. La caída de los cables eléctricos de Endesa tiene lugar de forma próxima, no remota, y sin solución de continuidad tiene lugar el incendio. Es un factor desencadenante del siniestro. Los temas de moderación de responsabilidad en relación con la concurrencia causal solo excepcionalmente pueden acceder a casación. El recurso de casación no puede tener una estructura alegatoria.
Resumen: Recurso de casación frente a una sentencia dictada en un juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor. Declaraciones vertidas por un alcalde en una rueda de prensa que había convocado en las que se imputaba a una magistrada un presunto delito de prevaricación y se aludía a su falta de imparcialidad y animadversión, con ocasión de una resolución dictada en unas diligencias de instrucción penal. Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en su sentencia nº 65/15, de 13 de abril: aunque las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica por la ciudadanía, ésta no puede suponer una censura a esas resoluciones o a sus autores que partan de una reprobación personal o de premisas argumentales que no consientan concluir un reproche tan severo como el de la parcialidad. En el caso litigioso, el demandado disponía de vías adecuadas para poner de manifiesto cualquier reserva sobre la imparcialidad de la demandante, incluso su denuncia ante el órgano competente, pero no es admisible que, con aprovechamiento de su cargo, haga declaraciones ante los medios de comunicación atentatorias al prestigio profesional de aquella, pues no se trata de una confrontación política en la que ambas partes se sitúan en condiciones de igualdad frente a la opinión pública, dados los condicionamientos estatutarios que afectan a los miembros del poder judicial. Indemnización: no revisión en casación salvo error notorio o en las bases para la fijación de la cuantía
