Resumen: La Sala de Conflictos de Competencia del art. 42 LOPJ declara que corresponde al orden social de la jurisdicción social conocer de la demanda planteada frente a la administración, en solicitud de la declaración del origen profesional de la incapacidad temporal sufrida por una funcionaria, con alegación de la infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales (acoso en el trabajo). El auto comentado razona que, con independencia del grado de concreción de esa argumentación, dicha invocación de la normativa de prevención de riesgos laborales - reforzada por la circunstancia de que, según relata la actora, determinó una intervención del Grupo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sectorial que describe - determina que deba considerarse competente para a la jurisdicción social por aplicación del art. 2.e) LRJS, tal como se deduce de la Exposición de Motivos de dicha ley, sin que a la vista de las circunstancias concurrentes, sea posible excluir su competencia con base en el art. 3.f) de la repetida ley. Por lo demás, la Sala descarta que fuera necesario el recurso por defecto de jurisdicción a que se refiere el art. 50 LOPJ.
Resumen: Créditos tributarios contra la masa. Delimitación y régimen jurídico. Providencias de apremio para la realización de créditos contra la masa. Interpretación conjunta de los artículos 55 y 84.4 de la Ley Concursal y del artículo 164.2 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Abierta la liquidación, la Administración no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración de concurso, debiendo instar el pago de estos créditos ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. En el caso examinado se desestima el recurso interpuesto por el abogado del Estado, que pretendía fijar una doctrina en sentido distinto al expresado con anterioridad.
Resumen: Se declara la inadmisibilidad del recurso contencioso interpuesto contra el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, al hallarnos ante una cuestión civil directamente relacionada con la pretensión administrativa que constituye el objeto del proceso al estar ligadas al derecho de propiedad. Así, el artículo 121 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, reconoce la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al derecho administrativo, pero no para decidir sobre la naturaleza pública o privada de unas aguas, decisión encomendada a la jurisdicción civil. Pero es que además la recurrente, la Comunidad de Regantes de Fuencaliente, no está legitimada para cuestionar la conformidad a Derecho de la disposición impugnada en el extremo en que se regulan las aguas que nacen en el manantial de Fuencaliente. En consecuencia con lo expuesto, la Sala acoge las causas de inadmisibilidad invocadas por la Abogacía del Estado.
Resumen: Conflicto negativo de competencia entre JS y el JC-A. El actor, tras superar las pruebas selectivas en la convocatoria externa de concurso para la selección de conductores de la EMT fue declarado no apto, al no superar el preceptivo reconocimiento médico, por padecer la enfermedad de Dupuytren. Interpuesta demanda sobre por vulneración de DDFF ante la jurisdicción social frente a la EMT, el JS, auto de 13-06-2017, declaró su falta de competencia, al entender que su conocimiento pudiera corresponder a la jurisdicción C-A. El J C-A, por auto de 6-07-2018, declaró su falta de jurisdicción, señalando como jurisdicción competente la social. La Sala, con cita de las SSTS, Sala III, de 31-10-2000 (R.3765/96 y de 22-7-2003 (R. 61/2002) diferencia entre convocatorias abiertas -que permiten el acceso a aspirantes no vinculados con el órgano convocante- y convocatorias restringidas -configuradas como cauce de promoción interna entre quienes ya tienen un vínculo laboral con la Administración convocante-. Declara la Sala la competencia del orden social al entender que, si bien la EMT es una sociedad mercantil municipal con forma de sociedad anónima, su régimen legal, (art. 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL) se acomoda íntegramente al ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, se rige íntegramente, por el ordenamiento jurídico privado.
Resumen: La Sala, en interpretación del artículo 21.2.A) y el 33.6.a) de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, desestima el presente recurso porque: - El criterio literal, en los términos de la demanda, es insuficiente ya que, al sacar de su contexto la regla del apartado 2º, carece de significación. - La falta de mención a los bienes muebles corporales en el apartado 2º puede suplirse mediante el examen conjunto de los distintos apartados del precepto, tal como ha hecho la Junta Arbitral. - Si la entrega de la instalación tiene lugar cuando se ha concluido la obra no hay motivo para no aplicar el apartado 5º. - El criterio del lugar en que se ha generado el valor tampoco es decisivo y no hay motivo para dar preferencia a la regla del apartado 3º. - El argumento finalista no resulta decisivo para desplazar la regla del apartado 5º, que es clara y resuelve los problemas que se suscitan. - La regla que atiende al real valor agregado es razonable. - La decisión de la Junta Arbitral descansa sobre la indudable calificación de los bienes entregados como bienes inmuebles y la entrega ha de entenderse realizada donde se encuentra dicho inmueble, conclusión coherente con los términos del contrato. - El artículo 68.Dos.2ª LIVA no resuelve el problema que se plantea cuando, como es el caso, los bienes entregados y los servicios integrados en el contrato llave en mano proceden de distintos territorios.
Resumen: En el caso ningún debate existe sobre la interpretación o aplicación de los puntos de conexión, aun cuando la recurrente discuta sobre el alcance de algunas de las reglas, el debate es fáctico, pues la determinación de la Administración tributaria competente parte y concluye en atención a la realidad fáctica despejada en la valoración del material probatorio. La resolución de la Junta Arbitral llega a la conclusión fáctica que se cuestiona a través de la apreciación y valoración conjunta de las pruebas utilizando las reglas de la sana crítica: la contribuyente desde 1 de enero de 2009 no ha tenido su residencia habitual en Navarra, sino que su domicilio fiscal lo tuvo en Barcelona. La Sala a la vista de los datos recogidos en la resolución de la Junta Arbitral considera razonable la conclusión que alcanzó. Frente a ella, el desarrollo argumental de la recurrente pretende restarle valor de convicción a determinadas pruebas, sin haber planteado en el proceso prueba alguna y sin tener en cuenta la apreciación conjunta de todo el material probatorio, lo que resulta insuficiente para desvirtuar la conclusión fáctica a la que llegó la Junta Arbitral. Dicho lo cual, deviene intrascendente considerar la corrección jurídica del segundo de los criterios establecidos para fijar el domicilio, cual es el lugar en el que se encuentra el principal centro de intereses, porque la Junta Arbitral utilizó este criterio a mayor abundamiento.
Resumen: La Sala IV confirma la sentencia recurrida, que estima la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio del derecho de la parte de acudir ante la jurisdicción contenciosa-administrativa a sustentar su pretensión si a su derecho conviene. En la demanda rectora de proceso de conflicto colectivo se solicita que se declare que no es ajustada a derecho la práctica de la Universidad del País Vasco de no convocar anualmente la Convocatoria para solicitar la evaluación de los méritos y la asignación de los complementos retributivos adicionales y en consecuencia se declare el reconocimiento del derecho del personal a que la citada convocatoria se convoque anualmente y en consecuencia se proceda a su convocatoria anual. La naturaleza de la actuación administrativa impugnada constituye un acto plural de las Administraciones Públicas -por inacción- "sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral", ex art 2 n) LRJS. El acto que no afecta exclusivamente al personal laboral que presta servicios como personal docente e investigador de la UPV/EHU, sino que también afecta al personal funcionario, supone que el orden jurisdiccional social no es el competente para conocer de la impugnación de dicha resolución.
Resumen: La cuestión suscitada consiste en resolver el efecto que sobre la resolución que haya de dictarse en el presente asunto sobre recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad tiene una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo -sentencia firme- que ha anulado la resolución de la que impuso a la empresa la sanción propuesta en el Acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo por infracción en materia de prevención de riesgos laborales en relación con el accidente de trabajo sufrido por el trabajador. Tras apreciar que existe contradicción entre las sentencias comparadas consecuencia de la admisión de la sentencia precedente como documento relevante y al amparo del art 233.1 LRJS, se analiza el alcance de esos efectos jurídicos. El punto de partida es la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la necesidad de que las resoluciones judiciales que abordan unos mismos hechos en distintas resoluciones judiciales tengan en cuenta los factores concurrentes y decidan de manera razonada desde esa perspectiva de tutela lo que resulte ajustado a derecho. Por ello la sentencia ahora recurrida hay que integrarla con la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de fecha anterior y firme que se ha unido a las actuaciones. En consecuencia, la Sala IV declara la nulidad de actuaciones para que por la Sala de Suplicación se pronuncie nueva sentencia teniendo presente la anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo.
Resumen: El JS dictó auto declarando su falta de competencia en favor del orden jurisdiccional C-A de la demanda en que el actor solicitaba que se declarara su derecho al reingreso al servicio activo como funcionario de la Generalitat Valenciana. El Juzgado C-A, ante el que el actor reprodujo su pretensión, acordó por auto declinar el conocimiento del asunto por falta de jurisdicción. El actor ocupaba plaza de funcionario perteneciente al subgrupo C2, y pasó a situación de excedencia voluntaria por interés particular el 3/03/2016 en relación al puesto de Jefe de Negociado en la Conselleria. Solicitaba su reingreso en aquel puesto del grupo D entendiendo que la Administración está obligada a dotarle de un puesto de naturaleza laboral del grupo D. La solicitud fue desestimada por la Generalitat Valenciana el 3/08/2016 argumentando que no existía en la Administración de la Generalitat ningún puesto de trabajo de naturaleza laboral de su categoría. Para el Juzgado de lo Social la condición de funcionario público del demandante le impide aceptar la competencia. El Juzgado C-A entiende que el actor no está invocando su condición de funcionario, sino su situación de excedencia como empleado laboral. Concluye la Sala que al JS le corresponde dar respuesta a la pretensión del actor y analizar si le asistía el derecho al reingreso en calidad de empleado con relación laboral, como solicitaba, en virtud del vínculo contractual que existía con anterioridad a su ulterior condición de funcionario.
Resumen: Competencia para decidir si el beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita ha venido a mejor fortuna, y está obligado al pago de las costas del proceso (las de su defensa y las de la parte contraria), cuando la solicitud inicial del derecho se formuló antes de la entrada en vigor -el 7 de octubre de 2015- de la modificación operada por la Ley 42/2015 en el artículo 36 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. De acuerdo con la modificación legislativa, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es competente para la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor fortuna, si bien la norma transitoria establece que "las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud". La decisión del conflicto debe hacerse conforme a la ley vigente en el momento de solicitud inicial del beneficio. En el caso, el derecho a la asistencia gratuita había sido reconocido antes de la entrada en vigor de la modificación legislativa, por lo que el conflicto debe ser resuelto con sujeción a las normas y criterios de interpretación y aplicación-contenidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en su redacción originaria. Competencia jurisdiccional del Juzgado Contencioso-administrativo.
