Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo, ya que el acuerdo de la Junta Arbitral que se impugna, en la parte en que no ha sido consentida por la Comunidad foral recurrente, es ajustado a derecho y no incurre en ninguna infracción del ordenamiento jurídico. Y ello porque: a) Por inadvertencia, la Comunidad foral recurrente desatiende la carga alegatoria que le incumbe en relación con la declaración principal de la resolución de la Junta Arbitral, que consiste en la obligación de calcular el volumen de operaciones de Geodis Bourgey Montreuil Ibérica, SA, (antes Giraud Ibérica, SA), ejercicios 2007 a 2012, con el fin de determinar el lugar de realización de las operaciones objeto de comprobación como consecuencia de la necesidad de una ulterior precisión más completa sobre los datos que ya debían obrar en poder de ambas Administraciones; b) La petición de nulidad de pleno derecho no es sostenida con fundamento en ningún razonamiento o alegato de la demanda que mínimamente la sostenga, por lo que se prescinde por completo de su examen; c) Del mismo defecto concerniente a la carga alegatoria adolece la pretensión subsidiaria en que se preconiza la contradicción del acuerdo por su contravención del ordenamiento jurídico; d) La demanda no ha acreditado el error fáctico o jurídico de que adolecería el acuerdo impugnado.
Resumen: La Autoridad Laboral interpuso demanda de oficio a fin de que se declare la existencia de relación laboral entre la empresa y las codemandadas que realizaban la actividad de "alterne" consistente en captación y entretenimiento de clientes, induciéndolos a realizar consumiciones y obteniendo por ello una contraprestación económica del importe de las propias consumiciones. Dicha demanda trae causa de sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo que anuló la resolución sancionatoria que se derivó del acta de infracción, con retroacción de las actuaciones al momento de emisión de dicho acta, para que la Inspección de Trabajo interponga demanda de oficio ante el Juzgado de lo Social a fin de declarar la naturaleza laboral de las relaciones entre la empresa y las codemandadas, por lo que, siendo aquella sentencia anterior a la entrada en vigor de la LRJS, es adecuado el procedimiento seguido. La Sala IV en la sentencia anotada, declara que la acción no está prescrita porque no se le aplica el plazo establecido en el art. 59.1 del ET. Respecto al fondo del asunto, al no concurrir la necesaria contradicción con la sentencia de contraste, queda incólume el fallo combatido que declaró la existencia de relación laboral entre la empresa y las codemandadas.
Resumen: En el presente caso, se está a lo ya declarado por la Sala, entre otras, en su sentencia de 13 de junio de 2016 (rec. cas. núm. 2632/2015), ya que el debate es idéntico, lo que comporta la desestimación del recurso de casación. Concretamente, en esta sentencia se dijo que la omisión del procedimiento de comprobación limitada no era determinante en ese caso de la nulidad de pleno derecho de la liquidación, ya que hubo procedimiento y no se causó indefensión alguna al interesado por las particularidades concretas que concurrieron en su desarrollo. Se consideró que el art. 30.2 de la Norma General 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no era contrario a los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, al posibilitar la determinación de los rendimientos por el sistema de módulos con la reserva y cautela previamente conocida por quienes se atuvieran a él de que no excusaría el sometimiento a gravamen de los rendimientos reales, de forma que quien optara por dicho sistema, si bien estaba dispensado del cumplimiento de ciertas obligaciones formales y no sería sancionado por su omisión, no estaría obligado a acogerse a tal sistema de determinación de la base imponible, sabiendo que en caso de comprobación o inspección habría de tributar por los rendimientos reales, sin que nada le impidiera adoptar las cautelas necesarias para acreditar la realidad de tales rendimientos.
Resumen: Tras reconocer legitimación activa a la sociedad actora para la impugnación del acuerdo de la Junta Arbitral, que indudablemente afecta a la esfera de sus derechos e intereses legítimos, considera la Sala que no le asiste la razón a dicha sociedad, pues no ha probado en absoluto los hechos (la gestión y dirección en Bilbao de su quehacer empresarial) en que fundamenta su derecho subjetivo (que el domicilio fiscal en el periodo en controversia se situaba en el territorio de Vizcaya). Ello es así porque la resolución de la Junta Arbitral objeto de casación ha acreditado de modo claro y concluyente que en las precarias e itinerantes dependencias alquiladas en Bilbao sólo se llevaron a cabo labores de muy escasa consistencia y significación para la marcha de la empresa. En consecuencia, se desestima el recurso contencioso-administrativo.
Resumen: El objeto del proceso viene constituido por la revocación del préstamo concedido al Ayuntamiento con cargo al Fondo Financiero del Estado para la modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) y de reintegro parcial del préstamo concedido correspondiente a la convocatoria de 2005. Se considera la sentencia contraviene la STC 900/2009 que al resolver un conflicto de competencias entre la Junta de Galicia y la Administración del Estado, declara inconstitucionales y nulos, por vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia, determinados preceptos del Real Decreto 1916/2008, de 21 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, y por contravenir el reparto competencial recogido en el RD 721/2005. Los efectos de la STC 200/2009 no son solo pro futuro, sus efectos se deben proyectar sobre el asunto en liza.
Resumen: No puede compartirse con el recurrente que la sentencia recurrida incurra en incongruencia, ausencia de motivación o arbitrariedad. En cuanto al segundo motivo, puede compartirse con el Tribunal a quo que es irrelevante para la decisión adoptada en la instancia que el procedimiento del cuestionado artículo 127 NFGT revista menos garantías que el equivalente de la LGT, por razón de la concesión de audiencia y plazo para formular alegaciones, de las mayores atribuciones o potestades de los órganos de gestión o de la posibilidad de girar sucesivas liquidaciones, ya que dicho órgano jurisdiccional no basa su decisión en las referidas previsiones, sino en la efectiva práctica de requerimiento y audiencia que excluía la indefensión y con ella la nulidad de pleno derecho, aunque la liquidación fuera anulable. Dicho en otros términos, la Sala de instancia reconoce que se siguió un procedimiento distinto al procedente, que potencialmente puede causar indefensión, pero que en el presente caso no se produjo tal indefensión por las particularidades concretas que concurrieron en su desarrollo.
Resumen: Requerimiento de inhibición de la Ministra de Fomento al Juzgado de lo Contencioso de un procedimiento concursal de una sociedad mercantil beneficiaria de una concesión administrativa. El Ministerio de Fomento mantiene que posee potestades sobre la resolución del contrato admnistrativo de concesión para la construcción de una autopista de peaje y la liquidación de la mercantil. Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter administrativo. Conforme al artículo 111 de la Ley de Contratos del Estado es una de las causas de resolución la declaración de concurso o de insolvencia. Potestad de aal Administración para resolver el contrato: falta de coordinación entre la ley concursal y la de contratación en el sector público. Interpretación integradora. Cuando la potestad de resolución es potestativa, le corresponde a la Administración; y cuando es obligada, resulta de la apertura de la fase de liquidación acordada por el Juez de lo Mercantil. La fase de liquidación determina la extinción de la personalidad jurídica de la empresa. Potestad de liquidar el contrato una vez extinguido: no se discute. Correcta decisión del Juzgado de lo Mercantil acordando la puesta a disposición de la Administración concedente de todos los bienes y derechos a que esté obligada la empresa. Se desestima el conflicto y se declara la competencia del Juzgado de lo Mercantil para conocer de la fase de liquidación, a salvo de las potestades administrativas sobre liquidación y asunción.
Resumen: La Sala desestima los argumentos de los recurrentes por entender, en primer lugar, que la sentencia de instancia examina en detalle el procedimiento seguido por la Administración, entendiendo que la misma ha dado cuenta de forma suficientemente motivada y reiterada de las razones determinantes de su decisión, cual es su incompetencia en la materia controvertida. En segundo lugar, tampoco prosperan los demás motivos de casación, dado que la controversia es de naturaleza laboral y no administrativa, de modo que en el aspecto concreto debatido en el pleito el Ministerio de Economía y Hacienda carecía de competencia. A ello se une, como dato no controvertido, que el fondo de pensiones debatido se ha extinguido por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, habiendo de ser las eventuales discrepancias conocidas por el orden jurisdiccional competente.
Resumen: La Sala se remite a lo resuelto en SSTS de 13 y 29 de junio de 2016, en asuntos idénticos. La sentencia es congruente con las pretensiones formuladas, aunque sea íntegramente desestimatoria, y tampoco incurre en incongruencia omisiva o "ex silentio". La declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (NFIRPF) se hizo sin reconocer vulneración del derecho de igualdad, con base en que no respetaba el concepto de estimación objetiva. No está claro a quien se imputa la desigualdad, si a la redacción del art. 30 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, o a la práctica de la Administración Tributaria Foral que no aplicaría siempre y por igual el apartado 2 de dicho precepto. Este recurso no es equiparable a la situación resuelta por la Sentencia de 23 de octubre de 2014 (rec. cas. núm. 230/2012), que declaró la nulidad del art. 26.2 de la NFIRPF. Además, el Tribunal Constitucional examinó los efectos que pudo tener esta sentencia y rechazó la vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial.
Resumen: El objeto litigioso gira en torno a la resolución de la Junta Arbitral del Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, de fecha 9 de septiembre de 2015, recaída en conflicto positivo de competencia número 59, en relación con la tributación de la entidad AS 24 ESPAÑOLA, S.A., en la que se declara que corresponde a la Comunidad Foral de Navarra la exacción del IVA que grava las entregas de carburante realizadas a los transportistas usuarios de la tarjeta emitida por la citada entidad. De las actuaciones no existe duda que se ha concertado entre AS 24 y sus clientes para el suministro de carburante una comisión en nombre propio por cuenta ajena y entre AS 24 y AGIP la adquisición del carburante que AGIP servirá a los clientes con tarjeta AS 24. Como se ha tenido ocasión de señalar en estos casos de operaciones de comisión de compra en las que el comisionista actúa en nombre propio y por cuenta ajena, como es el caso, se consideran a efectos de IVA, entrega de bienes, el comisionista se obliga a adquirir bienes, en este caso el carburante, a un tercero a favor del comitente, claramente se diferencia el hecho imponible consistente en la entrega de los bienes que el comisionista entrega al comitente, del devengo que se produce en el momento en el que el proveedor entrega los bienes al comisionista, técnicamente se puede distinguir dos entregas de bienes, una del proveedor, en este caso AGIP, al comisión¡sta, en este caso AS 24, y otra de este al comitente.
