Resumen: La Sala declara la inadmisibilidad del presente recurso contencioso-administrativa por no corresponder el conocimiento del presente litigio a la Jurisdicción contencioso-administrativa, al corresponder a la Jurisdicción Social. La actuación administrativa impugnada es una actuación sancionadora que no está está vinculada con ninguna actuación liquidadora de cuotas, conforme con lo dispuesto en el art. 38.1 del Real Decreto 928/1998, siendo de aplicación art. 2.s en relación con el art. 3.f de la Ley 36/2011. Si bien se excluye del orden jurisdiccional social los actos administrativos dictados en materia de Seguridad Social relativos a la afiliación, altas, bajas y en materia de liquidación de cuotas, por lo que respecta al ejercicio de la potestad sancionadora tan solo excluye las actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria.
Resumen: Corresponde al Juez de lo Mercantil la jurisdicción y competencia en relación con las actuaciones producidas dentro de un incidente concursal de medidas cautelares y no a la Administración Tributaria en el marco del expediente de recaudación seguido contra la entidad mercantil ejecutada.
Resumen: Se rechazan las alegaciones de falta de motivación e incongruencia de la sentencia, así como las referidas a la valoración de la prueba que realmente cuestionan la falta de motivación de ésta. En cuanto al fondo, se explicita que la potestad de deslinde de montes demaniales es una prerrogativa administrativa orientada a establecer los límites con sus cabidas y plano, así como la concreción de los gravámenes existentes; esto es, una prerrogativa de defensa de los bienes demaniales delimitando su extensión como garantía de integridad. Distinta es la potestad de declaración como de utilidad pública y catalogación, que se basa en la constatación de que, por su características, el monte cumple una función de interés general. Dicho esto, se confirma la sentencia recurrida por cuanto estima el recurso por falta de justificación del trazado resultante del deslinde, apartándose de la descripción que resulta del Catálogo y del Registro de la Propiedad: es decir, no porque deban prevalecer la descripción deducible de uno y otro, sino porque no se da razón de esa separación; también porque no se justifica la división del monte deslindado en dos parcelas, cuando en un croquis aparece como parcela única, dejando fuera del deslinde fincas de Junta Vecinal de Solórzano y porque no se justifica la superficie conforme a los planos respecto de la que reflejan el Catálogo y el Registro.
Resumen: Se plantea conflicto negativo de competencia entre la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Cataluña, y un Juzgado de 1ª Instancia de Barcelona. Se trata de dilucidar cuál de ellos es el competente para conocer de la pretensión ejercitada por una empresa consistente en la reclamación de las cantidades cobradas al ejecutar un aval, que a su juicio fue indebidamente ejecutado. La Sala Especial de Conflictos de Competencia del TS, declara competente para conocer del asunto a la jurisdicción contenciosa administrativa. Argumenta que el crédito garantizado y satisfecho mediante la realización de la garantía es un crédito de derecho público, de carácter tributario. Y lo que se pretende es la impugnación de un acto administrativo: la denegación por parte de la Agencia Catalana del Agua (ACA) de la de la devolución de las cantidades satisfechas con la realización del aval. No se trata de una reclamación de cantidad sujeta al régimen de derecho privado, sino de un recurso frente a la denegación de un organismo público a la restitución derivada de la indebida ejecución de una garantía concedida en un procedimiento de apremio administrativo. La ACA tiene la condición de administración pública, en cuanto se trata de una entidad de derecho pública vinculada a una comunidad autónoma, lo que permite al Juez contencioso-administrativo apreciar la incidencia novatoria del convenio sobre la deuda garantizada (art. 136 LC) y los fiadores y deudores solidarios (art. 135 LC).
Resumen: La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo razona que, puesto que lo controvertido no el derecho a obtener una prestación concreta de la Seguridad Social, la asistencia sanitaria por hepatitis C, sino el Plan Nacional Estratégico diseñado para combatir el virus de la hepatitis C, incluso la forma de fijar el precio de los medicamentos que se administran, nos encontramos ante un conflicto que debe ser resuelto por la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme al artículo 1.1 de la LRJCA, que le atribuye el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan de los límites de la delegación, al tratarse de la impugnación de un acto administrativo que fija una regla general sobre una materia concreta, que no desconoce el derecho concreto de un individuo determinado a una prestación de seguridad social, sino que se limita establecer normas generales de actuación para la gestión de una competencia.
Resumen: Conflicto negativo de competencia contencioso-civil. Providencia de apremio expedida por la TGSS por impagos de cuotas de cotización a cargo de mercantil declarada en concurso de acreedores. Los periodos de impago son anteriores a la declaración de concurso. Se declara la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, toda vez que lo impugnado es el acto por el que se expide providencia de apremio, esto es, el acto por el que se constituye un título ejecutivo que da inicio al procedimiento de recaudación ejecutiva. El juez del concurso podrá determinar sobre lo que en su caso reclame la TGSS como acreedor, incluido en su caso el recargo, pero la impugnación de la actuación administrativa de la providencia de apremio no forma parte de su ámbito de conocimiento. Como argumento añadido, se reseña que el fundamento de la impugnación de la providencia de apremio que anuncia la demandante es la impugnación indirecta de una disposición reglamentaria de naturaleza administrativa, como fuere el Reglamento General de Recaudación, por estimar que vulnera el principio de jerarquía normativa respecto de la Ley Concursal. Y la impugnación de disposiciones generales, también si se realiza mediante su impugnación indirecta, es materia atribuida a la Jurisdicción contencioso administrativa, lo que determina la resolución del conflicto a favor de dicho orden.
Resumen: El conflicto negativo de competencia entre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y el Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, se resuelve por la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo, art 42 LOPJ, declarando la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. El origen del conflicto está en la demanda presentada por un particular en los Juzgados de lo Social en la que se reclamaba a una Mutua la indemnización por defectuosa prestación de asistencia sanitaria. El TS, reitera doctrina y argumenta que dada la naturaleza pública de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y su integración en el sector público estatal por las funciones que realizan y los recursos económicos que gestionan, resulta obligada su inclusión en el sistema público de salud y la consiguiente aplicación de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que regula la responsabilidad patrimonial administrativa en materia de asistencia sanitaria y que determina la competencia del orden contencioso- administrativo.
Resumen: La STC 203/2016 carece de incidencia en el presente recurso, toda vez que en nuestro modelo de justicia constitucional los efectos erga omnes que se derivan de un fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma no están dotados de carácter retroactivo ni conducen a la revisión de las situaciones consolidadas que se han producido al amparo de la norma que se entiende que es inconstitucional, salvo que se trate de supuestos de normas de carácter sancionador. En recurso de casación idéntico al que nos ocupa, contra sentencia igual a la que es objeto del presente y en el que se plantearon por las partes los mismos motivos de casación y los mismos motivos de oposición, se ha pronunciado este Tribunal Supremo en recurso de casación 2640/2015. Por lo que en coherencia con lo ya dicho y por elemental principio de seguridad jurídica, la Sala procede a resolver el presente remitiéndose a lo dicho en aquel y transcribiendo un resumen de lo dicho.
Resumen: Con carácter previo, debe subrayarse la inexistente incidencia que en el recurso tiene la STC 203/2016 que declara inconstitucional y nulo el art. 30.2 de la Norma Foral de Guipúzcoa 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del IRPF en dicho territorio histórico, dictada en la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en proceso distinto a éste. Dicho esto, el debate suscitado, el recurso especial de revisión de actos nulos de pleno derecho interpuesto contra la liquidación provisional del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es idéntico a los planteados en los recursos de casación nº 2640/2015, resuelto en sentido desestimatorio mediante sentencia de 13 de junio de 2016 , así como a los decididos en sentencias de la misma fecha indicada (recursos de casación nº 2742/2015 y 2632/2015); de 29 de junio de 2016 (recurso de casación nº 2194/2015) o las más recientes de 20 de octubre de 2016 (recurso de casación nº 2588/2015) o 22 de noviembre de 2016 (recurso de casación nº 2744/2015).
Resumen: Un caso similar fue resuelto por la Sala en sentencia de 9 de febrero de 2016 (rec. núm. 13/2015), concluyendo que el único lugar en que se producían operaciones materiales de entrega, siendo este el punto de conexión, era Navarra. En la misma línea se pronuncian: La sentencia de 3 de febrero de 2016 (rec. núm. 161/2015), que respecto a la tributación de las entidades Naturgas Comercializadora, S.A., y Naturgas Energía Grupo, S.A., por el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ejercicios 2011 y 2012, declaró que las entregas de gas y de electricidad efectuadas a los consumidores finales por las referidas entidades se habían de entender realizadas en Navarra, cuando se encontraran allí los contadores en que se efectuara la medición del consumo facturado y la sentencia de 13 de diciembre de 2016 (rec. núm. 37/2016), que decidió un conflicto entre la Comunidad Foral de Navarra y la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la competencia para recaudar el IVA por las operaciones de entrega de carburante por empresa radicada en territorio común, con estaciones de servicio en Navarra de ajena titularidad, a sus clientes a los que se les concedía tarjeta de crédito. En consecuencia, se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración General del Estado.
