• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 3265/2012
  • Fecha: 16/12/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV declara la existencia de laboral en quien ha sido contratada en régimen administrativo y temporal por la Consejería de Educación de la JCCM como Asesora lingüística/Monitora de Inglés al amparo de los Convenios MEC-British Council, con sucesivos contratos de «interinidad programa temporal» habiéndose producido los ceses con la indicación de «no subsistir las razones de necesidad o urgencia que motivaron su nombramiento como funcionario interino». Tras recordar que la delimitación del ámbito laboral y el administrativo se mueve en zonas muy imprecisas, ante la idéntica alineación de las facultades para el trabajo, señala la sentencia que con independencia de la difícil compatibilización entre la normativa estatal, que suprimió a partir de la Ley 53/1999 la posibilidad de contratos administrativos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales, y la normativa autonómica, que admite el nombramiento de personal interino «por razones de necesidad y urgencia» y para «actividades no habituales» de la Administración, concluye que en el caso no concurre esa necesaria urgencia ni se trata de una actividad no habitual [impartir enseñanza de inglés], por lo que se trata de una relación laboral. Se declara la no aplicación de la STS 13/7/10, rec 3142/09 por no hacerse el contrato al amparo del art 32 LOCE y no tratarse de "profesor especialista" al que alude el precepto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: CELSA PICO LORENZO
  • Nº Recurso: 1813/2012
  • Fecha: 12/12/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Tras declarar que el recurrente en casación ostentaba la condición de Guardia en prácticas y que es ajeno al orden contencioso-administrativo tanto el expediente disciplinario instruido con ocasión de los hechos enjuiciados por la jurisdicción penal, como el examen de los hechos enjuiciados en vía penal y la proporcionalidad o no de la pena impuesta, el TS recuerda que es jurisprudencia reiterada la que declara que la pérdida de la condición de funcionario a causa de la imposición de una pena de inhabilitación especial no constituye una sanción disciplinaria, sino una consecuencia automática derivada de la acreditación de la ausencia sobrevenida de la aptitud exigible para continuar ejerciendo la condición funcionarial. En el caso de autos, la Administración no tenía otra opción que dar de baja al alumno (que no funcionario), como consecuencia inmediata de la producción del hecho previsto en el art. 41.1.e) de la Ley de Personal de la Guardia Civil. Asimismo entiende el TS que, aun cuando no fuera necesario instruir un procedimiento administrativo para comunicar la baja al Guardia alumno, sino que era suficiente con darle audiencia, se ha superado el plazo general de duración del procedimiento, que se declara pues caducado. Se concluye que, en cualquier caso, no procede declarar la condición de Guardia Civil del recurrente, toda vez que no obra prueba alguna acerca de la valoración final del período de prácticas en el que se encontraba cuando fue dado de baja.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOAQUIN GIMENEZ GARCIA
  • Nº Recurso: 33/2013
  • Fecha: 27/11/2013
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Especial de Conflictos declara que el escrito es claramente inadmisible. De entrada el solicitante no acredita la representación que dice ostentar, habiendo comparecido sin representación procesal ni postulación letrada. Además, aún suponiendo que el escrito formulado por el solicitante pudiera asimilarse, desde un punto de vista marcadamente antiformalista, con un recurso por defecto de jurisdicción, esto es la negativa de dos diversos órganos jurisdiccionales a hacerse cargo de su pretensión, pues esto es lo que en definitiva viene a alegarse en él, incumple con el en que debe interponerse (art. 50 LOPJ): ante el órgano judicial que declara su falta de jurisdicción, que oirá a las partes si las hay y remitirá las actuaciones; y no directamente ante la Sala de Conflictos. Toda vez que el Juzgado de lo Contencioso fue el último en rechazar la competencia deberá ante el mismo interponerse por la parte concernida el recurso de conflicto de jurisdicción al que se refiere el artículo indicado, el cual tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal remitirá las actuaciones a esta Sala de Conflictos, remisión que no puede ser hecha por la persona concernida como ha hecho el solicitante.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
  • Nº Recurso: 39/2013
  • Fecha: 22/11/2013
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto negativo de competencia. Juzgado de lo Social y Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Extinción de contrato a instancia del trabajador, reclamación de cantidad, de derechos y vulneración de derechos. El cauce procesal para promover el conflicto negativo de competencia pasa por la interposición del llamado recurso por defecto de jurisdicción ante el órgano judicial que declaró en segundo lugar su falta de jurisdicción, la posterior remisión por éste de sus actuaciones a esta Sala de Conflictos y la reclamación por esta de las actuaciones del órgano judicial que declaró en primer lugar su falta de jurisdicción. Además, es preciso que en ambos casos la resolución dictada declarando la falta de competencia sea una resolución firme. En la tramitación del presente conflicto negativo se aprecia un defecto relevante que es determinante para su inadmisión. La Ley exige, para promover el recurso por defecto de jurisdicción, que ambas resoluciones judiciales declarando la incompetencia del correspondiente orden jurisdiccional han de ser firmes, circunstancia que aquí no se da al estar pendiente de resolver el recurso de suplicación interpuesto contra el auto del Juzgado de lo Social. En consecuencia, procede la inadmisión del conflicto lo que determina la devolución de las actuaciones al Juzgado de procedencia, que deberá esperar a que se ultime la tramitación ante la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña del recurso de suplicación interpuesto.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 3077/2012
  • Fecha: 19/11/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que estima en parte el recurso interpuesto contra Resolución del Director General de Educación Básica y Bachillerato, en relación a la solicitud presentada por los recurrentes en relación a la lengua de la enseñanza de la hija de los mismos. Desestimación del recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña, pues la sentencia no incurre en incongruencia ultra petita ni en incongruencia interna, como tampoco en falta de motivación. Además, es preciso que en la enseñanza en Cataluña el castellano sea lengua vehicular junto con el catalán y no solo lengua docente, y el número de horas semanales que la recurrente reconoce que dedica a la enseñanza del castellano no satisface la condición de lengua vehicular que se reconoce al castellano por el Tribunal Constitucional. Estimación del recurso de casación de los recurrentes en la instancia en cuanto que la sentencia recurrida no declara el derecho a recibir la educación infantil en la lengua a que opten los padres, pues en la primera enseñanza está garantizado el derecho de opción por la enseñanza en la lengua habitual, aun cuando la normativa educativa de desarrollo no contemple el derecho de opción en general.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ
  • Nº Recurso: 73/2013
  • Fecha: 31/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Cuestión de competencia negativa entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco (Sección Primera), y el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 8. Resolución del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo de 22 de julio de 2009 del Tribunal Calificador de las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus especialidades. La competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en aplicación de la regla residual prevista en el art. 10.1.m) de la Ley de la Jurisdicción pues el Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior es el órgano superior jerárquico del Tribunal Calificador del Concurso, y éste, aunque adscrito a la citada Secretaría de Estado, actúa con autonomía funcional, por lo que no puede entenderse que el acto originario ha sido dictado por el Secretario de Estado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JUAN GONZALO MARTINEZ MICO
  • Nº Recurso: 506/2012
  • Fecha: 30/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Se desestima el presente recurso de casación, pues ni las Administraciones en litigio, ni el obligado tributario realizaron actuación alguna dirigida a plantear el conflicto antes de la constitución de la Junta Arbitral. Según la Sala, se está ante un conflicto nuevo, planteado en virtud de la comunicación presentada por la sociedad actora el 29 de marzo de 2010 ante la Junta Arbitral, después de que ésta se constituyera e iniciara de manera efectiva su actividad. En todo caso, ya se entienda que la Junta Arbitral se encontró efectivamente operativa al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de su Reglamento, bien se considere, como dice la Resolución recurrida, que la Junta Arbitral se constituyó e inició su actividad de manera efectiva el 4 de abril de 2008, el plazo para el planteamiento automático del conflicto habría finalizado el 17 de marzo de 2008 o el 4 de junio de 2008. Como el escrito de planteamiento del conflicto tuvo entrada en el registro de la Junta Arbitral el 29 de marzo de 2010, era, en cualquiera de las dos hipótesis, necesariamente extemporáneo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 548/2013
  • Fecha: 28/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demandante venía prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Parla mediante sucesivos contratos temporales, hasta que la Junta de Gobierno le reconoció su condición de indefinido no fijo. Posteriormente, por Acuerdo de Junta de Gobierno se acuerda amortizar los puestos de trabajo del personal indefinido no fijo, estando incluida la actora, por lo que interpone demanda de despido. El TSJ declara la nulidad del despido por entender que la Junta de Gobierno es órgano incompetente para amortizar el puesto de trabajo y que se ha vulnerado el art. 51 ET. El Ayuntamiento interpone RCUD alegando tres motivos que es desestimado siguiendo el criterio de resoluciones previas. En el primero, relativo a la competencia del Orden Social para conocer con carácter prejudicial sobre la legalidad de la amortización de la plaza la Sala IV aprecia falta de contradicción con la sentencia de contraste, dado que en ésta no se debate dicha cuestión. Respecto al segundo, relativo a la competencia de la Junta de Gobierno para acordar la amortización de la plaza, el TS resuelve que tampoco hay contradicción pues en la sentencia de contraste no se debate dicha cuestión. Y en cuanto al tercero, relativo a la nulidad del cese, el TS considera que no puede entrar a conocer sobre si la amortización de la plaza opera como causa de extinción en la relación laboral indefinida, porque subsiste como causa de nulidad la falta de competencia de la Junta de Gobierno.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: RAMON TRILLO TORRES
  • Nº Recurso: 303/2010
  • Fecha: 25/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa es compatible con su condición de plena, de modo que, constatados los requisitos de una situación jurídica individualizada susceptible de tutela, procede reconocerla, aun cuando no existieran al tiempo de producirse el acto administrativo controlado. Las limitaciones a la fiscalización inherentes al principio de jurisdicción revisora tienen carácter instrumental y no pueden prevalecer frente a garantías de orden sustantivo. El acto o actuación administrativa previos constituyen el marco de referencia para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, un simple presupuesto del proceso contencioso-administrativo. Ahora bien, esa potestad debe actuarse dentro de los límites marcados por las partes en el proceso, por sus pretensiones y por los motivos que fundamentan el recurso y la oposición, plasmados en la demanda y en la contestación, sin perjuicio de que el Tribunal suscite de oficio argumentos distintos para juzgar, pero siempre dentro de la pauta marcada por las pretensiones de las partes. El principio de la jurisdicción revisora en absoluto impide a la parte el intento de acreditar en el proceso, mediante las pertinentes pruebas, los extremos de los soportes fácticos de su pretensión que la Administración no haya considerado acreditados, sin que por eso quepa hablar de plazo preclusivo respecto a unos informes periciales que en absoluto constituían presupuesto ineludible para que aquélla se pronunciase.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
  • Nº Recurso: 3291/2012
  • Fecha: 22/10/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demandante venía prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Parla mediante sucesivos contratos temporales, hasta que la Junta de Gobierno le reconoció su condición de indefinido no fijo. Posteriormente, por Acuerdo de Junta de Gobierno se acuerda amortizar los puestos de trabajo del personal indefinido no fijo, estando incluida la actora, por lo que interpone demanda de despido. El TSJ declara la nulidad del despido por entender que la Junta de Gobierno es órgano incompetente para amortizar el puesto de trabajo y que se ha vulnerado el art. 51 ET. El Ayuntamiento interpone RCUD alegando tres motivos que es desestimado siguiendo el criterio de resoluciones previas. En el primero, relativo a la competencia del Orden Social para conocer con carácter prejudicial sobre la legalidad de la amortización de la plaza la Sala IV aprecia falta de contradicción con la sentencia de contraste, dado que en ésta no se debate dicha cuestión. Respecto al segundo, relativo a la competencia de la Junta de Gobierno para acordar la amortización de la plaza, el TS resuelve que tampoco hay contradicción pues en la sentencia de contraste no se debate dicha cuestión. Y en cuanto al tercero, relativo a la nulidad del cese, el TS considera que no puede entrar a conocer sobre si la amortización de la plaza opera como causa de extinción en la relación laboral indefinida, porque subsiste como causa de nulidad la falta de competencia de la Junta de Gobierno.

Parece que no tiene configurado el plugin para ver el pdf embebido... puede descargar la resolución aquí.