• Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
  • Nº Recurso: 1474/2013
  • Fecha: 12/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV atribuye al orden contencioso-administrativo de la jurisdicción la competencia para conocer de las reclamaciones derivadas de la ley de dependencia, tanto si la demanda se presenta antes como después de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, en cumplimiento de la DF 7ª LRJS. Dicha disposición dilata y pospone la entrada en vigor de su art. 2.o), de lo que se deduce tácitamente que el contencioso administrativo había sido el competente hasta entonces, atribuyéndose después al conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social a partir de la fecha que se fije en una ulterior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres años, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como la determinación de las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial en estas materias. En definitiva, mientras esta norma no vea la luz la competencia continúa correspondiendo al orden contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: INES MARIA HUERTA GARICANO
  • Nº Recurso: 64/2013
  • Fecha: 05/03/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: El Pleno de la Sala Tercera inadmite por falta de legitimación el recurso del GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) contra los Reales Decretos 1732/12 de 28 de diciembre, 1733/2012 de 28 de diciembre, 138/2013 de 22 de febrero, y 139/2013 de 22 de febrero, del Consejo de Ministros, por los que se nombran Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. La Sala declara que los Grupos Parlamentarios: a) no tienen personalidad jurídica (a diferencia de lo que ocurre con los Partidos Políticos que, teniendo personalidad, gozan de plena capacidad procesal, situándose, en su caso, el debate en el terreno de su legitimación "ad causam"), b) no existe Ley que les atribuya capacidad procesal "in genere"en el proceso contencioso-administrativo (capacidad procesal que la doctrina del Tribunal Constitucional les reconoce a los solos efectos de la defensa de los derechos fundamentales de participación de sus integrantes, artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) , y, c) que los derechos ínsitos en la función representativa de los Diputados integrantes del Grupo Político UPyD no están afectados por los Reales Decretos recurridos (intervinieron o pudieron intervenir en las comparecencias y el control de idoneidad que pretenden realizar, de estimarse la demanda y si se ordenara repetir aquéllas pudo realizarlo perfectamente en su momento). Existen numerosos votos particulares que consideran que el recurso debió ser admitido por existir legitimación.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
  • Nº Recurso: 1142/2013
  • Fecha: 25/02/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La sentencia comentada reitera doctrina previa sobre la competencia del orden contencioso-administrativo para conocer de las reclamaciones derivadas de la ley de dependencia, tanto si la demanda se presenta antes como después de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, LRJS, en cumplimiento de su DF 7ª --previa aclaración de que las prestaciones reconocidas en la Ley 39/2006 pueden ser consideradas como prestaciones de Seguridad Social--. El argumento se basa en que la DF 7ª.2 LRJS pospone la entrada en vigor de su art. 2.o), de lo que se deduce tácitamente que el orden contencioso administrativo había sido el competente hasta entonces, atribuyéndose después al conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social a partir de la fecha que se fije en una ulterior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el plazo de tres años, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como la determinación de las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial en estas materias. En otras palabras, mientras esta norma no vea la luz, la competencia continúa correspondiendo al orden contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
  • Nº Recurso: 9/2013
  • Fecha: 18/02/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Conflicto de jurisdicción. Juzgado de 1ª Instancia y Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. Beneficiario del derecho a justicia gratuita que ha venido a mejor fortuna. Abono de la correspondiente condena en costas. A la Comisión Provincial le corresponde la competencia sobre las resoluciones de reconocimiento, denegación, o, en su caso, revocación por revisión de oficio del derecho a la justicia gratuita, pero no la revocación por situación sobrevenida de mejor fortuna. Ante el supuesto sobrevenido de una mejor fortuna que no justificaría la limitación de la efectividad del derecho de quien ha obtenido a su favor la condena en costas, se trata de dar efectividad a la condena en costas impuesta en la sentencia de origen, lo que entra dentro de la competencia propia del órgano judicial de hacer ejecutar lo juzgado, sin que ningún precepto legal haya privado al órgano judicial de esa competencia originaria propia. Por ello, la posible exacción de costas a consecuencia de haber venido a mejor fortuna ha de plantearse y resolverse por el órgano judicial competente para la ejecución de la sentencia. Ello se corresponde además con la relevancia constitucional tanto del derecho al beneficio de justicia gratuita, como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia del letrado, pero que no puede justificar privilegios infundados en perjuicio de la otra parte en el proceso, como de la eficacia de la cosa juzgada y de la exclusividad en la ejecución de lo juzgado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
  • Nº Recurso: 845/2013
  • Fecha: 03/02/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: Resuelve esta sentencia el recurso planteado por el Ayuntamiento de Parla frente a la sentencia de suplicación que confirma la de instancia que declaró la nulidad del despido del actor, trabajador indefinido no fijo, al que se extinguió el contrato por Acuerdo del Ayuntamiento, de amortizar los puestos de la relación de puestos de trabajo cubiertos por trabajadores indefinidos no fijos de plantilla e interinos por vacante. Se plantean tres motivos: los dos primeros sobre incompetencia del orden social para modificar la RPT y competencia de la Junta de Gobierno Local para aprobar la amortización de puestos de trabajo, respecto de los que se aprecia falta de contradicción, razón que impide entrar en el tercero, en el que se ataca la consideración de la sentencia recurrida de que no resulta ajustada a derecho la decisión de la Junta de Gobierno Local de amortizar el puesto de trabajo del actor, por haberse tomado por órgano no competente. Un pronunciamiento sobre el tercer motivo exigiría aceptar, como formalmente válido, el acuerdo administrativo de amortización de plazas tomado por la Junta, para luego determinar los requisitos laboralmente exigibles para proceder a la amortización de puestos de trabajo desempeñados por trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración municipal demandada.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
  • Nº Recurso: 2799/2012
  • Fecha: 20/01/2014
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La Sala IV atribuye al orden jurisdiccional social la competencia para conocer de una reclamación de cantidad por diferencia en la indemnización abonada por la empresa a consecuencia de un ERE autorizado por la Dirección General de Trabajo conforme a las previsiones contenidas en la LPL. Al efecto se recuerda que la distribución de competencias entre los órdenes jurisdiccionales en materia de despidos colectivos se establece en función del contenido del acto administrativo y así cuando lo que se impugna es la autorización del cese, la competencia corresponde al orden contencioso-administrativo, mientras que las consecuencias que se derivan de esa autorización y, en concreto, las controversias que puedan surgir en relación con el abono de las indemnizaciones por cese quedan sometidas al orden social. Por ello, las pretensiones que no impliquen impugnación de la resolución administrativa, bien sea en su conjunto o en alguno de sus pronunciamientos, siguen rigiéndose por la regla general de atribución a los tribunales del orden social. Doctrina que aplicada al caso lleva a la declaración de competencia del orden social, pues en la demanda no se impugna -ni directa ni indirectamente- el contenido de la resolución administrativa que había homologado los Acuerdos y autorizado los ceses contractuales, sino que la acción ejercitada comporta una controversia que se suscita en relación con el abono de la indemnización, referida a un aspecto no expresamente contemplado en los Acuerdos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: LUIS MARIA DIEZ-PICAZO GIMENEZ
  • Nº Recurso: 25/2013
  • Fecha: 19/12/2013
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo examina en este asunto si la actuación de la demandada, a la que los actores imputan los daños cuya indemnización reclaman, puede ser caracterizada como funcionamiento normal o anormal de un servicio público y, por consiguiente, quedar sometida al régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La respuesta es negativa, a juicio del TS, pues como ha afirmado en varios asuntos similares a éste y relativos a la propia demandada, la competencia es del orden civil; y ello porque la citada entidad mercantil, aun gestionando un servicio municipal (sistema de desagüe y alcantarillado), no ejerce ninguna potestad pública y se rige por el Derecho privado.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
  • Nº Recurso: 22/2013
  • Fecha: 19/12/2013
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: Conflicto de competencia entre Juzgado de Primera Instancia y Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Compraventa de viviendas de protección oficial. Reintegro de cantidades indebidamente percibidas por la transmitente que exceden del precio máximo legal. Competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. El reintegro habrá de acordarse en ejecución de la sentencia que confirmó la legalidad de la resolución administrativa -Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid- que declaró indebidas las cantidades abonadas y ordenaba su devolución. Los Juzgados de Primera Instancia no puede acordar dicha ejecución en tanto en cuanto el título judicial a ejecutar no procede de los mismos.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala Especial
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
  • Nº Recurso: 35/2013
  • Fecha: 19/12/2013
  • Tipo Resolución: Auto
Resumen: El conflicto se suscita en relación con el recurso interpuesto contra resolución de la Dirección Provincial de Lugo de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se acordaba derivar solidariamente la responsabilidad hacia el recurrente (en su calidad de administrador), por los descubiertos que presentaba la sociedad concursada. Se trata de resolver si la declaración de concurso de acreedores altera la competencia inequívoca del orden contencioso-administrativo para conocer de la impugnación de un acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria al administrador de la sociedad, y, en cierto modo, si la propia derivación de responsabilidad al administrador de la sociedad queda afectada por la declaración de concurso de la sociedad. Pues bien, el TS resuelve que en la Ley Concursal no hay norma alguna que impida, como consecuencia de la declaración de concurso de la sociedad, la derivación de responsabilidad al administrador, en este caso la acordada por la TGSS, en un procedimiento administrativo, ni tampoco atribuye al juez del concurso competencia respecto del control judicial de este acto administrativo, cuyo conocimiento corresponde obviamente al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
  • Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social
  • Municipio: Madrid
  • Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
  • Nº Recurso: 118/2013
  • Fecha: 18/12/2013
  • Tipo Resolución: Sentencia
Resumen: La demandante venía prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Parla mediante sucesivos contratos temporales, hasta que la Junta de Gobierno le reconoció su condición de indefinido no fijo. Posteriormente, por Acuerdo de Junta de Gobierno se acuerda amortizar los puestos de trabajo del personal indefinido no fijo, estando incluida la actora, por lo que interpone demanda de despido. El TSJ declara la nulidad del despido por entender que la Junta de Gobierno es órgano incompetente para amortizar el puesto de trabajo y que se ha vulnerado el art. 51 ET. El Ayuntamiento interpone RCUD alegando tres motivos que es desestimado siguiendo el criterio de resoluciones previas. En el primero, relativo a la competencia del Orden Social para conocer con carácter prejudicial sobre la legalidad de la amortización de la plaza la Sala IV aprecia falta de contradicción con la sentencia de contraste, dado que en ésta no se debate dicha cuestión. Respecto al segundo, relativo a la competencia de la Junta de Gobierno para acordar la amortización de la plaza, el TS resuelve que tampoco hay contradicción pues en la sentencia de contraste no se debate dicha cuestión. Y en cuanto al tercero, relativo a la nulidad del cese, el TS considera que no puede entrar a conocer sobre si la amortización de la plaza opera como causa de extinción en la relación laboral indefinida, porque subsiste como causa de nulidad la falta de competencia de la Junta de Gobierno.

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